Sentencia AP-1150-20 — Registro 12924
Resumen
Sentencia declaró con lugar acción de amparo a favor de recurrente contra resolución dictada por Tribunal de Sentencia que inadmitió medios de prueba documentales señalando el lugar donde se encontraban los originales, estableciendo su presunción probatoria; a recurrente se le supone responsable del delito de fraude en perjuicio de la Administración Pública del Estado de Honduras; El Tribunal de Alzada considera que la inadmisión de medios de prueba conlleva una negativa arbitraria por ser inmotivada de parte del Tribunal de Sentencia con una posible vulneración del derecho de defensa
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"esta Sala ya se ha pronunciado en forma reiterada, en el sentido que la garantía genérica del debido proceso no se limita a la exigencia que una persona deba ser juzgada a través de un proceso previo y ante un juez con competencia natural, sino también por imperativo constitucional, comporta que deben respetarse las formalidades, derechos y garantías que de conformidad a la ley correspondan. Esta Sala ha dejado establecido en su jurisprudencia que el párrafo primero del artículo 90, en tanto norma constitucional concernida, se traduce de un modo general en el deber que tienen los Tribunales de garantizar una Tutela Judicial Efectiva, la cual se viene caracterizando como un ajustado sistema de garantías para las partes en el proceso, que permitan, a quien pretenda hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba y a obtener una resolución fundada en derecho y que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio; lo cual genera en los jueces el deber de cumplir con las exigencias fundamentales respecto de todo proceso o procedimiento, con atención especial, en el ejercicio de la potestad jurisdiccional, del debido respeto a la plena vigencia de los derechos fundamentales de todas las partes y participantes en el proceso..."..."este Alto Tribunal concluye de todo lo anteriormente relacionado, que la Alzada, al emitir la sentencia objeto de estudio, ha hecho acopio en forma oportuna, de las disposiciones y normas que rigen y rectoran la justicia constitucional, aplicándolas debidamente al caso que fue sometido a su conocimiento y resolución, haciendo valer con ello la vigencia de los derechos fundamentales determinados por la Constitución de la República, estableciendo el otorgamiento de la garantía de amparo invocada, al resultar del presente trámite que la resolución impugnada fue dictada sin el debido fundamento legal y bajo razonamientos inmotivados, con lo cual se ha causado disminución a la garantía del debido proceso y a la tutela judicial efectiva. Este Alto Tribunal encuentra entonces que ciertamente una decisión judicial que no sea debidamente fundada en ley no podría hacer valer estos fundamentales derechos reconocidos en la Constitución de la República, resultando procedente en consecuencia, a criterio de esta Sala de lo Constitucional, CONFIRMAR la resolución venida en consulta y así debe ser declarado..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 68 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dieciocho de febrero de dos mil veintiuno.-VISTA: En Consulta las diligencias que contiene la Sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE CORRUPCIÓN, en fecha siete (7) de diciembre de dos mil veinte (2020) que declaró con lugar el recurso de amparo interpuesto por los abogados KARLA PATRICIA GARCIA ARITA Y JUAN CARLOS SANCHEZ VILLALOBOS, a favor de la señora CAROLINA LIZETH CASTILLO ARGUETA, contra la Resolución dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE CORRUPCIÓN, en fecha dieciséis (16) de octubre de dos mil veinte (2020); con relación a la causa instruida contra la señora CAROLINA LIZETH CASTILLO ARGUETA, por suponerla responsable del delito de FRAUDE, en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS. Estimando los recurrentes, que el acto reclamado violenta, en perjuicio de su representada, de los derechos contenidos en los artículos 1, 82, 90 y 321 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES: 1) Que en fecha veinticuatro (24) de noviembre de dos mil veinte (2020), los abogados KARLA PATRICIA GARCIA ARITA Y JUAN CARLOS SANCHEZ VILLALOBOS, a favor de CAROLINA LIZETH CASTILLO ARGUETA, interpusieron ante la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en materia de Corrupción, Recurso de Amparo contra la resolución de fecha dieciséis (16) de octubre de dos mil veinte (2020), dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en materia de Corrupción; por considerar que la misma atenta contra los derechos contemplados en los artículos 1, 82, 90 y 321 de la Constitución de la República. (Folios 1–7 de la pieza de antecedentes).