Sentencia AP-1115-20 — Registro 13643
Resumen
Acto recurrido que otorgó el recurso de amparo con relación a la causa instruida por suponerlo responsable del delito de lavado de activos y asociacion ilicita para el lavado de activos
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
Que del estudio de los antecedentes y de la resolución recurrida esta Sala observa que a los ahora recurrentes se les había vencido la Medida Cautelar de Prisión Preventiva a la que estaban sometidos y la ampliación de la misma por el termino de seis meses según lo establecido en el artículo 181 del Código Procesal Penal, lo que conlleva violación al Debido Proceso y a la tutela Judicial Efectiva, razón por la cual esta Sala de lo Constitucional declaro Ha Lugar la garantía de Habeas Corpus o Exhibición Personal a favor de los ahora encausados, ordenando al A Quo su inmediata libertad y la imposición de Medidas Cautelares distintas a la Prisión Preventiva según el catálogo que señala el artículo 173 de nuestra Ley Adjetiva. En ese orden de ideas y siendo que los señores JUVENTINO ROSALES MEJIA y AMELIA GARCIA, se encuentran gozando de medidas sustitutivas de Prisión Preventiva, cesando de este modo los efectos del acto reclamado que fueron objeto del presente Recurso de Amparo. Tal sentido, esta Sala encuentra que los impetrantes incurren en una de las causales de Inadmisibilidad contenidas en el artículo 46 numeral 6 de la Ley Sobre Justicia Constitucional que literalmente dice: “6) Cuando han cesado los efectos del acto reclamado”. Siendo conforme a derecho de acuerdo a lo dispuesto en el último párrafo del artículo citado Sobreseer la Acción de Amparo por la causal de inadmisibilidad que no permite su conocimiento..." ..." Que el Juez o Tribunal rechazara la demanda de Amparo que fuera improcedente y sobreseerá las diligencias tan pronto como conste la causal de su improcedencia, como acontece en el caso de autos, conforme lo dispuesto en el artículo 46 No. 6 de la Ley Sobre Justicia Constitucional..."
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el Ad Quem, expone en su resolución “Que los Amparista citan en su escrito de interposición y formalización del Amparo, la línea jurisprudencial de la Sala Constitucional”. Que indica que “el Debido Proceso como derecho individual, al tenor de lo que dispone el artículo 90 Párrafo Primero de la Constitución de la República, implica que es un derecho que está conformado por un número no definido de derecho, garantía o formalidades establecidas por la ley; lo que trae como consecuencia directa, que para que se considere vulnerado sea necesario que lo haya sido alguno o algunos de estos elementos.” En el presente caso, relaciona esta garantía constitucional con la vulneración de los artículos 69, 89, 303 y 321 de la Constitución de la República, vinculando como infringido el derecho a la Tutela Judicial Efectiva y el Principio de Legalidad. En cuanto a la Tutela Judicial Efectiva, y la motivación de las resoluciones, es decir, que contenga los elementos y razones de juicio que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos que fundamentan la decisión, así como una fundamentación en derecho que garanticen que tal decisión no es consecuencia de una aplicación arbitraria de la legalidad. El derecho a una resolución razonada que comprende la existencia de motivación suficiente, no arbitraria pues esta última equivale a una falta de motivación, no puede solo hacerse una declaración, es menester un razonamiento que convenza, tal que al manifestar ese razonamiento se evidencie la sumisión del Juez a la Ley con lo cual se permite el control jurisdiccional mediante los Recursos”
