Sentencia AP-1123-19 — Registro 12662
Resumen
Sentencia declaró que el Órgano Jurisdiccional competente para conocer de la etapa del juicio oral y público en causa contra varios imputados a quienes se les supone responsable de los delitos de fraude, falsificación de documentos públicos, abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios y usurpación de funciones, es el Tribunal de Sentencia B de San Pedro Sula, Cortés; contrario a la resolución apelada dictada por el Tribunal de Sentencia que denegó solicitud de inhibitoria por considerar que no es competente por razones de territorio y materia
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"al estudiarse la foliada y específicamente la resolución dictada por la Corte de Apelaciones Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha veinticuatro (24) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), que resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha diez (10) de junio del año dos mil diecinueve (2019), se aprecia en la misma, que el Ad quem concluye que en el caso en cuestión, el Ministerio Publico formalizó cargos por los delitos de Fraude, Falsificación de Documentos Públicos, Abuso de autoridad, Violación de los deberes de los Funcionarios y Usurpación de Funciones, los cuales se encuentran dentro de los enumerados por el legislador en el numeral segundo del Acuerdo No.01-2016, sobre la creación de los Juzgados de Letras, Tribunales de Sentencia y la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia en Materia de Corrupción, por lo que se cumplen los elementos objetivos y subjetivos de competencia definidos por este Acuerdo; bajo ese razonamiento esa Corte de Apelaciones, estimó que el Tribunal de Sentencia competente para conocer de la etapa del Juicio Oral y Público, es el Tribunal de Sentencia B de San Pedro Sula; pues los hechos se suscitaron en la ciudad de Santa Barbara; y, actualmente no se ha abierto el Juzgado de Letras de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción con sede en San Pedro Sula, Departamento de Cortes, que ejercería su jurisdicción en los Departamentos de Atlántida, Colón, Copán, Cotes, Gracias a Dios, islas de la Bahía, Lempira, Ocotepeque, Santa Barbara y Yoro. Por lo que en consecuencia esa Corte de Apelaciones, declaró competente para conocer de ese proceso al Tribunal de Sentencia B de San Pedro Sula..."..."el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso a las audiencias sin traba alguna, en ellas alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y al final se obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Corte de Apelaciones en su Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales..."..."esta Sala de lo Constitucional aprecia que la resolución del ad-quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo éste con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del proceso penal de mérito el derecho de defensa, debido proceso y la publicidad del acto jurisdiccional al que se someten las partes. Por tanto, las alegaciones señaladas por la recurrente no podrían configurarse como una violación a la tutela judicial efectiva, puesto que el Juzgador ha plasmado en su decisión la motivación necesaria indicando razonadamente su decisión, fundamentándose en la norma adjetiva aplicable..."..."esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en el proceso penal, como lo es declarar competente para conocer de ese proceso al Tribunal de Sentencia B de San Pedro Sula; motivando de manera razonada su decisión, por ello de acuerdo con las motivaciones que preceden, no cabe otorgar el amparo demandado..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 316 (Rango Constitucional)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 42 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 45 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
C E R T I F I C A C I Ó N
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diecisiete de marzo de dos mil veintiuno. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la Resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha veinticuatro (24) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), que resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha diez (10) de junio del año dos mil diecinueve (2019); en la Solicitud de Inhibitoria por Cuestión de Competencia, presentada por los Abogados MANUEL ASDRUBAL MURILLO MARADIAGA, JUAN CARLOS BERGANZA GODOY y BLADIMIR ALEXANDER DUARTE PEREZ, a favor de los señores WALTER EDUARTO RAPALO SMITH, CANDIDA ROSA ERAZO CASTILLO, MARÍA DEMETRIA RODRIGUEZ y CARLOTA DEL CARMEN HASBUN CABALLERO.