Sentencia AP-137-21 — Registro 13056
Resumen
En Consulta las diligencias que contiene la sentencia dictada que declaró no ha lugar el recurso de amparo por los delitos de actos de lujuria agravado en concurso real y violación especial. Estimando el recurrente, que el acto reclamado violenta en perjuicio de su representado, los derechos contenidos en los artículos 65, 82, 88 y 90 de la Constitución de la República, y; 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO (10): Que se entenderá como re-victimización o victimización secundaria, como la experiencia que victimiza a una persona en dos o más momentos de su vida. La re victimización es la suma de acciones u omisiones que generan en la persona un recuerdo victimizante (lo que normalmente sucede es que la persona recuerda y revive lo ocurrido, en el momento del hecho delictivo) y que ello conlleva estados de ansiedad, estrés, angustia y malas relaciones interpersonales que afectan la vida cotidiana de la persona. Las tendencias actuales en victimología, la victimización de una persona se clasifica, en victimización primaria es la consecuencia natural que sufre una persona que es víctima directa o indirecta de un delito. Secundaria es el daño que sufren las personas víctimas directas o indirectas de un delito por las acciones u omisiones del proceso investigativo y del sistema judicial. Terciaria es el resultado de la estigmatización y perjuicios sociales sobre las víctimas directas e indirectas. CONSIDERANDO (11): Que conforme a lo establecido en la Opinión Técnica Consultiva No. 009/2013, para UNODC ROPAN se entenderá por el término “víctima indirecta” a toda persona que esté en el entorno familiar y/o social de la víctima directa. En algunos delitos, como los de violencia doméstica y sexual, el niño suele ser además de la víctima el único testigo, acumulando distintos roles en el proceso penal. Considerando la condición de vulnerabilidad del niño y el cúmulo de roles en el proceso penal, esta población se encuentra aún más vulnerable a los efectos de la victimización secundaria. Las Reglas de Brasilia también establecen que la condición de vulnerabilidad de los niños víctimas de delitos genera ciertas obligaciones para los Estados, en especial la de “[…] mitigar los efectos negativos del delito (victimización primaria). Asimismo, se procurará que el daño sufrido por la víctima del delito no se vea incrementado como consecuencia de su contacto con el sistema de justicia (victimización secundaria) CONSIDERANDO (12): Que el corpus iuris internacional de los derechos del niño, toma como base un principio elemental denominado “El principio del Interés Superior del Niño”, consagrado en el artículo 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño que dispone: “en todas las medidas de bienestar social, los Tribunales, las autoridades administrativas, o los órganos legislativos, una consideración primordial a la que se atendrá será el interés superior del niño. Las Naciones Unidas en su Observación General No. 14, el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas ha concluido que este principio representa uno de los cuatro principios generales de la Convención “[…] en lo que respeta a la interpretación y aplicación de todos los derechos del niño y lo aplica como un concepto dinámico que debe evaluarse adecuadamente en cada contexto”. Según el Comité: “El objetivo del concepto del interés superior del niño es garantizar el disfrute pleno y efectivo de todos los derechos reconocidos por la Convención y el desarrollo holístico (es decir, físico, mental, espiritual, moral, psicológico y social) del niño”18. Se concluyó, además, que el interés superior del niño es un concepto triple, en la medida que es: 1. Un derecho sustantivo: el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial que se evalúe y tenga en cuenta al sopesar distintos intereses para tomar una decisión sobre una cuestión debatida; 2. Un principio jurídico interpretativo fundamental: si una disposición jurídica admite más de una interpretación, se elegirá la que satisfaga de manera más efectiva el interés superior del niño; 3. Una norma de procedimiento: el proceso de decisión que afectó a un niño, niña o adolescente deberá incluir una estimación de las posibles repercusiones (positivas o negativas) de la decisión en la vida del niño o de los niños interesados.” … “CONSIDERANDO (13): Que, en