Sentencia AP-1079-20 — Registro 13046
Resumen
Se interpuso Recurso de Amparo que declaró ha lugar el recurso de apelación por el delito de Extorsión en perjuicio de Testigo Protegido CH-011-2020 y por los delitos de Extorsión y Portación Ilegal de Armas de Fuego de Uso Comercial en perjuicio de Testigo Protegido CH-011-2020 y de la Seguridad Interior del Estado de Honduras, respectivamente. Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado, los derechos consagrados en los artículos 61, 82, 90, 92 y 98 de la Constitución de la República.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO:(13) Que la valoración de los elementos probatorios en orden a determinar si es o no procedente dictar un Auto de Formal Procesamiento, es una tarea que en esencia corresponde ejercer a los Juzgados y Tribunales de instancia del orden penal, de ahí que el Juez Constitucional solo ha de intervenir cuando en esa valoración el Juez ordinario ha quebrantado o vulnerado derechos fundamentales consagrados en la Constitución de la República. Los medios de prueba evacuados en la audiencia inicial darán luz para que el Juez de Instrucción proceda a establecer la situación jurídica del o los imputados, de acuerdo al artículo 294 tercer párrafo del Código Procesal Penal. En consecuencia, si no procede el Sobreseimiento Provisional y/o Definitivo, procederá se dicte el Auto de Formal Procesamiento, para ello no se requiere que exista en el ánimo del Juez un estado de certeza sobre la culpabilidad el procesado, sino la conclusión de que el imputado, con un grado razonable de probabilidad ha podido incurrir en la comisión de un hecho tipificado como delito.-CONSIDERANDO: (14) Que en este sentido, el Auto de Formal Procesamiento es una valoración o juicio de carácter hipotético y esencialmente provisional, que en otra etapa ulterior del proceso puede ser revocado o modificado de acuerdo a las reglas establecidas por el Código Procesal Penal y por ello eventualmente puede dar lugar a una resolución en la que se declare sin lugar la hipótesis acusatoria, ya sea por haberse puesto de manifiesto la inocencia del sospechoso o por existir una duda razonable en torno a su culpabilidad.-CONSIDERANDO: (15) Que analizado el razonamiento seguido por la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Extorsión, que Revoca el Sobreseimiento Provisional a favor de los señores: CANDIDO DONALDO BUSTILLO LOPEZ y BENEDICTO ORTIZ, y ordena se mantenga el Auto de Formal Procesamiento y se emita el Auto de Apertura a Juicio en contra de los imputados. Esta Sala aprecia que la resolución dictada por el Ad Quem no es ajena a las reglas mínimas de la lógica y la coherencia, aplicadas al contexto factico, y con el acervo probatorio incorporados al expediente judicial (documental y testifical), en la Etapa Preparatoria se ha producido una mínima actividad probatoria de cargo que justifica la continuación del proceso penal incoado contra los encartados. De ahí que, al no constatarse la vulneración de preceptos constitucionales en perjuicio de los imputados, y sin prejuzgar de ningún modo en torno a su culpabilidad, la Sala es del criterio porque se Deniegue el Amparo interpuesto, sin perjuicio del derecho que les asiste para seguir aportando elementos probatorios en el transcurso del proceso y formular los alegatos que estime pertinentes, en orden a preservar el estado de inocencia, que la misma Constitución le garantiza.-CONSIDERANDO:(16) Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico por todo lo antes expuesto procede conforme a Derecho DENEGAR el Recurso Amparo intentado.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 41 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 45 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 120 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diez de agosto de dos mil veintiuno.-VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada Yesenia Suyapa Ramos García, a favor del señor Benedicto Ortíz, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Extorsión, en fecha veintitrés de octubre de dos mil veinte, que declaró ha lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Penal con Competencia Territorial Nacional en Materia de Extorsión, en fecha treinta y uno de agosto de dos mil veinte, con relación a la causa instruida contra el señor Cándido Donaldo Bustillo López, por suponerlo responsable a título de autor del delito de Extorsión en perjuicio de Testigo Protegido CH-011-2020 y contra el señor Benedicto Ortíz, por suponerlo responsable de los delitos de Extorsión y Portación Ilegal de Armas de Fuego de Uso Comercial en perjuicio de Testigo Protegido CH-011-2020 y de la Seguridad Interior del Estado de Honduras, respectivamente. Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado, los derechos consagrados en los artículos 61, 82, 90, 92 y 98 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES: 1) Que en fecha tres de junio de dos mil veinte, compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Nacaome, departamento de Valle, el Abogado Isaí Evenot Campos Rodriguez, actuando en su condición de Agente Fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal contra el señor Cándido Donaldo Bustillo López, por suponerlo responsable a título de autor del delito de Extorsión en perjuicio de Testigo Protegido CH-011-2020 y contra el señor Benedicto Ortíz, por suponerlo responsable de los delitos de Extorsión y Portación Ilegal de Armas de Fuego de Uso Comercial en perjuicio de Testigo Protegido CH-011-2020 y de la Seguridad Interior del Estado de Honduras, respectivamente. (Folios 1-3 del de la pieza del A-quo).