Sentencia AP-1089-19 — Registro 13964
Resumen
Resolución que decreta medidas sustitutiva a la prisión preventiva con relación a la causa instruida contra imputado, por suponerlo responsable del delito de FACILITACIÓN DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE PARA EL TRAFICO ILÍCITO DE DROGAS, en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."(15): Que esta Sala ha insistido en que la valoración de los elementos probatorios para efectos de decretar, ya sea un auto de formal procesamiento—o en este caso una declaratoria de reo—un sobreseimiento provisional o uno definitivo y con ello decidir sobre la probable o no atribución de un delito a él o a los imputados en una causa criminal, es una función que legalmente corresponde a los Juzgados y Tribunales de instancia del orden penal, de tal manera que el Juez Constitucional solamente ha de intervenir, cuando en tal valoración medie la arbitrariedad y/o se hayan quebrantado las formas o principios esenciales del proceso y con ello derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución de la República.-CONSIDERANDO (16): Que en este respecto vemos necesario reiterar que no compete a la acción constitucional de amparo la realización de la justicia penal en la forma de determinar la existencia o no de delito, ni el grado de participación en el mismo. -La Sala ha reafirmado que estas son valoraciones propias de instancia que corresponden a la jurisdicción penal y, como ya se dijo anteriormente, la justicia constitucional interviene cuando la decisión del juzgador en torno a estos aspectos ha resultado de arbitrariedad y/o desafuero a los principios que rigen el proceso, y por ende en menoscabo de las garantías judiciales y derechos fundamentales que el propio juez es llamado a asegurar y hacer efectivas.-CONSIDERANDO (17): Que corresponde a la jurisdicción penal ordinaria y no a la justicia constitucional determinar si los elementos probatorios aportados en el proceso penal resultan o no suficientes para acreditar si el acusado tuvo o no participación en los hechos que se le han imputado, correspondiendo esta función jurisdiccional con el principio de la libre valoración de la prueba. -En este respecto, es oportuno reiterar que esta Sala asiente con lo declarado por el Tribunal Constitucional español en cuanto a que la vigencia del principio de la libre valoración de la prueba impide a la jurisdicción constitucional decidir si las pruebas han sido correctamente valoradas por los tribunales de instancia[2].-No obstante, la posibilidad de control constitucional respecto a la formación de la convicción judicial sobre hechos constitutivos de delito existe, pero está limitada—como ya hemos dicho previamente—a determinados supuestos en los que la justicia constitucional puede intervenir, como aquellos casos en los que en la valoración de la prueba haya mediado arbitrariedad, error, o que para tal valoración se hayan quebrantado las formas o principios esenciales del proceso.-CONSIDERANDO (18): Que en el asunto objeto de examen, la Alzada determinó que con la prueba aportada en el proceso se pudo establecer una mínima actividad probatoria para estimar la participación de los imputados en el delito de posesión de drogas para consumo, ratificando así el parecer de la juez de instancia. - En su sentencia, la Alzada estableció con razonamientos fundados el porqué de su decisión, la que se encaminó a la emisión de una declaratoria de reo en contra de los acusados, la cual procede cuando el delito cometido no merece pena de privación de la libertad.-CONSIDERANDO (19): Que esta Sala de lo Constitucional encuentra que el Tribunal de Alzada se ha limitado a ejercer la función jurisdiccional que le ha sido delegada por mandato constitucional, siendo la apreciación de los elementos del tipo, como la valoración probatoria, también propias de esa función que no compete al recurso de amparo invadir, toda vez que del fallo que se conoce no se aprecia arbitrariedad, desafuero o trasgresión a derechos constitucionales o a los principios que rigen el proceso, haciendo la autoridad recurrida aplicación de los mismos sin desatender su deber de establecer la vigencia del derecho al caso que fue llamado a fallar y resolver. -La Sala observa además que la resolución impugnada ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio.