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Sentencia AP-141-21 — Registro 13057

Resumen

En Consulta las diligencias que contiene la sentencia que otorgó el recurso de amparo en relación a la causa instruida por el delito de tenencia ilegal de arma de fuego del tipo comercial en perjuicio de la seguridad interior del estado de Honduras. Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representado lo establecido en el artículo 90 de la Constitución de la República.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO (5): Que el Ad quem señala que la recurrente expuso que la decisión judicial vulnera el derecho al debido proceso, ya que el asunto presentado ante la judicatura contra el acusado, no resultaba de prueba de difícil realización, que las actuaciones no requerían de diligencias de cumplimiento en el exterior y además que no era un delito de investigación compleja; a respecto considera que consultados los antecedentes constata que el delito en primer lugar es de comisión permanente pues la tenencia Ilegal de armas, cae dentro de este tipo de delito, por lo que per-se lo legado por la defensa del acusado, sobre diligencias judiciales previas, como lo constituye la autorización judicial sobre allanamiento de morada, el tipo de delito de comisión permanente, lo coloca dentro de la situación de flagrancia, que además la prueba resulta disponible para las partes, sin que se colisionara con lo afirmado por el derecho positivo, como requisito de procedibilidad de la causa bajo la vía del procedimiento Expedito, que regula el artículo 440-A del Código procesal Penal vigente, diferente a otros casos donde se requiere de pruebas de mucha habilidad, esfuerzo o trabajo o diligencia especial, sobre todo cuando se requieren de ciertas pericias, caería dentro de la dificultad probatoria. Por lo que en el asunto en análisis resulta la disponibilidad de la prueba garantía para que en pro del delito en proceso se tramite la causa por la vía del procedimiento Expedito. Por todo ello Otorgó la acción de amparo instruida por la Representante del Ministerio Público. CONSIDERANDO (6): Que analizados los antecedentes esta Sala desde el prisma de la justicia constitucional debe asegurar a las partes una tutela efectiva de sus derechos fundamentales, del estudio de los antecedentes, del acto reclamado y el quebranto de derechos invocados por el recurrente, aprecia la Sala, que la autoridad recurrida, quebrantó los Derechos y Garantías Constitucionales alegados por el quejoso, al inobservar la aplicación del procedimiento expedito, realizando una interpretación errónea del artículo 440-A del código de Procesal Penal, el pronunciamiento en la sentencia venida en Consulta, es conforme a derecho, aplicando al caso concreto la normativa previamente establecida en la ley, el fallo dictado contiene el razonamiento y fundamentos de derecho que garantizan los derechos de las partes en juicio. Valorando estos aspectos puntuales, desde una perspectiva fundada en el Derecho Constitucional, no se ha hecho sino atender el objeto de competencia establecido en la Ley Sobre Justicia Constitucional, como garante de los derechos fundamentales de acceso a la justicia, Debido Proceso, Defensa, Tutela Judicial efectiva entre otros no menos importantes. Por las razones antes expuestas, resulta procedente en derecho confirmar la resolución venida en consulta.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dos de junio del dos mil veintiuno. VISTA: En Consulta las diligencias que contiene la sentencia de fecha veintidós de enero del año dos mil veintiuno, dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de Comayagua, departamento de Comayagua, que otorgar el recurso de amparo interpuesto por la Abogada MILADY JANNETE PAVON RAMIREZ, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictado por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, en fecha tres de diciembre de dos mil veinte; en relación a la causa instruida contra el señor CORNELIO VASQUEZ HERNANDEZ, por suponerlo responsable del delito de TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DEL TIPO COMERCIAL en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representado lo establecido en el artículo 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha dos de diciembre del año dos mil veinte, compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, la Abogada HEIDY GABRIELA ORDOÑEZ PERDOMO, actuando en su condición de fiscal del Ministerio Público, presentando Requerimiento Fiscal contra el señor CORNELIO VASQUEZ HERNANDEZ, por suponerlo responsable del delito de TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DEL TIPO COMERCIAL, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. 2) Que en fecha tres de diciembre de dos mil veinte, en la celebración de la audiencia de adecuación del procedimiento expedito en flagrancia, el juzgado antes referido RESUELVE: 1) Tener por presentado el Requerimiento Fiscal contra el imputado: CORNELIO VASQUEZ HERNANDEZ a quien se le supone responsable del delito de TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO COMERCIAL en perjuicio de EL ORDEN PUBLICO. 2) Declarar SIN LUGAR la solicitud de Adecuación de Procedimiento Expedito de Flagrancia, por lo que es procedente continuar este proceso por los tramites del juicio ordinario 3) Imponer al acusado las medidas cautelares consiguientes en: presentarse a firmar en este Juzgado una vez a la semana el libro de presentación periódica que lleva este juzgado una vez a la semana el libro de presentación periódica que lleva este juzgado y la prohibición de salir del País sin previa autorización del Juez. (Folios del 11 al 13 de la primera pieza de antecedentes). 3) Que en fecha catorce de diciembre del año dos mil veinte, la Abogada MILADY JANNETE PAVON RAMIREZ,, interpuso ante la Corte de Apelaciones Seccional de Comayagua, departamento de Comayagua, recurso de amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución de fecha tres de diciembre de dos mil veinte, dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua; Por considerar que la misma atenta contra lo preceptuado en artículo 90 de la Constitución de la República. 