-2) El Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Nacaome, departamento de Valle, en fecha tres de junio de dos mil veinte, remitió las diligencias al Juzgado de Letras Penal con Competencia Territorial Nacional en Materia de Extorsión. (remisión entre los folios 16 y 17 de la pieza del A-quo).-3) El Juzgado de Letras Penal con Competencia Territorial Nacional en Materia de Extorsión, en fecha cuatro de junio de dos mil veinte, tuvo por recibidas las diligencias que contienen la causa instruida contra los señores Cándido Donaldo Bustillo López y Benedicto Ortíz. (Folio 18 de la pieza del A-quo).-4) En fecha ocho de junio de dos mil veinte, el Juzgado de Letras Penal con Competencia Territorial Nacional en Materia de Extorsión, en la celebración de la audiencia inicial, resolvió: 1.-AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO, en aplicación al artículo 294 numeral 3) del Código Procesal Penal, contra CÁNDIDO DONALDO BUSTILLO LÓPEZ Y BENEDICTO ORTÍZ, por suponerlos responsables del delito de EXTORSIÓN, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO “CH-011-2020”. 2.-AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO, contra BENEDICTO ORTÍZ, por suponerlo responsable del delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO DE USO COMERCIAL, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, como medida proporcional e idónea se decreta la Prisión Preventiva… (Folios 42-45 del antecedente).-5) Que en fecha treinta y uno de agosto de dos mil veinte, el Juzgado de Letras Penal con Competencia Territorial Nacional en Materia de Extorsión, en la celebración de la audiencia preliminar, resolvió: 1.-SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL, en aplicación al artículo 294 numeral 3) del Código Procesal Penal, a favor de CÁNDIDO DONALDO BUSTILLO LÓPEZ Y BENEDICTO ORTÍZ, a quienes se les supone responsables del delito de EXTORSIÓN, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO “CH-011-2020”. Se ordena se emita el oficio correspondiente para la inmediata LIBERACIÓN de los señores CÁNDIDO DONALDO BUSTILLO LÓPEZ Y BENEDICTO ORTÍZ, a la Penitenciaría de la ciudad de Nacaome. (Folios 94-95 del antecedente).-6) Conociendo del recurso de apelación interpuesto por la Abogada Keiry Montalván, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, contra el laudo referido en el numeral que antecede; la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Extorsión, en fecha veintitrés de octubre de dos mil veinte, por mayoría de votos, resolvió: PRIMERO: Declarar HA LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la Fiscal del Ministerio Público. SEGUNDO: REVOCAR la resolución recurrida, en relación con el SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL emitido por el delito de EXTORSIÓN; en consecuencia, se sostiene el AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO y se ORDENA que el A-quo proceda a emitir el AUTO DE APERTURA A JUICIO contra los imputados CÁNDIDO DONALDO BUSTILLO Y BENEDICTO ORTÍZ, por suponerlos responsables del delito de EXTORSIÓN, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO CH-11-2020. (Folios 4-10 de la pieza del Ad-quem).-7) Que la recurrente, Abogada Yesenia Suyapa Ramos García, compareció ante este Tribunal, en fecha veinticinco de noviembre de dos mil veinte, interponiendo acción de amparo a favor del señor Benedicto Ortíz, afirmando que la decisión adoptada por Ad-quem, que ha sido relacionada en el numeral que antecede, es violatoria de los derechos consagrados en los artículos 61, 82, 90, 92 y 98 de la Constitución de la República.-8) Que en fecha dieciséis de abril de dos mil veintiuno, ésta Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma, en el recurso de mérito, el escrito presentado por la Abogada Yesenia Suyapa Ramos García, en su condición antes indicada, en consecuencia, continúese con el procedimiento de ley correspondiente, omitiendo dar la vista de las presentes diligencias al Fiscal, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. (Folio 37del recurso).-CONSIDERANDO: (1) Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación con el Artículo 303 de la Constitución de la República; 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.-CONSIDERANDO:(2) Que la Acción de Amparo es una Garantía Constitucional de carácter Excepcional y Extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 No.2 Constitucional, relacionado con el Artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.-CONSIDERANDO:(3) Que la Resolución contra la que se recurre en el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada YESENIA SUYAPA RAMOS GARCIA, es la dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE EXTORSIÓN, en fecha veintitrés de octubre del año dos mil veinte, que declaró Con Lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el Ministerio Publico contra la Resolución dictada por el Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Extorsión, de fecha treinta y uno de agosto del año dos mil veinte. Con relación a la causa instruida contra el señor BENEDICTO ORTIZ, por suponerlo responsable de los delitos de EXTORSIÓN Y PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO COMERCIAL, y el coimputado CANDIDO DONALDO BUSTILLO LOPEZ, por suponerlo responsable del delito de EXTORSIÓN, en perjuicio del Testigo Protegido CH-011-2020, y la Seguridad Interior del Estado de Honduras.