-CONSIDERANDO (20): Que, a diferencia de los argumentos esgrimidos por la recurrente, esta Sala no advierte que con la resolución impugnada se violente, lesione o se atente contra la garantía del debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República. -La decisión emanada del Tribunal de segundo grado de considerar acreditada la participación de los imputados en hechos distintos por los que se ejerció la acción penal respectiva, es una decisión que concierne a la justicia ordinaria, y ha sido acordada por la Alzada sin que se logre observar arbitrariedad en ella, o desatención a los principios constitucionales denunciados como transgredidos; por el contrario, se observa que la Corte de Apelaciones ha sido suficientemente explícita en sus apreciaciones, correspondiendo éstas a sus facultades legales y a las actuaciones del proceso, sin que se anteceda un quebramiento de sus principios o formas esenciales, como ya queda dicho. -CONSIDERANDO (21): Que, por las razones anteriormente expuestas, esta Sala de lo Constitucional, al no advertir vulneración manifiesta o evidente por la que se hayan disminuido o quebrantado derechos o garantías constitucionales por parte del Tribunal de Alzada, es del firme criterio porque se deniegue la acción de amparo interpuesta por la recurrente y así debe declararse"
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
"(15): Que esta Sala ha insistido en que la valoración de los elementos probatorios para efectos de decretar, ya sea un auto de formal procesamiento—o en este caso una declaratoria de reo—un sobreseimiento provisional o uno definitivo y con ello decidir sobre la probable o no atribución de un delito a él o a los imputados en una causa criminal, es una función que legalmente corresponde a los Juzgados y Tribunales de instancia del orden penal, de tal manera que el Juez Constitucional solamente ha de intervenir, cuando en tal valoración medie la arbitrariedad y/o se hayan quebrantado las formas o principios esenciales del proceso y con ello derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución de la República.-CONSIDERANDO (16): Que en este respecto vemos necesario reiterar que no compete a la acción constitucional de amparo la realización de la justicia penal en la forma de determinar la existencia o no de delito, ni el grado de participación en el mismo. -La Sala ha reafirmado que estas son valoraciones propias de instancia que corresponden a la jurisdicción penal y, como ya se dijo anteriormente, la justicia constitucional interviene cuando la decisión del juzgador en torno a estos aspectos ha resultado de arbitrariedad y/o desafuero a los principios que rigen el proceso, y por ende en menoscabo de las garantías judiciales y derechos fundamentales que el propio juez es llamado a asegurar y hacer efectivas.-CONSIDERANDO (17): Que corresponde a la jurisdicción penal ordinaria y no a la justicia constitucional determinar si los elementos probatorios aportados en el proceso penal resultan o no suficientes para acreditar si el acusado tuvo o no participación en los hechos que se le han imputado, correspondiendo esta función jurisdiccional con el principio de la libre valoración de la prueba. -En este respecto, es oportuno reiterar que esta Sala asiente con lo declarado por el Tribunal Constitucional español en cuanto a que la vigencia del principio de la libre valoración de la prueba impide a la jurisdicción constitucional decidir si las pruebas han sido correctamente valoradas por los tribunales de instancia[2].-No obstante, la posibilidad de control constitucional respecto a la formación de la convicción judicial sobre hechos constitutivos de delito existe, pero está limitada—como ya hemos dicho previamente—a determinados supuestos en los que la justicia constitucional puede intervenir, como aquellos casos en los que en la valoración de la prueba haya mediado arbitrariedad, error, o que para tal valoración se hayan quebrantado las formas o principios esenciales del proceso.-CONSIDERANDO (18): Que en el asunto objeto de examen, la Alzada determinó que con la prueba aportada en el proceso se pudo establecer una mínima actividad probatoria para estimar la participación de los imputados en el delito de posesión de drogas para consumo, ratificando así el parecer de la juez de instancia. - En su sentencia, la Alzada estableció con razonamientos fundados el porqué de su decisión, la que se encaminó a la emisión de una declaratoria de reo en contra de los acusados, la cual procede cuando el delito cometido no merece pena de privación de la libertad.