cuanto al principio del interés superior del niño, es importante tener en cuenta que el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas concluyó que este principio tiene una naturaleza triple de derecho sustantivo, principio interpretativo y norma de procedimiento. Cabría destacar que es con respecto del principio de naturaleza jurídica triple, reconocido como parte del bloque de constitucionalidad del ordenamiento jurídico panameño, como se debería interpretar la utilización del anticipo de prueba en los casos de niños víctimas y testigos del delito como un acto definitivo e irreproducible. Su característica irreproducible, sin embargo, no es originada de la posibilidad de la pérdida del elemento probatorio sino de las distintas normas del derecho internacional de los derechos humanos que instan a los Estados a que el derecho del niño de ser escuchado sea realizado de forma que no perjudique su condición psicológica. CONSIDERANDO (14): Que más allá del reconocimiento del derecho al anticipo de prueba en los casos que involucren a niños víctimas o testigos, cabe destacar la necesidad de que el Estado cuente con la infraestructura y las técnicas apropiadas para el ejercicio de este derecho, considerándose todos los aspectos que conlleva este tipo de prueba anticipada Si es el caso de no existir esta infraestructura, no por ello deberá vulnerarse el derecho de la víctima sobre todo cuando se trata de un menor que al momento de rendir dicha declaración apenas tenía trece años de edad. Por otra parte la prueba anticipada realizada ante el Juez de garantías bajo el respeto de los principios y normas procesales que rigen el proceso penal, resulta ser una prueba válida, lo contrario sería considerar o prejuzgar que la prueba rendida ante el Juez que debe garantizar el respeto y ejercicio de los derechos fundamentales de las partes está viciado de parcialidad o falta de objetividad, junto a la dación de Fe del Secretario del Despacho, por ende este tipo de pruebas realizadas con las garantías establecidas en la ley es válida.”
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 65 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 88 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 41 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 48 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 68 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 69 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO (10): Que se entenderá como re-victimización o victimización secundaria, como la experiencia que victimiza a una persona en dos o más momentos de su vida. La re victimización es la suma de acciones u omisiones que generan en la persona un recuerdo victimizante (lo que normalmente sucede es que la persona recuerda y revive lo ocurrido, en el momento del hecho delictivo) y que ello conlleva estados de ansiedad, estrés, angustia y malas relaciones interpersonales que afectan la vida cotidiana de la persona. Las tendencias actuales en victimología, la victimización de una persona se clasifica, en victimización primaria es la consecuencia natural que sufre una persona que es víctima directa o indirecta de un delito. Secundaria es el daño que sufren las personas víctimas directas o indirectas de un delito por las acciones u omisiones del proceso investigativo y del sistema judicial. Terciaria es el resultado de la estigmatización y perjuicios sociales sobre las víctimas directas e indirectas. CONSIDERANDO (11): Que conforme a lo establecido en la Opinión Técnica Consultiva No. 009/2013, para UNODC ROPAN se entenderá por el término “víctima indirecta” a toda persona que esté en el entorno familiar y/o social de la víctima directa. En algunos delitos, como los de violencia doméstica y sexual, el niño suele ser además de la víctima el único testigo, acumulando distintos roles en el proceso penal. Considerando la condición de vulnerabilidad del niño y el cúmulo de roles en el proceso penal, esta población se encuentra aún más vulnerable a los efectos de la victimización secundaria. Las Reglas de Brasilia también establecen que la condición de vulnerabilidad de los niños víctimas de delitos genera ciertas obligaciones para los Estados, en especial la de “[…] mitigar los efectos negativos del delito (victimización primaria). Asimismo, se procurará que el daño sufrido por la víctima del delito no se vea incrementado como consecuencia