-CONSIDERANDO:(4) Que la recurrente en la Formalización de la Acción de Amparo manifiesta, “Que el proceso dio inicio mediante Requerimiento Fiscal, en la que se señala a los señores BENEDICTO ORTIZ y CANDIDO DONALDO BUSTILLO LOPEZ, por suponerlos responsables del delito de EXTORSIÓN, en perjuicio del Testigo Protegido CH-011-2020, es así como en fecha 31 de agosto del año 2020 se celebró la Audiencia Preliminar del proceso, por haberse incorporado nuevos elementos de prueba que consistieron en Dictámenes Periciales, Videos Forenses y en Dactiloscopia y con los mismos se logró demostrar que los imputados no participaron en los hechos que se les imputan en el Requerimiento Fiscal, dichos elementos de prueba son: 1. Dictamen Pericial Video Forense, dictaminada por la Perito América García y 2. Dictamen en Dactiloscopía dictaminado por el Perito Merlín Adrián Zepeda Ávila, elementos probatorios que fueron propuestos y evacuados mediando requerimiento al Ministerio Publico, con el fin de poder acreditar la no participación de los imputados en los hechos que sustentan el Requerimiento Fiscal, y en base a lo que establece el artículo 302 último párrafo del Código Procesal Penal el Juzgador de primera instancia considero por ser lo procedente apegado a derecho dictar a favor de los procesados un Sobreseimiento Provisional de la causa”. Señala la amparista que “en la Audiencia Inicial del proceso en su oportunidad y solamente con la declaración del Testigo Protegido CH-011-2020, y la Agente de Investigación Dilenia Barahona Zepeda, previo a incorporarse los elementos de prueba antes señalados y que fueron incorporados hasta el momento procesal de celebrarse la Audiencia Preliminar, hasta ese momento se había dictado por el Juzgador un Auto de Formal Procesamiento en contra de ambos imputados por el delito de Extorsión, y en el caso del señor BENEDICTO ORTIZ, también un Auto de Formal Procesamiento por el delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO COMERCIAL; pero con la incorporación de los elementos de prueba que no tienen prueba en contraria como ser los Dictámenes Periciales, se logró acreditar por parte de la Defensa que los imputados no tienen ninguna participación en los hechos por los cuales se les acusa; es así que según los hechos planteados en el Requerimiento Fiscal por el Ministerio Publico se acusan a los señores CANDIDO DONALDO BUSTILLO LOPEZ y BENEDICTO ORTIZ, que el día martes 02 de junio del año 2020 después de ir previamente a finales del mes de mayo donde el Testigo Protegido CH-011-2020, expresando y utilizando un arma de fuego y supuestamente integrantes de la Mara MS-13 que tenían que pagarla la cantidad de LPS. 600,000.00 como pago de impuesto de guerra y en fecha 02 de junio de ese año como quedo acordado el lugar donde se realizaría la entrega de dinero el Testigo protegido llevo un sobre papel manila color amarillo que llevaba la cantidad de dos billetes de a quinientos lempiras y recortes de papel periódico y que al lugar llegaron las mismas personas que llegaron a finales del mes de mayo y les hizo entrega del sobre en el lugar indicado, atrás de la iglesia católica de Nacaome, Valle, y que la entrega fue a eso de las 4:20 o 4:30 de la tarde. Es así que con los elementos de prueba incorporados en la Audiencia Preliminar como ser los Dictámenes Periciales se dejo en constancia que los imputados jamás recibieron el sobre manila y de igual forma jamás lo manipularon, es decir, que no tuvieron ningún contacto físico con dicho sobre, pues el Dictamen Video Forense estableció que a la hora que supuestamente reza la acusación se hizo entrega por el Testigo Protegido a los imputados el sobre manila, fue precisamente que ejecutaban otra acción como ser estar ubicados en el interior de un vehículo automotor tipo camioneta color rojo, marca Ford Scape y que a esa hora 4.30 PM salieron con rumbo desconocido en dicho vehículo y que en ningún momento el conductor del mismo(BENEDICTO ORTIZ) se bajó de dicho vehículo automotor y se muestra que entre las 4:25 hasta las 4:30 el señor CANDIDO DONALDO BUSTILLO LOPEZ, se dirigió hacia el vehículo automotor antes caracterizado y se subió al mismo, partiendo con rumbo desconocido. Manifiesta la quejosa que También fortalece la no participación de los imputados en los hechos que se investigan con el Dictamen Forense en Dactiloscopía cuyo resultado según dictamen fue que los imputados nunca manipularon el sobre manila, no aparecen sus huellas, no hubo tocamiento con sus manos, en fin, nunca hubo contacto con el paquete controlado. Considera violado la amparista el Principio a la Libertad, el Derecho a la Defensa, el Debido Proceso, los requisitos para decretarse el Auto de Formal Procesamiento y Principio de Legalidad, consignados en los artículos 61, 82, 90, 92 y 98 de la Constitución de la República por las razones fácticas y jurídicas que procede a exponer: “Que en la Audiencia Preliminar es una audiencia que da paso en el caso de existir fundamentos de elevar la causa a Juicio Oral y Público, caso contrario si no existen fundamentos no podría elevarse o abrirse a juicio y también puede establecerse como en el presente caso que se incorporaron nuevos elementos de prueba, un Juicio de Probabilidad y no de Culpabilidad, no implicando con ello que pueden ser inobservadas las garantías mínimas establecidas en el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y además garantías establecidas en el ordenamiento jurídico, mismas que tienen como finalidad salvaguardar el Principio de Legalidad y el Debido Proceso, establecida en el artículo 90 de la Constitución de la Republica, el cual establece de manera taxativa “nadie puede ser juzgado si no por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”. Que dicha garantía ha sido quebrantada una vez que el Tribunal de Alzada ha dado valor probatorio sin ninguna justificación solamente a la prueba de testigo de cargo aportada por el Ministerio Publico como ser la Declaración del Testigo Protegido CH-011-2020 y la Agente de Investigaciones Dilenia Barahona, siendo estos Medios de Prueba de evidencia decisiva para el Tribunal y declarar Con Lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el Ministerio Publico contra la Resolución dictada por el Juzgador de primera instancia en fecha 31 de agosto del año 2020, dictando un Sobreseimiento Provisional, revocando dicha resolución mediante auto motivado en fecha 23 de octubre del año 2020, decretando Auto de Formal Procesamiento y que se abra a juicio la causa. Señala la recurrente que los principios rectores en todo proceso acusatorio, la actividad valorativa le corresponde al Tribunal bajo el amparo 303 constitucional, el cual establece que se debe impartir justicia sometido únicamente a la Constitución y a las leyes, asimismo el articulo 200 del Código Procesal Penal establece que las pruebas sean valoradas con arreglo a la Sana Critica valorando de forma conjunta y armónica toda la prueba producida, lo anterior tiene como finalidad establecer los presupuestos del articulo 302 último párrafo del mismo cuerpo legal, siendo el hecho de que con la formalización de la acusación y la contestación de cargo haya o no fundamentos para elevar la casa a Juicio o en su caso se dicte un Sobreseimiento Provisional o Definitivo de la causa y en el presente caso la Corte de Apelaciones no valoró propiamente los nuevos elementos de prueba pericial, por creer y por mayoría que no es el momento procesal oportuno, aun así descartándose que los imputados hayan tenido participación en los hechos que se investigan y solamente hay sospechas de su participación en el ilícito por lo que no cabe aperturar el juicio a prueba y con ello no se da la concurrencia de todos los elementos de su tipificación legal, (Principio de Legalidad- Tipicidad Previa). Sigue manifestando la amparista que la resolución emitida por el Ad Quem también violentó el artículo 93 del Código Procesal Penal, el que establece que en el ejercicio de sus funciones, el ente acusador esta obligado a actuar con absoluta objetividad y a velar por la correcta aplicación de las leyes penales; sin embargo, en una franca inobservancia de este principio, presentó y desarrolló su tesis acusatoria solamente en Prueba Testifical, inobservando el hecho que deberá investigar no solo las circunstancias que permitan comprobar la acusación, si no también las que sean causa de exención o atenuación de la responsabilidad al imputado, como en el presenta caso que los Dictámenes Video Forenses y en Dactiloscopía no fueron valorados, aun así excluyendo la participación de los señores BENEDICTO ORTIZ y CANDIDO DONALDO BUSTILLO LOPEZ, en los hechos que se les imputa en el Requerimiento Fiscal. Señala finalmente la recurrente que se inobserva la garantía constitucional “Ninguna persona podrá ser detenida, arrestada o presa por obligaciones que no provengan de delito o falta (Principio de Legalidad).-CONSIDERANDO (5) Que la Corte de Apelaciones, expone de manera clara y detallada los agravios invocados por el apelante y la contestación a los mismos, y en el acápite de la Fundamentación Jurídica y Motivación en el numeral catorce expone: “Es preciso indicar, que se ha analizado la resolución emitida por el Juez A Quo y las razones que tomó en consideración para dictar un Sobreseimiento Provisional para los señores CANDIDO DONALDO BUSTILLO LOPEZ y BENEDICTO ORTIZ, por suponerlos responsables del delito de EXTORSIÓN, en perjuicio del Testigo Protegido CH-011-2020, y se ha podido colegir, que el señor Juez ha efectuado un análisis de la prueba aportada en la Audiencia Preliminar, por lo cual considero, que existe una duda razonable conforme a lo establecido en el artículo 302 con relación al 295 del Código Procesal Penal, como fundamento legal del Sobreseimiento Provisional por el delito antes relacionado. En este sentido el Juez A Quo ha estimado que con el video no se puede establecer que los imputados hayan recolectado el dinero producto de la Extorsión y con el Dictamen de Dactiloscopía resulta contundente que los imputados no tuvieron en su poder el sobre que supuestamente entregó el ofendido a los sospechosos, minutos antes de que estos fueran detenidos por la autoridad policial. Al respecto, esta Corte considera que efectivamente en el video no se observa la entrega de dinero; sin embargo, en dicho video tampoco se observa el lugar de la entrega del dinero, que fue atrás de la iglesia pero si se establece la presencia de los sospechosos en los alrededores del lugar donde se realizo la entrega, en dos vehículos ubicados a inmediaciones del parque, precisamente momentos antes de que se realizara la entrega del dinero, que si bien el Testigo Protegido manifestó que él se había ido para el lugar de la entrega como a eso de las 4:15 a 4:20 y que ellos llegaron como a las 4:25 porque rápido le salieron, esas horas son aproximadas y en el Acta de Vigilancia se consignó, que como a las 4:30 fue que se observo llegar a las personas a la recolección del dinero, lo cual viene a concordar precisamente con la hora en que se ve en el video que ambos imputados se van a bordo de un solo vehículo tipo camioneta regresando al parque once minutos después, donde uno de los imputados bajo del vehículo tipo camioneta y abordó un camión, por lo que tuvieron la oportunidad de tiempo de acudir al lugar de la entrega, bajarse del vehículo y recolectar el dinero, tal y como fue referido por los testigos de cargo, es decir, que lejos de desvirtuar la tesis acusatoria, el video aporta otros indicios de confirmación de la misma, discrepando únicamente en el aspecto que se refiere a la forma en que los imputados abordan los vehículos en que fueron detenidos luego de la recolección del dinero, que en el Acta de Vigilancia se refiere que luego de la recolección los mismos se dirigieron a abordar cada uno un vehículo diferente y en el video se muestra que abordaron un solo vehículo. La camioneta y que de ahí, cuando regresaron al parque, uno se bajo de la camioneta y abordo el camión, lo cual es una situación periférica que no afecta esencialmente la credibilidad de la prueba de cargo y que puede ser aclarado en el Juicio Oral y Público; En cuanto a que el Dictamen de Dactiloscopía estableció que ninguna de las huellas presentes en el sobre pertenecían a los imputados; ello no significa necesariamente que no lo tuvieron en su poder, ya que se revelaron varios fragmentos de huellas latentes tanto en el sobre de papel manila como en los recortes de papel blanco, pero de estos fragmentos de huellas, solo tres eran aptos para estudios, dos del sobre y uno de los recortes de papel y estas son las que no coinciden con las huellas de los imputados, es decir que se desconoce si los demás fragmentos de huella que no resultaron aptos para estudio pertenecen o no a los imputados, por lo que al no ser el dictamen concluyente en este sentido, no desvincula la participación de los imputados en los hechos que se les atribuyen. Es importante señalar, además, que el delito ya se había consumado en mayo, cuando los sospechosos con arma de fuego en mano llegaron al negocio del ofendido, se identificaron como miembros de la MS-13 y le exigieron la cantidad de seiscientos mil lempiras o de lo contrario lo matarían junto a su familia; hecho que fue declarado en la Audiencia Inicial por el ofendido y sobre tales puntos no ha existido discrepancia. Recordando que, para la consumación del delito, no exige que la victima haya dispuesto la cantidad de dinero exigida, si no que basta con que se efectué la exigencia del dinero bajo amenaza. Establece el Ad Quem que del análisis de lo actuado en la Audiencia Preliminar, contrastado con la motivación de la resolución judicial, no se aprecia ningún dato factico que desmerite la procesabilidad de la causa, en cuanto a que el hecho denunciado no haya ocurrido o que la declaración del Testigo Protegido resulte menos creíble; considerando la mayoría del Tribunal de Alzada que tales argumentaciones deben de ser discutidas en el Juicio Oral y Público, etapa en la cual se deberá acreditar más allá de una duda razonable, que fueron los imputados quienes directamente participaron, tanto en la exigencia como en la recolección del dinero, para tenerlos como autores del delito de Extorsión. Sin que, hasta el momento, la prueba de descargo sea capaz de desvirtuar la procesabilidad de la causa. Por lo que los motivos de agravio del Ministerio Publico si son de recibo. Señala el Tribunal de Alzada que la resolución del Juez es contradictoria, porque por un lado señala que en le video no se establece la comisión de ningún delito y con el Dictamen de Dactiloscopía se acredita, en opinión del Juzgador que el sobre nunca estuvo en poder de ninguno de los imputados, conforme a lo cual no existió un delito de Extorsión; sin embargo, emitió Sobreseimiento Provisional. Al respecto, el artículo 295 del Código Procesal Penal señala, que en la emisión del Sobreseimiento Provisional solamente debe estar ausente el indicio racional de participación de los acusados en el hecho, aunque si existe prueba de la comisión del ilícito; en cambio, el artículo 296 del Código Procesal Penal exige que para emitir un Sobreseimiento Definitivo no debe existir prueba de la comisión del hecho y, en consecuencia, tampoco existirá prueba de la participación de los acusados, porque lógicamente si no existe el hecho principal, no hay razones para considerar la existencia de lo accesorio, que es la participación. En tal sentido, el Juez A Quo, emitió un Sobreseimiento Provisional, es decir, que admitió que si se acreditó la comisión del hecho, pero lo que pone en tela de juicio es la participación de los acusados y de ahí deviene la contradicción de su resolución, ya que evidentemente, siendo los acusados detenidos como consecuencia