-CONSIDERANDO (19): Que esta Sala de lo Constitucional encuentra que el Tribunal de Alzada se ha limitado a ejercer la función jurisdiccional que le ha sido delegada por mandato constitucional, siendo la apreciación de los elementos del tipo, como la valoración probatoria, también propias de esa función que no compete al recurso de amparo invadir, toda vez que del fallo que se conoce no se aprecia arbitrariedad, desafuero o trasgresión a derechos constitucionales o a los principios que rigen el proceso, haciendo la autoridad recurrida aplicación de los mismos sin desatender su deber de establecer la vigencia del derecho al caso que fue llamado a fallar y resolver. -La Sala observa además que la resolución impugnada ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio.-CONSIDERANDO (20): Que, a diferencia de los argumentos esgrimidos por la recurrente, esta Sala no advierte que con la resolución impugnada se violente, lesione o se atente contra la garantía del debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República. -La decisión emanada del Tribunal de segundo grado de considerar acreditada la participación de los imputados en hechos distintos por los que se ejerció la acción penal respectiva, es una decisión que concierne a la justicia ordinaria, y ha sido acordada por la Alzada sin que se logre observar arbitrariedad en ella, o desatención a los principios constitucionales denunciados como transgredidos; por el contrario, se observa que la Corte de Apelaciones ha sido suficientemente explícita en sus apreciaciones, correspondiendo éstas a sus facultades legales y a las actuaciones del proceso, sin que se anteceda un quebramiento de sus principios o formas esenciales, como ya queda dicho. -CONSIDERANDO (21): Que, por las razones anteriormente expuestas, esta Sala de lo Constitucional, al no advertir vulneración manifiesta o evidente por la que se hayan disminuido o quebrantado derechos o garantías constitucionales por parte del Tribunal de Alzada, es del firme criterio porque se deniegue la acción de amparo interpuesta por la recurrente y así debe declararse"
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
.."Que esta Sala ha dejado establecido en amplia jurisprudencia que el párrafo primero del artículo 90, en tanto norma constitucional concernida, se traduce de un modo general en el deber que tienen los Tribunales de garantizar una tutela judicial efectiva, la cual se viene caracterizando como un ajustado sistema de garantías para las partes en el proceso, que permitan, a quien pretenda hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba.-La Sala ha declarado en reiteradas decisiones[1], que la tutela judicial efectiva comporta como contenido esencial y primario, el derecho de obtener de los órganos jurisdiccionales integrantes del Poder Judicial, una resolución razonada y fundada en derecho que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio, lo cual genera en los jueces, en forma evidente, el deber de cumplir con las exigencias fundamentales del proceso
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinticinco de agosto de dos mil veintiuno.-VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el recurso de amparo interpuesto por la abogada JESSICA GEORGINA HERNÁNDEZ, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución de fecha veintinueve (29) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), dictada por la CORTE DE APELACIONES PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, que decidió un recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE TEGUCIGALPA , FRANCISCO MORAZÁN, en fecha dieciocho (18) de julio del año dos mil diecinueve (2019), con relación a la causa instruida contra el señor JORGE ERNESTO JOSUÉ MARTÍNEZ HERCULANO, por suponerlo responsable del delito de FACILITACIÓN DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE PARA EL TRAFICO ILÍCITO DE DROGAS, en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS.-Estimando la recurrente que se le han violentado los Derechos Constitucionales comprendido en los artículos 64, 82 y 90 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES: 1) Que en fecha doce (12) de julio del año dos mil diecinueve (2019), compareció ante el Juzgado de Letras de lo Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, la Abogada MARIBEL ORTEZ, presentando Requerimiento Fiscal contra los señores ALEX MAURICIO ANDRADE ARTEAGA y JORGE ERNESTO JOSUÉ MARTÍNEZ HERCULANO, por suponerlos responsables del delito de FACILITACIÓN DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE PARA EL TRÁFICO ILÍCITO DE ESTUPEFACIENTES, en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS.- (Folios 1 al 4 de los antecedentes).