Sentencia AP-1039-19 — Registro 13908
Resumen
Sentencia declaró ha lugar recurso de apelación y revocó resolución dictada por la Juez Unipersonal del Tribunal de Sentencia accedió al cambio de medida de prohibición de salir del país como medida cautelar impuesta al recurrente por una fianza hipotecaria a favor del Estado de Honduras en la Querella promovida por Gabriel Kafati S A contra éste por suponerlo responsable del delito de estafa y otros fraudes por apropiación indebida; El Tribunal de Alzada considera que la caución adoptada por la juez es impropia para asegurar la presencia del condenado en el proceso, no se evidencia voluntad sincera del recurrente de someterse al proceso
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"De la simple lectura de los antecedentes del proceso se logra advertir que las alegaciones del impetrante resultan además de infundadas, inexactas y absolutamente inconsecuentes para acreditar las supuestas violaciones a sus derechos por parte de la autoridad recurrida. VI. El hecho que el Tribunal de Alzada haya consignado en su fallo que el Abogado Julio Cesar Ramírez actuaba como apoderado del querellado responde a un evidente error material que no tiene consecuencia alguna en el fallo, pues no modifica su sentido ni altera su relato probatorio, más aún cuando resulta incuestionable la condición de dicho profesional como apoderado de la parte querellante pues en esa capacidad ha realizado todas sus actuaciones, este error por ende no implica, ni podría implicar transgresión alguna a la garantía del debido proceso ni a los principios que rigen el mismo y tampoco tiene las connotaciones legales que podrían derivarse de un hecho falso que provoque algún perjuicio, como impropiamente lo ha querido hacer ver el quejoso. VII. Con respecto a que el Tribunal de Alzada no permitió la intervención del apoderado del señor Víctor Bendeck, abogado Juan Sánchez Cantillano en el trámite del recurso de apelación que se analiza, es un argumento que, al igual que el anterior, resulta absolutamente inadmisible, pues basta con examinar la foliada para advertir que dicho profesional fue debidamente emplazado por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa (F1280), para comparecer ante la Corte de Alzada, y al no comparecer ante dicha instancia precluyó su derecho de intervenir en el procedimiento ante la Alzada, omisión que de ninguna manera puede serle atribuida al Tribunal de Alzada, sino que es claramente imputable al mencionado profesional, de ahí que en forma alguna pueda estimarse este hecho como una violación al derecho de defensa ni a ningún otro derecho o garantía constitucional. VIII. En cuanto a la alegación del recurrente en torno a que ha visto violentado en su perjuicio del principio de presunción de inocencia contenido en el Artículo 89 de la Constitución de la República, por la decisión del Ad Quem de revocar la medida cautelar dispuesta a su favor como condenado, debemos decir que ha sido criterio reiterado de esta Sala de lo Constitucional, que la imposición de medidas cautelares es, en principio, una decisión propia de la jurisdicción penal, la que obedece a los requisitos exigidos por la ley y en atención a su finalidad, la que se encuentra dispuesta por el artículo 172 del Código Procesal Penal. En virtud de ello, la Sala ha concluido que la imposición de medidas cautelares comporta un juicio de instancia y por tanto no susceptible de la garantía constitucional de amparo, a menos que se advierta arbitrariedad en la decisión del juzgador o que tal decisión ponga en precario los derechos que la Constitución reconoce, cuando tal decisión se ha tomado como resultado de una valoración defectuosa de los hechos o de la prueba aportada en forma oportuna por las partes, lo que no ha acontecido en el presente asunto. IX. Es importante acotar también que esta Sala se ha pronunciado en reiteradas decisiones con respecto al derecho de ofrecer caución, el cual es reconocido por nuestra Constitución en su artículo 93, y hemos afirmado que el ofrecimiento de fianza o caución no implica la aquiescencia ineludible del órgano jurisdiccional. Sobre este punto, la jurisprudencia de los Tribunales de la República ha sido clara en afirmar que la procedencia, naturaleza, regulación y aceptación de las cauciones, es determinada por la ley, partiendo del hecho que es la propia máxima constitucional la que remite el otorgamiento de la caución a la regulación normativa secundaria, al indicarse claramente la prerrogativa: “...si otorga caución suficiente, de conformidad con la ley...”