-2) Que en fecha siete (7) de diciembre de dos mil veinte (2020), luego de seguido el trámite que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la citada Corte de Apelaciones, Falló: (SIC) “DECLARANDO CON LUGAR LA PRESENTE ACCION DE AMPARO.”. (Folios 24–28 de la pieza de antecedentes).-3) Que en fecha ocho (8) de diciembre de dos mil veinte (2020), este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, dando así estricto cumplimiento a lo previsto por el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. (Folio 1 del presente Recurso).- CONSIDERANDO (1): Que conforme manda la Constitución de la República, la acción de amparo tiene como finalidad el mantenimiento y restitución de la persona agraviada, del goce de los derechos y/o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.-CONSIDERANDO (2): Que procede la acción de amparo contra las resoluciones, actos y hechos de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida.-CONSIDERANDO (3): Que en el ejercicio de la justicia constitucional los órganos jurisdiccionales solamente están sometidos a la Constitución de la República y a la ley.-CONSIDERANDO (4): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer en consulta, las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones, ello de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.-CONSIDERANDO (5): Que se conoce en consulta la la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE CORRUPCIÓN, en fecha siete (7) de diciembre de dos mil veinte (2020) que declaró con lugar el recurso de amparo interpuesto por los abogados KARLA PATRICIA GARCIA ARITA Y JUAN CARLOS SANCHEZ VILLALOBOS, a favor de la señora CAROLINA LIZETH CASTILLO ARGUETA, contra la Resolución dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE CORRUPCIÓN, en fecha dieciséis (16) de octubre de dos mil veinte (2020); con relación a la causa instruida contra la señora CAROLINA LIZETH CASTILLO ARGUETA, por suponerla responsable del delito de FRAUDE, en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS.-CONSIDERANDO (6): Que el recurso de Amparo, se dirige contra la resolución judicial de fecha dieciséis (16) de octubre de dos mil veinte (2020), dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en materia de Corrupción; por considerar que la misma atenta contra los derechos contemplados en los artículos 1, 82, 90 y 321 de la Constitución de la República.-Los argumentos señalados por los recurrentes en contra de la resolución impugnada estriban en que “la resolución dictada violenta los siguientes derechos fundamentales: a) Derecho de defensa, en vista que la resolución impugnada imposibilita la contradicción, dejando en un estadio de indefensión a la encausada, ya que, los medios de prueba propuestos tenían la finalidad de acreditar que, en ningún momento la señora Castillo fue socia de PEMSA, tampoco ha formado parte de la composición accionaria de la Sociedad Potencia y Energía de Mesoamérica S.A. (PEMSA), mostrando con ello que, la sindicada en ningún momento tuvo incidencia en la dirección administrativa de PEMSA y mucho menos accionista. b) Derecho al debido proceso, en el sentido de que, el Tribunal al interpretar indebidamente la norma procesal, ha generado una afrenta a la norma constitucional al no respetar las formalidades preceptuadas a los funcionarios judiciales para la formación de sus decisiones, en el sentido de que los medios tenían como finalidad probatoria de acreditar que la acusada no tenía acciones en PEMSA, por lo que, si aportaba elementos a la teoría del caso de la parte que pretende introducirla; respecto a la opinión de que la documentación se encontraba incompleta, hace notar la defensa que, los documentos propuestos se encuentran completos y agregadas al expediente desde la celebración de la Audiencia inicial, donde la defensa ha señalado que los documentos originales se encuentran en su poder. c) Principio de legalidad, al no cumplir el Tribunal la obligación ineludible de emitir resoluciones en estricto apego a derecho, estableciendo el imperativo categórico de que las resoluciones judiciales no deben ser un mero acto de voluntad, ni la exposición de interpretaciones doctrinales, sino, una expresión razonada del hecho y la norma sometida al conocimiento del juzgador.”