-2) Que en audiencia inicial de fecha dieciocho (18) de julio del año del año dos mil diecinueve (2019) el citado Juzgado dictó Resolución mediante la cual RESOLVIÓ: “…1) Decretar Auto de formal procesamiento en contra de ALEX MAURICIO ANDRADE ARTEAGA y JOSUÉ MARTÍNEZ HERCULANO, por el delito de POSESIÓN PARA EL CONSUMO DE DROGAS, en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS.- 2) Se impone la medida cautelares distintas a la prisión preventiva como ser las establecidas en el artículo 173 numeral 5 (Hospital Mario Mendoza) 6, 7, 8, del Código Procesal Penal.- 3…”(Folio 18 al 19 de los antecedentes).-3) Que en fecha once (11) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, a través de la Secretaria adjunta de dicho Juzgado, notificó de la imposición de las medidas cautelares sustitutivas contenida en el Articulo 173 numerales 6, 7 y 9 del Código Procesal Penal. (folio 517 de la pieza de los antecedentes).-4) Que en fecha veintinueve (29) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), la Corte de Apelaciones Penal del Departamento de Francisco Morazán RESOLVIÓ: “1). Declarando NO HA LUGAR el recurso interpuesto y CONFIRMAR la resolución apelada…”. (Folios 84 al 87 de los antecedentes).- 5) La recurrente abogada JESSICA GEORGINA HERNÁNDEZ, en su condición de FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO, compareció ante este Tribunal, en fecha nueve (9) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), reclamando amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, afirmando que la decisión del Ad Quem, de fecha veintinueve (29) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), es violatoria de lo dispuesto en los artículos 64, 82 y 90 de la Constitución de la República.-6) Que en fecha trece (13) de mayo del año dos mil veintiuno (2021), este alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo de mérito y a la vez omitió la vista de los antecedentes al fiscal del despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público.-DEL RECURSO DE AMPARO Y LA COMPETENCIA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-CONSIDERANDO (1): Que el Estado reconoce la garantía de amparo y en consecuencia toda persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta tiene derecho a interponer el recurso de amparo: 1. Para que le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y, 2. Para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente, ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución de la República. -CONSIDERANDO (2): Que procede la acción de amparo contra las resoluciones, actos y hechos de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida.-CONSIDERANDO (3): Que en el ejercicio de la justicia constitucional los órganos jurisdiccionales solamente están sometidos a la Constitución de la República y a la ley.-CONSIDERANDO (4): Que, correspondiéndole la jurisdicción constitucional por mandato de la ley, esta Sala de lo Constitucional, es competente para conocer y resolver el presente recurso de amparo, de conformidad con lo establecido en el Artículo 9.3.b de la Ley Sobre Justicia Constitucional, en tanto que se alega una violación de derechos fundamentales cometidos por una Corte de Apelaciones, en específico, la CORTE DE APELACIONES PENAL DE DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN.-OBJETO DEL RECURSO.-CONSIDERANDO (5): Que se reclama como violatoria de derechos y garantías constitucionales en perjuicio del ESTADO DE HONDURAS, la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, que en fecha veintinueve de agosto de dos mil diecinueve, resolvió declarar NO HA LUGAR un recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público, decidiendo CONFIRMAR una resolución de declaratoria de reo emitida por el JUZGADO DE LETRAS PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE TEGUCIGALPA, en contra del mencionado imputado JORGE ERNESTO JOSUÉ MARTÍNEZ HERCULANO, a quien se le inició proceso penal por el delito de POSESIÓN DE DROGAS PARA CONSUMO, en perjuicio de SÍ MISMO.-El Tribunal de Alzada estimó la confirmatoria de la decisión de la A Quo, al considerar que con la prueba aportada en el proceso quedaron acreditados los elementos del tipo penal antes referido, de ahí entonces que se ratificara la calificación del delito al examinar la prueba aportada en la audiencia respectiva.-ALEGACIÓN DE LA RECURRENTE.