Sentencia AP-1087-20 — Registro 14598
Resumen
Sentencia confirmó resolución dictado por juzgado de primera instancia que dictó sobreseimiento definitivo ordenando emitir las cartas de libertad contra imputados por suponerlos responsables del delito de tráfico ilegal de personas y tráfco ilícito de drogas en perjuicio del Estado de Honduras; El Tribunal de Apelaciones considera que recurrente no logró acreditar la concurrencia de los elementos iícitos imputados, por lo que no son de recibo los agravios y comparte la decisión judicial recurrida
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"para dictar un auto de formal procesamiento deben concurrir los elementos de la tipificación legal del delito de Tráfico ilegal de Personas, sin embargo en la resolución impugnada no se aprecia la concurrencia de los elementos que conforman el delito por el que se acusa. En cuanto al análisis realizado por el Ad quem, en cuanto al delito de Tráfico de drogas es conforme a derecho. En consecuencia, la resolución dictada por el Ad quem, contiene un análisis exhaustivo del acervo probatorio sometido al contradictorio durante la audiencia inicial, por lo que la decisión de dictar un Sobreseimiento definitivo a favor de los señores: HECTOR ARMANDO JACOME MARTINEZ, JOSÉ LUIS GALKINDO JACOME Y OSCAR ERNESTO HERNÁNDEZ SANDOVAL, en el proceso que se les sigue por suponerlos responsables del delito de TRÁFICO DE PERSONAS, en perjuicio de la libertad y seguridad de las personas, y Sobreseimiento Provisional a favor del señor OSCAR ERNESTO HERNÁNDEZ SANDOVAL por el delito de TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS, es conforme a derecho..."..."Esta Sala observa que el Ad quem ha motivado su resolución, expresando de manera clara, precisa y suficiente, los motivos por los que ha desestimado la apelación pretendida y confirmado la resolución dictada por el A quo..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 92 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 10 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código Procesal Penal, art. 141 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 338 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 54 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, tres de noviembre del dos mil veintiuno. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la abogada SUSSY G. COELLO GARCIA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución emitida por la Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, en fecha doce de marzo de dos mil veinte, que confirma el sobreseimiento definitivo dictado por el Juzgado de Letras Seccional de Olanchito, departamento de Yoro, en fecha cinco de diciembre de dos mil diecinueve, con relación a la causa instruida contra los señores HECTOR ARMANDO JACOME MARTINEZ, JOSE LUIS GALINDO JACOME y OSCAR ERNESTO HERNANDEZ SANDOVAL, por suponerlos responsables del delito de PORTACION ILEGAL DE PERSONA en perjuicio del ESTADO DE HONDURAS. Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representada el artículo 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha treinta de noviembre del año dos mil diecinueve, compareció ante el Juzgado de Letras Seccional de Olanchito, departamento de Yoro, el abogado RENE NUÑEZ, actuando en su condición de fiscal del Ministerio Público, presentando Requerimiento Fiscal contra los señores HECTOR ARMANDO JACOME MARTINEZ alias EL CHELE, JOSE LUIS GALINDO JACOME y OSCAR ERNESTO HERNANDEZ SANDOVAL alias EL HUEVO, por suponerlos responsables del delito de TRAFICO ILICITO DE DROGAS, en perjuicio de LA SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS. 2) Que en fecha cinco de enero del año dos mil diecinueve, en la celebración de la audiencia inicial el Juzgado de Letras citado resolvió decretar RESUELVE: PRIMERO: Declarar No ha Lugar la petición del Ministerio Publico de dictar un AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO en contra de los señores HECTOR ARMANDO JACOME MARTINEZ alias EL CHELE, JOSE LUIS GALINDO JACOME y OSCAR ERNESTO HERNANDEZ SANDOVAL alias EL HUEVO, por el delito de TRAFICO DE PERSONAS en perjuicio de LA LIBERTAD Y SEGURIDAD DE LAS PERSONAS y contra el señor OSCAR ERNESTO HERNANDEZ SANDOVAL “Alias el Huevo” por el delito de TRAFICO ILICITO DE DROGA en perjuicio de LA SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS. SEGUNDO: Se dicta a favor de los señores HECTOR ARMANDO JACOME MARTINEZ alias EL CHELE JOSE LUIS GALINDO JACOME y OSCAR ERNESTO HERNANDEZ SANDOVAL alias EL HUEVO, un SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO por el delito TRAFICO ILICITO DE PERSONAS en perjuicio de LA LIBERTAD Y SEGURIDAD DE LAS PERSONAS. Asimismo se dicta a favor del señor OSCAR ERNESTO HERNANDEZ SANDOVAL “Alias el Huevo” un SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL por el delito de TRAFICO ILICITO DE DROGAS, en perjuicio de LA SALUD DEL ESTADO DE HONDURAS; por lo que se ordena emitir las correspondientes cartas de libertad y se libre atento oficio al director del Centro Penal de esta ciudad, a fin de que se proceda a dejar en inmediata libertad a los señores HECTOR ARMANDO JACOME MARTINEZ “Alias el Chele” y OSCAR ERNESTO HERNANDEZ SANDOVAL alias EL HUEVO. (Folios del 266 al 290 del tomo II del A-QUO).3) Que en fecha doce de marzo de dos mil veinte, la Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, FALLÓ: PRIMERO: Declarar NO HA LUGAR al Recurso de Apelación. SEGUNDO: CONFIRMAR la resolución de fecha cinco de diciembre de dos mil diecinueve. (Folios del 06 al 10 de los antecedentes del Ad-Quem).4) La recurrente abogada SUSSY G. COELLO GARCIA, compareció ante este Tribunal, en fecha veintiséis de noviembre del año dos mil veinte, reclamando amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, afirmando que la decisión del Ad-quem, de doce de marzo de dos mil veinte, es violatoria de lo dispuesto el artículo 90 de la Constitución de la República. 5) Que en fecha diez de mayo del año dos mil veintiuno, esta Sala tuvo por recibido el escrito de formalización de la acción y ordenó seguir con el procedimiento, omitiendo la vista al Fiscal del despacho conforme lo prescrito por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Publico. CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO (3): Que el acto contra el cual se reclama es la resolución dictada en fecha doce de marzo del año dos mil veinte, por la CORTE DE APELACIONES DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LA Ceiba, Departamento de Atlántida, que CONFIRMO la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE Olanchito, departamento de Yoro, EN FECHA |2 DE MARZO DEL 2020, con relación a la causa instruida contra los señores: HECTOR ARMANDO JACOME MARTÍNEZ, JOSE LUIS JACOME y OSCAR ERNESTO VÁSQUEZ SANDOVAL, por suponerlos responsables del TRÁFICO ILÍCITO DE PERSONAS en perjuicio del ESTADO DE HONDURAS. CONSIDERANDO (4): Que el recurrente en la formalización de acción de amparo, expone: que presentado el requerimiento fiscal, se celebró audiencia inicial en fecha 05 de diciembre del año 2019, en la que el Juez instructor desestimó la petición del Ministerio Público y dictó a favor de los encausados un sobreseimiento definitivo, por el delito de TRAFICO ILEGAL DE PERSONAS; así como, in sobreseimiento provisional a favor del señor OSCAR ERNESTO HERNANDEZ SANDOVAL, por el delito de TRAFICO ILICITO DE DROGAS, no conforme con dicha resolución se presentó recurso de apelación mismo que fue desestimado confirmando la resolución impugnada. El Ministerio Público expone que la resolución impugnada vulnera el Derecho al Debido proceso contenido en el artículo 90 constitucional en relación con lo preceptuado en el artículo 141 del Código Procesal Penal, que establece el deber de motivación de las resoluciones judiciales dictadas en materia penal. CONSIDERANDO (5): Que el recurrente manifiesta que el Ad quem en la resolución impugnada vulnera el debido proceso porque la resolución carece de motivación suficiente, ya que en su razonamiento se limitó a establecer que en el caso que nos ocupa no se logró acreditar la concurrencia de todos los elementos del ilícito imputado ni la participación de los encausados en la comisión del delito de Tráfico de Personas, razonamiento que de acuerdo a la representación fiscal inobserva el deber de motivación reconocido constitucionalmente y en los instrumentos internacionales y desarrollados en el artículo 141, con relación al artículo 202 del código Procesal Penal, ya que no se aprecia que el Ad quem apoyó su decisión en conclusiones razonables, derivadas y deducidas de las pruebas evacuadas en audiencia inicial, así como tampoco explica en qué circunstancias fueron tomadas en consideración para no atribuirles valor probatorio a la prueba de cargo aportada por el ente acusador; lo que a su vez constituye una inobservancia del mandato legal de valoración conjunta que requiere el debido proceso. CONSIDERANDO (6): Que el recurrente manifiesta que el argumento motivacional del Ad quem solamente se sustentó en la declaración del testigo de cargo, sin pronunciarse sobre el resto de los elementos de prueba aportados al proceso como ser; 1) Acta de seguimiento y vigilancia efectuada a los encausados los días 13 y 14 de abril del 2019; 2) Oficio de la Empresa Tigo referente al número 9476-0118, perteneciente al señor HECTOS ARMANDO JACOME MARTÍNEZ; 3) Acta de entrega de imágenes y videos del 911, respecto al vehículo Marca Honda, Placa PDZ-6027, conducido