Sentencia AP-14-21 — Registro 13870
Resumen
Se interpuso recurso de amparo contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones que declaró no ha lugar el recurso de apelación con relación a la causa instruida por el delito de estafa continuada. Estima el recurrente que la resolución judicial reclamada en amparo violenta lo dispuesto en los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO (12): Que el tipo básico del delito de ESTAFA, se establecía en el artículo 240 del Código Penal de 1983, norma temporal que resultaría aplicable a la teoría del caso: “Comete el delito de estafa quien con nombre supuesto, falsos títulos, influencia o calidad simulada, abuso de confianza, fingiéndose dueño de bienes, créditos, empresas o negociación o valiéndose de cualquier artificio, astucia o engaño, indujere a otro en error, defraudándolo en provecho propio o ajeno”; enmarcando un complejo ámbito situacional, correlativo a una tipología plural, contentiva de elementos subjetivos de tipo; los cuales deben concurrir, en complementariedad a los elementos objetivos establecidos, para acreditar la preexistencia del hecho ilícito.[1] CONSIDERANDO (13): Que, en síntesis, se ha pretendido la revocatoria de un sobreseimiento definitivo dictado por el delito de Estafa, cuyo bien jurídico protegido es preponderantemente la propiedad y cuyo elemento conceptual que aparece de manera más prominente, es el engaño. Lo anterior guarda relevancia para la tutela constitucional bajo estudio, dado que no se podría fundamentar un delito de ESTAFA U OTROS FRAUDES - aunque sí las acciones que correspondieren en el ámbito del derecho privado -, a menos se probare el dolo directo, en sus dimensiones cognitiva y volitiva, de inducir al error a terceros para obtener un provecho propio o ajeno de su acción u omisión; tal la conducta típica establecida por el legislador, la cual concurre a la perfecta acreditación del delito de ESTAFA, según prescrito en el artículo 240 del Código Penal, en lo que concierne a su tipo básico. CONSIDERANDO (14): Que, en materia procesal penal, participa el debido proceso legal de la búsqueda de la verdad, con respeto a las garantías procesales del imputado. De lo anterior, se desprende que es menester probar los hechos a quien ejerce la Acusación, no pudiendo presuponerse, o dar por equivalente análogo, ninguno de los requisitos de tipo. Asimismo, la acreditación debida del denominado tipo garantía,[2] es decir, que sin la concurrencia de todos y cada uno de los elementos de tipo, debidamente probados y razonados ante la jurisdicción penal; no podría tenerse como acreditada evidencia probatoria de la existencia de un delito, acorde la norma iusfundamental del artículo 92 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO (15): Que, asimismo, cabe observar que dentro la dinámica del proceso penal, se contempla al imputado como sujeto procesal, dotado de las garantías constitucional y convencionalmente establecidas, las cuales le preservan de toda intervención indebida en sus derechos fundamentales; bien sea por exceso, o abuso de poder, en la actuación de los poderes públicos, o por falta u omisión, en el cumplimiento de los deberes de los agentes del Estado; en la investigación, en el enjuiciamiento criminal o en la etapa de ejecución penitenciaria; lo cual se reconduce a compatibilizar adecuadamente la eficacia de la investigación criminal, con el respeto y garantía a los derechos humanos del procesado; lo cual se tiene como garantía de verdad y libertad en el proceso, por parte de la doctrina penal garantista.[3] CONSIDERANDO (16): Que, en vista a todo ello, no habiéndose constatado infracción al deber de motivación, por parte de la jurisdicción de alzada, tampoco se fundamentaría la alegada infracción al debido proceso sustantivo y al principio de legalidad, que invoca el letrado garantista; en vista no haberse acreditado la actividad probatoria mínima de la existencia de un delito, ni consignación de la fundamentación fáctica y probatoria que articule lógicamente los contenidos de la imputación. En virtud de todo lo cual y por lo argumentado en el iter del presente fallo, se estima procedente denegar el amparo de mérito.”