- CONSIDERANDO (6): Que la impetrante estimó la decisión de la Alzada como violatoria de la garantía al debido proceso, derecho de defensa, principio de legalidad, entre otros, afirmando que la defensa del imputado había actuado en forma [sic] “desleal” en el proceso, al solicitar una diligencia para mejor proveer consistente en una evaluación médica a los imputados para determinar si estos eran consumidores de drogas. -El cuestionamiento del ente fiscal radica en el hecho que la evaluación no era un medio de prueba desconocido—como lo establece el artículo 333 del CPP—sino que había sido solicitado por la defensa previamente. La recurrente omite referirse sin embargo a las razones por las que el dictamen no fue remitido por la Dirección de Medicina Forense, que es lo que parece haber conminando a la defensa para peticionar esta diligencia para mejor proveer, dado que al parecer dicha evaluación solo podía ser entregada a un agente del Ministerio Público, el que claramente no hizo gestión alguna para hacer llegar la evaluación al juzgado de letras.-RAZONAMIENTO DE LA SALA.-CONSIDERANDO (7): Que la garantía al debido proceso comporta que toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso, a permitirle tener oportunidad de ser oído y a hacer valer sus pretensiones legitimas frente al juez.-CONSIDERANDO (8): Que esta Sala ha dejado establecido en amplia jurisprudencia que el párrafo primero del artículo 90, en tanto norma constitucional concernida, se traduce de un modo general en el deber que tienen los Tribunales de garantizar una tutela judicial efectiva, la cual se viene caracterizando como un ajustado sistema de garantías para las partes en el proceso, que permitan, a quien pretenda hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba.-La Sala ha declarado en reiteradas decisiones[1], que la tutela judicial efectiva comporta como contenido esencial y primario, el derecho de obtener de los órganos jurisdiccionales integrantes del Poder Judicial, una resolución razonada y fundada en derecho que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio, lo cual genera en los jueces, en forma evidente, el deber de cumplir con las exigencias fundamentales del proceso.-CONSIDERANDO (9): Que, con respecto a las diligencias para mejor proveer, las mismas están autorizadas en el artículo 333 del Código Procesal Penal, el cual dispone:“…Durante el juicio, solamente podrán evacuarse los medios de prueba oportunamente propuestos por las partes. El Tribunal podrá, sin embargo, a petición de parte o de oficio, ordenar que se practiquen otras pruebas si durante el juicio se ha puesto de manifiesto la omisión de un elemento de prueba importante antes no conocido. Dichas pruebas podrán ser ordenadas también por el juez en la audiencia inicial…”.-CONSIDERANDO (10): Que en el asunto objeto de examen no hay lugar a discutir que el juez de letras tiene la potestad legal para ordenar diligencias para mejor proveer en la audiencia inicial, pues la misma norma así lo dispone. -El Ministerio Público cuestionó como violatoria a la garantía a un debido proceso, la decisión de la A Quo de acceder a esta diligencia para mejor proveer solicitada por la defensa con el fin de hacer llegar al proceso evaluaciones médico-toxicológicas de los imputados.-El ente fiscal sostuvo que estos elementos probatorios no podían ser estimados como no conocidos, puesto que fueron peticionados previamente después de la declaración de los imputados.-La Fiscalía llegó inclusive a cuestionar la lealtad en el proceso por parte de la defensa, y la objetividad de la juzgadora por acceder a llevar a cabo una inspección a las oficinas de medicina forense para procurar estas evaluaciones toxicológicas que, efectivamente, habían sido ordenadas por el juzgado de instancia, como consta en autos (F8).-CONSIDERANDO (11): Que si bien hay lugar para debatir si el alcance del artículo 333 fue interpretado correctamente por la juez de instancia, existen otras circunstancias a considerar en este caso, como es el hecho que en audiencia se aportaron otros medios probatorios que sirvieron para fundar la decisión de la juzgadora, y además que estas evaluaciones fueron solicitadas por la defensa conforme a ley en forma oportuna, y que, no obstante que su ejecución fue ordenada por parte del juzgado, la Dirección de Medicina Forense hizo caso omiso a la orden judicial, sin que mediase explicación o justificación alguna. -Esta Sala considera que las diligencias para mejor proveer no están establecidas para subsanar actuaciones inconclusas dentro del proceso, pero en el caso que nos ocupa, la juez parece haberla dispuesto para hacer llegar una prueba cuya evacuación fue omitida por la Dirección de Medicina Forense, dependiente del Ministerio Público, lo cual aunque discutible, no llega a establecerse en sí misma como una violación constitucional pues esta Sala no observa que la diligencia de inspección que fue ordenada haya resultado en una privación real, efectiva o actual y tampoco en una limitación sustancial del derecho de defensa pues la accionante del Ministerio Público no se ha vio de ninguna forma imposibilitada para efectuar sus alegaciones o de probar lo alegado en el proceso con la prueba que allegó al mismo.