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Sentencia AP-130-21 — Registro 13312

Resumen

Resolución que anulo allanamiento con relación a la causa instruida contra imputada, por suponerla responsable del delito de Facilitaciòn de Local para el Trafico de Drogas,en perjuicio de la Salud de la Población del Estado de Honduras

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

...": Que este Tribunal aprecia contrario a lo expuesto por la recurrente, que la resolución del Ad-Quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo éste con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del proceso penal de mérito el derecho de defensa y la publicidad del acto jurisdiccional al que se someten las partes, pues de acuerdo a lo que la Alzada ha indicado el allanamiento se llevó a cabo al margen de lo dispuesto en el artículo 214 del Código Procesal Penal del que la recurrente alega una interpretación errónea, lo cual sería factible si únicamente se basara en lo estatuido en su párrafo primero y no de las exigencias siguientes del mismo, motivo por el que se evidencia que la decisión adoptada por la Corte de Apelaciones, corresponde a una potestad propia de su actividad, observando lo que dispone la norma, garantizando con ello la efectiva tutela a los derechos de la partes. CONSIDERANDO: Que el artículo 90 de la Constitución de la Republica, se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad, a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas; dentro de tal garantía, deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, y el de impugnar las resoluciones judiciales, los cuales se estima no han sido lesionados. CONSIDERANDO: Que conforme lo dispone el Artículo 46 Numeral 1º. de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es improcedente el recurso de amparo, entre otros casos, cuando se aleguen violaciones de mera legalidad. CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio. CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su Artículo 46 numeral primero, es procedente en esta etapa del procedimiento declarar inadmisible el recurso de merito y sobreseer, al apreciar esta Sala que la recurrente alega una violación de mera legalidad"

