Sentencia AP-1069-20 — Registro 13633
Resumen
Se interpuso Recurso de Amparo contra la resolución que declaró no ha Lugar el recurso de apelación interpuesto contra resolución por el delito de Lavado de Activos, en perjuicio de la Economía del Estado de Honduras. Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de sus representados, los derechos consagrados en los artículos 89, 90, 93 y 321 de la Constitución de la República.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
CONSIDERANDO (8): Que en palabras de ARMENTA DEU[4], realizando algunos apuntes sobre las medidas cautelares en el proceso penal señala: “Puede afirmarse que el fundamento especifico de las medidas cautelares que se adoptan en el proceso penal es combatir el peligro en la demora necesaria para que transcurra el proceso, asegurando con ellas el normal desarrollo del proceso, además de la eficacia y ejecución de la resolución que en él recaiga…”; conforme a esta idea de imposición de las medidas cautelares, es lograr que el órgano jurisdiccional dicte una resolución definitiva en un plazo razonable, evitando demoras en la realización del proceso, pues las medidas cautelares tienen ciertos requisitos que deben cumplirse a saber: Jurisdiccionalidad, Instrumentalidad, Idoneidad y Proporcionalidad[5]; en relación a ese principio del plazo razonable, la ley procesal penal establece límites máximos de duración de la medida cautelar de prisión preventiva, exigidos constitucionalmente[6]. CONSIDERANDO (9): Que tal y como se ha dejado establecido en ocasiones anteriores por parte de esta Sala de lo Constitucional, el Debido Proceso al tenor de lo dispuesto en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, es una garantía constitucional que al estar conformada por un número no definido de derechos, garantías o formalidades establecidos por la ley; trae como consecuencia directa, que para que se considere vulnerado sea necesario que lo haya sido alguno o algunos de esos elementos, y en el caso subjúdice, el recurrente lo ha relacionado con la vulneración a los derechos de presunción de inocencia, debido proceso y legalidad, contenidos en los artículos 89, 90 y 321, en relación con el articulo 93 todos de la Constitución de la Republica; asimismo lo ha relacionado con el articulo 184 reformado del Código Procesal Penal, que contiene y regula la sustitución de la prisión preventiva. CONSIDERANDO (10): Que a modo de conclusión podemos afirmar, que en la motivación externada por el Tribunal Ad-Quem al denegar el recurso de apelación interpuesto por la defensa de los señores LEONEL LUCIANO SAUCEDA GUIFARRO Y PATRICIA SBETHANA ESTRADA PACHECO, no se ha vulnerado en perjuicio de los encausados los derechos constitucionales invocados. Conclusión a la que arriba esta Sala, ello porque la medida cautelar de prisión preventiva se mantiene en la presente causa en virtud de que a criterio del A-Quo y Ad-Quem no han desaparecido los presupuestos legitimadores que se tomaron en cuenta para dictarla, concluyendo esta Sala de lo Constitucional que la resolución recurrida en Amparo se encuentra dictada conforme a derecho, debidamente motivada y razonada de manera lógica y coherente, en relación a la decisión adoptada, pues si bien es cierto en el artículo 184 reformado no se establece la prohibición taxativa de imponer medidas diferentes en el delito de Lavado de activos, el mismo establece que las medidas alternativas a la prisión preventiva no pueden imponerse si existe grave riesgo de que no se logre la finalidad perseguida[7]. CONSIDERANDO (11): Que, por todas las razones anteriormente expuestas, se estima que el fallo dictado por mayoría de votos por la Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán, no vulnera los derechos constitucionales de presunción de inocencia, debido proceso y legalidad, por lo que el amparo interpuesto por la abogada Yenny Mariela Sierra Varela, debe ser denegado.
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciocho días del mes de agosto del año dos mil veintiuno. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada YENNY MARIELA SIERRA VARELA, a favor de los señores LEONEL LUCIANO SAUCEDA GUIFARRO y PATRICIA SBETLANA ESTRADA PACHECO, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha doce de octubre de dos mil veinte, que declaró No Ha Lugar el recurso de apelación interpuesto contra resolución dictada por el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, en fecha veinticinco de septiembre de dos mil veinte, con relación a la causa instruida contra los señores Leonel Luciano Sauceda Guifarro y Patricia Sbetlana Estrada Pacheco, a quienes se les supone responsables del delito de Lavado de Activos, en perjuicio de la Economía del Estado de Honduras. Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de sus representados, los derechos consagrados en los artículos 89, 90, 93 y 321 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha once de febrero del año dos mil veinte, el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, tomó declaración a los imputados Leonel Sauceda Guifarro y Patricia Sbetlana Estrada Pacheco, a quienes se les sigue proceso por suponerlos responsables del delito de Lavado de Activos en perjuicio de la Economía del Estado de Honduras, decretándoseles en ese acto detención judicial con fundamento en el artículo 172 del Código Procesal Penal. (Folios 1-5 del antecedente) 2) En fecha catorce de febrero del año dos mil veinte, el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, celebró audiencia inicial, en donde resolvió: 1) SE DECLARA SIN LUGAR LA EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA, PLANTEADA POR LAS DEFENSAS PRIVADAS DE LOS ENCAUSADOS LEONEL LUCIANO SAUCEDA GUIFARRO y PATRICIA SBETLANA ESTRADA PACHECO, contenida en el artículo 47 numeral 1 del Código Procesal Penal… 2) AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO CONTRA: LEONEL LUCIANO SAUCEDA GUIFARRO y PATRICIA SBETLANA ESTRADA PACHECO, por el delito de LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de la ECONOMÍA DEL ESTADO DE HONDURAS.- 3) Que debe imponérsele a los imputados LEONEL LUCIANO SAUCEDA GUIFARRO y PATRICIA SBETLANA ESTRADA PACHECO, la medida cautelar contenida en el artículo 173 numeral 3 del Código Procesal Penal, consistente en la prisión preventiva, por el presupuesto legitimador del peligro de fuga de los encausados, posible obstrucción de las investigaciones, falta de arraigo suficiente de los imputados, la gravedad de las penas a imponer como resultado del proceso, la importancia del daño a indemnizar… (Folios 7-59 del antecedente) 3) En fecha dieciocho de junio del año dos mil veinte, compareció ante el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, la Abogada Yenny Mariela Sierra Varela, presentando solicitud para que se señalara audiencia a efecto de revisar la medida cautelar impuesta a los señores Leonel Sauceda Guifarro y Patricia Sbetlana Estrada Pacheco. (Folio 61 del antecedente) 4) En fecha diecinueve de junio del año dos mil veinte, el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, celebró audiencia de revisión de medidas, en donde resolvió: 1) DECLARAR SIN LUGAR, LA SUSTITUCIÓN DE LA MEDIDA CAUTELAR DE PRISIÓN PREVENTIVA, a los imputados LEONEL LUCIANO SAUCEDA GUIFARRO Y PATRICIA SBETLANA ESTRADA PACHECO, por suponerlos responsables del delito de LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de la ECONOMÍA DEL ESTADO DE HONDURAS, manteniéndose los encausados con la medida cautelar de prisión preventiva. 2) Líbrese atento oficio a las oficinas de Medicina Forense, a fin de que realice evaluación médica general inmediata y determinar el estado de salud física de los imputados LEONEL LUCIANO SAUCEDA GUIFARRO y PATRICIA SBETLANA ESTRADA PACHECO.3).-… (Folios 63-67 vuelto del antecedente) 5) En fecha veintitrés de septiembre del año dos mil veinte, compareció nuevamente ante el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, la Abogada Yenny Mariela Sierra Varela, presentando solicitud para que se señalara audiencia para revisión de la medida cautelar impuesta a los señores Leonel Sauceda Guifarro y Patricia Sbetlana Estrada Pacheco. (Folio 80 del antecedente) 6) En fecha veinticinco de septiembre del año dos mil veinte, el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, celebró audiencia de revisión de medidas de manera virtual mediante aplicación de zoom, en la cual resolvió: 1) DECLARAR SIN LUGAR, LA SUSTITUCIÓN DE LA MEDIDA CAUTELAR DE PRISIÓN PREVENTIVA, a los imputados LEONEL SAUCEDA GUIFARRO Y PATRICIA SBETLANA ESTRADA PACHECHO, por suponerlos responsables del delito de LAVADO DE ACTIVOS en perjuicio de la ECONOMÍA DEL ESTADO DE HONDURAS, manteniéndose los encausados con la medida cautelar de prisión preventiva. (Folios 85-90 del antecedente) 7) La Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, conociendo del recurso de apelación interpuesto por la Abogada Yenny Mariela Sierra Varela, contra la resolución ilustrada en el numeral que antecede, en fecha doce de octubre del año dos mil veinte, por mayoría de votos, resolvió: 1) Declarando NO HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Defensa Privada. - 2) CONFIRMA la resolución apelada. (Folios 110-113 vuelto del antecedente) 8) Que la recurrente, Abogada Yenny Mariela Sierra Varela, compareció ante este Tribunal en fecha veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, interponiendo acción de amparo a favor de los señores Leonel Sauceda Guifarro y Patricia Sbetlana Estrada Pacheco, afirmando que la decisión adoptada por el Ad-quem, que ha sido relacionada en el numeral que antecede, le violenta a sus representados los derechos consagrados en los artículos 89, 90, 93 y 321 de la Constitución de la República. 9) Que en fecha veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, ésta Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma, la acción de mérito y escrito presentado por la Abogada Yenny Mariela Sierra Varela, en su condición antes indicada, omitiendo dar la vista de las presentes diligencias al Fiscal, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. CONSIDERANDO (1): Que la recurrente Abogada YENNY MARIELA SIERRA VARELA, compareció en fecha veinticuatro de noviembre del año dos mil veinte, ante este Alto Tribunal, interponiendo Acción Constitucional de Amparo a favor de los señores LEONEL LUCIANO SAUCEDA GUIFARRO Y PATRICIA SBETHANA ESTRADA PACHECO, al considerar que la resolución emitida por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha doce (12) de octubre del año dos mil veinte (2020), vulnera en perjuicio de sus representados, los derechos de presunción de inocencia, debido proceso y legalidad, contenidos en los artículos 89, 90 y 321 de la Constitución de la República, relacionado con el artículo 93 de la misma Constitución. CONSIDERANDO (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional, de tal forma que cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución[1]. Es decir, constituye una garantía de restitución de una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental. Por otra parte, el derecho de amparo deviene en ser reconocido en Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos, así tenemos que: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley[2].” CONSIDERANDO (3): Que los derechos invocados como vulnerados por la recurrente en Amparo, es el derecho de presunción de inocencia, debido proceso y legalidad contenidos en los Artículos 89, 90 y 321 de la Constitución de la República, el primero de ellos establece: “Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente.”, el segundo indica: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece.” y el tercero indica: “Los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad; relacionado con el artículo 93 Constitucional que indica: “Aún con auto de prisión ninguna persona puede ser llevada a la cárcel ni detenida en ella, si otorga caución suficiente, de conformidad con la ley.” CONSIDERANDO (4): Que en la exposición de sus argumentos el impetrante aduce que solicitó ante el A-Quo revisión de medidas por no estar de acuerdo con la impuesta por dicho tribunal, la cual se celebró en fecha veinticinco de septiembre del dos mil veinte, ofreciendo una fianza hipotecaria a favor del Estado de Honduras, la cual fue declarada sin lugar, resolución que fue recurrida en apelación, por lo cual la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, por mayoría de votos declaró NO HA LUGAR al recurso de apelación interpuesto y confirmo la resolución apelada. CONSIDERANDO (5): Que el recurrente arguye que la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, vulnera el estado de inocencia de sus representados, al afirmar que la caución hipotecaria se torna no proporcional, puesto que el ente fiscal señala que son más de trece millones los que se le documentan como monto no justificado y que conforme a las pruebas que falta por evacuar puede ser más el monto referido, de manera que conforme al principio de proporcionalidad no corresponde la caución hipotecaria ofrecida. A juicio del recurrente la corte se equivoca y se está prejuzgado a sus defendidos, ya que la ley aplicable al caso dispone que si no tiene para una caución económica pueden otorgar una caución juratoria; asimismo arguye el pedidor que según la Corte recurrida no se le están violentando los derechos al imputado, porque se encuentra cumpliendo la medida cautelar en el Primer Batallón de Infantería el Ocotal y no en un centro penitenciario, lo cual constituye un beneficio para él. Criterio que es inhumano y vulnera el derecho de defensa, al afirmar que la prisión preventiva en un batallón es un beneficio, olvidando que la prisión preventiva es la más severa de las medidas cautelares. El Ad-quem se fundamente en que no han variado los presupuestos para la sustitución de la medida. Según el impetrante a sus representados se les está violentando el debido proceso, puesto que a sus defendidos si les ha cambiado el marco legal aplicable, pues cuando se les impuso la prisión preventiva el artículo 184 del Código Procesal Penal, taxativamente prohibía a los jueces otorgar medidas cautelares distintas a la prisión preventiva por el delito de lavado de activos y con la entrada en vigencia del nuevo Código Penal, dicho artículo fue reformado. CONSIDERANDO (6): Que en la Motivación y Fundamentos Jurídicos de la resolución que se recurre en Amparo, la Corte recurrida fundamenta su decisión en cuanto a declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la defensa de los señores LEONEL LUCIANO SAUCEDA GUIFARRO Y PATRICIA SBETHANA ESTRADA PACHECO, bajo el argumento siguiente: “… consta que el A-quo impone como medida cautelar la prisión preventiva en base al peligro de fuga de los encausados, la posible obstrucción en la investigación, la falta de arraigo suficiente, la importancia del daño que se deba indemnizar, como presupuestos legitimadores. Es importante recalcar que las medidas cautelares pueden ser sustituidas si en el transcurso del proceso desaparecen o se modifican los presupuestos legitimadores, así como debe tomarse en consideración los principios de proporcionalidad, instrumentalidad y utilidad para lograr la finalidad perseguida, por lo que en el caso de mérito ninguno de los presupuestos ha variado; argumenta el Ad-Quem que no solo se constatan los presupuestos del artículo 178 numeral 1) que lo constituye el peligro de fuga por la gravedad de la pena, pues el delito de lavado de activos cuya pena oscila entre los seis a quince años de reclusión y que conforme el artículo 445 de la misma norma adjetiva, es considerado grave, sino que la imputación de lavado de activos acontece durante el desempeño como autoridad policial, cuando era garante del orden público, por lo tanto existe la posible obstrucción desde su posición de autoridad policial, sumado a ello no es con hechos notorios que se acredita el arraigo, sino con la documentación y respaldo correspondiente; asimismo la cuantía no se torna proporcional, puesto que el ente fiscal señala que son más de trece millones los que se le documental como monto no justificado y que conforme a las pruebas que faltan por evacuar puede ser más el monto referido; de manera que no existe modificación de los presupuestos legitimadores para la imposición de la prisión preventiva, cumpliendo con la finalidad que se persigue…”. CONSIDERANDO (7): Que el artículo 172 del Código Procesal Penal, dispone: “Medidas cautelares personales: Presupuestos y finalidad. Las medidas cautelares tienen como finalidad, asegurar la eficacia del procedimiento, garantizando la presencia del imputado y la regular obtención de las fuentes de prueba. Para que pueda adoptarse una medida cautelar limitativa de la libertad personal, será siempre preciso: 1) Que existan suficientes indicios para sostener razonablemente que el imputado es autor o participe de un hecho tipificado como delito. 2) Que la persona imputada se haya fugado o exista motivo fundado para temer que podría darse a la fuga en caso de permanecer en libertad; y 3) Que existan fundados motivos para temer que, puesta en libertad, el imputado tratará de destruir o manipular las fuentes de prueba.”. Las medidas cautelares tienen una naturaleza eminentemente funcional o instrumental. Su finalidad es garantizar la posibilidad de celebración del juicio en optimas condiciones para asegurar su eficacia, y, en caso de una eventual condena la ejecución de lo resuelto. Como constituyen privaciones o restricciones temporales de derechos fundamentales de la persona, han de ser dispuestas por un juez, que valore la concurrencia de los presupuestos legales legitimadores de la medida concreta pretendida, su previsible utilidad procesal y la proporcionalidad entre el sacrificio que suponen y el fin que con ellas se trata de conseguir[3]. CONSIDERANDO (8): Que en palabras de ARMENTA DEU[4], realizando algunos apuntes sobre las medidas cautelares en el proceso penal señala: “Puede afirmarse que el fundamento especifico de las medidas cautelares que se adoptan en el proceso penal es combatir el peligro en la demora necesaria para que transcurra el proceso, asegurando con ellas el normal desarrollo del proceso, además de la eficacia y ejecución de la resolución que en él recaiga…”; conforme a esta idea de imposición de las medidas cautelares, es lograr que el órgano jurisdiccional dicte una resolución definitiva en un plazo razonable, evitando demoras en la realización del proceso, pues las medidas cautelares tienen ciertos requisitos que deben cumplirse a saber: Jurisdiccionalidad, Instrumentalidad, Idoneidad y Proporcionalidad[5]; en relación a ese principio del plazo razonable, la ley procesal penal establece límites máximos de duración de la medida cautelar de prisión preventiva, exigidos constitucionalmente[6]. CONSIDERANDO (9): Que tal y como se ha dejado establecido en ocasiones anteriores por parte de esta Sala de lo Constitucional, el Debido Proceso al tenor de lo dispuesto en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, es una garantía constitucional que al estar conformada por un número no definido de derechos, garantías o formalidades establecidos por la ley; trae como consecuencia directa, que para que se considere vulnerado sea necesario que lo haya sido alguno o algunos de esos elementos, y en el caso subjúdice, el recurrente lo ha relacionado con la vulneración a los derechos de presunción de inocencia, debido proceso y legalidad, contenidos en los artículos 89, 90 y 321, en relación con el articulo 93 todos de la Constitución de la Republica; asimismo lo ha relacionado con el articulo 184 reformado del Código Procesal Penal, que contiene y regula la sustitución de la prisión preventiva. CONSIDERANDO (10): Que a modo de conclusión podemos afirmar, que en la motivación externada por el Tribunal Ad-Quem al denegar el recurso de apelación interpuesto por la defensa de los señores LEONEL LUCIANO SAUCEDA GUIFARRO Y PATRICIA SBETHANA ESTRADA PACHECO, no se ha vulnerado en perjuicio de los encausados los derechos constitucionales invocados. Conclusión a la que arriba esta Sala, ello porque la medida cautelar de prisión preventiva se mantiene en la presente causa en virtud de que a criterio del A-Quo y Ad-Quem no han desaparecido los presupuestos legitimadores que se tomaron en cuenta para dictarla, concluyendo esta Sala de lo Constitucional que la resolución recurrida en Amparo se encuentra dictada conforme a derecho, debidamente motivada y razonada de manera lógica y coherente, en relación a la decisión adoptada, pues si bien es cierto en el artículo 184 reformado no se establece la prohibición taxativa de imponer medidas diferentes en el delito de Lavado de activos, el mismo establece que las medidas alternativas a la prisión preventiva no pueden imponerse si existe grave riesgo de que no se logre la finalidad perseguida[7]. CONSIDERANDO (11): Que, por todas las razones anteriormente expuestas, se estima que el fallo dictado por mayoría de votos por la Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán, no vulnera los derechos constitucionales de presunción de inocencia, debido proceso y legalidad, por lo que el amparo interpuesto por la abogada Yenny Mariela Sierra Varela, debe ser denegado. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los artículos 1, 89, 90, 183, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 y 321 de la Constitución de la República; 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 7 N° 2) y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 Nº 2), 5, 9 Nº 3) literal b) y 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 172 del Código Procesal Penal. FALLA: DENEGANDO el Recurso de Amparo interpuesto por la abogada YENNY MARIELA SIERRA VARELA, a favor de los señores LEONEL LUCIANO SAUCEDA GUIFARRO Y PATRICIA SBETHANA ESTRADA PACHECO, contra la resolución de fecha doce (12) de octubre del año dos mil veinte (2020), emitida por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN. Y MANDA: Que, con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó la Magistrada Reina Auxiliadora Hercules Rosa.- NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes de septiembre de dos mil veintiuno, Certificación de la sentencia de fecha dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Amparo Penal que se registra bajo el expediente No.1069-2020.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.
[1] Artículo 183 de la Constitución de la República.
[2] Artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
[3] Código Procesal Penal Comentado. Artículo 172 párrafo primero y segundo. Pag.324
[4] Armenta Deu, Teresa, LECCIONES DE DERECHO PROCESAL PENAL. Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A. Tercera edición. Madrid 2007. Pág. 172.
[5] Jurisdiccionalidad: la medida debe ser adoptada por un órgano dotado de jurisdicción; Instrumentalizad: las medidas cautelares son mero instrumento para hacer efectivo el proceso y la ejecución de la sentencia que eventualmente se dicte; Idoneidad: supone la adecuación de la medida a la situación jurídica, o sea asegurar la efectividad de la tutela judicial que pudiera otorgarse; y Proporcionalidad: adoptar la medida cautelar que suponga menor sacrificio a los derechos del imputado.
[6] Artículo 69 de la Constitución de la Republica: “La libertad personal es inviolable y sólo con arreglo a las leyes podrá ser restringida o suspendida temporalmente”.
[7] Párrafo cuarto del artículo 184 del Código Procesal Penal, reformado mediante Decreto No. 36-2020 publicado en el Diario Oficial La Gaceta de fecha 10 de junio del 2020.