de su contacto con el sistema de justicia (victimización secundaria) CONSIDERANDO (12): Que el corpus iuris internacional de los derechos del niño, toma como base un principio elemental denominado “El principio del Interés Superior del Niño”, consagrado en el artículo 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño que dispone: “en todas las medidas de bienestar social, los Tribunales, las autoridades administrativas, o los órganos legislativos, una consideración primordial a la que se atendrá será el interés superior del niño. Las Naciones Unidas en su Observación General No. 14, el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas ha concluido que este principio representa uno de los cuatro principios generales de la Convención “[…] en lo que respeta a la interpretación y aplicación de todos los derechos del niño y lo aplica como un concepto dinámico que debe evaluarse adecuadamente en cada contexto”. Según el Comité: “El objetivo del concepto del interés superior del niño es garantizar el disfrute pleno y efectivo de todos los derechos reconocidos por la Convención y el desarrollo holístico (es decir, físico, mental, espiritual, moral, psicológico y social) del niño”18. Se concluyó, además, que el interés superior del niño es un concepto triple, en la medida que es: 1. Un derecho sustantivo: el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial que se evalúe y tenga en cuenta al sopesar distintos intereses para tomar una decisión sobre una cuestión debatida; 2. Un principio jurídico interpretativo fundamental: si una disposición jurídica admite más de una interpretación, se elegirá la que satisfaga de manera más efectiva el interés superior del niño; 3. Una norma de procedimiento: el proceso de decisión que afectó a un niño, niña o adolescente deberá incluir una estimación de las posibles repercusiones (positivas o negativas) de la decisión en la vida del niño o de los niños interesados.” … “CONSIDERANDO (13): Que, en cuanto al principio del interés superior del niño, es importante tener en cuenta que el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas concluyó que este principio tiene una naturaleza triple de derecho sustantivo, principio interpretativo y norma de procedimiento. Cabría destacar que es con respecto del principio de naturaleza jurídica triple, reconocido como parte del bloque de constitucionalidad del ordenamiento jurídico panameño, como se debería interpretar la utilización del anticipo de prueba en los casos de niños víctimas y testigos del delito como un acto definitivo e irreproducible. Su característica irreproducible, sin embargo, no es originada de la posibilidad de la pérdida del elemento probatorio sino de las distintas normas del derecho internacional de los derechos humanos que instan a los Estados a que el derecho del niño de ser escuchado sea realizado de forma que no perjudique su condición psicológica. CONSIDERANDO (14): Que más allá del reconocimiento del derecho al anticipo de prueba en los casos que involucren a niños víctimas o testigos, cabe destacar la necesidad de que el Estado cuente con la infraestructura y las técnicas apropiadas para el ejercicio de este derecho, considerándose todos los aspectos que conlleva este tipo de prueba anticipada Si es el caso de no existir esta infraestructura, no por ello deberá vulnerarse el derecho de la víctima sobre todo cuando se trata de un menor que al momento de rendir dicha declaración apenas tenía trece años de edad. Por otra parte la prueba anticipada realizada ante el Juez de garantías bajo el respeto de los principios y normas procesales que rigen el proceso penal, resulta ser una prueba válida, lo contrario sería considerar o prejuzgar que la prueba rendida ante el Juez que debe garantizar el respeto y ejercicio de los derechos fundamentales de las partes está viciado de parcialidad o falta de objetividad, junto a la dación de Fe del Secretario del Despacho, por ende este tipo de pruebas realizadas con las garantías establecidas en la ley es válida.