4) Que en fecha veintidós de enero del año dos mil veintiuno, luego de seguido el trámite correspondiente, la Corte de Apelaciones Seccional de Comayagua, departamento de Comayagua, FALLA: OTORGANDO LA ACCION DE AMPARO, contra LA RESOLUCION, dictada en fecha tres de diciembre del dos mil veinte en la audiencia de Adecuación de Procedimiento Expedito, en la causa seguida contra CORNELIO VASQUEZ HERNANDEZ, por el delito de TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DEL TIPO COMERCIAL en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, donde el juez inadmite a trámite de la causa mediante el procedimiento expedito en delitos de flagrancia, bajo el fundamento de multiplicidad de prueba para acreditar el delito que se acusa. EN CONSECUENCIA: Se instruye el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Comayagua, para que tramite la causa seguida contra el encartado CORNELIO VASQUEZ HERNANDEZ, por la vía del Procedimiento Expedito para los delitos de Flagrancia que regula el artículo 440-A del Código Procesal Penal. (Folios del 19 al 21 de la segunda pieza de antecedentes). 5) Que en fecha nueve de febrero de dos mil veintiuno, este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, dando así estricto cumplimiento a lo previsto por el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (1): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 Constitucional relacionado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO (2): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer en Consulta, los recursos de amparo conocidos por las Cortes de Apelaciones acorde a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (3): Que se conoce en CONSULTA la sentencia de fecha 22 de enero del año 2021, dictada por la Corte de Apelaciones seccional de Comayagua, departamento de Comayagua, mediante la cual se Otorgó la acción de amparo presentado contra la Resolución dictada en fecha 3 de diciembre del año 2020, por el Juzgado de Letras de la misma sección judicial, en relación a la causa instruida contra CORNELIO VASQUEZ HERNÁNDEZ, por el delito de TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE TIPO COMERCIAL, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. CONSIDERANDO (4): Que el Ad quem, expone en la sentencia recurrida, que la resolución contra la que se reclama es la dictada por el A quo mediante la cual denegó que el curso de la causa siguiera la vía del procedimiento expedito, bajo la justificación judicial de prueba compleja, ya que la actividad de investigación había sido respaldada por órdenes judiciales para realización de allanamiento de la morada del acusado, también parafraseando el argumento de la defensa, que el imputado no se encontraba en flagrancia, previo a entrar en análisis de la existencia o no de colisión entre l decisión judicial y derechos procesales constitucionales del recurrente. CONSIDERANDO (5): Que el Ad quem señala que la recurrente expuso que la decisión judicial vulnera el derecho al debido proceso, ya que el asunto presentado ante la judicatura contra el acusado, no resultaba de prueba de difícil realización, que las actuaciones no requerían de diligencias de cumplimiento en el exterior y además que no era un delito de investigación compleja; a respecto considera que consultados los antecedentes constata que el delito en primer lugar es de comisión permanente pues la tenencia Ilegal de armas, cae dentro de este tipo de delito, por lo que per-se lo legado por la defensa del acusado, sobre diligencias judiciales previas, como lo constituye la autorización judicial sobre allanamiento de morada, el tipo de delito de comisión permanente, lo coloca dentro de la situación de flagrancia, que además la prueba resulta disponible para las partes, sin que se colisionara con lo afirmado por el derecho positivo, como requisito de procedibilidad de la causa bajo la vía del procedimiento Expedito, que regula el artículo 440-A del Código procesal Penal vigente, diferente a otros casos donde se requiere de pruebas de mucha habilidad, esfuerzo o trabajo o diligencia especial, sobre todo cuando se requieren de ciertas pericias, caería dentro de la dificultad probatoria. Por lo que en el asunto en análisis resulta la disponibilidad de la prueba garantía para que en pro del delito en proceso se tramite la causa por la vía del procedimiento Expedito. Por todo ello Otorgó la acción de amparo instruida por la Representante del Ministerio Público. CONSIDERANDO (6): Que analizados los antecedentes esta Sala desde el prisma de la justicia constitucional debe asegurar a las partes una tutela efectiva de sus derechos fundamentales, del estudio de los antecedentes, del acto reclamado y el quebranto de derechos invocados por el recurrente, aprecia la Sala, que la autoridad recurrida, quebrantó los Derechos y Garantías Constitucionales alegados por el quejoso, al inobservar la aplicación del procedimiento expedito, realizando una interpretación errónea del artículo 440-A del código de Procesal Penal, el pronunciamiento en la sentencia venida en Consulta, es conforme a derecho, aplicando al caso concreto la normativa previamente establecida en la ley, el fallo dictado contiene el razonamiento y fundamentos de derecho que garantizan los derechos de las partes en juicio. Valorando estos aspectos puntuales, desde una perspectiva fundada en el Derecho Constitucional, no se ha hecho sino atender el objeto de competencia establecido en la Ley Sobre Justicia Constitucional, como garante de los derechos fundamentales de acceso a la justicia, Debido Proceso, Defensa, Tutela Judicial efectiva entre otros no menos importantes. Por las razones antes expuestas, resulta procedente en derecho confirmar la resolución venida en consulta. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos: 303, 304 , 313 y 316 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 74, 78 atribución 5ª, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 6 y 13 b) de la Ley Sobre la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8,10, 41, 46 numeral 4, 48, 68 párrafo 2do,de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: CONFIRMANDO la sentencia venida en CONSULTA dictada en fecha veintidós de enero del 2021, por la Corte de Apelaciones Seccional de Comayagua, departamento de Comayagua, en el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada MILDY JANNETTE PAVÓN RAMIREZ, a favor del ESTADO DE HONDURAS Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a la Autoridad recurrida para los efectos legales consiguientes.- Redactó la Magistrada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firma y Sello CRISTIAN RAMON BAQUIZ FLORES. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA CONSTITUCIONAL.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiséis días del mes de julio del año dos mil veintiuno, certificación de la sentencia de fecha veinte de mayo del año dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Amparo Penal Venido en Consulta bajo el número SCO-0137-2021.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.