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

...": Que este Tribunal aprecia contrario a lo expuesto por la recurrente, que la resolución del Ad-Quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo éste con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del proceso penal de mérito el derecho de defensa y la publicidad del acto jurisdiccional al que se someten las partes, pues de acuerdo a lo que la Alzada ha indicado el allanamiento se llevó a cabo al margen de lo dispuesto en el artículo 214 del Código Procesal Penal del que la recurrente alega una interpretación errónea, lo cual sería factible si únicamente se basara en lo estatuido en su párrafo primero y no de las exigencias siguientes del mismo, motivo por el que se evidencia que la decisión adoptada por la Corte de Apelaciones, corresponde a una potestad propia de su actividad, observando lo que dispone la norma, garantizando con ello la efectiva tutela a los derechos de la partes. CONSIDERANDO: Que el artículo 90 de la Constitución de la Republica, se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad, a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas; dentro de tal garantía, deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, y el de impugnar las resoluciones judiciales, los cuales se estima no han sido lesionados. CONSIDERANDO: Que conforme lo dispone el Artículo 46 Numeral 1º. de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es improcedente el recurso de amparo, entre otros casos, cuando se aleguen violaciones de mera legalidad. CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio. CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su Artículo 46 numeral primero, es procedente en esta etapa del procedimiento declarar inadmisible el recurso de merito y sobreseer, al apreciar esta Sala que la recurrente alega una violación de mera legalidad"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. SALA CONSTITUCIONAL. - Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiséis de julio del año dos mil veintiuno. VISTO: el recurso de amparo interpuesto por la Abogada SUSSY G. COELLO GARCÍA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES SECCIONAL DE CHOLUTECA Y VALLE, en fecha seis (06) de marzo del año dos mil veinte, que resuelve el recurso de apelación interpuesto contra el auto dictado por el JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE CHOLUTECA Y VALLE, de fecha seis (06) de septiembre del año dos mil dieciocho, con relación a la causa instruida contra la señora LUZ MARINA IZAGUIRRE HERRERA, por suponerla responsable del delito de FACILITACIÓN DE LOCAL PARA EL TRÁFICO DE DROGA, en perjuicio de la SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS. CONSIDERANDO: Que del escrito de interposición del amparo se desprende que la recurrente cuestiona el acto reclamado por estimar que no se encuentra suficientemente motivado toda vez que a su entender en el caso de mérito no concurren las causales de ley para anular el allanamiento que a su criterio se practicó conforme a ley y autorización judicial extendida por Juez de Garantías, y por estimar que la Alzada sustentó su parecer en la declaración de un testigo de la defensa que no acreditó la existencia de bienes que supuestamente se perdieron de la casa allanada, por supuestamente no haber asegurado dicha vivienda los agentes que realizaron dicha diligencia, además señala la repitente que el Ad-quem cuestiona el no haberse notificado dicha diligencia a la encausada, ni a quienes se encontraban en las afueras de la vivienda, interpretando erróneamente el artículo 214 del Código Procesal Penal, al atribuirle un sentido distinto, por lo que es de la opinión que en este caso no existe vulneración alguna contra la procesada toda vez que el sentido de tal norma es garantizar que las personas que sean objeto de injerencias en su vida privada y familiar en aquellos casos que proceda el allanamiento de morada, razón por la que el sobreseimiento definitivo debió revocarse. CONSIDERANDO: Que del estudio del escrito de formalización se aprecia que la recurrente invoca como vulnerados los derechos contenido en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Que de la resolución denunciada se aprecia que la Alzada confirmó la nulidad del allanamiento decretado por el A-quo, en razón a que no se dio cumplimiento a lo estatuido en el artículo 214 del Código Procesal Penal, referente a que si en la vivienda que será allanada no se encuentran las personas que habitaban, se debe realizar la diligencia acompañado de dos personas que se encontren en las afueras del lugar para dar fe de las actuaciones de la policía, así como de tener el cuidado de que el lugar quedara cerrado y debidamente protegido hasta el regreso de quien lo habita, parámetros que el Ad-quem señala no fueron realizados por lo que determinó una violación al debido proceso. CONSIDERANDO: Que este Tribunal aprecia contrario a lo expuesto por la recurrente, que la resolución del Ad-Quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo éste con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del proceso penal de mérito el derecho de defensa y la publicidad del acto jurisdiccional al que se someten las partes, pues de acuerdo a lo que la Alzada ha indicado el allanamiento se llevó a cabo al margen de lo dispuesto en el artículo 214 del Código Procesal Penal del que la recurrente alega una interpretación errónea, lo cual sería factible si únicamente se basara en lo estatuido en su párrafo primero y no de las exigencias siguientes del mismo, motivo por el que se evidencia que la decisión adoptada por la Corte de Apelaciones, corresponde a una potestad propia de su actividad, observando lo que dispone la norma, garantizando con ello la efectiva tutela a los derechos de la partes. CONSIDERANDO: Que el artículo 90 de la Constitución de la Republica, se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad, a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas; dentro de tal garantía, deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, y el de impugnar las resoluciones judiciales, los cuales se estima no han sido lesionados. CONSIDERANDO: Que conforme lo dispone el Artículo 46 Numeral 1º. de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es improcedente el recurso de amparo, entre otros casos, cuando se aleguen violaciones de mera legalidad. CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio. CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su Artículo 46 numeral primero, es procedente en esta etapa del procedimiento declarar inadmisible el recurso de merito y sobreseer, al apreciar esta Sala que la recurrente alega una violación de mera legalidad. POR TANTO: LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, por UNANIMIDAD DE VOTOS, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los Artículos 92, 183, 303, 304, 313 atribución 5ª., y 316 de la Constitución de la República; 297 Numeral 1) párrafo segundo del Código Procesal Penal; 5, 7, 46 numeral 1) y 119 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el Recurso de Amparo de que se ha hecho mérito, interpuesto por la Abogada SUSSY G. COELLO GARCÍA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES SECCIONAL DE CHOLUTECA Y VALLE, en fecha seis (06) de marzo del año dos mil veinte; por existir ya pronunciamiento del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo. Y MANDA: Que una vez firme la presente resolución, se proceda a devolver los autos al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales que en derecho correspondan. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL. se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de septiembre de dos mil veintiuno, certificación de la resolución de fecha veintiséis de julio de dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Amparo Penal bajo el número SCO-130-2021.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL