Sentencia AP-1133-20 — Registro 13909
Resumen
Sentencia declaró sin lugar por improcedente excepción de incompetencia y solicitud de aplicación retroactiva de la nueva ley penal en causa contra recurrente por suponerla responsable de 43 delitos de fraude a título de cómplice necesario en perjuicio de la Administración Pública; el Tribunal de Alzada considera que la excepción de incompetencia es diligencia procesal propia del instructor de la causa y en cuanto a la retroactividad, los delitos calificados en el auto de formal procesamiento no han sido despenalizados con la nueva ley por lo que no procede su aplicación
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"este Tribunal estima que la resolución adoptada por el Ad-Quem contiene la motivación suficiente en cumplimiento de los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, por tal motivo no se observa trasgresión a los derechos constitucionales alegados por las recurrentes..."..."esta Sala no advierte que con la resolución impugnada se violente, lesione o se atente contra la garantía del debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República..."..."las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos. El conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, resulta oportuno cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones, propias de instancia, corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio..."..."el Juez o Tribunal rechazará la demanda de amparo que fuere improcedente y sobreseerá las diligencias tan pronto como conste la causal de su improcedencia, como acontece en el caso de autos..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 103 (Rango Constitucional)
- Código Procesal Penal, art. 47 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 139 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 316 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 320 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 46, 1 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 119 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
…"este Tribunal estima que la resolución adoptada por el Ad-Quem contiene la motivación suficiente en cumplimiento de los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, por tal motivo no se observa trasgresión a los derechos constitucionales alegados por las recurrentes..."..."esta Sala no advierte que con la resolución impugnada se violente, lesione o se atente contra la garantía del debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República..."..."las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos. El conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, resulta oportuno cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones, propias de instancia, corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio..."..."el Juez o Tribunal rechazará la demanda de amparo que fuere improcedente y sobreseerá las diligencias tan pronto como conste la causal de su improcedencia, como acontece en el caso de autos..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 103 (Rango Constitucional)
- Código Procesal Penal, art. 47 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 139 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 316 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 320 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 46, 1 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 119 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
…"este Tribunal estima que la resolución adoptada por el Ad-Quem contiene la motivación suficiente en cumplimiento de los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, por tal motivo no se observa trasgresión a los derechos constitucionales alegados por las recurrentes..."..."esta Sala no advierte que con la resolución impugnada se violente, lesione o se atente contra la garantía del debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República..."..."las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos. El conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, resulta oportuno cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones, propias de instancia, corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio..."..."el Juez o Tribunal rechazará la demanda de amparo que fuere improcedente y sobreseerá las diligencias tan pronto como conste la causal de su improcedencia, como acontece en el caso de autos..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 46, 1 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, seis de agosto de dos mil veintiuno. VISTO: el recurso de amparo interpuesto por las Abogadas DANELIA FERRERA TURCIOS y NOLVIA JUDITH MONTOYA a favor de la señora CLAUDIA YAMILIA NORIEGA GONZALEZ, contra la resolución emitida por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE CORRUPCIÓN, en fecha treinta de septiembre de dos mil veinte, que declaró sin lugar por improcedente la excepción de incompetencia y la solicitud de aplicación retroactiva de la nueva ley penal, al conocer en apelación la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE CORRUPCIÓN, en fecha veintitrés de octubre de dos mil diecinueve; en relación a la causa instruida contra la señora CLAUDIA YAMILIA NORIEGA GONZALEZ por suponerla responsable de 43 delitos de FRAUDE A TÍTULO DE CÓMPLICE NECESARIO, en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. CONSIDERANDO: Que del escrito de interposición del recurso de amparo se desprende, que las recurrentes estiman que la resolución dictada por el Ad-Quem, en fecha treinta de septiembre de dos mil veinte, es violatoria de los derechos de defensa, debido