.-CONSIDERANDO (7): Que por su parte, la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE CORRUPCIÓN, otorgó el recurso de amparo promovido por los abogados KARLA PATRICIA GARCIA ARITA Y JUAN CARLOS SANCHEZ VILLALOBOS, a favor de la señora CAROLINA LIZETH CASTILLO ARGUETA, contra la Resolución dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE CORRUPCIÓN, en fecha dieciséis (16) de octubre de dos mil veinte (2020, la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE CORRUPCIÓN determinó que procedía amparar a la agraviada en tanto que: “CONSIDERANDO (9): Tomando en cuenta que los recurrentes propusieron dos (2) medios de prueba documentales, señalando el lugar donde se encontraban los originales, estableciendo su presunción probatoria según su tesis de la teoría del caso, esta Corte considera que la inadmisión de los medios de prueba que se ha hecho referencia, conlleva una negativa arbitraria por ser inmotivada de parte del Tribunal de Sentencia y conlleva una posible vulneración del derecho de defensa derivada de una actuación jurisdiccional, cuyo control se solicita. Ese derecho de defensa, que es un derecho fundamental de una persona, física o jurídica, o de algún colectivo a defenderse ante un tribunal de justicia de los cargos que se imputan con plenas garantías de igualdad e independencia, debe asegurarse, pero bajo los controles jurisdiccionales, uno de ellos es la admisión de la prueba considerada pertinente y útil e impone a los tribunales de justicia el deber de evitar desequilibrios en la posición procesal de ambas partes e impedir que las limitaciones de alguna de las partes puedan desembocar en una situación de indefensión. En la resolución que se cuestiona, no encontramos razones de hecho y derecho para rechazar tales medios de prueba. Desde la perspectiva de la ley, el alcance de la cobertura del derecho fundamental aludido queda condicionado por su carácter de derecho constitucional de naturaleza procedimental, que exige que, para apreciar su vulneración, haya de quedar acreditada la existencia de una indefensión constitucionalmente relevante, resultando necesario a tal efecto demostrar que la actividad probatoria que no fue admitida o practicada era decisiva en términos de defensa, esto es, que hubiera podido tener una influencia decisiva en el pleito, por ser potencialmente trascendente para el sentido de la resolución. En este caso, se alegó oportunamente por el recurrente la finalidad probatoria perseguida, señalando que procuraba desvirtuar señalamientos erróneos de la Fiscalía a la encausada. De igual forma, que tal situación de indefensión parece justificada por el propio recurrente en amparo en su demanda, pues no obtuvo una resolución con una motivación mínima y la tarea de verificar si la prueba es decisiva en términos de defensa y, por tanto, constitucionalmente trascendente, no puede ser emprendida por ésta alzada mediante un examen de oficio de las circunstancias concurrentes en cada caso concreto, sino que, exige que el solicitante de amparo haya alegado y fundamentado adecuadamente dicha indefensión material en la demanda, habida cuenta de que, como es notorio, la argumentación recae sobre el recurrente. Es claro que, la garantía de amparo no puede suplir todos y cada uno de los casos en que se alegue indefensión de parte, como resultado de una decisión jurisdiccional no compartida. La jurisprudencia nacional e internacional más consolidada, son congruentes en admitir y sostener que el amparo “…no está configurado como una última instancia, ni tiene una función Casacional”; por lo tanto, únicamente pueden ser objeto de la tutela jurídica constitucional, aquellos supuestos de indefensión real, que impidan el ejercicio regular del derecho de defensa. Debe concluirse que el alegato expresado por los recurrentes tiene trascendencia constitucional, debido a que, en esencia, no ponen de manifiesto la mera inconformidad con la apreciación interpretativa y aplicativa efectuada por el Juez de Primera instancia, sino que, no tiene una respuesta motivada y fundada. Por lo que corresponde declarar la admisibilidad de la acción de amparo.”.