. X. Dicho lo anterior, resulta claro que de acuerdo con la máxima constitucional, el otorgamiento de fianza o caución está sujeta a la concurrencia de los presupuestos legitimadores y al aseguramiento de los fines para los cuales se aplican todas las medidas cautelares en la materia, por ende, su aceptación por parte del órgano jurisdiccional es eminentemente potestativa, al estar condicionada a estos requerimientos, siendo éste el alcance de la disposición constitucional que la ha instaurado, por ende su denegatoria no podría implicar en sí misma un incumplimiento de la ley o una desatención de los derechos individuales del imputado o del condenado, en este caso. Así entonces, del examen de los antecedentes este Tribunal estima que la resolución del Ad Quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo ésta con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, no advirtiendo esta Sala que con la resolución impugnada se violente, lesione o se atente contra la garantía del debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República. De todas las consideraciones antes relacionadas y del estudio de las actuaciones de mérito, esta Sala no observa, como ya queda dicho, que con la resolución impugnada se violente, lesione o se atente contra la garantía del debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República, observándose que la motivación del presente recurso de amparo ha surgido de alegaciones sin ningún fundamento y más de una mera inconformidad con lo resuelto y a una clara intención de dilatar el asunto principal, por lo que al no advertirse vulneración manifiesta o evidente por la que se hayan disminuido o quebrantado derechos o garantías constitucionales por parte del Tribunal de Alzada, este Alto Tribunal es del firme criterio porque se deniegue la acción de amparo interpuesta por el recurrente y así debe declararse..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 89 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 15 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 120 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, primero de septiembre de dos mil veintiuno VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el señor Víctor Elías Francisco Bendeck, a favor de Sí Mismo, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha catorce de octubre de dos mil diecinueve, que declaró ha lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Tribunal de Sentencia del Departamento de Francisco Morazán, en fecha doce de septiembre de dos mil diecinueve, con relación a la querella presentada por el Abogado Julio Cesar Ramírez Mejía actuando en su condición de Apoderado Legal y Presidente del Consejo de Administración de la sociedad mercantil denominada GABRIEL KAFATI S.A., contra los señores Víctor Elías Francisco Bendeck y Orlando Recarte Butrago por suponerlos responsables de los delitos de Estafa y Otros Fraudes por Apropiación Indebida. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado en su perjuicio, los derechos consagrados en los artículos 82, 90, 321 y 321 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha cuatro de mayo de dos mil quince, compareció ante el Tribunal de Sentencia del Departamento de Francisco Morazán, el Abogado Julio Cesar Ramírez Mejía, actuando en su condición de Apoderado Legal y Presidente del Consejo de Administración de la sociedad mercantil denominada GABRIEL KAFATI S.A., presentando querella contra los señores Víctor Elías Francisco Bendeck y Orlando Recarte Butrago por suponerlos responsables de los delitos de Estafa y Otros Fraudes por Apropiación Indebida.(Folios 1-7 del tomo I de los antecedentes)2) En fecha treinta y uno de julio de dos mil diecinueve, el Tribunal de Sentencia celebró audiencia de juicio oral y público, en donde dictó sentencia mediante la cual falló: …Esta Juez Unipersonal declara la responsabilidad penal del señor Víctor Elías Francisco Bendeck Ramírez por un delito de Estafa en perjuicio de la sociedad mercantil Gabriel Kafaty S.A. y se absuelve al señor Orlando Recarte Butrago por el delito que fue querellado. (Folios 899-941 del tomo II del antecedente)3) En fecha doce de septiembre de dos mil diecinueve, el Tribunal de Sentencia del Departamento de Francisco Morazán, en la celebración de la audiencia para determinar la pena y la revisión de medidas, resolvió: I). - En cuanto a los medios de prueba ofertados por el Apoderado Querellante se rechazan, por considerar que los mismos no son medios idóneos para acreditar la pretensión del Apoderado Querellante. II). - Se señala fecha para la audiencia de Lectura de Sentencia para el día jueves diecisiete (17) de octubre del año dos mil diecinueve (2019) a las nueve de la mañana. III).