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 41 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 48 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 68 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 69 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, municipio del distrito central, veinte de mayo del dos mil veintiuno. VISTO: En Consulta las diligencias que contiene la Sentencia dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA, en fecha diecinueve (19) de enero de dos mil veintiuno (2021), que declaró no ha lugar el recurso de amparo interpuesto por el abogado JOSÉ DAGOBERTO MARTÍNEZ URBINA, a favor del menor A. E.M. C., contra la Resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE TELA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA, en fecha ocho (8) de septiembre de dos mil veinte (2020); con relación a la causa instruida contra el señor DANIEL ANTONIO TROCHEZ CHAVEZ, por suponerlo responsable de los delitos de ACTOS DE LUJURIA AGRAVADO EN CONCURSO REAL Y VIOLACIÓN ESPECIAL, en perjuicio del menor A. E. M. C.; ACTOS DE LUJURIA AGRAVADO EN CONCURSO REAL, en perjuicio de J. E. V. L., y; VIOLACIÓN ESPECIAL EN CONCURSO REAL, en perjuicio de B. L. A. H.. Estimando el recurrente, que el acto reclamado violenta en perjuicio de su representado, los derechos contenidos en los artículos 65, 82, 88 y 90 de la Constitución de la República, y; 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. ANTECEDENTES 1) Que en fecha veintinueve (29) de octubre de dos mil veinte (2020), el abogado JOSÉ DAGOBERTO MARTÍNEZ URBINA, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público (MP) y a favor del menor A. E. M. C., interpuso ante la Corte Primera de Apelaciones de la Ceiba, departamento de Atlántida, Recurso de Amparo contra la Resolución de fecha ocho (8) de septiembre de dos mil veinte (2020), dictada por el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE TELA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA; por considerar que la misma atenta, en perjuicio de su representado, contra los derechos contemplados en los artículos 65, 82, 88 y 90 de la Constitución de la República, y; 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. (Folios 1-6 del antecedente) 2) Que en fecha diecinueve (19) de enero de dos mil veintiuno (2021), luego de seguido el trámite que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la citada Corte de Apelaciones, Falló: (SIC) “PRIMERO: Declarar NO HA LUGAR la Acción Constitucional de Amparo promovida por el abogado José Dagoberto Martínez en su condición de Fiscal del Ministerio Público.-” (Folios 128–130v del antecedente) 3) Que en fecha ocho (8) de febrero de dos mil veintiuno (2021), este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, dando así estricto cumplimiento a lo previsto por el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. (Folio 1 del presente Recurso) CONSIDERANDO (1): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 Constitucional relacionado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO (2): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer en Consulta, los recursos de amparo conocidos por las Cortes de Apelaciones acorde a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (3): Que se conoce en CONSULTA la sentencia de fecha 19 de enero del 2021, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, departamento de Atlántida, la cual se Denegó el Recurso presentado contra las actuaciones de fecha ocho de septiembre del año dos mil veinte, del Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de la ciudad de Tela, Atlántida, en relación a la causa instruida contra el señor DANIEL ANTONIO TROCHEZ CHAVEZ, por suponerlo responsable del delito de ACTOS DE LUJURIA AGRAVADOS EN CONCURSO REAL Y VIOLACIÓN ESPECIAL en perjuicio de A. E. M. C., ACTOS DE LUJURIA AGRAVADO EN CONCURSO REAL en perjuicio de J. E. V. L., por los delitos de VIOLACIÓN ESPECIAL EN CONCURSO REAL en perjuicio de B. L. A. H.. CONSIDERANDO (4): Que el recurrente en la relación de hechos expone: Que la audiencia de declaración con las formalidades de prueba anticipada del menor A. A. M. C., se realizó en presencia del Juez de garantías, del Juzgado Seccional de Tela Atlántida, el Fiscal actuante y el Defensor Privado del encausado, se llevó a cabo en el Juzgado de La Niñez y la Adolescencia, ya que el parqueo y la única salida del Juzgado Seccional de Letras de Tela Atlántida se encontraba abarrotado de personas afines al encausado y esto podía traer repercusión al estado de ánimo de la víctima por ser menor de edad quien en ese momento tenía trece años de edad. Deja establecido que el Poder Judicial ni el Ministerio Público de dicha localidad no cuenta con un espacio o sala con espejo