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintidós de abril de dos mil veintiuno. VISTO: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, de fecha veintiuno (21) de octubre dos mil veinte (2020), que otorgó el recurso de amparo interpuesto por los Abogados IVAN ADAN MARTINEZ ORDOÑEZ y ROSA HELENA BONILLA GALINDO, a favor de los Señores JUVENTINO ROSALES y AMELIA GARCIA, contra actuaciones del TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL, con relación a la causa instruida contra los señores JUVENTINO ROSALES MEJIA y AMELIA GARCIA por suponerlo responsable del delito de LAVADO DE ACTIVOS y ASOCIACION ILICITA PARA EL LAVADO DE ACTIVOS en perjuicio del ESTADO DE HONDURAS. ANTECEDENTES 1) Que en fecha ocho (08) de junio de dos mil veinte (2020), comparecieron ante la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, los Abogados IVAN ADAN MARTINEZ ORDOÑEZ y ROSA HELENA BONILLA GALINDO, interponiendo Recurso de Amparo a favor de los Señores JUVENTINO ROSALES y AMELIA GARCIA, contra la resolución de fecha catorce (14) de mayo de dos mil veinte (2020), dictada por la Sala Uno del Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal. (Folios 1-8 de la pieza del Ad-Quem) 2) Que seguido el procedimiento que establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, la Corte de Apelaciones Con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal del Departamento de Francisco Morazán, dictó Sentencia en fecha veintiuno (21) de octubre de dos mil veinte (2020), mediante la cual Falló: (SIC) “OTORGANDO el recurso de amparo interpuesto por el Abogado IVAN ADAN MARTINEZ ORDOÑEZ y la Abogada ROSA HELENA BONILLA GALINDO, por las razones que se dejan señaladas y para el efecto de que emita una resolución motivada que de respuesta a lo pedido conforme a Ley.” (Folios 91–95 de la pieza del Ad-Quem) 3) Que en fecha dos (02) de diciembre de dos mil veinte (2020), esta Sala recibió para su Consulta el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO:(1) Que la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 Constitucional relacionado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO:(2) Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer en Consulta, los recursos de Amparo conocidos por las Cortes de Apelaciones acorde a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO:(3) Que se conoce en consulta la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Con Competencia Territorial Nacional En Materia Penal del Departamento de Francisco Morazán, de fecha veintiuno de octubre del año dos mil veinte, que otorgó el Recurso de Amparo interpuesto por los Abogados IVAN ADÁN MARTÍNEZ ORDOÑEZ y ROSA ELENA BONILLA, contra las Actuaciones del Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, con relación a la causa instruida contra los señores JUVENTINO ROSALES MEJÍA y AMELIA GARCÍA, por suponerlos responsables del delito de LAVADO DE ACTIVOS Y ASOCIACIÓN ÍLICITA para el Lavado de Activos en perjuicio del Estado de Honduras. CONSIDERANDO:(4) Que el Ad Quem, expone en su resolución “Que los Amparista citan en su escrito de interposición y formalización del Amparo, la línea jurisprudencial de la Sala Constitucional”. Que indica que “el Debido Proceso como derecho individual, al tenor de lo que dispone el artículo 90 Párrafo Primero de la Constitución de la República, implica que es un derecho que está conformado por un número no definido de derecho, garantía o formalidades establecidas por la ley; lo que trae como consecuencia directa, que para que se considere vulnerado sea necesario que lo haya sido alguno o algunos de estos elementos.” En el presente caso, relaciona esta garantía constitucional con la vulneración de los artículos 69, 89, 303 y 321 de la Constitución de la República, vinculando como infringido el derecho a la Tutela Judicial Efectiva y el Principio de Legalidad. En cuanto a la Tutela Judicial Efectiva, y la motivación de las resoluciones, es decir, que contenga los elementos y razones de juicio que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos que fundamentan la decisión, así como una fundamentación en derecho que garanticen que tal decisión no es consecuencia de una aplicación arbitraria de la legalidad. El derecho a una resolución razonada que comprende la existencia de motivación suficiente, no arbitraria pues esta última equivale a una falta de motivación, no puede solo hacerse una declaración, es menester un razonamiento que convenza, tal que al manifestar ese razonamiento se evidencie la sumisión del Juez a la Ley con lo cual se permite el control jurisdiccional mediante los Recursos”. CONSIDERANDO:(5) Que el Ad Quem establece que “observa que la resolución contra la cual se dirige la Acción Constitucional de Amparo debió resolver la petición concreta de una de las partes a que se revise la Medida Cautelar de Prisión Preventiva y, una vez analizados todos los elementos llevados a la Audiencia correspondiente, se decida sobre si se mantiene o no la misma, y conforme a lo pedido por la parte, se impongan medidas sustitutivas a la misma en caso de ser procedentes. Limitándose el Tribunal de Sentencia a expresar en su resolución que no es posible ordenar la excarcelación de los imputados revocándose la Medida Cautelar de Prisión Preventiva, precisamente por encontrarse el país en estado de excepción, en el cual se ha restringido el Derecho a la Libertad, conclusión a la que arriba el Tribunal de Sentencia después de relacionar varios supuestos respecto de la emergencia sanitaria ocasionada por la Pandemia del COVID-19 y el Decreto Ejecutivo PCM-21-2020. Finalmente, el Ad Quem expone que existe una falta de motivación ya que la resolución no responde concretamente a lo pedido por la parte que ha solicitado la Revisión de la Medida Cautelar de Prisión Preventiva, la respuesta de A Quo debió orientarse después de un análisis exhaustivo si se mantienen o no los presupuestos legitimadores de la Prisión Preventiva, si se han cumplido o no los límites temporales máximos de la misma, que es en definitiva el punto sometido a su resolución, observando el Ad Quem que en las presentes diligencias se ha vulnerado el derecho fundamental invocado del Debido Proceso, otorgando el Amparo interpuesto.” CONSIDERANDO:(6) Que del estudio de la foliada se puede constatar la Sentencia recaída en el Recurso de Exhibición Personal venida en Revisión el numero 614-2020 de fecha tres de septiembre del dos mil veinte, misma que en el Considerando 11 esta Sala de lo Constitucional señala: “Que de acuerdo con lo expuesto e informado por la Juez ejecutora designada, que los ciudadanos JUVENTINO ROSALES MEJIA y AMELIA GARCIA, han permanecido en Prisión Preventiva mas allá del plazo legal máximo, establecido por el artículo 181 del Código Procesal Penal, por consiguiente, aun y cuando su detención y posterior reclusión fuere efectuada dentro del marco legal aplicable, al haberse extendido el termino legalmente estipulado para la duración de la Prisión Preventiva, se les ha cohibido en forma indebida del goce de su libertad, vulnerado con ello el Debido Proceso y el plazo razonable a efecto de resolver su situación jurídica como línea arriba se dijo, situación que se agrava ante la denegatoria de la revisión de la Medida Cautelar en Prisión Preventiva solicitada por la Defensa de los encausados, ante los argumentos emitidos por el Órgano Jurisdiccional, Sala Primera del Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional en Materia Penal, que los plazos de la Medida Cautelar se encuentran en suspenso, derechos elementales y consustanciales con la persona humana, los cuales no pueden ser suspendidos aun en estado de excepción, pues se vulneraria con ello el Principio de Legalidad que rige en un Estado de Derecho, siendo procedente en consecuencia aprobar el informe por la Juez Ejecutora y declara Ha Lugar la presente garantía de Habeas Corpus, ante la privación arbitraria de los ciudadanos JUVENTINO ROSALES MEJIA y AMELIA GARCIA…”. Por tanto, esta Sala de lo Constitucional dicto Sentencia cuya Parte Dispositiva establece lo siguiente: FALLA: 1) REVOCANDO la Sentencia de fecha tres de junio del año dos mil veinte, recaída en la garantía constitucional de Habeas Corpus o Exhibición Personal, remitida para su revisión a este alto Tribunal de Justicia por la Honorable Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán. II) Declarar HA LUGAR la garantía de Habeas Corpus