-En cuanto a la petición de revisión de medidas hecha por el Apoderado Querellado, según lo establecido en el artículo 172 la finalidad de las medidas cautelares es asegurar la eficacia del procedimiento garantizando la presencia del imputado y la regular obtención de las fuentes de prueba; considero que los documentos que se han presentado por la parte querellada no se tienen por qué dudar de los mismos, son extendidos por las autoridades correspondientes, debo manifestar que efectivamente considero oportuno el cambiar la medida de prohibición de salir del país que se impuso en la audiencia anterior, admitiendo la fianza hipotecaria a favor del Estado de Honduras, que es para garantizar la presencia del querellado, es decir, que esté a disposición del Tribunal, no para garantizar las cantidades por las cuales se dictó el fallo condenatorio, sumado a esto que dicho fallo no se encuentra firme. Por lo tanto, se accede al cambio de medida de prohibición de salir del país por la fianza establecida en el artículo 173 numeral 10 por la cantidad de Lp.11,278,409.00, fianza que debe de estar inscrita a favor del Estado de Honduras y para lo cual se realizará el Apud Acta y una vez que se encuentre firmada librar las respectivas comunicaciones al Instituto de la Propiedad, hasta en tanto que esté inscrito a favor del Estado de Honduras, se librará la respectiva contra orden a Migración a efecto que esta persona pueda salir del país; si bien se acepta la fianza a favor del Estado de Honduras se le impondrá la medida de presentarse periódicamente a este Tribunal una vez cada dos meses, para lo cual se ordena al Secretario levante la respectiva acta de imposición de medidas. (Folios 950-951 del tomo II del antecedente) 4) En fecha trece de septiembre de dos mil diecinueve, compareció ante el Tribunal de Sentencia del Departamento de Francisco Morazán, el Abogado Julio Cesar Ramírez Mejía, en su condición anteriormente indicada, presentando recurso de apelación contra la resolución de referida en el numeral que antecede. (Folios 1253-1255 del tomo III del antecedente) 5) La Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha catorce de octubre de dos mil diecinueve, dictó sentencia por unanimidad de votos, mediante la cual resolvió: 1) Declarar HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el abogado querellante Julio Cesar Ramírez. 2)REVOCAR la resolución impugnada en la que se sustituyó al señor Víctor Elías Francisco Bendeck Ramírez la medida cautelar de prohibición de salir del país por una fianza hipotecaria a favor del Estado de Honduras. 3) Que el A-quo imponga al señor Víctor Elías Francisco Bendeck Ramírez (ya condenado), la medida cautelar de prohibición de salir del país. (Folios 1294-1296 del tomo III del antecedente) 6) Que el recurrente, el señor Víctor Elías Francisco Bendeck, compareció ante este Tribunal en fecha veinte de noviembre de dos mil diecinueve, interponiendo acción de amparo a favor Sí Mismo, afirmando que la decisión del Ad-quem, que ha sido relacionada en el numeral que antecede, es violatoria de los derechos consagrados en los artículos 82, 90, y 321 de la Constitución de la República. 7) Que en fecha veintidós de febrero de dos mil veintiuno, ésta Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma, en la acción de mérita, el escrito presentado por el Abogado Manuel Rodrigo Mazariegos Zúniga, asimismo, al tratarse de la imputación de un delito de orden privado en el cual el Ministerio Público no ha sido parte, se considera en consecuencia, ordenar dar vista de los antecedentes al Fiscal del Despacho por el término de cuarenta y ocho (48) horas para que emita el dictamen correspondiente. (Folio 45 del recurso de amparo) 8) Que en fecha dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, se tuvo por evacuada la vista concedida a la Fiscal del Ministerio Público, Abogada Sussy G. Coello García, desprendiéndose de la apreciación jurídica de los hechos controvertidos lo siguiente:… no se aprecia que el fallo dictado por la corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, vulnere los derechos constitucionales invocados por el amparista, en tanto que la sentencia definitiva de segunda instancia se encuentra limitada por los agravios expresados por la parte recurrente, sin perjuicio del análisis que realice a los antecedentes del caso y a las pretensiones alegadas por las partes en la audiencia de revisión de medidas, durante la cual el Apoderado Querellado fundamentó su respectiva petición y quien fue debidamente emplazado de forma personal, para que dentro del término de veinticuatro (24) horas se personara ante la Corte de Apelaciones (ver constancia de emplazamiento a folio 1280 del tomo III). De aquí que no se comparta el criterio del amparista, al constar en autos que a través de su apoderado legal se le