unidireccional o especialmente acondicionada o Cámara de Gessel que permitiera que tal diligencia quedara constancia de forma grabada o registrada por cualquier medio audiovisual o técnico. (El subrayado es nuestro). CONSIDERANDO (5): Que el Ministerio Público formalizó la acción de amparo venida en consulta, en la que expuso: que el Tribunal de sentencia antes relacionado no admitió el medio de prueba denominado testifical, consistente en el Acta de declaración con las formalidades de prueba anticipada del menor A. E. M. C., que consta en acta realizada por el Juzgado Seccional de Tela, Atlántida, ante Juez competente que celebró dicha audiencia. Señala el recurrente que se ordenó para la evacuación del medio de prueba que el niño antes mencionado se presentara a la audiencia de debate a declarar, acompañado de un psicólogo en vista de no haberse seguido el procedimiento establecido en el artículo 297-B además de no ser n medio de prueba testifical sino documental. Todo lo cual lesiona los preceptos constitucionales como ser el debido proceso contenido en el artículo 90, El derecho de protección por parte del Estad a la infancia contenido en el artículo 119 y los derechos del niño contemplados en la Convención Sobre los Derechos del Niño, especialmente el principio de Interés Superior del Niño, por lo que es necesario que se proceda a restituir el goce de los derechos que dicho tratado establece. CONSIDERANDO (6): Que Expone el Recurrente que el Tribunal inobservó que la intervención en juicio de las personas consideradas como vulnerables es mínima, a fin de que se proceda por parte de la víctima a la superación de tal evento, tal como sucede en el presente proceso la víctima es un niño de 14 años de edad, que venía sufriendo abusos sexuales por parte de su profesor, por la edad de la víctima y de acuerdo al artículo “237-A del CPP, es considerada vulnerable y por ende se encuentra expuesto a la re victimización y en condición de dificultad para participar en los actos y diligencias que conlleva el proceso penal”. Por tales motivos la ley adjetiva permite que la participación sea única durante todas las etapas del proceso, no siendo necesaria la presencia de la víctima en cada una de las etapas procesales en las que sea necesario escuchar su declaración, a efecto de que la víctima tal como lo indica el artículo 277 del C.PP., “Actos jurisdiccionales: Pruebas Anticipadas Cuarto Párrafo, Así también se procederá cuando se trate de los supuestos a que se refiere el artículo 237-A del presente código, estas declaraciones deben ser siempre admitidas por el órgano jurisdiccional en todas las etapas del proceso, No siendo necesaria una nueva comparecencia o declaración de la víctima”. En consecuencia, señala que la resolución impugnada contraviene lo que expresamente previene la ley, en cuanto a la participación de las víctimas consideradas vulnerables y en especial cuando existe su declaración y consta la misma con las formalidades de prueba anticipada tal como consta en el presente caso. CONSIDERANDO (7): Que el impetrante manifiesta que el Tribunal de Sentencia argumento en su resolución que la declaración de la víctima no se realizó la diligencia en la Cámara de Gessel y exigir la comparecencia del niño en mención violenta la obligación que tiene el Estado de proteger a la infancia, ya que de adoptarse dicha resolución el mismo Estado por medio de sus funcionarios está vulnerando derechos a la víctima a la no re victimización o segunda victimización del niño A. E. M. Cantarero de 14 años de edad actualmente. Señalando que se quebrantas los derechos y garantís internacionales contenidos en la Convención Sobre los Derechos del niño, entre ellos el principio contemplado en el artículo 3 de dicha convención conocido como el Interés Superior del Niño señala que esta garantía trata de que antes de tomar una medida respecto a ellos se adopten aquellas que promuevan y protejan sus derechos y no a las que los conculquen. Invoca como antecedente la Sentencia de Casación, Sala de Lo Penal de la Corte Suprema de Justicia CP-275-14…, y según la convención indica como tal principio que “En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los Tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. CONSDERANDO (8): Que la Corte de Apelaciones conociendo el Recurso de Amparo promovido por el Ministerio Pública dicta sentencia mediante la cual