de una vigilancia policial y en posesión del paquete que contenía los billetes previamente seriados e identificados por el ofendido como las personas que lo amenazaron y le exigieron dinero; entonces subsiste en indicio racional de participación en el hecho denunciado, por tanto, lo que correspondía emitir era el Auto de Apertura a Juicio por el delito de Extorsión. Por lo antes expuesto el Ad Quem resuelve por mayoría de votos: PRIMERO: Declarar HA Lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la Fiscal del Ministerio Publico. SEGUNDO: Revocar la resolución recurrida, en relación con el Sobreseimiento Provisional emitido por el delito de Extorsión; en consecuencia, se sostiene el Auto de Formal Procesamiento y se ordena que el A Quo proceda a emitir Auto de Apertura a Juicio contra los imputados CANDIDO DONALDO BUSTILLO LOPEZ y BENEDICTO ORTIZ, por suponerlos responsables del delito de EXTORSIÓN en perjuicio del Testigo Protegido CH-011-2020.-CONSIDERANDO (6) Que el Estado de Derecho consiste en la sujeción de la actividad estatal a la Constitución y a las normas aprobadas conforme a los procedimientos que la misma establece, a fin de garantizar el funcionamiento responsable y controlado de los órganos del poder, el ejercicio de la autoridad conforme a disposiciones conocidas y no retroactivas en términos perjudiciales, y la observancia de los derechos individuales, colectivos, culturales y políticos[1]. El Juez Puniendi es un poder jurídico que el Derecho Objetivo concede al Estado para garantizar el mantenimiento del orden jurídico y restablecerlo cuando ha sido perturbado, este derecho que tiene el Estado para castigar las conductas delictivas que ciertamente ponen en peligro o destruyen bienes jurídicos protegidos penalmente, tiene sus límites y fundamentos, en la Constitución de la República y en los Tratados Internacionales que forman parte del derecho estatal.-CONSIDERANDO:(7) Que la Constitución de la República en su artículo 61 garantiza la igualdad ante la ley, derecho que consiste en que las personas deben ser tratadas y consideradas de igual manera, a menos que haya una razón suficiente para no hacerlo, el principio de igualdad exige la aplicación de la ley, pero en modo alguno se puede hacer derivar de él una protección jurídica frente al legislador[2]. Los órganos judiciales son aplicadores de la ley (secundum legem) y, en consecuencia, el único derecho de las personas es el derecho a la legalidad, el estar legalmente sometidos a la ley; ésta igualdad ante la ley consiste en que las normas deben ser iguales para todas las personas que se encuentran en las mismas circunstancias, por lo que no debe concederse privilegios ni obligaciones o cargas que beneficien a unos y graven a otros, encontrándose todos en las mismas condiciones, por lo que la igualdad no es absoluta, más bien, va encaminada a aplicar la ley de acuerdo al caso concreto y a las diferentes circunstancias del mismo. La igualdad de trato a las personas queda vulnerada en el caso de existir una distinción que carezca de justificación objetiva y razonable, o cuando no exista una razonable relación de proporcionalidad entre los medios empleados y la finalidad perseguida, debiendo determinarse la distinción arbitraria que resultan de los hechos y el derecho aplicado al momento que vive la sociedad.-CONSIDERANDO:(8) Que el Debido Proceso es aquel, que se ajusta a los requerimientos, procedimientos, y exigencias establecidas en la ley, necesarias para garantizar la efectividad del derecho material, por lo que la inobservancia en cualquiera de sus formas en el proceso conduce al atropello de éste, concretamente lo señala el artículo 90 de la Carta Magna “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”. Que el derecho al Debido Proceso busca confirmar la legalidad y correcta aplicación de las leyes dentro de un marco de respeto mínimo a la dignidad humana dentro de cualquier tipo de proceso, entendido este como “Aquella actividad compleja, progresiva y metódica, que se realiza de acuerdo con reglas preestablecidas, cuyo resultado será el dictado de la norma individual de conducta (sentencia), con la finalidad de declarar el derecho material aplicable al caso concreto[3]”. El Debido Proceso está contemplado en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en su artículo 7 inciso 6; 8 incisos 2, 3, 4, 5, referidos a las garantías judiciales a que tiene derecho toda persona sometida a un proceso; Artículos 9, del Principio de Legalidad y la no retroactividad de la ley; 24 igualdad ante la ley; 25 protección Judicial. Los Estados Partes en la Convención Americana tienen la obligación internacional de respetar dichos principios artículo 1.1 de la Convención, por constituir normas auto ejecutables, es decir normas incorporadas al derecho interno, por otra parte, en caso de que dichos Estados todavía no hayan establecido, dichas garantías mínimas dentro de su legislación, tienen la obligación internacional de “adoptar con arreglo a sus procedimientos constitucionales y las disposiciones de la Convención las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades Artículo 2. 1 Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Por ello es necesario un justo equilibrio entre el ciudadano y el Estado donde las garantías procesales adquieren sentido y actualidad al evitar la arbitrariedad e inseguridad que provocaría en la sociedad una carencia del individuo para proteger el interés general de la averiguación de la verdad real y el éxito de la administración de justicia[4].-CONSIDERANDO: (9) Que el artículo 82 Constitucional establece que el Derecho de Defensa es inviolable, que los habitantes de la República tienen libre acceso a los Tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes, derecho reconocido en los instrumentos internacionales, que forman parte del derecho interno de Honduras, entre ellos la Declaración Universal sobre Derechos Humanos, lo consagra en sus artículo 8 como “el derecho de toda persona a un recurso efectivo ante los Tribunales competentes”. Artículo 10 “el derecho de toda persona a ser oída en condiciones de igualdad, públicamente y con justicia por un Tribunal independiente e imparcial que determine sus derechos y obligaciones”. Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, consagra el derecho de defensa, en su artículo 14. 1. estableciendo “la igualdad de las personas ante los Tribunales y Cortes de Justicia. A ser oída públicamente y con las debidas garantías, por un Tribunal competente, independiente e imparcial establecido por la ley”. La Convención Americana Sobre Derechos Humanos, protege el derecho de defensa, dentro del marco de las garantías judiciales contempladas en el artículo 8.1 señala de igual forma que “las personas tienen derecho a ser oídas con las debidas garantías e indica que tales actuaciones deben hacerse en un plazo razonable por un Juez o Tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, para la determinación de sus derechos y obligaciones”. En consecuencia, el Derecho de Defensa, está estrechamente ligado al Debido Proceso.-CONSIDERANDO: (10) Que el Principio de Legalidad demanda una forma especial de vinculación de las autoridades e instituciones públicas al ordenamiento jurídico a partir de su definición básica, según la cual toda autoridad o institución pública solamente puede actuar en la medida en que se encuentre facultada para hacerlo por el mismo ordenamiento; es decir para las autoridades e instituciones públicas solo está permitido lo que la constitución y la ley le permite,(las negritas son nuestras) y todo lo que no está autorizado les está vedado[5]. Siendo así, resulta que cualquier resolución o actuación fuera de este marco legal es arbitraria y confronta directamente la Constitución de la República. La Convención Americana Sobre Derechos Humanos regula el Principio de Legalidad en el artículo 9, principio que está reservado a la ley formal es decir a las normas emanadas del Poder Legislativo y por los procedimientos de formación de la ley, con exclusión total de Reglamentos autónomos y casi total de los propios reglamentos ejecutivos de las leyes. Las exigencias de la ley procesal deben tener garantizada eficacia material y formal al punto de que en esta materia las violaciones a la mera legalidad se convierten automáticamente en violaciones al debido proceso[6].-CONSIDERANDO: (11) Que la motivación de la sentencia en sentido estricto se desglosa en motivación fáctica, esto es argumentación de las razones que avalan la reconstrucción que el Tribunal hace de lo sucedido expresando las pruebas en que se funda y las razones de su persuasividad; y la motivación jurídica, esto es la explicación del razonamiento sobre el que se construye el tratamiento jurídico del caso, o si se prefiere de la subsunción típica del hecho enjuiciado. El razonamiento judicial es el procedimiento de valoración de la prueba propiamente dicho y con ello se responde al porqué se dicta una resolución y no otra, por qué se consideran determinados elementos de prueba y por qué se les concede credibilidad o no, valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba de acuerdo a las reglas de la sana crítica, es decir de la lógica, psicología y experiencia común, que están constituidas por las leyes fundamentales de la coherencia y la derivación y por los principios lógicos de identidad, contradicción, tercero excluido y razón suficiente. Lo anterior está previsto en el artículo 141 párrafo 2do, 3ero, 4to, relacionado con el artículo 338 del Código Procesal Penal, referidos por su orden la motivación de la sentencia que debe ser clara y precisa y la valoración de la prueba acorde a las reglas de la sana crítica.-CONSIDERANDO: (12) Que el Derecho a la Tutela Judicial Efectiva comprende en un triple e inescindible enfoque: a) La libertad de acceso a la justicia, eliminando los obstáculos procesales que pudieran impedirlo. b) De obtener una sentencia de fondo, es decir motivada y fundada, en un tiempo razonable, más allá del acierto de dicha decisión. c) Que esa sentencia se cumpla, o sea a la ejecutoriedad del fallo[7]. A su vez el art.8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, reconoce a toda persona el derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o Tribunal competente, independiente, imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. Y el artículo 25 establece el derecho a un recurso sencillo y rápido o cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o Tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.