-Adicionalmente, esta Sala estima que la juzgadora procuró—si bien de una forma no convencional—el cumplimiento de una resolución judicial, lo cual se le exige como parte de la tutela judicial efectiva, que incluye el derecho a la ejecución y por ende a la efectividad de las resoluciones emitidas por la jurisdicción. -CONSIDERANDO (12): Que la amparista debe recordar que las resoluciones judiciales—como la que ordenó la evaluación toxicológica de los imputados al inicio del proceso—no son meras declaraciones de intenciones y que los jueces devienen obligados a hacerlas cumplir, pues la efectividad de la tutela judicial no puede ser relegada al capricho de las partes o de las autoridades a quienes se les exige actuar, no en forma voluntariosa, sino que acatando su mandato conforme y dentro de la legalidad.-Adicionalmente, como ya queda dicho, se observa del examen de la audiencia inicial celebrada al efecto, que la decisión de la A Quo se fundó además en la valoración conjunta de toda la prueba aportada en la audiencia inicial, tal y como corresponde por disposición de la ley.-CONSIDERANDO (13): Que, por otro lado, esta Sala advierte que las alegaciones de la quejosa están orientadas mayormente al cuestionamiento de la decisión y razonamientos de la juez A Quo en relación a la diligencia para mejor proveer, pero son escasas con respecto a las consideraciones del Tribunal de Alzada, que es en sí la autoridad recurrida en este caso.-CONSIDERANDO (14): Que además de la alegada violación que se afirma fue causada por la decisión de ordenar una diligencia para mejor proveer por parte del juzgado de primera instancia, la impetrante cuestionó la valoración de elementos probatorios dentro del proceso.-La amparista denunció como violatoria la decisión de juzgar la acción de los imputados como compatibles con el consumo de marihuana, cuando a su parecer existía prueba suficiente para estimar cumplidas las exigencias constitucionales para dictar un auto de formal procesamiento.-CONSIDERANDO (15): Que esta Sala ha insistido en que la valoración de los elementos probatorios para efectos de decretar, ya sea un auto de formal procesamiento—o en este caso una declaratoria de reo—un sobreseimiento provisional o uno definitivo y con ello decidir sobre la probable o no atribución de un delito a él o a los imputados en una causa criminal, es una función que legalmente corresponde a los Juzgados y Tribunales de instancia del orden penal, de tal manera que el Juez Constitucional solamente ha de intervenir, cuando en tal valoración medie la arbitrariedad y/o se hayan quebrantado las formas o principios esenciales del proceso y con ello derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución de la República.-CONSIDERANDO (16): Que en este respecto vemos necesario reiterar que no compete a la acción constitucional de amparo la realización de la justicia penal en la forma de determinar la existencia o no de delito, ni el grado de participación en el mismo. -La Sala ha reafirmado que estas son valoraciones propias de instancia que corresponden a la jurisdicción penal y, como ya se dijo anteriormente, la justicia constitucional interviene cuando la decisión del juzgador en torno a estos aspectos ha resultado de arbitrariedad y/o desafuero a los principios que rigen el proceso, y por ende en menoscabo de las garantías judiciales y derechos fundamentales que el propio juez es llamado a asegurar y hacer efectivas.-CONSIDERANDO (17): Que corresponde a la jurisdicción penal ordinaria y no a la justicia constitucional determinar si los elementos probatorios aportados en el proceso penal resultan o no suficientes para acreditar si el acusado tuvo o no participación en los hechos que se le han imputado, correspondiendo esta función jurisdiccional con el principio de la libre valoración de la prueba. -En este respecto, es oportuno reiterar que esta Sala asiente con lo declarado por el Tribunal Constitucional español en cuanto a que la vigencia del principio de la libre valoración de la prueba impide a la jurisdicción constitucional decidir si las pruebas han sido correctamente valoradas por los tribunales de instancia[2].