deja establecido: en el numeral Cuarto de los fundamentos de Derecho: “El proceso penal en estricto respeto al debido proceso y principios de legalidad se debe desarrollar según las disposiciones de la norma procesal vigente no quedando al arbitrio de los Órganos Jurisdiccionales y de las partes modificar las formalidades establecidas en una norma legal, disponiendo el Artículo 237-A, de la participación de las personas en condiciones de vulnerabilidad, será llevada a cabo en espacio o sala con espejo unidireccional o especialmente acondicionada, o en la cámara de Gessel u otros medios análogos, con la facilitación de un profesional de psicología, y en aquellos lugares donde no se encuentre , por un profesional instruido en la materia y un traductor en aquellos casos que resulte necesario, estas diligencias serán gravadas o registradas por cualquier medio audiovisual técnico. La práctica de esta diligencia se realizará con las formalidades de la prueba anticipada…, La reproducción del video de la diligencia o declaración rendida bajo estos procedimientos, será considerada como una declaración presencial en el juicio oral. Señala que según los antecedentes del caso cuando el menor A. E. M. C., rindió su declaración en el Juzgado de Letras, no se siguieron las formalidades exigidas en el precepto legal anteriormente citado, por lo tanto, la declaración contenida en el acta que pretende introducir el Ministerio Púbico en el Debate no suple ni puede ser considerada como declaración presencial. Por todo ello dictó sentencia denegando la acción de amparo de la que hizo mérito. CONSIDERANDO (9): Que la Corte Interamericana se ha pronunciado sobre el estado de vulnerabilidad de los niños y niñas, sosteniendo que “la razón de ser del artículo 19 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos radica en la vulnerabilidad de los niños y su incapacidad para asegurar por si mismos el respeto de sus derechos”, igualmente afirmo: que “mientras que las consecuentes responsabilidades de protección corresponde a la familia, en el caso de niños en riesgo se requieren medidas del Estado”[1] Algunos niños son especialmente vulnerables y tienen derechos adicionales que ayudan a garantizar que pueden vivir sus vidas de forma plena, con igualdad, dignidad y respeto. Estos niños se encuentran entre las personas más vulnerables del mundo debido a la violación de los derechos humanos, que incluyen la violencia y el abuso sexual, la explotación infantil y la negación de sus derechos civiles y políticos.[2] CONSIDERANDO (10): Que se entenderá como re-victimización o victimización secundaria, como la experiencia que victimiza a una persona en dos o más momentos de su vida. La re victimización es la suma de acciones u omisiones que generan en la persona un recuerdo victimizante (lo que normalmente sucede es que la persona recuerda y revive lo ocurrido, en el momento del hecho delictivo) y que ello conlleva estados de ansiedad, estrés, angustia y malas relaciones interpersonales que afectan la vida cotidiana de la persona. Las tendencias actuales en victimología, la victimización de una persona se clasifica, en victimización primaria es la consecuencia natural que sufre una persona que es víctima directa o indirecta de un delito. Secundaria es el daño que sufren las personas víctimas directas o indirectas de un delito por las acciones u omisiones del proceso investigativo y del sistema judicial. Terciaria es el resultado de la estigmatización y perjuicios sociales sobre las víctimas directas e indirectas. CONSIDERANDO (11): Que conforme a lo establecido en la Opinión Técnica Consultiva No. 009/2013, para UNODC ROPAN se entenderá por el término “víctima indirecta” a toda persona que esté en el entorno familiar y/o social de la víctima directa. En algunos delitos, como los de violencia doméstica y sexual, el niño suele ser además de la víctima el único testigo, acumulando distintos roles en el proceso penal. Considerando la condición de vulnerabilidad del niño y el cúmulo de roles en el proceso penal, esta población se encuentra aún más vulnerable a los efectos de la victimización secundaria. Las Reglas de Brasilia también establecen que la condición de vulnerabilidad de los niños víctimas de delitos genera ciertas obligaciones para los Estados, en especial la de “[…] mitigar los efectos negativos del delito (victimización primaria). Asimismo, se