-CONSIDERANDO:(13) Que la valoración de los elementos probatorios en orden a determinar si es o no procedente dictar un Auto de Formal Procesamiento, es una tarea que en esencia corresponde ejercer a los Juzgados y Tribunales de instancia del orden penal, de ahí que el Juez Constitucional solo ha de intervenir cuando en esa valoración el Juez ordinario ha quebrantado o vulnerado derechos fundamentales consagrados en la Constitución de la República. Los medios de prueba evacuados en la audiencia inicial darán luz para que el Juez de Instrucción proceda a establecer la situación jurídica del o los imputados, de acuerdo al artículo 294 tercer párrafo del Código Procesal Penal. En consecuencia, si no procede el Sobreseimiento Provisional y/o Definitivo, procederá se dicte el Auto de Formal Procesamiento, para ello no se requiere que exista en el ánimo del Juez un estado de certeza sobre la culpabilidad el procesado, sino la conclusión de que el imputado, con un grado razonable de probabilidad ha podido incurrir en la comisión de un hecho tipificado como delito.-CONSIDERANDO: (14) Que en este sentido, el Auto de Formal Procesamiento es una valoración o juicio de carácter hipotético y esencialmente provisional, que en otra etapa ulterior del proceso puede ser revocado o modificado de acuerdo a las reglas establecidas por el Código Procesal Penal y por ello eventualmente puede dar lugar a una resolución en la que se declare sin lugar la hipótesis acusatoria, ya sea por haberse puesto de manifiesto la inocencia del sospechoso o por existir una duda razonable en torno a su culpabilidad.-CONSIDERANDO: (15) Que analizado el razonamiento seguido por la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Extorsión, que Revoca el Sobreseimiento Provisional a favor de los señores: CANDIDO DONALDO BUSTILLO LOPEZ y BENEDICTO ORTIZ, y ordena se mantenga el Auto de Formal Procesamiento y se emita el Auto de Apertura a Juicio en contra de los imputados. Esta Sala aprecia que la resolución dictada por el Ad Quem no es ajena a las reglas mínimas de la lógica y la coherencia, aplicadas al contexto factico, y con el acervo probatorio incorporados al expediente judicial (documental y testifical), en la Etapa Preparatoria se ha producido una mínima actividad probatoria de cargo que justifica la continuación del proceso penal incoado contra los encartados. De ahí que, al no constatarse la vulneración de preceptos constitucionales en perjuicio de los imputados, y sin prejuzgar de ningún modo en torno a su culpabilidad, la Sala es del criterio porque se Deniegue el Amparo interpuesto, sin perjuicio del derecho que les asiste para seguir aportando elementos probatorios en el transcurso del proceso y formular los alegatos que estime pertinentes, en orden a preservar el estado de inocencia, que la misma Constitución le garantiza.-CONSIDERANDO:(16) Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico por todo lo antes expuesto procede conforme a Derecho DENEGAR el Recurso Amparo intentado.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos números: 1, 59, 80, 90, 95, 183, 303, 304, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1, 321, 323, 324, 325 y 326 de la Constitución de la República; 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 1, 2, 3 numeral segundo, 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 63 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; artículo 2, 4, 8, 13, 14, 294 numeral 3 Y 302 del Código Procesal Penal. FALLA: DENEGANDO la Garantía Constitucional de AMPARO interpuesta por la Abogada YESENIA SUYAPA RAMOS GARCIA a favor de los señores CANDIDO DONALDO BUSTILLO LOPEZ y BENEDICTO ORTIZ, contra las Resolución de fecha veintitrés de octubre del año dos mil veinte, por la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Extorsión. Y MANDA: Que con certificación de esta Sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA. NOTIFIQUESE.-Firmas y Sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA .- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los nueve (9) días del mes de septiembre del año dos mil veintiuno (2021), Certificación de la Sentencia de fecha diez (10) de agosto del año dos mil veintiuno (2021) recaída en el Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 1079-2020.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] http://www.iidh.ed.cr/siii/index_fl.htm Biblioteca Católica digital.
[2] Rubio Llorente, Francisco “La igualdad en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional” Revista Española de Derecho constitucional, No. 31, Madrid, España, 1991, p.20
[3]Arazi Roland, Apud, Rodríguez Rescia Victor Manuel. El Debido Proceso Legal y la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.Pág.1296.
[4] Al considerar los elementos anteriores “se pone de manifiesto la importancia trascendental que tiene el proceso, ya que su propia institucionalidad representa el influjo de muchas corrientes de pensamiento que tienen su idea central en el respeto y vigencia de los Derechos Humanos...”. Thompson (José), Apud. Rodríguez Rescia. Pág.1297. Las garantías penales y procesales en el derecho de los derechos humanos , ILANUD, San José, Costa Rica, 1991, pág. 63.
[5] Rodríguez Cesia Víctor Manuel. El Debido Proceso y la Convención América Sobre Derechos Humanos. Pág.1304.
[6] Idem Pág.1305
[7] Grillo María Isabel Iride. El Derecho a la Tutela Judicial Efectiva. http://www.saij.gob.ar/iride-isabel-maria-grillo-derecho-tutela-judicial-efectiva-dacf040088-2004/123456789-0abc-defg8800-40fcanirtcod