proceso e igualdad, así como los principios de inocencia y retroactividad de la ley penal más favorable contenidos en los artículos 61, 64, 68, 70, 76, 82, 89, 90 y 96 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Que del examen de la demanda de amparo se aprecia que las recurrentes aprecian que el A-Quem no desarrolla los fundamentos jurídicos en los que basa su resolución, asimismo al negarse la aplicación de la retroactividad, se violenta una parte toral del sistema penal, sin contar que va en contra de lo que la Carta Magna ha dispuesto en torno a ese tema, quedando evidenciado un trato desigual para su representada al negársele su libertad de una acusación que no tiene sustento probatorio y que ha seguido y continua a pesar de existir leyes que son de reciente creación y que le benefician. CONSIDERANDO: Que de los antecedentes se desprende la resolución dictada por el Ad-quem en fecha treinta de septiembre de dos mil veinte, mediante la cual se declara sin lugar por improcedente la excepción de incompetencia y aplicación de retroactividad de la Ley Penal más favorable, al considerar que el artículo 47 del Código Procesal Penal (CPP), ya establece que el momento procesal para interponer la excepción de incompetencia es en la audiencia inicial, pues es una diligencia procesal propia del instructor de la causa, teniendo la oportunidad la peticionaria para hacer valer su derecho de petición al momento del saneamiento o al inicio del debate en la etapa del juicio oral y público de conformidad a lo dispuesto en los artículos 316 y 320 del citado Código, donde existe oportunidad de plantear excepciones o nulidades. En cuanto a la retroactividad, los delitos calificados en el auto de formal procesamiento no han sido despenalizados con la nueva ley por lo que no procede su aplicación. Indica el Ad-Quem, que está conociendo de un recurso de apelación contra el auto de formal procesamiento dictado contra Claudia Yamilia Noriega Gonzalez, que no tiene carácter de sentencia de conformidad al artículo 139 del CPP, por lo que los argumentos y peticiones sobre la aplicación de una nueva ley, no pueden alegarse en escrito adicional fuera de los agravios del recurso de apelación, pues no lo comprende los alcances normativos del artículo 624 del nuevo Código Penal. Los límites del conocimiento del Tribunal de alzada en ese momento los fijan los agravios expresados en tiempo y forma por los recurrentes, con marco referencial el principio del efecto parcialmente devolutivo (tantum devolutum quantum apellatum) que como consecuencia del principio dispositivo la regla significa “tanto se devuelve cuanto se apela”, no siendo esta resolución un óbice para no plantearse en los momentos procesales oportunos. CONSIDERANDO: Que este Tribunal estima que la resolución adoptada por el Ad-Quem contiene la motivación suficiente en cumplimiento de los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, por tal motivo no se observa trasgresión a los derechos constitucionales alegados por las recurrentes. CONSIDERANDO: Que de lo expresado anteriormente esta Sala no advierte que con la resolución impugnada se violente, lesione o se atente contra la garantía del debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Que conforme lo dispone el Artículo 46 numeral 1) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es improcedente el recurso de amparo, entre otros casos, cuando se aleguen violaciones de mera legalidad. CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos. El conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, resulta oportuno cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones, propias de instancia, corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio. CONSIDERANDO: Que el Juez o Tribunal rechazará la demanda de amparo que fuere improcedente y sobreseerá las diligencias tan pronto como conste la causal de su improcedencia, como acontece en el caso de autos. POR TANTO: LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, por UNANIMIDAD DE VOTOS, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los Artículos 90, 103, 303, 304, 313 atribución 5ª., y 316 de la Constitución de la República; 47, 139, 316 y 320 del Código Procesal Penal; 5, 7, 46 numeral 1) y 119 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el Recurso de Amparo de que se ha hecho mérito, interpuesto por las Abogadas DANELIA FERRERA TURCIOS y NOLVIA JUDITH MONTOYA a favor de la señora CLAUDIA YAMILIA NORIEGA GONZALEZ, contra la resolución emitida por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE CORRUPCIÓN, en fecha treinta de septiembre de dos mil veinte; en virtud de haberse advertido la concurrencia de la causal de inadmisibilidad establecida en el artículo 46 numeral 1º de la Ley Sobre Justicia Constitucional, toda vez que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que amparan al quejoso; Y MANDA: Que una vez firme la presente resolución, se proceda a devolver los autos al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales que en derecho correspondan. NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. PRESIDENTE POR LEY SALA DE LO CONSTITUCIONAL. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. REYNALDO ANTONIO HERNANDEZ. RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintiséis días del mes de octubre de dos mil veintiuno, certificación de la resolución de fecha seis de agosto de dos mil veintiuno, recaída en el recurso de amparo penal registrada en este Tribunal con el número SCO-1133=2020.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL
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