procurará que el daño sufrido por la víctima del delito no se vea incrementado como consecuencia de su contacto con el sistema de justicia (victimización secundaria)”. CONSIDERANDO (12): Que el corpus iuris internacional de los derechos del niño, toma como base un principio elemental denominado “El principio del Interés Superior del Niño”, consagrado en el artículo 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño que dispone: “en todas las medidas de bienestar social, los Tribunales, las autoridades administrativas, o los órganos legislativos, una consideración primordial a la que se atendrá será el interés superior del niño. Las Naciones Unidas en su Observación General No. 14, el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas ha concluido que este principio representa uno de los cuatro principios generales de la Convención “[…] en lo que respeta a la interpretación y aplicación de todos los derechos del niño y lo aplica como un concepto dinámico que debe evaluarse adecuadamente en cada contexto”. Según el Comité: “El objetivo del concepto del interés superior del niño es garantizar el disfrute pleno y efectivo de todos los derechos reconocidos por la Convención y el desarrollo holístico (es decir, físico, mental, espiritual, moral, psicológico y social) del niño”18. Se concluyó, además, que el interés superior del niño es un concepto triple, en la medida que es: 1. Un derecho sustantivo: el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial que se evalúe y tenga en cuenta al sopesar distintos intereses para tomar una decisión sobre una cuestión debatida; 2. Un principio jurídico interpretativo fundamental: si una disposición jurídica admite más de una interpretación, se elegirá la que satisfaga de manera más efectiva el interés superior del niño; 3. Una norma de procedimiento: el proceso de decisión que afectó a un niño, niña o adolescente deberá incluir una estimación de las posibles repercusiones (positivas o negativas) de la decisión en la vida del niño o de los niños interesados. [3] COSIDERANDO (13): Que, en cuanto al principio del interés superior del niño, es importante tener en cuenta que el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas concluyó que este principio tiene una naturaleza triple de derecho sustantivo, principio interpretativo y norma de procedimiento. Cabría destacar que es con respecto del principio de naturaleza jurídica triple, reconocido como parte del bloque de constitucionalidad del ordenamiento jurídico panameño, como se debería interpretar la utilización del anticipo de prueba en los casos de niños víctimas y testigos del delito como un acto definitivo e irreproducible. Su característica irreproducible, sin embargo, no es originada de la posibilidad de la pérdida del elemento probatorio sino de las distintas normas del derecho internacional de los derechos humanos que instan a los Estados a que el derecho del niño de ser escuchado sea realizado de forma que no perjudique su condición psicológica. CONSIDERANDO (14): Que más allá del reconocimiento del derecho al anticipo de prueba en los casos que involucren a niños víctimas o testigos, cabe destacar la necesidad de que el Estado cuente con la infraestructura y las técnicas apropiadas para el ejercicio de este derecho, considerándose todos los aspectos que conlleva este tipo de prueba anticipada Si es el caso de no existir esta infraestructura, no por ello deberá vulnerarse el derecho de la víctima sobre todo cuando se trata de un menor que al momento de rendir dicha declaración apenas tenía trece años de edad. Por otra parte la prueba anticipada realizada ante el Juez de garantías bajo el respeto de los principios y normas procesales que rigen el proceso penal, resulta ser una prueba válida, lo contrario sería considerar o prejuzgar que la prueba rendida ante el Juez que debe garantizar el respeto y ejercicio de los derechos fundamentales de las partes está viciado de parcialidad o falta de objetividad, junto a la dación de Fe del Secretario del Despacho, por ende este tipo de pruebas realizadas con las garantías establecidas en la ley es válida. CONSIDERANDO (15): Que Honduras es signatario de la Convención de los Derechos del Niño, de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y otros tratados y /o convenciones, de igual calado, mediante cuya ratificación el Estado adquirió derechos y obligaciones, es así