- Estimando la recurrente, que la decisión del Ad-quem, es violatoria de los derechos contenidos en los Artículos 90 y 321 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha cinco (5) de junio del año dos mil diecinueve (2019), compareció ante el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, los Abogados MANUEL ASDRUBAL MURILLO MARADIAGA, JUAN CARLOS BERGANZA GODOY y BLADIMIR ALEXANDER DUARTE PEREZ, actuando en su condición de Defensores Privados de los señores WALTER EDUARTO RAPALO SMITH, CANDIDA ROSA ERAZO CASTILLO, MARÍA DEMETRIA RODRIGUEZ y CARLOTA DEL CARMEN HASBUN CABALLERO, para interponer una Solicitud de Inhibitoria por Cuestión de Competencia, en donde piden que el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia de Corrupción, se inhiba de seguir conociendo del la causa instruida contra sus representados. (Folios 1–2v de la pieza de antecedentes de Primera Instancia) 2) Que en fecha diez (10) de junio del año dos mil diecinueve (2019), en el citado Juzgado Resolvió: (SIC) “UNICO: Denegar la solicitud de INHIBITORIA promovida por la defensa de los señores WALTER EDGARDO RAPALO CABALLERO y CANDIDA ROSA ERAZO CASTILLO, por no encontrarse competente este Tribunal para conocer por razones de territorio y materia.” (Folios 84–85 de la pieza de antecedentes de Primera Instancia) 3) Que conociendo de un recurso de apelación interpuesto por los Abogados JUAN CARLOS BERGANZA GODOY, BLADIMIR ALEXANDER DUARTE PEREZ y MANUEL ASDRUBAL MURILLO MARADIAGA, en su condición de apoderado legal de los señores WALTER EDGAR RAPALO CABALLERO, CANDIDA ROSA ERAZO CASTILLO y MARÍA DEMETRIA RODRIGUEZ; en fecha veinticuatro (24) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), la Corte de Apelaciones Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, Resolvió: (SIC) “DECLARAR COMPETENTE para conocer del presente proceso al Tribunal de Sentencia B de San Pedro Sula.” (Folios 7–8v de la pieza de antecedentes de Segunda Instancia) 4) Que la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ, compareció ante este Tribunal en fecha trece (13) de diciembre de dos mil diecinueve (2019), interponiendo acción de amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la Resolución de fecha veinticuatro (24) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de los derechos contenidos en los Artículos 90 y 321 de la Constitución de la República. (Folios 1–10 del Presente Recurso) 5) Que en fecha trece (13) de octubre del año dos mil veinte (2020), este alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo de mérito y a la vez omitió la vista de los antecedentes al fiscal del despacho, de conformidad a lo establecido por el Artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. (Folio 31 del Presente Recurso) CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO TRES (3): Que la garantía Constitucional de Amparo promovida la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ, a favor del ESTADO DE HONDURAS, se dirige contra la Resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha veinticuatro (24) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), que resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha diez (10) de junio del año dos mil diecinueve (2019); en la Solicitud de Inhibitoria por Cuestión de Competencia, presentada por los Abogados MANUEL ASDRUBAL MURILLO MARADIAGA, JUAN CARLOS BERGANZA GODOY y BLADIMIR ALEXANDER DUARTE PEREZ, a favor de los señores WALTER EDUARTO RAPALO SMITH, CANDIDA ROSA ERAZO CASTILLO, MARÍA DEMETRIA RODRIGUEZ y CARLOTA DEL CARMEN HASBUN CABALLERO.. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ, compareció ante este Tribunal, en fecha trece (13) de diciembre de dos mil diecinueve (2019), interponiendo acción de amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la Resolución de fecha veinticuatro (24) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de los derechos contenidos en los Artículos 90 y 321 de la Constitución de la República, señalando, que la misma, vulnera el Debido Proceso, ya que se ha olvidado de normas que deben empelarse para la formación de la decisión, cuando es del criterio que el conocimiento del juicio oral y público debe ser conocido por la Sala o Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, cuando la causa ni siquiera fue iniciada en aquella jurisdicción de conformidad a lo señalado. CONSIDERANDO CINCO (5): Que en fecha trece (13) de octubre del año dos mil veinte (2020), este alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo de mérito y a la vez omitió la vista de los antecedentes al fiscal del despacho, de conformidad a lo establecido por el Artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. CONSIDERANDO SEIS (6): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO SIETE (7): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción penal, conforme lo establece el Artículo 