garantizó el derecho que le asistía de personarse ante el Tribunal de Alzada y con ello el poder de recurrir la resolución que fuere contraria a sus pretensiones. Finalmente, resulta evidente que en el asunto bajo examen, pese a que en la motivación el juzgado refiere a un fallo condenatorio por dos delitos de Estafa y Otros Fraudes, esta sede fiscal encuentra que, en el razonamiento y fundamentación de su resolución, se colige el proceso racional que llevó al juzgado a considerar la gravedad de la pena a la que el acusado fue condenado, para razonablemente sospechar que el señor Víctor Elías Francisco Bendeck podría eludir el cumplimiento del fallo condenatorio emitido en su contra, y con ello un indicio mayor de peligro de fuga; sumado al hecho que los bienes inmuebles dados en garantía hipotecaria no son propiedad del señor Bendeck, y por tanto llevan al Ad-quem a concluir que no existen ninguna circunstancia de la que se infiere que con la fianza hipotecaria ofrecida a favor del Estado de Honduras, pueda coaccionar u obligar al acusado a someterse al proceso; por lo que estimó procedente mantener la medida cautelar de prohibición de salir del país. IV. CONCLUSIÓN: Por lo anteriormente expuesto, el Ministerio Público es del parecer que NO SE OTORGUE la presente acción de amparo, por no existir ultraje a los artículos constitucionales denunciados por el amparista, conforme las consideraciones que preceden. (Folios 48-50 del recurso de amparo) DEL RECURSO DE AMPARO Y LA COMPETENCIA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL 1. El Estado reconoce la garantía de amparo y en consecuencia toda persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta tiene derecho a interponer el recurso de amparo: 1. Para que le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y, 2. Para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente, ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución de la República. 2. Procede la acción de amparo contra las resoluciones, actos y hechos de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida. 3. En el ejercicio de la justicia constitucional los órganos jurisdiccionales solamente están sometidos a la Constitución de la República y a la ley. 4.Correspondiéndole la jurisdicción constitucional por mandato de la ley, esta Sala de lo Constitucional, es competente para conocer y resolver el presente recurso de amparo, de conformidad con lo establecido en el Artículo 9.3.b de la Ley Sobre Justicia Constitucional, en tanto que se alega una violación de derechos fundamentales cometidos por una Corte de Apelaciones, en específico, la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DE FRANCISCO MORAZÁN. OBJETO DEL RECURSO 5. Se reclama como violatoria de derechos y garantías constitucionales en perjuicio del señor VÍCTOR ELÍAS BENDECK, la precitada sentencia de fecha catorce (14) de octubre de dos mil diecisiete (2017), dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DE FRANCISCO MORAZÁN, que se dejó previamente relacionada. 6. El fallo denunciado por el impetrante como violatorio de derechos y garantías constitucionales, resolvió el recurso de apelación interpuesto por el Abogado JULIO CESAR RAMÍREZ MEJÍA como apoderado de la parte querellante, contra la resolución de fecha 12 de septiembre de 2019, proferida por la Juez Sara Isabel Rodríguez, de la Sala Primera del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, en la que se decidió el cambio de una medida cautelar impuesta al condenado VÍCTOR ELÍAS BENDECK. 7. En el fallo que se recurre por esta vía, el Tribunal de Alzada revocó lo decidido por la juez de instancia, refiriendo que la caución adoptada por la juez resultaba impropia para asegurar la presencia del condenado en el proceso, por lo que no se evidencia la voluntad sincera del señor Bendeck de someterse al proceso. SOBRE LAS ALEGACIONES DEL RECURRENTE 8. El reclamo del impetrante inició cuestionando el hecho que en la sentencia recurrida se consignara que el Abogado Julio Cesar Ramírez era su apoderado, lo cual refiere como un hecho falso, pues éste representa a la parte acusadora o querellante. 9. Seguidamente el impetrante censuró el hecho que a su apoderado defensor no se le permitió contestar agravios ni constituirse en las “subsiguientes etapas del proceso”, lo cual le dejó en estado de indefensión, ocasionando con ello una transgresión al derecho de defensa. 10. Finalmente, el amparista denunció que la resolución impugnada lesionó sus derechos fundamentales, cuestionando el razonamiento del Tribunal de Alzada en torno a la revocación de la medida cautelar de caución que se ofreció en garantía a favor del Estado de Honduras.11. RAZONAMIENTO DE LA SALA I. Esta Sala ha establecido que el recurso de amparo supone una afectación, lesión, vulneración o amenaza ilegítima al titular de un derecho o interés legítimo, quien acude ante el juez constitucional para que lo proteja y haga cesar los efectos de esa amenaza o eventual lesión. II. Esta Sala ha dicho a su vez que la garantía al debido proceso comporta que toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso, a permitirle tener oportunidad de ser oído y a hacer valer sus pretensiones legitimas frente al juez. También esta Sala ha dejado establecido en amplia jurisprudencia que el párrafo primero del artículo 90, en tanto norma constitucional concernida, se traduce de un modo general en el deber que tienen los Tribunales de garantizar una tutela judicial efectiva, la cual se viene caracterizando como un ajustado sistema de garantías para las partes en el proceso, que permitan, a quien pretenda hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba. La Sala ha declarado en reiteradas decisiones[1], que la tutela judicial efectiva comporta como contenido esencial y primario, el derecho de obtener de los órganos jurisdiccionales integrantes del Poder Judicial, una resolución razonada y fundada en derecho que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio, lo cual genera en los jueces, en forma evidente, el deber de cumplir con las exigencias fundamentales del proceso. III. En este sentido, se ha enfatizado que el derecho a la tutela judicial efectiva no puede ser concebido como el derecho a obtener una resolución favorable, pero sí conlleva el derecho a una resolución debidamente motivada y fundada en derecho, sea o no favorable a las pretensiones planteadas. En este sentido, esta Sala concuerda en que el derecho a la tutela judicial no garantiza el éxito de la pretensión y tampoco puede ésta contener en su seno, el conjunto del ordenamiento jurídico, puesto que ello sería desproporcionado como contenido de un derecho fundamental. IV. Hemos insistido a su vez, que el recurso de amparo no constituye un recurso de instancia, pues está destinado a la protección constitucional ante violaciones a preceptos de esa índole y debería ser evidente que para la apreciación de estas violaciones deben presentarse razonamientos concretos que expliquen a este Alto Tribunal cómo estas violaciones surgen del acto reclamado en amparo, y así acordar en su caso, la debida protección y consecuente restitución a estos derechos. V. De la simple lectura de los antecedentes del proceso se logra advertir que las alegaciones del impetrante resultan además de infundadas, inexactas y absolutamente inconsecuentes para acreditar las supuestas violaciones a sus derechos por parte de la autoridad recurrida. VI. El hecho que el Tribunal de Alzada haya consignado en su fallo que el Abogado Julio Cesar Ramírez actuaba como apoderado del querellado responde a un evidente error material que no tiene consecuencia alguna en el fallo, pues no modifica su sentido ni altera su relato probatorio, más aún cuando resulta incuestionable la condición de dicho profesional como apoderado de la parte querellante pues en esa capacidad ha realizado todas sus actuaciones, este error por ende no implica, ni podría implicar transgresión alguna a la garantía del debido proceso ni a los principios que rigen el mismo y tampoco tiene las connotaciones legales que podrían derivarse de un hecho falso que provoque algún perjuicio, como impropiamente lo ha querido hacer ver el quejoso. VII. Con respecto a que el Tribunal de Alzada no permitió la intervención del apoderado del señor Víctor Bendeck, abogado Juan Sánchez Cantillano en el trámite del recurso de apelación que se analiza, es un argumento que, al igual que el anterior, resulta absolutamente inadmisible, pues basta con examinar la foliada para advertir que dicho profesional fue debidamente emplazado por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa (F1280), para comparecer ante la Corte de Alzada, y al no comparecer ante dicha instancia precluyó su derecho de intervenir en el procedimiento ante la Alzada, omisión que de ninguna manera puede serle atribuida al Tribunal de Alzada, sino que es claramente imputable al mencionado profesional, de ahí que en forma alguna pueda estimarse este hecho como una violación al derecho de defensa ni a ningún otro derecho o garantía constitucional. VIII. En cuanto a la alegación del recurrente en torno a que ha visto violentado en su perjuicio del principio de presunción de inocencia contenido en el Artículo 89 de la Constitución de la República, por la decisión del Ad Quem de revocar la medida cautelar dispuesta a su favor como condenado, debemos decir que ha sido criterio reiterado de esta Sala de lo Constitucional, que la imposición de medidas cautelares es, en principio, una decisión propia de la jurisdicción penal, la que obedece a los requisitos exigidos por la ley y en atención a su finalidad, la que se encuentra dispuesta por el artículo 172 del Código Procesal Penal. En virtud de ello, la Sala ha concluido que la imposición de medidas cautelares comporta un juicio de instancia y por tanto no susceptible de la garantía constitucional de amparo, a menos que se advierta arbitrariedad en la decisión del juzgador o que tal decisión ponga en precario los derechos que la Constitución reconoce, cuando tal decisión se ha tomado como resultado de una valoración defectuosa de los hechos o de la prueba aportada en forma oportuna por las partes, lo que no ha acontecido en el presente asunto. IX. Es importante acotar también que esta Sala se ha pronunciado en reiteradas decisiones con respecto al derecho de ofrecer caución, el cual es reconocido por nuestra Constitución en su artículo 93, y hemos afirmado que el ofrecimiento de fianza o caución no implica la aquiescencia ineludible del órgano jurisdiccional. Sobre este punto, la jurisprudencia de los Tribunales de la República ha sido clara en afirmar que la procedencia, naturaleza, regulación y aceptación de las cauciones, es determinada por la ley, partiendo del hecho que es la propia máxima constitucional la que remite el otorgamiento de la caución a la regulación normativa secundaria, al indicarse claramente la prerrogativa: “...si otorga caución suficiente, de conformidad con la ley...”. X. Dicho lo anterior, resulta claro que de acuerdo con la máxima constitucional, el otorgamiento de fianza o caución está sujeta a la concurrencia de los presupuestos legitimadores y al aseguramiento de los fines para los cuales se aplican todas las medidas cautelares en la materia, por ende, su aceptación por parte del órgano jurisdiccional es eminentemente potestativa, al estar condicionada a estos requerimientos, siendo éste el alcance de la disposición constitucional que la ha instaurado, por ende su denegatoria no podría implicar en sí misma un incumplimiento de la ley o una desatención de los derechos individuales del imputado o del condenado, en este caso. Así entonces, del examen de los antecedentes este Tribunal estima que la resolución del Ad Quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo ésta con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, no advirtiendo esta Sala que con la resolución impugnada se violente, lesione o se atente contra la garantía del debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República. De todas las consideraciones antes relacionadas y del estudio de las actuaciones de mérito, esta Sala no observa, como ya queda dicho, que con la resolución impugnada se violente, lesione o se atente contra la garantía del debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República, observándose que la motivación del presente recurso de amparo ha surgido de alegaciones sin ningún fundamento y más de una mera inconformidad con lo resuelto y a una clara intención de dilatar el asunto principal, por lo que al no advertirse vulneración manifiesta o evidente por la que se hayan disminuido o quebrantado derechos o garantías constitucionales por parte del Tribunal de Alzada, este Alto Tribunal es del firme criterio porque se deniegue la acción de amparo interpuesta por el recurrente y así debe declararse. PARTE RESOLUTIVA POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, y en aplicación de los artículos: 79, 82, 90, párrafo primero, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1, 321, 323, de la Constitución de la República; 8, 10 y 20 de la Declaración Universal Sobre Derechos Humanos; 14.1, 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; XXI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8.1 y 15 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 No. 5 y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, numeral 2), 7, 8, 9 numeral 3), 41 No.2, 45, 48, 63 último párrafo, y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. F A L L A: DENEGANDO la garantía de amparo invocada por el señor VÍCTOR ELÍAS FRANCISCO BENDECK, a favor de SÍ MISMO, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha catorce de octubre de dos mil diecinueve, de la cual se ha hecho mérito; Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho días del mes de septiembre de dos mil veintiuno, certificación de la sentencia de fecha uno de septiembre de dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Amparo Penal bajo el número SCO-1039-2019.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] APC 631-12; AP 21-11: APC 91-11; AC 94-11