-CONSIDERANDO (8): Que esta Sala ya se ha pronunciado en forma reiterada, en el sentido que la garantía genérica del debido proceso no se limita a la exigencia que una persona deba ser juzgada a través de un proceso previo y ante un juez con competencia natural, sino también por imperativo constitucional, comporta que deben respetarse las formalidades, derechos y garantías que de conformidad a la ley correspondan. Esta Sala ha dejado establecido en su jurisprudencia que el párrafo primero del artículo 90, en tanto norma constitucional concernida, se traduce de un modo general en el deber que tienen los Tribunales de garantizar una Tutela Judicial Efectiva, la cual se viene caracterizando como un ajustado sistema de garantías para las partes en el proceso, que permitan, a quien pretenda hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba y a obtener una resolución fundada en derecho y que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio; lo cual genera en los jueces el deber de cumplir con las exigencias fundamentales respecto de todo proceso o procedimiento, con atención especial, en el ejercicio de la potestad jurisdiccional, del debido respeto a la plena vigencia de los derechos fundamentales de todas las partes y participantes en el proceso.-CONSIDERANDO (9): Que este Alto Tribunal concluye de todo lo anteriormente relacionado, que la Alzada, al emitir la sentencia objeto de estudio, ha hecho acopio en forma oportuna, de las disposiciones y normas que rigen y rectoran la justicia constitucional, aplicándolas debidamente al caso que fue sometido a su conocimiento y resolución, haciendo valer con ello la vigencia de los derechos fundamentales determinados por la Constitución de la República, estableciendo el otorgamiento de la garantía de amparo invocada, al resultar del presente trámite que la resolución impugnada fue dictada sin el debido fundamento legal y bajo razonamientos inmotivados, con lo cual se ha causado disminución a la garantía del debido proceso y a la tutela judicial efectiva. Este Alto Tribunal encuentra entonces que ciertamente una decisión judicial que no sea debidamente fundada en ley no podría hacer valer estos fundamentales derechos reconocidos en la Constitución de la República, resultando procedente en consecuencia, a criterio de esta Sala de lo Constitucional, CONFIRMAR la resolución venida en consulta y así debe ser declarado. -POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos: 90, 303, 304 , 313, 316 y 321 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 74, 78 atribución 5ª, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 10, 41, 48, 68 párrafo 2do, de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: CONFIRMANDO la Sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE CORRUPCIÓN, en fecha siete (7) de diciembre de dos mil veinte (2020) que declaró con lugar el recurso de amparo interpuesto por los abogados KARLA PATRICIA GARCIA ARITA Y JUAN CARLOS SANCHEZ VILLALOBOS, a favor de la señora CAROLINA LIZETH CASTILLO ARGUETA, contra la Resolución dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE CORRUPCIÓN, en fecha dieciséis (16) de octubre de dos mil veinte (2020); con relación a la causa instruida contra la señora CAROLINA LIZETH CASTILLO ARGUETA, por suponerla responsable del delito de FRAUDE, en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS. . Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó el Magistrado ORTEZ CRUZ. NOTIFÍQUESE. -Firmas y Sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA .- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los cinco (5) días del mes de abril del año dos mil veintiuno (2021), Certificación de la Sentencia de fecha dieciocho (18) de febrero del año dos mil veintiuno (2021) recaída en el Amparo Penal Venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 1150-2020.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
“CERTIFICACIÓN: El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dieciocho de febrero de dos mil veintiuno.