-No obstante, la posibilidad de control constitucional respecto a la formación de la convicción judicial sobre hechos constitutivos de delito existe, pero está limitada—como ya hemos dicho previamente—a determinados supuestos en los que la justicia constitucional puede intervenir, como aquellos casos en los que en la valoración de la prueba haya mediado arbitrariedad, error, o que para tal valoración se hayan quebrantado las formas o principios esenciales del proceso.-CONSIDERANDO (18): Que en el asunto objeto de examen, la Alzada determinó que con la prueba aportada en el proceso se pudo establecer una mínima actividad probatoria para estimar la participación de los imputados en el delito de posesión de drogas para consumo, ratificando así el parecer de la juez de instancia. - En su sentencia, la Alzada estableció con razonamientos fundados el porqué de su decisión, la que se encaminó a la emisión de una declaratoria de reo en contra de los acusados, la cual procede cuando el delito cometido no merece pena de privación de la libertad.-CONSIDERANDO (19): Que esta Sala de lo Constitucional encuentra que el Tribunal de Alzada se ha limitado a ejercer la función jurisdiccional que le ha sido delegada por mandato constitucional, siendo la apreciación de los elementos del tipo, como la valoración probatoria, también propias de esa función que no compete al recurso de amparo invadir, toda vez que del fallo que se conoce no se aprecia arbitrariedad, desafuero o trasgresión a derechos constitucionales o a los principios que rigen el proceso, haciendo la autoridad recurrida aplicación de los mismos sin desatender su deber de establecer la vigencia del derecho al caso que fue llamado a fallar y resolver. -La Sala observa además que la resolución impugnada ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio.-CONSIDERANDO (20): Que, a diferencia de los argumentos esgrimidos por la recurrente, esta Sala no advierte que con la resolución impugnada se violente, lesione o se atente contra la garantía del debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República. -La decisión emanada del Tribunal de segundo grado de considerar acreditada la participación de los imputados en hechos distintos por los que se ejerció la acción penal respectiva, es una decisión que concierne a la justicia ordinaria, y ha sido acordada por la Alzada sin que se logre observar arbitrariedad en ella, o desatención a los principios constitucionales denunciados como transgredidos; por el contrario, se observa que la Corte de Apelaciones ha sido suficientemente explícita en sus apreciaciones, correspondiendo éstas a sus facultades legales y a las actuaciones del proceso, sin que se anteceda un quebramiento de sus principios o formas esenciales, como ya queda dicho. -CONSIDERANDO (21): Que, por las razones anteriormente expuestas, esta Sala de lo Constitucional, al no advertir vulneración manifiesta o evidente por la que se hayan disminuido o quebrantado derechos o garantías constitucionales por parte del Tribunal de Alzada, es del firme criterio porque se deniegue la acción de amparo interpuesta por la recurrente y así debe declararse.-PARTE RESOLUTIVA.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, y en aplicación de los artículos: 79, 82, 90, párrafo primero, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1, 321, 323, de la Constitución de la República; 8, 10 y 20 de la Declaración Universal Sobre Derechos Humanos; 14.1, 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; XXI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8.1 y 15 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 No. 5 y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, numeral 2), 7, 8, 9 numeral 3), 41 No.2, 45, 48, 63 último párrafo, y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: DENEGANDO el recurso de amparo interpuesto por la Abogada JESSICA GEORGINA HERNÁNDEZ, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución de fecha veintinueve (29) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), dictada por la CORTE DE APELACIONES PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, de la que se hace mérito en este fallo; Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado ORTEZ CRUZ. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA .- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los veintisiete (27) días del mes de septiembre del año dos mil veintiuno (2021), Certificación de la Sentencia de fecha veinticinco (25) de agosto del año dos mil veintiuno (2021), recaída en el Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 1089-2019.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] APC 631-12: AP 21-11: APC 91-11; AC 94-11
[2]PICÓ I JUNOY, “Las garantías constitucionales del proceso”, Bosch Editor, Barcelona, 2012, págs. 199-200