o Exhibición Personal promovida por los Abogados IVAN ADAN MARTINEZ ORODÑEZ y ROSA ELENA BONILLA GALINDO, a favor de los señores JUVENTINO ROSALES MEJIA y AMELIA GARCIA, contra las actuaciones de la Sala Primera del Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional en Materia Penal. III) ORDENA: Previo a su excarcelación que el Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional en Materia Penal proceda a imponer a los señores JUVENTINO ROSALES MEJIA y AMELIA GARCIA, las Medidas Cautelares distintas a la Prisión Preventiva que señala el artículo 173 del Código Procesal Penal; ello con la finalidad de garantizar la presencia de los encausados señores JUVENTINO ROSALES MEJIA y AMELIA GARCIA, en la continuación del Juicio Oral y Público. IV)Para el cumplimiento de esta Sentencia, el Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional en Materia Penal, debe de proceder de inmediato con el acatamiento de las recomendaciones indicada, a partir de la notificación del presente fallo al recurrente. El incumplimiento de esta Sentencia dará lugar lo que en Derecho corresponda conforma a la Ley de Justicia Constitucional.” CONSIDERANDO:(7) Que del estudio de los antecedentes y de la resolución recurrida esta Sala observa que a los ahora recurrentes se les había vencido la Medida Cautelar de Prisión Preventiva a la que estaban sometidos y la ampliación de la misma por el termino de seis meses según lo establecido en el artículo 181 del Código Procesal Penal, lo que conlleva violación al Debido Proceso y a la tutela Judicial Efectiva, razón por la cual esta Sala de lo Constitucional declaro Ha Lugar la garantía de Habeas Corpus o Exhibición Personal a favor de los ahora encausados, ordenando al A Quo su inmediata libertad y la imposición de Medidas Cautelares distintas a la Prisión Preventiva según el catalogo que señala el artículo 173 de nuestra Ley Adjetiva. En ese orden de ideas y siendo que los señores JUVENTINO ROSALES MEJIA y AMELIA GARCIA, se encuentran gozando de medidas sustitutivas de Prisión Preventiva, cesando de este modo los efectos del acto reclamado que fueron objeto del presente Recurso de Amparo. Tal sentido, esta Sala encuentra que los impetrantes incurren en una de las causales de Inadmisibilidad contenidas en el artículo 46 numeral 6 de la Ley Sobre Justicia Constitucional que literalmente dice: “6) Cuando han cesado los efectos del acto reclamado”. Siendo conforme a derecho de acuerdo a lo dispuesto en el ultimo párrafo del artículo citado Sobreseer la Acción de Amparo por la causal de inadmisibilidad que no permite su conocimiento. CONSIDERANDO:(8) Que el Juez o Tribunal rechazara la demanda de Amparo que fuera improcedente y sobreseerá las diligencias tan pronto como conste la causal de su improcedencia, como acontece en el caso de autos, conforme lo dispuesto en el artículo 46 No. 6 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos: 303, 304 , 313 y 316 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 74, 78 atribución 5ª, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8,10, 41, 46 #6, 48, 68 párrafo 2do.,de la Ley Sobre Justicia Constitucional, artículo 8, 13, 14 y 181 del Código Procesal Penal; FALLA: Revocando la Sentencia de fecha 21 de octubre de 2020, emitida por la Corte de Apelaciones con Competencia Territorial Nacional en materia penal del departamento de Francisco Morazán y Sobresee el Recurso de Amparo interpuesto por los Abogados IVAN ADÁN MARTÍNEZ ORDOÑEZ y ROSA ELENA BONILLA, a favor de JUVENTINO ROSALES MEJÍA Y AMELIA GARCÍA. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó el Magistrado Serrano. - NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintitrés días del mes de agosto de dos mil veintiuno, certificación de la sentencia de fecha veintidós de abril de dos mil veintiuno, recaída en el recurso de amparo penal venido en consulta registrado en este Tribunal con el número SCO-1115=2020.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.
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