-VISTA: En Consulta las diligencias que contiene la Sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE CORRUPCIÓN, en fecha siete (7) de diciembre de dos mil veinte (2020) que declaró con lugar el recurso de amparo interpuesto por los abogados KARLA PATRICIA GARCIA ARITA Y JUAN CARLOS SANCHEZ VILLALOBOS, a favor de la señora CAROLINA LIZETH CASTILLO ARGUETA, contra la Resolución dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE CORRUPCIÓN, en fecha dieciséis (16) de octubre de dos mil veinte (2020); con relación a la causa instruida contra la señora CAROLINA LIZETH CASTILLO ARGUETA, por suponerla responsable del delito de FRAUDE, en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS. Estimando los recurrentes, que el acto reclamado violenta, en perjuicio de su representada, de los derechos contenidos en los artículos 1, 82, 90 y 321 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES: 1) Que en fecha veinticuatro (24) de noviembre de dos mil veinte (2020), los abogados KARLA PATRICIA GARCIA ARITA Y JUAN CARLOS SANCHEZ VILLALOBOS, a favor de CAROLINA LIZETH CASTILLO ARGUETA, interpusieron ante la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en materia de Corrupción, Recurso de Amparo contra la resolución de fecha dieciséis (16) de octubre de dos mil veinte (2020), dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en materia de Corrupción; por considerar que la misma atenta contra los derechos contemplados en los artículos 1, 82, 90 y 321 de la Constitución de la República. (Folios 1–7 de la pieza de antecedentes).-2) Que en fecha siete (7) de diciembre de dos mil veinte (2020), luego de seguido el trámite que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la citada Corte de Apelaciones, Falló: (SIC) “DECLARANDO CON LUGAR LA PRESENTE ACCION DE AMPARO.”. (Folios 24–28 de la pieza de antecedentes).-3) Que en fecha ocho (8) de diciembre de dos mil veinte (2020), este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, dando así estricto cumplimiento a lo previsto por el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. (Folio 1 del presente Recurso).- CONSIDERANDO (1): Que conforme manda la Constitución de la República, la acción de amparo tiene como finalidad el mantenimiento y restitución de la persona agraviada, del goce de los derechos y/o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.-CONSIDERANDO (2): Que procede la acción de amparo contra las resoluciones, actos y hechos de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida.-CONSIDERANDO (3): Que en el ejercicio de la justicia constitucional los órganos jurisdiccionales solamente están sometidos a la Constitución de la República y a la ley.-CONSIDERANDO (4): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer en consulta, las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones, ello de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.-CONSIDERANDO (5): Que se conoce en consulta la la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE CORRUPCIÓN, en fecha siete (7) de diciembre de dos mil veinte (2020) que declaró con lugar el recurso de amparo interpuesto por los abogados KARLA PATRICIA GARCIA ARITA Y JUAN CARLOS SANCHEZ VILLALOBOS, a favor de la señora CAROLINA LIZETH CASTILLO ARGUETA, contra la Resolución dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE CORRUPCIÓN, en fecha dieciséis (16) de octubre de dos mil veinte (2020); con relación a la causa instruida contra la señora CAROLINA LIZETH CASTILLO ARGUETA, por suponerla responsable del delito de FRAUDE, en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS.-CONSIDERANDO (6): Que el recurso de Amparo, se dirige contra la resolución judicial de fecha dieciséis (16) de octubre de dos mil veinte (2020), dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en materia de Corrupción; por considerar que la misma atenta contra los derechos contemplados en los artículos 1, 82, 90 y 321 de la Constitución de la República.-Los argumentos señalados por los recurrentes en contra de la resolución impugnada estriban en que “la resolución dictada violenta los siguientes derechos fundamentales: a) Derecho de defensa, en vista que la resolución impugnada imposibilita la contradicción, dejando en un estadio de indefensión a la encausada, ya que, los medios de prueba propuestos tenían la finalidad de acreditar que, en ningún momento la señora Castillo fue socia de PEMSA, tampoco ha formado parte de la composición accionaria de la Sociedad Potencia y Energía de Mesoamérica S.A. (PEMSA), mostrando con ello que, la sindicada en ningún momento tuvo incidencia en la dirección administrativa de PEMSA y mucho menos accionista. b) Derecho al debido proceso, en el sentido de que, el Tribunal al interpretar indebidamente la norma procesal, ha generado una afrenta a la norma constitucional al no respetar las formalidades preceptuadas a los funcionarios judiciales para la formación de sus decisiones, en el sentido de que los medios tenían como finalidad probatoria de acreditar que la acusada no tenía acciones en PEMSA, por lo que, si aportaba elementos a la teoría del caso de la parte que pretende introducirla; respecto a la opinión de que la documentación se encontraba incompleta, hace notar la defensa que, los documentos propuestos se encuentran completos y agregadas al expediente desde la celebración de la Audiencia inicial, donde la defensa ha señalado que los documentos originales se encuentran en su poder. c) Principio de legalidad, al no cumplir el Tribunal la obligación ineludible de emitir resoluciones en estricto apego a derecho, estableciendo el imperativo categórico de que las resoluciones judiciales no deben ser un mero acto de voluntad, ni la exposición de interpretaciones doctrinales, sino, una expresión razonada del hecho y la norma sometida al conocimiento del juzgador.”.-CONSIDERANDO (7): Que por su parte, la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE CORRUPCIÓN, otorgó el recurso de amparo promovido por los abogados KARLA PATRICIA GARCIA ARITA Y JUAN CARLOS SANCHEZ VILLALOBOS, a favor de la señora CAROLINA LIZETH CASTILLO ARGUETA, contra la Resolución dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE CORRUPCIÓN, en fecha dieciséis (16) de octubre de dos mil veinte (2020, la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE CORRUPCIÓN determinó que procedía amparar a la agraviada en tanto que: “CONSIDERANDO (9): Tomando en cuenta que los recurrentes propusieron dos (2) medios de prueba documentales, señalando el lugar donde se encontraban los originales, estableciendo su presunción probatoria según su tesis de la teoría del caso, esta Corte considera que la inadmisión de los medios de prueba que se ha hecho referencia, conlleva una negativa arbitraria por ser inmotivada de parte del Tribunal de Sentencia y conlleva una posible vulneración del derecho de defensa derivada de una actuación jurisdiccional, cuyo control se solicita. Ese derecho de defensa, que es un derecho fundamental de una persona, física o jurídica, o de algún colectivo a defenderse ante un tribunal de justicia de los cargos que se imputan con plenas garantías de igualdad e independencia, debe asegurarse, pero bajo los controles jurisdiccionales, uno de ellos es la admisión de la prueba considerada pertinente y útil e impone a los tribunales de justicia el deber de evitar desequilibrios en la posición procesal de ambas partes e impedir que las limitaciones de alguna de las partes puedan desembocar en una situación de indefensión. En la resolución que se cuestiona, no encontramos razones de hecho y derecho para rechazar tales medios de prueba. Desde la perspectiva de la ley, el alcance de la cobertura del derecho fundamental aludido queda condicionado por su carácter de derecho constitucional de naturaleza procedimental, que exige que, para apreciar su vulneración, haya de quedar acreditada la existencia de una indefensión constitucionalmente relevante, resultando necesario a tal efecto demostrar que la actividad probatoria que no fue admitida o practicada era decisiva en términos de defensa, esto es, que hubiera podido tener una influencia decisiva en el pleito, por ser potencialmente trascendente para el sentido de la resolución. En este caso, se alegó oportunamente por el recurrente la finalidad probatoria perseguida, señalando que procuraba desvirtuar señalamientos erróneos de la Fiscalía a la encausada. De igual forma, que tal situación de indefensión parece justificada por el propio recurrente en amparo en su demanda, pues no obtuvo una resolución con una motivación mínima y la tarea de verificar si la prueba es decisiva en términos de defensa y, por tanto, constitucionalmente trascendente, no puede ser emprendida por ésta alzada mediante un examen de oficio de las circunstancias concurrentes en cada caso concreto, sino que, exige que el solicitante de amparo haya alegado y fundamentado adecuadamente dicha indefensión material en la demanda, habida cuenta de que, como es notorio, la argumentación recae sobre el recurrente. Es claro que, la garantía de amparo no puede suplir todos y cada uno de los casos en que se alegue indefensión de parte, como resultado de una decisión jurisdiccional no compartida. La jurisprudencia nacional e internacional más consolidada, son congruentes en admitir y sostener que el amparo “…no está configurado como una última instancia, ni tiene una función Casacional”; por lo tanto, únicamente pueden ser objeto de la tutela jurídica constitucional, aquellos supuestos de indefensión real, que impidan el ejercicio regular del derecho de defensa. Debe concluirse que el alegato expresado por los recurrentes tiene trascendencia constitucional, debido a que, en esencia, no ponen de manifiesto la mera inconformidad con la apreciación interpretativa y aplicativa efectuada por el Juez de Primera instancia, sino que, no tiene una respuesta motivada y fundada. Por lo que corresponde declarar la admisibilidad de la acción de amparo.”.-CONSIDERANDO (8): Que esta Sala ya se ha pronunciado en forma reiterada, en el sentido que la garantía genérica del debido proceso no se limita a la exigencia que una persona deba ser juzgada a través de un proceso previo y ante un juez con competencia natural, sino también por imperativo constitucional, comporta que deben respetarse las formalidades, derechos y garantías que de conformidad a la ley correspondan. Esta Sala ha dejado establecido en su jurisprudencia que el párrafo primero del artículo 90, en tanto norma constitucional concernida, se traduce de un modo general en el deber que tienen los Tribunales de garantizar una Tutela Judicial Efectiva, la cual se viene caracterizando como un ajustado sistema de garantías para las partes en el proceso, que permitan, a quien pretenda hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba y a obtener una resolución fundada en derecho y que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio; lo cual genera en los jueces el deber de cumplir con las exigencias fundamentales respecto de todo proceso o procedimiento, con atención especial, en el ejercicio de la potestad jurisdiccional, del debido respeto a la plena vigencia de los derechos fundamentales de todas las partes y participantes en el proceso.-CONSIDERANDO (9): Que este Alto Tribunal concluye de todo lo anteriormente relacionado, que la Alzada, al emitir la sentencia objeto de estudio, ha hecho acopio en forma oportuna, de las disposiciones y normas que rigen y rectoran la justicia constitucional, aplicándolas debidamente al caso que fue sometido a su conocimiento y resolución, haciendo valer con ello la vigencia de los derechos fundamentales determinados por la Constitución de la República, estableciendo el otorgamiento de la garantía de amparo invocada, al resultar del presente trámite que la resolución impugnada fue dictada sin el debido fundamento legal y bajo razonamientos inmotivados, con lo cual se ha causado disminución a la garantía del debido proceso y a la tutela judicial efectiva. Este Alto Tribunal encuentra entonces que ciertamente una decisión judicial que no sea debidamente fundada en ley no podría hacer valer estos fundamentales derechos reconocidos en la Constitución de la República, resultando procedente en consecuencia, a criterio de esta Sala de lo Constitucional, CONFIRMAR la resolución venida en consulta y así debe ser declarado. -POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos: 90, 303, 304 , 313, 316 y 321 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 74, 78 atribución 5ª, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 10, 41, 48, 68 párrafo 2do, de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: CONFIRMANDO la Sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE CORRUPCIÓN, en fecha siete (7) de diciembre de dos mil veinte (2020) que declaró con lugar el recurso de amparo interpuesto por los abogados KARLA PATRICIA GARCIA ARITA Y JUAN CARLOS SANCHEZ VILLALOBOS, a favor de la señora CAROLINA LIZETH CASTILLO ARGUETA, contra la Resolución dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE CORRUPCIÓN, en fecha dieciséis (16) de octubre de dos mil veinte (2020); con relación a la causa instruida contra la señora CAROLINA LIZETH CASTILLO ARGUETA, por suponerla responsable del delito de FRAUDE, en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS. . Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó el Magistrado ORTEZ CRUZ. NOTIFÍQUESE. -Firmas y Sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA .- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.-Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los cinco (5) días del mes de abril del año dos mil veintiuno (2021), Certificación de la Sentencia de fecha dieciocho (18) de febrero del año dos mil veintiuno (2021) recaída en el Amparo Penal Venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 1150-2020.- Firma y Sello
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
JML