Legislación citada
- Código Penal, art. 240 (Jerarquía Ordinaria)
- Constitución de la República, art. 92 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintisiete de octubre del dos mil veintiuno. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogado MARLON JAVIER AREVALO CERNA a favor de los señores WENDY PAOLA MARADIAGA y OTROS, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veinticinco (25) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), que declaró NO HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto contra Sentencia dictada por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha veintidós (22) de julio del año dos mil diecinueve (2019), con relación a la causa instruida contra el señor RUBEN CUELLAR SANTOS, en su condición de Representante Legal de la Sociedad Mercantil CUELLAR Y SUCESORES S.A. Asimismo contra la señora MARIA GREGORIA CASTRO LOPEZ, en su condición de representante legal de LA SOCIEDAD MERCANTIL CUELLAR Y SUCESORES S.A y contra la señora MARIA GREGORIA CASTRO LOPEZ, en su condición de representante Legal de la INMOBILIARIA SU CASA S.A., por suponerles responsables del delito de ESTAFA CONTINUADA, en perjuicio de WENDY PAOLA MARADIADA y OTROS.- Estima el recurrente que la resolución judicial reclamada en amparo violenta lo dispuesto en los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha veintiuno (21) de junio del año dos mil diecinueve (2019), compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, la Abogada XIOMARA YAMILETH OSORIO VELASQUEZ, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal, contra el señor RUBEN CUELLAR SANTOS, en su condición de Representante Legal de la Sociedad Mercantil CUELLAR Y SUCESORES S.A asimismo contra la señora MARIA GREGORIA CASTRO LOPEZ, en su condición de representante legal de LA SOCIEDAD MERCANTIL CUELLAR Y SUCESORES S.A, asimismo contra la señora MARIA GREGORIA CASTRO LOPEZ, en su condición de representante Legal de la INMOBILIARIA SU CASA S.A por suponerlos responsables del delito de ESTAFA CONTINUADA, en perjuicio de WENDY PAOLA MARADIADA, JUAN CARLOS ALVARADO, GERARDO ENRIQUE RAMOS, RAINERO ANTONIO RODRIGUEZ, BESSY YADIRA ELVIR, LUIS ANTONIO CARRANZA, IRIS OLINDA ROMERO, JORGE ALBERTO FUNEZ RUDY SERVANDO LOPEZ, ANTONIO BUSTILLO BANEGAS, LORENZA DOMINGUEZ MENDEZ, MARGARITA ANGELA CASTILLO.- (Folio 02 al 67 de la pieza del Juzgado) 2) Que el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en Audiencia Inicial que dio inicio en fecha doce (12) de julio del año dos mil diecinueve (2019), concluyendo en fecha veintidós (22) de julio del año dios mil diecinueve (2019) RESOLVIÓ: “1) Decretar SOBRESEIMENTO DEFINITIVO, a favor de los imputados RUBEN COELLAR SANTOS y MARIA GEORGINA CASTRO LOPEZ por suponerlos responsables del delito de ESTAFA CONTINUADA en perjuicio de WENDY PAOLA MARADIAGA, JUAN CARLOS ALVARADO, GERARDO ENRIQUE RAMOS, RAINIERO ANTONIO RODRIGUEZ, BESSY YADIRA ELVIR, LUIS ANTONIO CARRANZA, IRIS OLINDA ROMERO, JORGE ALBERTO FUNEZ, RUDY SERVANTO LOPEZ, ANTONIO BUSTILLO BANEGAS, LORENZA DOMINGUEZ MENDEZ y MARGARITA ANGELA CASTIILLO.- 2) Siendo que dichos imputados se encuentran gozando de la Medida Cautelar Distinta a la Detención Judicial, como ser la contemplada en el Articulo 173 numeral 5 del Código Procesal Penal, se revoca la misma y se ordena a la Secretaria del Despacho proceda a extender sus respectivas cartas de libertad Definitivas para los efectos legales correspondientes…” (Folio 1202 del tomo III) 3) Que en fecha veinticinco (25) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), la Corte de Apelaciones Penal del Departamento de Francisco Morazán, RESUELVE: “1) Declarando NO HA LUGAR los recursos de Apelación interpuestos por el Fiscal del Ministerio Público y Acusador Privado. - 2) CONFIRMAR la resolución apelada…”; descartando la resolución apelada que existiera dolo en la conducta de los imputados, como fue pretensión sostenida de la acusación pública y privada desde el inicio del procedimiento penal, ni la concurrencia de los elementos descriptivos de tipo del artículo 240 del Código Penal. Particularmente, motiva el numeral 3) de la motivación en la resolución amparada, que no se ha demostrado el contubernio de los agentes activos del delito imputado para obtener el defraude patrimonial de las víctimas; o que hubiere, por otra parte, un plan para obtener dicho beneficio; siendo, en definitiva, una problemática contractual a ser resuelta por las vías civiles correspondientes. (Folios 1,308 al 1,319 del tomo III). 4) Que el recurrente Abogado MARLON JAVIER AREVALO CERNA, compareció ante este Tribunal, en fecha ocho (8) de enero del año del año dos mil veintiuno (2021), reclamando amparo a favor de los señores WENDY PAOLA MARADIADA, JUAN CARLOS ALVARADO, GERARDO ENRIQUE RAMOS, RAINERO ANTONIO RODRIGUEZ, BESSY YADIRA ELVIR, LUIS ANTONIO CARRANZA, IRIS OLINDA ROMERO, JORGE ALBERTO FUNEZ RUDY SERVANDO LOPEZ, ANTONIO BUSTILLO BANEGAS, LORENZA DOMINGUEZ MENDEZ, MARGARITA ANGELA CASTILLO, afirmando el recurrente que la resolución del Ad-quem, de fecha veinticinco (25) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), resulta violatoria a lo dispuesto en los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República. 5) Que en fecha veintitrés (23) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), este alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo de mérito y a la vez omitió la vista de los antecedentes al fiscal del despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. CONSIDERANDO (1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada, o cualquiera en nombre de ésta, puede interponer. Tiene por objeto mantener, o restituir, a la persona en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los Tratados, Convenciones, y otros Instrumentos Internacionales establecen. CONSIDERANDO (2): Que, asimismo, de conformidad al artículo 183.2 constitucional y en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; se podrá promover la garantía de Amparo para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente, ni es aplicable; por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la Ley. CONSIDERANDO (3): Que se conoce en Amparo la sentencia proferida en fecha veinticinco (25) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019) por la Corte de Apelaciones Penal del Departamento de Francisco Morazán, cuyos resolutivos y motivación elemental se enuncian en el Considerando 3) de la presente sentencia, referidos éstos a la ausencia de dolo cognitivo y volitivo del delito de Estafa, contentivo en el artículo 240 del Código Penal. Asimismo, a que no se ha demostrado concurrencia de la totalidad de elementos de tipo que conforman el delito imputado; siendo para el Ad Quem, en definitiva, una problemática contractual a ser resuelta por las vías civiles correspondientes. CONSIDERANDO (4): Que, en la formalización del presente recurso de amparo, comparece el Abogado MARLON JAVIER ARÉVALO CERNA, quien sostiene que con la resolución supradescrita, se han violentado los artículos 82, 90 y 321 de la Constitución de la República y normas secundarias del ordenamiento; considerándose que no cumple con el derecho fundamental al debido proceso, al no haberse valorado las pruebas con observancia de las reglas de la sana crítica y no haber tomado en cuenta antecedentes procesales como la sentencia 346-2014 emitida en un caso similar, como es de la “Ciudad del Ángel”, confirmada por la honorable Sala Penal en la sentencia 043-2017; por lo cual demanda la protección constitucional que provee el recurso de amparo a los ofendidos, quienes se encuentran en situación de indefensión. CONSIDERANDO (5): Que, en sustento de su pretensión garantista, formaliza las siguientes consideraciones fácticas y jurídicas el recurrente, en lo que concierne al debido proceso y el derecho de defensa: Que la garantía constitucional se ejercita contra la resolución supracitada por haber recibido sus representados un trato discriminatorio, vulnerándose su derecho a un trato igualitario, de conformidad a ley y conculcando su derecho al debido proceso. CONSIDERANDO (6): Que, en cuanto a la infracción del principio de legalidad, sostiene el garantista en su formalización de amparo, que el artículo 321 de la Constitución de la República, el cual transcribe, se ve lesionado con las actuaciones de la jurisdicción ordinaria, las cuales no se han subordinado al ordenamiento jurídico nacional, que permite la administración de las leyes en base al principio de legalidad y de licitud de las pruebas; dado que se ha emitido una resolución carente de hechos y antecedentes, así como de la motivación obligatoria que establecen los artículos 198 y 200 del Código Procesal Penal; produciendo un acto nulo, infractor de los derechos y libertades reconocidas por la Constitución, tales como son el derecho de defensa y al debido proceso; por lo que la Corte de Apelaciones Penal de Francisco Morazán no tiene facultades para validar y, asimismo, valorar pruebas totalmente nulas e ilícitas incorporadas al proceso, sin vulnerar el principio ilustrado cuya esencia es nullum crimen nulla poena sine previa lege. Por todo lo cual, solicita fallar otorgando el amparo y que se mande proceder con arreglo a derecho. CONSIDERANDO (7): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece, que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, correspondiendo a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. Por ende, estarán los órganos jurisdiccionales en la obligación de motivar y fundamentar sus resoluciones, expresando los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa y, en su caso, las pruebas que ha tenido en cuenta, así como las razones del valor probatorio que les ha atribuido; en tanto Juez regular competente, conocedor del asunto, en la esfera de sus atribuciones legales. CONSIDERANDO (8): Que, el artículo 183 de la Constitución de la República, en el numeral 2 establece que el Estado reconoce la Garantía de Amparo para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por esta Constitución. CONSIDERANDO (9): Que, vista la presente garantía de amparo y analizados que fueron sus alegaciones, se considera trascenderían éstas a aspectos fundamentales de la dogmática constitucional, habiéndose denunciado una posible infracción a la legalidad penal vigente, en perjuicio de los derechos constitucionales de las personas naturales agraviadas; por lo cual procede conocer y resolver el contenido de la reclamación constitucional así formalizada. CONSIDERANDO (10): Que, con relación a la alegada violación de la garantía del debido proceso invocada por el garantista, no se ha constatado efectivamente infracción alguna, pues si bien se constata la existencia de un cúmulo probatorio allegado a la audiencia inicial, no se desprende de ello la acreditación completa del delito de ESTAFA, según tipificado en el artículo 240 del Código Penal; particularmente del elemento subjetivo de tipo aludido por los argumentos y valoraciones de la resolución de apelaciones que se conoce ahora en amparo; los cuales se reconducen a no ser procedente al petitorio de imposición de auto de formal procesamiento en la causa seguida por el delito de ESTAFA contra los señores RUBEN CUELLAR SANTOS y MARIA GREGORIA CASTRO LOPEZ, ambos en su condición preindicada, vía revocatoria del sobreseimiento definitivo emitido por el Juzgado A Quo en Audiencia Inicial. CONSIDERANDO (11): Que, a juicio de esta Sala de lo Constitucional, la sentencia de apelaciones venida en amparo sostiene la fundamentación fáctica y jurídica que es exigible a la resolución que emana de dicha fase del proceso, interpretándola en su relación armónica y conjunta, dada la inexistencia de evidencia probatoria suficiente para acreditar la existencia del delito de ESTAFA, por el cual se ha imputado a los señores RUBEN CUELLAR SANTOS y MARIA GREGORIA CASTRO LOPEZ. CONSIDERANDO (12): Que el tipo básico del delito de ESTAFA, se establecía en el artículo 240 del Código Penal de 1983, norma temporal que resultaría aplicable a la teoría del caso: “Comete el delito de estafa quien con nombre supuesto, falsos títulos, influencia o calidad simulada, abuso de confianza, fingiéndose dueño de bienes, créditos, empresas o negociación o valiéndose de cualquier artificio, astucia o engaño, indujere a otro en error, defraudándolo en provecho propio o ajeno”; enmarcando un complejo ámbito situacional, correlativo a una tipología plural, contentiva de elementos subjetivos de tipo; los cuales deben concurrir, en complementariedad a los elementos objetivos establecidos, para acreditar la preexistencia del hecho ilícito.[1] CONSIDERANDO (13): Que, en síntesis, se ha pretendido la revocatoria de un sobreseimiento definitivo dictado por el delito de Estafa, cuyo bien jurídico protegido es preponderantemente la propiedad y cuyo elemento conceptual que aparece de manera más prominente, es el engaño. Lo anterior guarda relevancia para la tutela constitucional bajo estudio, dado que no se podría fundamentar un delito de ESTAFA U OTROS FRAUDES - aunque sí las acciones que correspondieren en el ámbito del derecho privado -, a menos se probare el dolo directo, en sus dimensiones cognitiva y volitiva, de inducir al error a terceros para obtener un provecho propio o ajeno de su acción u omisión; tal la conducta típica establecida por el legislador, la cual concurre a la perfecta acreditación del delito de ESTAFA, según prescrito en el artículo 240 del Código Penal, en lo que concierne a su tipo básico. CONSIDERANDO (14): Que, en materia procesal penal, participa el debido proceso legal de la búsqueda de la verdad, con respeto a las garantías procesales del imputado. De lo anterior, se desprende que es menester probar los hechos a quien ejerce la Acusación, no pudiendo presuponerse, o dar por equivalente análogo, ninguno de los requisitos de tipo. Asimismo, la acreditación debida del denominado tipo garantía,[2] es decir, que sin la concurrencia de todos y cada uno de los elementos de tipo, debidamente probados y razonados ante la jurisdicción penal; no podría tenerse como acreditada evidencia probatoria de la existencia de un delito, acorde la norma iusfundamental del artículo 92 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO (15): Que, asimismo, cabe observar que dentro la dinámica del proceso penal, se contempla al imputado como sujeto procesal, dotado de las garantías constitucional y convencionalmente establecidas, las cuales le preservan de toda intervención indebida en sus derechos fundamentales; bien sea por exceso, o abuso de poder, en la actuación de los poderes públicos, o por falta u omisión, en el cumplimiento de los deberes de los agentes del Estado; en la investigación, en el enjuiciamiento criminal o en la etapa de ejecución penitenciaria; lo cual se reconduce a compatibilizar adecuadamente la eficacia de la investigación criminal, con el respeto y garantía a los derechos humanos del procesado; lo cual se tiene como garantía de verdad y libertad en el proceso, por parte de la doctrina penal garantista.[3] CONSIDERANDO (16): Que, en vista a todo ello, no habiéndose constatado infracción al deber de motivación, por parte de la jurisdicción de alzada, tampoco se fundamentaría la alegada infracción al debido proceso sustantivo y al principio de legalidad, que invoca el letrado garantista; en vista no haberse acreditado la actividad probatoria mínima de la existencia de un delito, ni consignación de la fundamentación fáctica y probatoria que articule lógicamente los contenidos de la imputación. En virtud de todo lo cual y por lo argumentado en el iter del presente fallo, se estima procedente denegar el amparo de mérito. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos números: 1, 4, 59, 60, 80, 82, 90, 92, 183, 303, 304, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1 y 321 de la Constitución de la República; 1 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 1, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 1, 2, 3 numeral segundo, 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45 y 63 de la Ley de Justicia Constitucional; FALLA: DENEGANDO la presente garantía constitucional de Amparo. Y MANDA: Que con certificación de esta Sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ÁLVAREZ SAGASTUME. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintitrés días del mes de noviembre de dos mil veintiuno, certificación de la sentencia de fecha veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Amparo Penal bajo el número SCO-0014-2021.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] La doctrina consultada señala que, aunada a los elementos objetivos, la acreditación del delito de estafa, exigiría la concurrencia de los siguientes elementos subjetivos: “1. El autor debe haber obrado con dolo de inducir a la contraparte a una disposición patrimonial basada en un error que él le produjo por el engaño; 2. Haber obrado con la intención de obtener para sí o para un tercero una ventaja patrimonial”. (Ver: Romero, G. Delito de estafa. Hammurabi – José Luis Depalma Editor. Buenos Aires, 2007. Págs. 98-9). – En el mismo sentido, Ramírez Ávila, H., ha señalado que la imputación subjetiva del delito pasa doctrinariamente por el animus decipiendi, o deseo de engañar, tipifica la estafa: “… a diferencia del error o la ignorancia”. (Ver: La responsabilidad penal derivada de los actos de comercio en la explotación de la empresa mercantil en Honduras. Tesis leída en el Postgrado de Derecho Penal y Procesal Penal de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Tegucigalpa M.D.C., 2014. Pág. 74)
[2] En general, se habla se habla de tipo garantía al designar el principio de legalidad en materia penal.
[3] Ferrajoli, L. Derecho y Razón: Teoría del garantismo penal. Madrid: Editorial Trotta, 2001. Pág. 604. Zaffaroni, E. Manual de Derecho Penal. Parte General. México: Cárdenas Editor y Distribuidor, 2001. Págs. 39.