que Honduras respetuoso de sus compromisos a nivel de Derechos Humanos plasma en la Constitución de la República en su artículo 16 segundo párrafo “Los Tratados Internaciones Celebrados por Honduras con otros Estados, una vez que entran en vigor, forman parte del Derecho interno, así el artículo 18 dispone: “En caso de conflicto entre el Tratado o Convención y la ley, prevalecerá el primero. (el sub rayado es nuestro). En consecuencia, prevalece el principio de Supremacía Constitucional, mediante el cual deben prevalecer sus preceptos, sobre cualquier otra ley secundaria. En ese orden de ideas, el juzgador deviene en la obligación de hacer el análisis de convencionalidad, y constitucionalidad de la ley, de lo contario se contraría tanto las disposiciones constitucionales como la normativa internacional sobre derechos Humanos. CONSIDERANDO (16): Que esta Sala desde el prisma de la justicia constitucional debe asegurar a las partes una tutela efectiva de sus derechos fundamentales, del estudio de los antecedentes, del acto reclamado y el quebranto de derechos invocados por el recurrente, aprecia la Sala, que la autoridad recurrida, ha inobservado tanto el párrafo último del artículo 16 y el artículo 18 constitucionales, en consecuencia el Principio de Supremacía Constitucional, cuando no ha realizado un análisis de convencionalidad y Constitucionalidad aplicado al caso concreto, lo que conlleva a que se violenten los derechos invocados por el recurrente, que de suceder provoca la re victimización de un menor de edad que ha sido sometido posiblemente abuso sexual, eventos sumamente desagradables en la vida de ser humanos, que para ninguna persona es saludable, y menos cuando ya lo ha hecho ante un Juez de Garantías competente con las rigurosidades que exige la ley, al no contar el Poder Judicial de ese lugar con la infraestructura requerida, lo que de ninguna manera desacredita las actuaciones realizadas mediante prueba anticipada por el Juez competente, Fiscal defensor Privado y Secretario que Da fe de lo actuado. Atendiendo el objeto de competencia establecido en la Ley Sobre Justicia Constitucional, como garante de los derechos fundamentales de acceso a la justicia, Debido Proceso, Defensa, Tutela Judicial efectiva entre otros no menos importantes, resulta procedente en derecho REVOCAR la resolución venida en consulta y en consecuencia OTORGAR EL AMPARO objeto de estudio. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos: 303, 304 , 313 y 316 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 74, 78 atribución 5ª, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 6 y 13 b) de la Ley Sobre la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8,10, 41, 48, 68, 69,de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: PRIMERO: REVOCA la sentencia venida en CONSULTA dictada en fecha diecinueve de enero del año dos mil veintiuno, por la Corte Primera de Apelaciones de la Ceiba, departamento de Atlántida, en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado JOSE DAGOBERTO MARTINEZ URBINA a favor del señor ANNTHONY ELY MEJIA CANTARERO SEGUNDO: OTORGA la acción de Amparo del que se ha hecho mérito Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a la Autoridad recurrida para los efectos legales consiguientes.- Redactó la Magistrada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.-NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firma y Sello CRISTIAN RAMON BAQUIZ FLORES. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA CONSTITUCIONAL.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiséis días del mes de julio del año dos mil veintiuno, certificación de la sentencia de fecha veinte de mayo del año dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Amparo Penal Venido en Consulta bajo el número SCO-0137-2021.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.
[1] CIH. Caso Niños de la Calle, Villagran Morales y Otros Vs. Guatemala, Fondo, sentencia 19 de noviembre de 1999. Serie C. No. 63 Párr. 185.
[2] Niños en situación de Vulnerabilidad. Child Rights International Net Workhttps://archive.crin.org/es/paginal-principal/derechos/temas/ninos-en-situacion-de-vulnerabilidad.html
[3] OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LAS DROGAS Y EL DELITO. UNODC. El uso de anticipo de prueba para disminuir la re victimización de los niños, niñas y adolescentes, en la república de Panamá.