Sentencia AP-122-20 — Registro 14785
Resumen
Sentencia declaró sin lugar recurso de apelación, confirmó resolución que dictó auto de formal procesamiento contra recurrente por suponerlo responsable del delito de homicidio en perjuicio de víctima; El Tribunal de Apelaciones concluyó que existen los presupuestos de la legítima defensa de un pariente como causal de imposición de medida cautelar de prisión preventiva impuesta al acusado
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"del análisis de la resolución reclamada se aprecia que la Alzada fundamentó y motivó adecuadamente su decisión acorde a la ley, concluyendo que se dieron los presupuestos de la legítima defensa de un pariente como causal de imposición de medida cautelar de prisión preventiva impuesta al acusado..."..."examinados los antecedentes y el acto reclamado este alto Tribunal estima que se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando la obtención de una respuesta judicial motivada, y sobre todo fundada en derecho congruente, por lo que no han sido quebrantadas las normas que relaciona el impetrante, y por tanto no se le deniega una garantía constitucional, al haberse dictado la resolución respetando todas las formalidades de derecho y garantías que la ley establece dentro del marco legal aplicable..."..."las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio..."..."es procedente en esta etapa del procedimiento declarar inadmisible el recurso de merito y sobreseer, al apreciar esta Sala que la recurrente alega una violación de mera legalidad..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 46, 1 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
…"del análisis de la resolución reclamada se aprecia que la Alzada fundamentó y motivó adecuadamente su decisión acorde a la ley, concluyendo que se dieron los presupuestos de la legítima defensa de un pariente como causal de imposición de medida cautelar de prisión preventiva impuesta al acusado..."..."examinados los antecedentes y el acto reclamado este alto Tribunal estima que se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando la obtención de una respuesta judicial motivada, y sobre todo fundada en derecho congruente, por lo que no han sido quebrantadas las normas que relaciona el impetrante, y por tanto no se le deniega una garantía constitucional, al haberse dictado la resolución respetando todas las formalidades de derecho y garantías que la ley establece dentro del marco legal aplicable..."..."las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio..."..."es procedente en esta etapa del procedimiento declarar inadmisible el recurso de merito y sobreseer, al apreciar esta Sala que la recurrente alega una violación de mera legalidad..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 46, 1 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Resolución que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, seis de agosto del año dos mil veintiuno.-VISTO: el recurso de amparo interpuesto por el Abogado LUIS FERNANDO MARADIAGA a favor del señor SAID LEONARDO GUIZA RIVERA contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES SECCIONAL DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, en fecha doce de dicienbre de dos mil diecinueve, que resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, en fecha treita y uno de octubre de dos mil deicnueve, con relación a la causa instruida contra el señor SAID LEONARDO GUIZA RIVERA por suponerlo responsable del delito de HOMICIDIO en perjuicio del señor BRYAN EDUARDO RIVERA AYESTA.-CONSIDERANDO: Que del escrito de interposición del Recurso de Amparo se desprende que el recurrente es del parecer que la resolución de la Alzada decide mantener un auto de formal procesamiento, pero se pronuncia en relación a la causal de legitima defensa que le permite interponer mediadas sustitutivas de la prisión preventiva al imputado, fundamentado su resolución en los dichos de dos personas que afirmaron andar bajo la influencia del alcohol y drogas, inobservando la Alzada las reglas de valoración de medios de pruebas testificales en la existencia del indicio mínimo de participación, en perjuicio de los intereses de su representado y de la sociedad misma, trastocando el derecho constitucional de la libertad y el derecho de del debido proceso; así como también que tanto el A-quo como el Ad-quem, no tenían que admitir el recurso de apelación por ser extemporáneo, no obstante el Ad-quem no hace pronunciamiento alguno en relación a la extemporaneidad alegada.-CONSIDERANDO: Que del mismo escrito de interposición el recurrente señala vulneración de los derechos contenidos en los artículos 80, 82,90 y 183 de la Constitución de la República.-CONSIDERANDO: Que del análisis de la resolución reclamada se aprecia que la Alzada fundamentó y motivó adecuadamente su decisión acorde a la ley, concluyendo que se dieron los presupuestos de la legítima defensa de un pariente como causal de imposición de medida cautelar de prisión preventiva impuesta al acusado. CONSIDERANDO: Que examinados los antecedentes y el acto reclamado este alto Tribunal estima que se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando la obtención de una respuesta judicial motivada, y sobre todo fundada en derecho congruente, por lo que no han sido quebrantadas las normas que relaciona el impetrante, y por tanto no se le deniega una garantía constitucional, al haberse dictado la resolución respetando todas las formalidades de derecho y garantías que la ley establece dentro del marco legal aplicable.- CONSIDERANDO: Que la garantía genérica del debido proceso, consagrada en el artículo 90 de la Constitución de la Republica, se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad, a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas; dentro de tal garantía, deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, y el de impugnar las resoluciones judiciales, los cuales se estima no han sido lesionados.- CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio.- CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su Artículo 46 numeral primero, es procedente en esta etapa del procedimiento declarar inadmisible el recurso de merito y sobreseer, al apreciar esta Sala que la recurrente alega una violación de mera legalidad.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numerales 1), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por señor SAID LEONARDO GUIZA RIVERA contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES SECCIONAL DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, en fecha doce de diciembre de dos mil diecinueve, toda vez que la autoridad denunciada se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como ya ha sido relacionado; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA .- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los dieciocho (18) días del mes de febrero del año dos mil veintidós (2022), Certificación de la Resolución de fecha seis (6) de agosto del año dos mil veintiuno (2021) recaída en el Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0122-2020.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Resolución que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, seis de agosto del año dos mil veintiuno.-VISTO: el recurso de amparo interpuesto por el Abogado LUIS FERNANDO MARADIAGA a favor del señor SAID LEONARDO GUIZA RIVERA contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES SECCIONAL DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, en fecha doce de dicienbre de dos mil diecinueve, que resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, en fecha treita y uno de octubre de dos mil deicnueve, con relación a la causa instruida contra el señor SAID LEONARDO GUIZA RIVERA por suponerlo responsable del delito de HOMICIDIO en perjuicio del señor BRYAN EDUARDO RIVERA AYESTA.-CONSIDERANDO: Que del escrito de interposición del Recurso de Amparo se desprende que el recurrente es del parecer que la resolución de la Alzada decide mantener un auto de formal procesamiento, pero se pronuncia en relación a la causal de legitima defensa que le permite interponer mediadas sustitutivas de la prisión preventiva al imputado, fundamentado su resolución en los dichos de dos personas que afirmaron andar bajo la influencia del alcohol y drogas, inobservando la Alzada las reglas de valoración de medios de pruebas testificales en la existencia del indicio mínimo de participación, en perjuicio de los intereses de su representado y de la sociedad misma, trastocando el derecho constitucional de la libertad y el derecho de del debido proceso; así como también que tanto el A-quo como el Ad-quem, no tenían que admitir el recurso de apelación por ser extemporáneo, no obstante el Ad-quem no hace pronunciamiento alguno en relación a la extemporaneidad alegada.-CONSIDERANDO: Que del mismo escrito de interposición el recurrente señala vulneración de los derechos contenidos en los artículos 80, 82,90 y 183 de la Constitución de la República.-CONSIDERANDO: Que del análisis de la resolución reclamada se aprecia que la Alzada fundamentó y motivó adecuadamente su decisión acorde a la ley, concluyendo que se dieron los presupuestos de la legítima defensa de un pariente como causal de imposición de medida cautelar de prisión preventiva impuesta al acusado. CONSIDERANDO: Que examinados los antecedentes y el acto reclamado este alto Tribunal estima que se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando la obtención de una respuesta judicial motivada, y sobre todo fundada en derecho congruente, por lo que no han sido quebrantadas las normas que relaciona el impetrante, y por tanto no se le deniega una garantía constitucional, al haberse dictado la resolución respetando todas las formalidades de derecho y garantías que la ley establece dentro del marco legal aplicable.- CONSIDERANDO: Que la garantía genérica del debido proceso, consagrada en el artículo 90 de la Constitución de la Republica, se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad, a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas; dentro de tal garantía, deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, y el de impugnar las resoluciones judiciales, los cuales se estima no han sido lesionados.- CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio.- CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su Artículo 46 numeral primero, es procedente en esta etapa del procedimiento declarar inadmisible el recurso de merito y sobreseer, al apreciar esta Sala que la recurrente alega una violación de mera legalidad.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numerales 1), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por señor SAID LEONARDO GUIZA RIVERA contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES SECCIONAL DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, en fecha doce de diciembre de dos mil diecinueve, toda vez que la autoridad denunciada se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como ya ha sido relacionado; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA .- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.-Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los dieciocho (18) días del mes de febrero del año dos mil veintidós (2022), Certificación de la Resolución de fecha seis (6) de agosto del año dos mil veintiuno (2021) recaída en el Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0122-2020.- Firma y Sello
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL