Sentencia AP-1061-19 — Registro 13970
Resumen
Resolución que ordenó que ordenó y ejecutó un desalojo de forma ilegal, segùn recurrente afectando a 200 familias, incluyendo niños, mujeres embarazadas y ancianos, violentando normas constitucionales con relación según los recurrentes a una Demanda de Usurpación promovida contra éstos
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."(8): Que del examen de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Penal de La Ceiba, Departamento de Atlántida, conociendo de la acción constitucional de Amparo invocada, esta Sala observa que la misma se encuentra dictada conforme a derecho, ello porque la Alzada ha procedido a denegar el Recurso de Amparo promovido, al concluir que no se ha violentado el debido proceso, derecho de defensa y presunción de inocencia, pues habiendo sido acreditada la propiedad del denunciante señor NORMAN NOE CASTILLO AMAYA, siguiendo el procedimiento por el delito de Usurpación contra varias personas, el A-Quo ordenó el desalojo teniendo a la vista el título de dominio del denunciante, por lo cual, tal como lo dispone el artículo 227 del Código Penal el cual establece que tan pronto como se acredite en autos el derecho correspondiente, el juez que conoce de la causa ordene el desalojo del bien de que se trate, y en el caso de autos fue acreditada la propiedad del bien inmueble usurpado, por otra parte la ley no dispone que deban ser notificada del día y hora en que ha de practicarse el desalojo. CONSIDERANDO (9): En ese orden de ideas y siendo que el presente amparo fue presentado contra la resolución de fecha treinta y uno (31) de julio del año dos mil diecinueve (2019), dictada por el A-Quo en el proceso penal instruido contra JOSE ALBERTO FIGUEROA LOPEZ, JOSE MARTIN MURCIA, RIGOBERTO RAMIREZ JIMENEZ, BRENDA LISSETH GARCIA HERNANDEZ, TANIA LISETH LAZO CARCAMO, LUKIN IBENIA VANEGAS MARTINEZ E ISIDRO SALINAS, por suponerlos responsables del delito de USURPACIÓN en perjuicio del señor NORMAN NOE CASTILLO AMAYA, resolución que fue dictada en estricto cumplimiento al artículo 227 del Código Penal que dispone: “Quien usurpe un bien inmueble o un derecho real será sancionado con reclusión de dos (2) a cuatro (4) años, sin perjuicio de que tan pronto como se acredite en autos el derecho correspondiente, el juez que conoce de la causa ordene el desalojo del bien de que se trate o el reintegro del derecho usurpado.” En ese sentido consta en autos, el Instrumento Numero CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO (495) con el cual se acredita la propiedad del inmueble usurpado y en base a ello el A-Quo ordena el desalojo, en tal razón no se considera que se ha vulnerado los derechos constitucionales, señalados por el amparista. (Lo negrito y subrayado es nuestro) CONSIDERANDO (10): Que conforme lo preceptuado en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, el órgano jurisdiccional competente que conozca de la consulta, fallará con sólo la vista de los autos, reformando, confirmando o revocando la sentencia consultada; por ello y en razón de lo antes expuesto es procedente CONFIRMAR la sentencia venida en trámite de Consulta obligatoria ante este Alto Tribunal2
Legislación citada
- Código Penal, art. 227 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los tres días del mes de noviembre del año dos mil veintiuno. VISTO: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia de fecha ocho (8) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), dictada por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, departamento de Atlántida, que denegó el recurso de amparo interpuesto por los Abogados ARJANYE LINDAY CASTRO BRENES y SANTOS ENRIQUE ORDOÑEZ ORDOÑEZ, en su condición de representantes legales de LA CONFEDERACIÓN DE FEDERACIONES DE PATRONATOS DE HONDURAS (CONAFEPH), a favor de los pobladores que habitan en el Asentamiento Humano “Colonia Nueva Esperanza” de La Ceiba, departamento de Atlántida, contra la resolución de fecha treinta y uno de julio del año dos mil diecinueve, dictada por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida; mediante la cual se ordenó el desalojo de dicha población, con relación según los recurrentes a una Demanda de Usurpación promovida por el señor NORMAN NOE CASTILLO AMAYA, contra los pobladores que habitan en el Asentamiento Humano “Colonia Nueva Esperanza de La Ceiba, departamento de Atlántida.