141 del Código Procesal Penal la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al juez o tribunal que conoce concretamente del asunto. CONSIDERANDO OCHO (8): Que al estudiarse la foliada y específicamente la resolución dictada por la Corte de Apelaciones Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha veinticuatro (24) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), que resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha diez (10) de junio del año dos mil diecinueve (2019), se aprecia en la misma, que el Ad quem concluye que en el caso en cuestión, el Ministerio Publico formalizó cargos por los delitos de Fraude, Falsificación de Documentos Públicos, Abuso de autoridad, Violación de los deberes de los Funcionarios y Usurpación de Funciones, los cuales se encuentran dentro de los enumerados por el legislador en el numeral segundo del Acuerdo No.01-2016, sobre la creación de los Juzgados de Letras, Tribunales de Sentencia y la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia en Materia de Corrupción, por lo que se cumplen los elementos objetivos y subjetivos de competencia definidos por este Acuerdo; bajo ese razonamiento esa Corte de Apelaciones, estimó que el Tribunal de Sentencia competente para conocer de la etapa del Juicio Oral y Público, es el Tribunal de Sentencia B de San Pedro Sula; pues los hechos se suscitaron en la ciudad de Santa Barbara; y, actualmente no se ha abierto el Juzgado de Letras de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción con sede en San Pedro Sula, Departamento de Cortes, que ejercería su jurisdicción en los Departamentos de Atlántida, Colón, Copán, Cotes, Gracias a Dios, islas de la Bahía, Lempira, Ocotepeque, Santa Barbara y Yoro. Por lo que en consecuencia esa Corte de Apelaciones, declaró competente para conocer de ese proceso al Tribunal de Sentencia B de San Pedro Sula. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio, como lo desea la parte, como parece entenderlo la recurrente; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que dicho lo anterior, ha de observarse también que la garantía de amparo no puede suplir todos y cada uno de los casos en que se alegue indefensión de parte, como resultado de una decisión jurisdiccional no compartida. La jurisprudencia nacional e internacional más consolidada como la proveniente del Tribunal Constitucional Español, son congruentes en admitir y sostener que el amparo “…no está configurado como una última instancia ni tiene una función Casacional”; por tanto, únicamente pueden ser objeto de la tutela jurídica constitucional, aquellos supuesto de indefensión real, que impidan el ejercicio regular del derecho de defensa, o más allá aun, que proscriban; imposibilitando a las partes procesales interponer las acciones y recursos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición. CONSIDERANDO ONCE (11): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso a las audiencias sin traba alguna, en ellas alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y al final se obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Corte de Apelaciones en su Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales. CONSIDERANDO DOCE (12): Que esta Sala de lo Constitucional aprecia que la resolución del ad-quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo éste con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del proceso penal de mérito el derecho de defensa, debido proceso y la publicidad del acto jurisdiccional al que se someten las partes. Por tanto, las alegaciones señaladas por la recurrente no podrían configurarse como una violación a la tutela judicial efectiva, puesto que el Juzgador ha plasmado en su decisión la motivación necesaria indicando razonadamente su decisión, fundamentándose en la norma adjetiva aplicable. CONSIDERANDO TRECE (13): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en el proceso penal, como lo es declarar competente para conocer de ese proceso al Tribunal de Sentencia B de San Pedro Sula; motivando de manera razonada su decisión, por ello de acuerdo con las motivaciones que preceden, no cabe otorgar el amparo demandado. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 Numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: DENEGANDO el recurso de amparo de que se ha hecho mérito. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a su lugar de procedencia. - Redactó el Magistrado ZELAYA.- NOTIFIQUESE. Firmas y Sello. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes de mayo del dos mil veintiuno, certificación de la sentencia de fecha diecisiete de marzo del dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número SCO-1123=2019.
ABOG. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL