Sentencia AP-1026-19 — Registro 12666
Resumen
Sentencia en consulta sobreseyó recurso de amparo contra resolución dictada por juzgado de primera instancia que decretó auto de formal procesamiento contra recurrente por suponerlo responsable a título de autor del delito de usurpación en perjuicio de varios perjudicados; además ordenó el desalojo de los ocupantes del bien inmueble; el Tribunal de Alzada considera que las alegaciones son cuestiones de mera legalidad y no son propias de la materia constitucional
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"del examen de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, conociendo de la acción constitucional de Amparo invocada, esta Sala observa que la misma se encuentra dictada conforme a derecho, ello porque la Alzada ha procedido a sobreseer el Recurso de Amparo promovido al detectar que se están alegando cuestiones de mera legalidad, como lo ha dejado establecido en el considerando cinco de la sentencia emitida, al hacer suyo el criterio de esta Sala de lo Constitucional al dejar plasmado en varias sentencias que son cuestiones de mera legalidad, aquellas situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la Justicia Constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados, se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; lo que no sucede en el caso subjúdice..."..."es procedente CONFIRMAR la sentencia venida en trámite de Consulta obligatoria ante este Alto Tribunal..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 80 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 46 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 68 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 69 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
…"del examen de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, conociendo de la acción constitucional de Amparo invocada, esta Sala observa que la misma se encuentra dictada conforme a derecho, ello porque la Alzada ha procedido a sobreseer el Recurso de Amparo promovido al detectar que se están alegando cuestiones de mera legalidad, como lo ha dejado establecido en el considerando cinco de la sentencia emitida, al hacer suyo el criterio de esta Sala de lo Constitucional al dejar plasmado en varias sentencias que son cuestiones de mera legalidad, aquellas situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la Justicia Constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados, se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; lo que no sucede en el caso subjúdice..."..."es procedente CONFIRMAR la sentencia venida en trámite de Consulta obligatoria ante este Alto Tribunal..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 80 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 46, 1 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 68 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 69 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticinco días del mes de febrero del año dos mil veintiuno. VISTO: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES PENAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, de fecha once (11) de noviembre de dos mil diecinueve (2019), que sobreseyó la demanda de Amparo promovida por el Abogado SANTIAGO DE JESUS MEJIA HERNANDEZ, a favor del Señor HILARIO GONZALES, contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS PENAL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, en fecha veintidós (22) de enero de dos mil diecinueve (2019), que en la Audiencia Inicial resuelve decretar auto de formal procesamiento, en relación a la causa instruida contra el Señor HILARIO GONZALES CASTILLO, por suponerlo responsable del delito de USURPACION en perjuicio de Isabel Cristina Pineda Viuda de Córdova, Alejandra Isabel, Roberto Antonio y Eduardo Enrique, todos de apellidos, Córdoba Pineda. Estimando el recurrente que el acto reclamado es violatorio de lo dispuesto en los artículos 15, 16, 18, 59, 60, 61, 63, 64, 68, 69, 80, 82, 89, 127 y 178 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha dieciséis (16) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, el Abogado JERSON A. GARCIA BAIDE en su condición de Fiscal del MINISTERIO PÚBLICO, presentando requerimiento fiscal contra los Señores HILARIO GONZALES CASTILLO, REYNALDO ELISEO TORRES CORRALES, JOSE OSCAR SARMIENTO, SANTOS EDUVIGES LOPEZ CHICAS, RAMON ANTONIO HERRERA BETANCOURT y JOSE MANUEL ALFARO, por suponerlos responsables a título de Autores del delito de USURPACIÓN, en perjuicio de ISABEL CRISTINA PINEDA VIUDA DE CORDOBA, ROBERTO ANTONIO CORDOBA PINEDA, EDUARDO ENRIQUE CORDOBA PINEDA y ALEJANDRA ISABEL CORDOBA PINEDA. (Folios 1-3 de la pieza de antecedentes del A-Quo). 2) Que en fecha veintidós (22) de enero del año dos mil diecinueve (2019), el Juzgado antes citado en la celebración de la Audiencia Inicial Resolvió: (Sic): “PRIMERO: SIN LUGAR LA EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA DE TRIBUNAL, por falta de acreditación de la misma, planteada por la defensa privada. SEGUNDO:AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO contra el imputado HILARIO GONZALES CASTILLO primer imputado habido en el Requerimiento Fiscal incoada por la Comisión del delito de USURPACIÓN en perjuicio de Isabel Cristina Pineda viuda de Córdoba, Roberto Antonio Córdoba Pineda, Eduardo Enrique Córdoba Pineda y Alejandra Isabel Córdoba Pineda. TERCERO: se ORDENA EL DESALOJO, de los ocupantes del bien inmueble descrito en la Certificación Integra de Asiento registrado bajo el tomo 1176 del asiento 44 ante el Instituto de la Propiedad, en relación a la adjudicación realizada a favor de Roberto Antonio Córdoba Fasquelle. Para la práctica del mismo se nombra como JUEZ EJECUTOR a la Abogada Roxana Mesto, Juez de Paz Criminal de ésta sección judicial, quien deberá de seguir las recomendaciones establecidas en el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales adoptado por la Asamblea Genera la Organización de las Naciones Unidas en diciembre de 1966.- Desalojo voluntario que deberá de tener un término de quince días para su cumplimiento, concluido el mismo y de no ser acatado deberá de realizarse el desalojo forzoso, para lo cual la Ejecutora deberá de hacer valer de los Derechos Humanos, Policial Nacional y Policial Militar para la ejecución del desalojo. Se ordena en consecuencia librar comunicación a la ejecutara nombrada para que proceda a juramentación y practica de su deber como tal…” (Folios del 183–191 de la pieza de antecedentes del A-Quo). 3) Que en fecha diecinueve (19) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), el Abogado SANTIAGO DE JESUS MEJIA HERNANDEZ, compareció ante la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, presentando Demanda de Amparo a favor del Señor HILARIO GONZALES, contra la resolución dictada en Audiencia Inicial y que se encuentra relacionada en el acápite que antecede, autoridad que una vez seguido el trámite que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional dictó Sentencia en fecha once (11) de Noviembre del año dos mil diecinueve (2019), mediante la cual Falló: (Sic): “SOBRESEER la acción de Amparo interpuesta por el Abogado SANTIAGO DE JESUS MEJIA HERNANDEZ, contra la resolución de fecha diecinueve (19) de enero del año dos mil diecinueve dictada por el Juzgado de Letras de lo Penal de esta Sección Judicial, en el proceso penal instruido contra el señor HILARIO GONZALEZ CASTILLO Y OTROS, por el delito de USURPACION, en perjuicio de en perjuicio de los señores ALEJANDRA ISABEL CÓRDOVA PINEDA, ROBERTO ANTONIO CÓRDOVA PINEDA Y EDUARDO ENRIQUE CÓRDOVA PINEDA, y de la señora ISABEL CRISTINA PINEDA LÓPEZ. Y MANDA: Que una vez notificado el presente fallo, se remitan los autos en consulta a la Honorable Corte Suprema de Justicia…” (Folios del 1–5 y 98-102fv de la pieza de antecedentes de Amparo). 4) Que en fecha dieciocho (18) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, dando así estricto cumplimiento a lo previsto en el segundo párrafo del artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO 1: Que se conoce el Recurso de Amparo Penal venido en consulta, decidida por la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, interpuesto por el Abogado SANTIAGO DE JESUS MEJIA HERNANDEZ, contra actuaciones realizadas por el JUZGADO DE LETRAS PENAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, que decreta Auto de Formal Procesamiento, en el proceso penal instruido en contra del señor HILARIO GONZALES CASTILLO, por suponerlo responsable del delito de USURPACIÓN, en perjuicio de los señores ISABEL CRISTINA PINEDA VIUDA DE CÓRDOBA, ROBERTO ANTONIO CÓRDOBA PINEDA, EDUARDO ENRIQUE CÓRDOBA PINEDA Y ALEJANDRA ISABEL CÓRDOBA PINEDA. CONSIDERANDO 2: Que el recurrente ha expuesto en el Recurso de Amparo promovido, que el acto contra el cual se reclama es contra la resolución emitida por el Juzgado de Letras Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, que en audiencia inicial decreta auto de formal procesamiento, en el proceso iniciado en contra de su representado; arguye el impetrante que el 22 de enero del año 2019, el ad-quo dictó la resolución en donde resuelve dar auto de formal procesamiento en contra de su patrocinado y a la vez declarar con lugar el desalojo a las personas que habitan 150 aproximadamente, el predio propiedad de las supuestas familias de los señores Alejandra Isabel, Roberto Antonio, Eduardo Enrique de apellidos Córdova Pineda y de la señora Isabel Cristina Pineda López, en el lugar denominado Aldea El Carmen y que no es donde habita el indilgado y desde esa perspectiva no se pudo, ni debió declarase el presente desalojo a favor de las familias ya mencionadas, lacerando derechos fundamentales de los demás personas que ahí habitan el inmueble, porque las mismas no fueron sindicadas o individualizadas y lo que si procedió otorgar fue un sobreseimiento definitivo o en su defecto un provisional y declarar sin lugar la petición de desalojo por parte del fiscal y del acusador privado, lo que ha dado lugar a un primer acto de nulidad por violación al debido proceso penal, de un acto procedimental. CONSIDERANDO 3: Que el acto que se conoce en consulta es la sentencia de fecha once de noviembre del año dos mil diecinueve, proferida por la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, mediante la cual resuelve Sobreseer el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado SANTIAGO DE JESUS MEJIA HERNANDEZ a favor del señor HILARIO GONZALES, contra actuaciones del Juzgado de Letras Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, al estimar el recurrente que la resolución impetrada vía Amparo vulnera el derecho al debido proceso penal, relacionándolo con el artículo 54 del Código Procesal Penal y las garantías mínimas constitucionales al tenor de lo establecido en el artículo 59 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO 4 Que al tenor de lo que dispone el artículo 68 párrafo segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala de lo Constitucional, el conocimiento del trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales que fuera cometida por Jueces de Letras Departamentales o seccionales, Jueces de Sentencia, Jueces de Ejecución y Jueces de Paz, en los casos de jurisdicción preventiva, contemplada en el artículo 10 numeral 2 literal a) de la ley antes referida. CONSIDERANDO 5: Que el recurrente relaciona en lo referente a la vulneración del derecho al debido proceso penal el artículo 54 del Código Procesal Penal y en relación a las garantías mínimas constitucionales el artículos 59 de la Constitución de la República que señala: “La persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Todos tienen la obligación de respetarla y protegerla. La dignidad del ser humanos es inviolable. Para garantizar los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución, crease la Institución del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. La organización, prerrogativas y atribuciones del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos será objeto de una Ley Especial.”; el pedidor muestra su inconformidad con la decisión adoptada por el A-quo, al decretarse Auto de Formal procesamiento en contra de su representado en el proceso que se le ha instruido por suponérsele responsable del delito de Usurpación, al estimar el garantista que debió el A-quo dictar Sobreseimiento Definitivo o bien provisional acorde con lo dispuesto en el artículo 54 del Código Procesal Penal. CONSIDERANDO 6: Que del examen de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, conociendo de la acción constitucional de Amparo invocada, esta Sala observa que la misma se encuentra dictada conforme a derecho, ello porque la Alzada ha procedido a sobreseer el Recurso de Amparo promovido al detectar que se están alegando cuestiones de mera legalidad, como lo ha dejado establecido en el considerando cinco de la sentencia emitida, al hacer suyo el criterio de esta Sala de lo Constitucional al dejar plasmado en varias sentencias que son cuestiones de mera legalidad, aquellas situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la Justicia Constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados, se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; lo que no sucede en el caso subjúdice. CONSIDERANDO 7: Que conforme lo preceptuado en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, el órgano jurisdiccional competente que conozca de la consulta, fallará con sólo la vista de los autos, reformando, confirmando o revocando la sentencia consultada; por ello y en razón de lo antes expuesto es procedente CONFIRMAR la sentencia venida en trámite de Consulta obligatoria ante este Alto Tribunal. POR TANTO: Que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y con fundamento en los artículos 80, 90, 303, 304, 313 numeral 5, 316 numeral 1 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 numeral 2, 4, 5, 7, 8, 10 numeral 2, literal a), 68 y 69 de la Ley sobre Justicia Constitucional. FALLA: CONFIRMANDO la sentencia venida en consulta, dictada por la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortés en fecha once de noviembre del año dos mil diecinueve. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó la Magistrada Reina Auxiliadora Hercules Rosa.- NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintiséis días del mes de abril de dos mil veintiuno, certificación de la sentencia de fecha veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, recaída en el recurso de amparo penal venido en consulta registrado en este Tribunal con el número SCO-1026=2019.
ABOG. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.