- Estima el recurrente que se han violentado los artículos 61, 82, 89 y 90 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha veintiocho (28) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), los Abogados ARJANYE LINDAY CASTRO BRENES y SANTOS ENRIQUE ORDOÑEZ ORDOÑEZ, actuando en su condición de representantes legales de LA CONFEDERACIÓN DE FEDERACIONES DE PATRONATOS DE HONDURAS (CONAFEPH), interpusieron recurso de Amparo ante la Secretaria de la Sala de lo Constitucional a favor de los pobladores que habitan en el Asentamiento Humano “Colonia Nueva Esperanza” de La Ceiba, departamento de Atlántida. (Folio 01 al 26 de la pieza de Corte de Apelaciones) 2.- Que en fecha cuatro (4) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), la Sala de lo Constitucional se declara Incompetente para conocer de la demanda de amparo interpuesta por los Abogados ARJANYE LINDAY CASTRO BRENES y SANTOS ENRIQUE ORDOÑEZ ORDOÑEZ, en su condición de representantes legales de LA CONFEDERACIÓN DE FEDERACIONES DE PATRONATOS DE HONDURAS (CONAFEPH), a favor de los pobladores que habitan en el asentamiento humano “Colonia Nueva Esperanza” de La Ceiba, departamento de Atlántida, por lo que se remitieron los antecedentes a la Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida por ser éste el Tribunal Competente. (Folio 28 de la pieza de Corte de Apelaciones) 3) Que en fecha ocho (8) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), luego de seguido el trámite que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, departamento de Atlántida, “FALLA: PRIMERO: DENEGANDO LA PRESENTE ACCION CONSTITUCIONAL DE AMPARO, presentada ante esta Corte de Apelaciones por los Abogados ARJANYE LINDAY CASTRO BRENES y SANTOS ENRIQUE ORDOÑEZ ORDOÑEZ, en su condición de representante legal de LAS CONFEDERACIONES DE PATRONATOS DE HONDURAS (CONAFEPH) promovida contra la resolución de fecha treinta y uno de julio del año dos mil diecinueve, dictada por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de La Ceiba, Atlántida.- SEGUNDO: REMITIR EN CONSULTA OBLIGATORIA para y ante la SALA DE LO CONSTITUCIONAL de la Honorable Corte Suprema de Justicia la presente Sentencia”…”. (Folios 50 al 52 de la pieza de Corte de Apelaciones) 4) Que en fecha veintiocho (28) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, dando así estricto cumplimiento a lo previsto por el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (1): Que se conoce el Recurso de Amparo Penal venido en consulta, decidido por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, interpuesto por los Abogados ARJANYE LINDAY CASTRO BRENES Y SANTOS ENRIQUE ORDOÑEZ ORDOÑEZ, contra actuaciones realizadas por el JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE LA CEIBA, ATLANTIDA, que en fecha treinta y uno (31) de julio del año dos mil diecinueve (2019), ordena el desalojo, en el proceso penal instruido en contra de los señores JOSE ALBERTO FIGUEROA LOPEZ, JOSE MARTIN MURCIA, RIGOBERTO RAMIREZ JIMENEZ, BRENDA LISSETH GARCIA HERNANDEZ, TANIA LISETH LAZO CARCAMO, LUKIN IBENIA VANEGAS MARTINEZ E ISIDRO SALINAS, por suponerlos responsables del delito de USURPACIÓN en perjuicio del señor NORMAN NOE CASTILLO AMAYA. CONSIDERANDO (2): Que el recurrente ha expuesto en el Recurso de Amparo promovido, que el acto contra el cual se reclama es contra la resolución de fecha treinta y uno de julio del año dos mil diecinueve, emitida por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, que ordenó y ejecutó un desalojo de forma ilegal, afectando a 200 familias, incluyendo niños, mujeres embarazadas y ancianos, violentando normas constitucionales. CONSIDERANDO (3): Que el impetrante sostiene que la orden de desalojo, se ejecutó sin haber sido oídos y vencidos en juicio, sin haber hecho uso del derecho a la defensa; arguye el impetrante que el acto reclamado, es ilegal, porque violenta garantías constitucionales, como ser el derecho de igualdad consignado en el artículo 61, el cual se violentó por una orden de desalojo ejecutada violenta e ilegal, que no se reconoce que son seres humanos que por su calidad de extrema pobreza han ocupado esos predios por más de diez años y el cual están legalizando haciendo los trámites de expropiación del predio por causa de necesidad; el derecho de defensa consignado en el artículo 82, debido a que sus representados no han tenido la oportunidad de defenderse o presentar medios de prueba a su favor o impugnar resoluciones, que no fueron escuchados en juicio antes que se ordenara y ejecutara el desalojo y que el procedimiento que se siguió es ilegal, debido a que no presentaron las notificaciones de la fecha y hora en que se realizaría el desalojo; presunción de inocencia consignado en el articulo 89, debido que al ordenar el desalojo de manera general, extensivo para todos los vecinos, violentando la presunción de inocencia por cuanto los condena como culpables a todos los afectados con la ejecución del desalojo, sin haber sido sujetos al debido proceso, sin haber sido oídos y vencidos en juicio; debido proceso consignado en el artículo 90, porque se ejecutó el desalojo ilegal de manera general, en cual afecto a todos los vecinos de la colonia Nueva Esperanza, sin haber existido un proceso legal justo, equitativo e imparcial. CONSIDERANDO (4): Que el acto que se conoce en consulta es la sentencia de fecha ocho de noviembre del año dos mil diecinueve, proferida por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, mediante la cual resuelve Denegando el Recurso de Amparo interpuesto por los Abogados ARJANYE LINDAY CASTRO BRENES Y SANTOS ENRIQUE ORDOÑEZ ORDOÑEZ, a favor de los habitantes del ASENTAMIENTO HUMANO NUEVA ESPERANZA, contra actuaciones del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, al estimar el recurrente que la resolución impugnada ha violentado en perjuicio de los habitantes del asentamiento humano Nueva Esperanza, los derechos de igualdad, de defensa, presunción de inocencia y debido proceso, consignados en los artículos 61, 82, 89 y 90 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO (5): Que al tenor de lo que dispone el artículo 68 párrafo segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala de lo Constitucional, el conocimiento del trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales que fuera cometida por Jueces de Letras Departamentales o seccionales, Jueces de Sentencia, Jueces de Ejecución y Jueces de Paz, en los casos de jurisdicción preventiva, contemplada en el artículo 10 numeral 2 literal a) de la ley antes referida. CONSIDERANDO (6): Que el recurrente relaciona en lo referente a la vulneración del derecho de igualdad, defensa, presunción de inocencia y debido proceso, consignados en los artículos 61, 82, 89 y 90 párrafo primero de la Constitución de la República mismos que señalan por su orden: “La Constitución garantiza a los hondureños y extranjeros residentes en el país, el derecho a la inviolabilidad de la vida, a la seguridad individual, a la libertad, a la igualdad ante la ley y a la propiedad.”; “El derecho a la defensa es inviolable. Los habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes.”; “Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente.”; “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece….”; el pedidor muestra su inconformidad con la decisión adoptada por el A-quo, al ordenar el desalojo de los habitantes de la colonia Nueva Esperanza, del municipio de La Ceiba, Departamento de Atlántida, al estimar el garantista que el desalojo fue ordenado de manera general, sin haber tenido la oportunidad de defenderse, sin haber sido oídos y vencidos en juicio, sin haber sido sujetos a un proceso, aunado a ello el desalojo se ejecutó sin notificarse a los vecinos de la Colonia Nueva Esperanza, la fecha y hora en que se realizaría el desalojo, vulnerando con ello los derechos antes indicados. CONSIDERANDO (7): Que la garantía genérica del debido proceso se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas. De este modo que dentro de tal garantía deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público y sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, etc. CONSIDERANDO (8): Que del examen de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Penal de La Ceiba, Departamento de Atlántida, conociendo de la acción constitucional de Amparo invocada, esta Sala observa que la misma se encuentra dictada conforme a derecho, ello porque la Alzada ha procedido a denegar el Recurso de Amparo promovido, al concluir que no se ha violentado el debido proceso, derecho de defensa y presunción de inocencia, pues habiendo sido acreditada la propiedad del denunciante señor NORMAN NOE CASTILLO AMAYA, siguiendo el procedimiento por el delito de Usurpación contra varias personas, el A-Quo ordenó el desalojo teniendo a la vista el título de dominio del denunciante, por lo cual, tal como lo dispone el artículo 227 del Código Penal el cual establece que tan pronto como se acredite en autos el derecho correspondiente, el juez que conoce de la causa ordene el desalojo del bien de que se trate, y en el caso de autos fue acreditada la propiedad del bien inmueble usurpado, por otra parte la ley no dispone que deban ser notificada del día y hora en que ha de practicarse el desalojo. CONSIDERANDO (9): En ese orden de ideas y siendo que el presente amparo fue presentado contra la resolución de fecha treinta y uno (31) de julio del año dos mil diecinueve (2019), dictada por el A-Quo en el proceso penal instruido contra JOSE ALBERTO FIGUEROA LOPEZ, JOSE MARTIN MURCIA, RIGOBERTO RAMIREZ JIMENEZ, BRENDA LISSETH GARCIA HERNANDEZ, TANIA LISETH LAZO CARCAMO, LUKIN IBENIA VANEGAS MARTINEZ E ISIDRO SALINAS, por suponerlos responsables del delito de USURPACIÓN en perjuicio del señor NORMAN NOE CASTILLO AMAYA, resolución que fue dictada en estricto cumplimiento al artículo 227 del Código Penal que dispone: “Quien usurpe un bien inmueble o un derecho real será sancionado con reclusión de dos (2) a cuatro (4) años, sin perjuicio de que tan pronto como se acredite en autos el derecho correspondiente, el juez que conoce de la causa ordene el desalojo del bien de que se trate o el reintegro del derecho usurpado.” En ese sentido consta en autos, el Instrumento Numero CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO (495) con el cual se acredita la propiedad del inmueble usurpado y en base a ello el A-Quo ordena el desalojo, en tal razón no se considera que se ha vulnerado los derechos constitucionales, señalados por el amparista. (Lo negrito y subrayado es nuestro) CONSIDERANDO (10): Que conforme lo preceptuado en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, el órgano jurisdiccional competente que conozca de la consulta, fallará con sólo la vista de los autos, reformando, confirmando o revocando la sentencia consultada; por ello y en razón de lo antes expuesto es procedente CONFIRMAR la sentencia venida en trámite de Consulta obligatoria ante este Alto Tribunal. POR TANTO: Que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y con fundamento en los artículos 80, 90, 303, 304, 313 numeral 5, 316 numeral 1 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 numeral 2, 4, 5, 7, 8, 10 numeral 2, literal a), 68 y 69 de la Ley sobre Justicia Constitucional. FALLA: CONFIRMANDO la sentencia venida en consulta, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha ocho (8) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019). Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó la Magistrada Reina Auxiliadora Hercules Rosa.- NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME, PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete días del mes de diciembre de dos mil veintiuno, certificación de la sentencia de fecha tres de noviembre de dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Amparo Penal venido en Consulta, registrado en este Tribunal con el número SCO- 1061-2019.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA
SALA DE LO CONSTITUCIONAL
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