por el señor HECTOR JACOME; 4) Sinopsis de las escuchas telefónicas al No. 9476-0118; 5) Dictamen o informe de pericia de extracción al celular No. 9741-2926, decomisado al señor OSCAR ERNESTO HERNÁNDEZ SANDOVAL, loa que de haber sido valorados en forma conjunta por el juzgador, dan lugar a apreciar que la declaración del Agente de Investigación no solo consistió en la información obtenida a través de una “fuente humana”, sino que también se sustentó en el resto de elementos de prueba aportados al proceso que a su vez sirvieron para corroborar la información obtenida por la fuente humana y, por ende acreditar la existencia de los elementos concurrentes para tipificar los ilícitos penales de Tráfico Ilegal de Personas y Tráfico Ilícito de Personas, así como el indicio de participación de los encausados. Señala que el Ad quem omitió pronunciarse sobre todos los elementos de prueba que obran en el proceso, lo que constituye inobservancia de los parámetros que comprenden una debida motivación de las resoluciones judiciales y con ello una violación al derecho que toda persona tiene de acceder a la justicia mediante resoluciones razonablemente motivas y fundadas en ley. CONSIDERANDO (7): Que el recurrente en cuanto al delito de tráfico de drogas que se le imputa al encausado OSCAR ERNESTO HERNÁNDEZ, se desprende que el Ad quem omitió la motivación y valoración del material indiciario que corre agregado, que valoradas en su conjunto constituyen el indicio objetivo que constata su credibilidad y la suficiente prueba conforme el mandato constitucional para el dictado del auto de formal procesamiento, más aún cuando lo que se valora en esta etapa del juicio (etapa inicial) es la probabilidad razonable que el acusado pudo incurrir en dicho delito. El Ad quem en su resolución no valora o externa las causas o reglas de la sana crítica que lo llevaron a descalificar todos los elementos indiciarios que apuntan a la participación del procesado en el delito que se le imputa y que fueron acreditados con el dictamen de extracción de información y la intervención telefónica y sobre los cuales el Ad quem omitió pronunciarse. Con todo ello señala también se vulnera la tutela judicial efectiva, edn cuanto asegura que una resolución fundada en derecho es un elemento esencial en el proceso, donde el juzgador justifique conforme las reglas de la sana crítica el valor probatorio que le haya dado a las mismas. CONSIDERANDO (8): Que la Corte de Apelaciones impugnada en el párrafo de la motivación probatoria y jurídica deja establecido: “ De la revisión de la audiencia inicial ut supra, se desprende que con la prueba allegada al proceso, el ente acusador no ha logrado acreditar la participación de los encausados en la comisión del delito de Tráfico de Personas, puesto que el testigo de cargo señor Mario Alexis Rodríguez López, declaró que “mediante fuente humanan recibió la información que en la aldea nombre de Jesús había una persona que llevaba bastantes personas a los Estados Unidos que se llama Héctor Jácome alias El Chele…”, toda su declaración consistió en información obtenida a través de una fuente humana, aunado al hecho que relata el seguimiento efectuado a los encausados los días 13 y 14 de abril del 2019, con el cual se estableció que los señores Héctor Armando Jácome Martínez, José Luis Galeano, dos mujeres un menor de edad, se conducían en vehículo, color blanco, Marca Honda, llegando a la ciudad de San Pedro Sula, y al día siguiente continuaron su viaje las mujeres y el menor, en un autobús, sin que pudiese comprobarse que se estaba realizando un traslado ilegal de personas, de igual manera la cantidad de dinero que le fue encontrado al señor OSCAR ERNESTO HERNÁNDEZ SANDOVAL, por sí sola no es suficiente para acreditar que se ha cometido el delito de TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. Por ello, el Ad quem, comparte la valoración de del A quo, estimando que la misma ha tenido lugar dentro de los parámetros de legítima procedencia, según lo previsto en los artículos 202 y 294 del código procesal penal. CONSIDERANDO (9): Que el Ad quem invoca el artículo 297.1 párrafo segundo del Código Procesal Penal que dispone; “Para decretar el auto de prisión el Juez considerará como plena prueba de haberse cometido un delito, la concurrencia de todos los elementos de su tipificación legal y estimara como indicio racional todo hecho, acto o circunstancia que le sirva para adquirir la convicción de que el imputado ha participado en la comisión del delito”. Deja establecido que en el caso de autos no se ha logrado acreditar la concurrencia de todos los elementos de los ilícitos imputados, por lo que no son de recibo los agravios esgrimidos y se comparte la decisión judicial recurrida. En consecuencia, el Ad quem señala que analizado el caso y con fundamento en los artículos 354 y 358 del código procesal penal y la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en su artículo 25, que dispone que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier recurso efectivo ante los jueces o Tribunales competentes, comparte la decisión judicial recurrida, así que por las razones supra indicadas debe confirmarse la resolución impugnada. CONSIDERANDO (10): Que el derecho al Debido Proceso busca confirmar la legalidad y correcta aplicación de las leyes dentro de un marco de respeto mínimo a la dignidad humana dentro de cualquier tipo de proceso, entendido este como “Aquella actividad compleja, progresiva y metódica, que se realiza de acuerdo con reglas preestablecidas, cuyo resultado será el dictado de la norma individual de conducta (sentencia), con la finalidad de declarar el derecho material aplicable al caso concreto[1]”. El Debido proceso está contemplado en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en su artículo 7 inciso 6; 8 incisos 2, 3, 4, 5, referidos a las garantías judiciales a que tiene derecho toda persona sometida a un proceso; Artículos 9, del principio de legalidad y la no retroactividad de la ley; 24 igualdad ante la ley; 25 protección Judicial. Los Estados Partes en la Convención Americana tienen la obligación internacional de respetar dichos principios artículo 1.1 de la Convención, por constituir normas auto ejecutables, es decir normas incorporadas al derecho interno, por otra parte, en caso de que dichos Estados todavía no hayan establecido, dichas garantías mínimas dentro de su legislación, tienen la obligación internacional de “adoptar con arreglo a sus procedimientos constitucionales y las disposiciones de la Convención las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades Artículo 2. 1 convención americana Sobre Derechos Humanos. Por ello es necesario un justo equilibrio entre el ciudadano y el Estado donde las garantías procesales adquieren sentido y actualidad al evitar la arbitrariedad e inseguridad que provocaría en la sociedad una carencia del individuo para proteger el interés general de la averiguación de la verdad real y el éxito de la administración de justicia[2]. CONSIDERANDO (11): Que el Estado de Honduras acorde con los postulados de la Constitución de la República y los Tratados Internacionales Sobre Derechos Humanos, a través del poder legislativo ha creado los instrumentos jurídicos que han de aplicarse en los casos concretos dirigidos a la aplicación de la ley tanto sustantiva como adjetiva en materia penal, acorde con los postulados constitucionales, cuya inaplicabilidad socava los pilares del Estado de Derecho, tal normativa garantiza y respeta el ejercicio de los derechos de las partes en el proceso, y rectora los principios en que descansa el proceso penal amparado constitucionalmente.CONSIDERANDO (12): Que el artículo 92 constitucional establece: “Solo podrá decretarse auto de formal procesamiento, cuando exista evidencia probatoria de la existencia de un delito e indicios racionales de que el imputado es autor o cómplice”. Del estudio de la foliada se aprecia que sigue un proceso contra los acusados por un delito de Tráfico ilegal de Personas y Tráfico Ilícito de Drogas. En relación al delito de Tráfico Ilegal de Personas como queda expuesto en considerandos anteriores, la ley prevé una serie de verbos rectores, dentro de los que se enmarcan las acciones criminales que enmarcan dicho delito, siguiendo ese orden de ideas para dictar un auto de formal procesamiento deben concurrir los elementos de la tipificación legal del delito de Tráfico ilegal de Personas, sin embargo en la resolución impugnada no se aprecia la concurrencia de los elementos que conforman el delito por el que se acusa. En cuanto al análisis realizado por el Ad quem, en cuanto al delito de Tráfico de drogas es conforme a derecho. En consecuencia, la resolución dictada por el Ad quem, contiene un análisis exhaustivo del acervo probatorio sometido al contradictorio durante la audiencia inicial, por lo que la decisión de dictar un Sobreseimiento definitivo a favor de los señores: HECTOR ARMANDO JACOME MARTINEZ, JOSÉ LUIS GALKINDO JACOME Y OSCAR ERNESTO HERNÁNDEZ SANDOVAL, en el proceso que se les sigue por suponerlos responsables del delito de TRÁFICO DE PERSONAS, en perjuicio de la libertad y seguridad de las personas, y Sobreseimiento Provisional a favor del señor OSCAR ERNESTO HERNÁNDEZ SANDOVAL por el delito de TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS, es conforme a derecho. El referido sobreseimiento provisional dará lugar al Ministerio Público continuar con la investigación que le permita respaldar el requerimiento fiscal. CONSIDERANDO (13): Que la motivación de la sentencia en sentido estricto se desglosa en motivación fáctica, esto es argumentación de las razones que avalan la reconstrucción que el Tribunal hace de lo sucedido, expresando las pruebas en que se funda y las razones de su persuasividad; y la motivación jurídica, esto es la explicación del razonamiento sobre el que se construye el tratamiento jurídico del caso, o si se prefiere de la subsunción típica del hecho enjuiciado. El razonamiento judicial es el procedimiento de valoración de la prueba propiamente dicho y con ello se responde al porqué se dicta una resolución y no otra, por qué se consideran determinados elementos de prueba y por qué se les concede credibilidad o no, valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba de acuerdo a las reglas de la sana crítica, es decir de la lógica, psicología y experiencia común, que están constituidas por las leyes fundamentales de la coherencia y la derivación y por los principios lógicos de identidad, contradicción, tercero excluido y razón suficiente. Lo anterior está previsto en el artículo 141 párrafo 2do, 3ero, 4to, relacionado con el artículo 338 del Código Procesal Penal, referidos por su orden la motivación de la sentencia que debe ser clara y precisa y la valoración de la prueba acorde a las reglas de la sana crítica. Esta Sala observa que el Ad quem ha motivado su resolución, expresando de manera clara, precisa y suficiente, los motivos por los que ha desestimado la apelación pretendida y confirmado la resolución dictada por el A quo. CONSIDERANDO (14): Que el derecho a la tutela judicial efectiva comprende en un triple e inescindible enfoque: a) La libertad de acceso a la justicia, eliminando los obstáculos procesales que pudieran impedirlo. b) De obtener una sentencia de fondo, es decir motivada y fundada, en un tiempo razonable, más allá del acierto de dicha decisión. c) Que esa sentencia se cumpla, o sea a la ejecutoriedad del fallo[3]. A su vez el art.8 de la Convención Americana de Derechos humanos, Pacto de San José de Costa Rica, que reconoce a toda persona el derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente, imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. Y el artículo 25 establece el derecho a un recurso sencillo y rápido o cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. CONSIDERANDO (15): Que, por lo antes expuesto, esta Sala de lo Constitucional como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico. POR TANTO: La Sala Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, en aplicación de los artículos 15, 59,62, 82, 89 90, 183, 303, 313 No.5, y 316, de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No. 5, 132 y 145 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9 No. 2, 41, 54, 63 de la ley Sobre Justicia Constitucional, Artículo 8 de La Convención Americana de Derechos Humanos; 8, y 10 de La Declaración Universal de los Derechos Humanos; 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Artículo IV de La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; FALLA: DENEGANDO el Recurso de amparo, interpuesto por la Abogada SUSSY G. COELLO GARCIA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia de fecha doce de marzo del año dos mil veinte, dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida. MANDA: que con la certificación de este fallo remita los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó la Magistrada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. - NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO.LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los trece días del mes de diciembre del año dos mil veintiuno, certificación de la sentencia de fecha tres de noviembre del año dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Amparo Penal bajo el número SCO-1087-2020.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.
[1]Arazi Roland, Apud, Rodríguez Rescia Victor Manuel. El Debido Proceso Legal y la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.Pág.1296.
[2] Al considerar los elementos anteriores “se pone de manifiesto la importancia trascendental que tiene el proceso, ya que su propia institucionalidad representa el influjo de muchas corrientes de pensamiento que tienen su idea central en el respeto y vigencia de los Derechos Humanos...”. Thompson (José), Apud. Rodríguez Rescia. Pág.1297. Las garantías penales y procesales en el derecho de los derechos humanos , ILANUD, San José, Costa Rica, 1991, pág. 63.
[3] Grillo María Isabel Iride. El Derecho a la Tutela Judicial Efectiva. http://www.saij.gob.ar/iride-isabel-maria-grillo-derecho-tutela-judicial-efectiva-dacf040088-2004/123456789-0abc-defg8800-40fcanirtcod