Sentencia AP-1020-20 — Registro 13971
Resumen
Resolución que deniega sustitución de medida cautelar de prisión preventiva con relación a la causa instruida contra recurrentes por suponerlos responsables del delito de Lavado de Activos en perjuicio de la Economía del Estado de Honduras
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."(7): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio, como lo desea la parte, como parece entenderlo el recurrente; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos.- CONSIDERANDO OCHO (8): Que la labor de valoración de la prueba no es mecánica o automatizada puesto que el Juez ira construyendo la convicción o certeza sobre los hechos controvertidos conforme analiza y evalúa las pruebas, lo que implica un examen total de los medios probatorios obrantes en autos, a fin de cumplir con el mandato legal de valoración conjunta. De esta manera las pretensiones de las partes se verán reforzadas o mediatizadas conforme el Juez vaya analizando y sopesando los medios probatorios hasta llegar al momento de la decisión final. -CONSIDERANDO NUEVE (9): Esta sala del estudio de la foliada entiende que el recurrente dentro de las violaciones alegadas se encuentra el derecho a la libertad, comprendido en el artículo 69 de la Constitución de la República, al señalar que “La libertad personal es inviolable y solo con arreglo a las leyes podrá ser restringida o suspendida temporalmente”, relacionándolo con lo estipulado en el artículo 93 Constitucional que dice: “Aun con auto de prisión, ninguna persona puede ser llevada a la cárcel ni detenida en ella, si otorga caución suficiente de conformidad con la Ley”.- Señala lo anterior en vista que para el cambio de la medida cautelar de prisión preventiva, ofreció GARANTIA DEPOSITARIA, por un monto de un (1) millón de lempiras por cada imputado, haciendo un total de tres (3) millones entre los tres (3), para garantizar la comparecencia del encausado en los actos del proceso en los que sea requerida la presencia de los imputados, pero que sin embargo refiere que fue denegada por el Juez y Magistrados de Corte de Apelaciones la petición de sustituir la medida cautelar de prisión preventiva, sin fundamento al no valorarse los motivos de la solicitud. -CONSIDERANDO DIEZ (10): Que en cuanto al señalamiento antes establecido es meritorio destacar que los derechos contemplados en la Constitución de la República, salvo el derecho a la vida, no son absolutos y por lo tanto los derechos contemplados para los habitantes de la República, incluso el que el recurrente señala como vulnerado encuentran su límite en las leyes secundarias. - En ese sentido ya la norma penal indica y resguarda el derecho a defenderse en libertad e impone término legal únicamente en aquellos casos en donde el bienestar general debe de prevalecer sobre el particular, fundamento que se basó el Juez de primera instancia para rechazar la petición que ahora se impugna. Por lo dicho somos del criterio que se debe DENEGAR el presente recurso de amparo"
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 1 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 2 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 173 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ Corte Suprema De Justicia, Sala De Lo Constitucional. -CORTE SUPREMA DE JUSTICIA; SALA DE LO CONSTITUCIONAL. - Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinticinco de agosto del año dos mil veintiuno.-VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado DAGOBERTO ASPRA IGLESIAS a favor de los señores GUSTAVO ADOLFO LOBO ALVAREZ, DINOR DONALDO ORTIZ MEJIA y BAYRON DONALDO MEJIA URBINA, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha siete (7) de octubre de dos mil veinte (2020), que declaro NO HA LUGAR recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL, en fecha veinticinco de junio de dos mil veinte (2020), con relación a la causa instruida contra los señores GUSTAVO ADOLFO LOBO ALVAREZ, DINOR DONALDO ORTIZ MEJIA Y BAYRON ADOLFO LOBO ALVAREZ, DINOR DONALDO AORTIZ MEJIA Y BAYRON DONALDO MEJIA URBINA, por suponerlos responsables del delito de LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de LA ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS.- Estima la recurrente que con el acto reclamado en amparo se han violentado a su representado lo dispuesto en los artículos 69, 89 y 90 de la Constitución de la República. –ANTECEDENTES.-1) Que en fecha dieciocho (18) de junio del año dos mil veinte (2020), compareció ante el JUZGADO DE LETRAS CON JURISDICCION NACIONAL EN MATERIA PENAL el Abogado DAGOBERTO ASPRA IGLESIAS, solicitando Revisión de Medidas Cautelares de Prisión Preventiva, en su condición de Apoderado Legal de los señores GUSTAVO ADOLFO LOBO ALVAREZ, DINOR DONALDO ORTIZ MEJIA y BAYRON DONALDO MEJIA URBINA, por suponerlo responsable del delito de LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de LA ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS.- (Folio 1 al 04 de la pieza del Juzgado).- 2) Que habiendo seguido el trámite correspondiente el JUZGADO DE LETRAS CON JURISDICCION NACIONAL EN MATERIA PENAL, en audiencia de Revisión de Medidas, fecha veinticinco (25) de junio de dos mil veinte (2020) el Juzgado resuelve: 1)Admitir el Recurso de Apelación en un solo efecto y téngase por expresados los agravios presentados por el Abogado GUSTAVO ADOLFO LOBO ALVEREZ, DINOR DONALDO ORTIZ MEJIA y BAYRON DONALD MEJIA URBINA, por suponerlos responsables del delito de LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de LA ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS y contra BAYRON DONALD MEJIA URBINA, por el delito de ALMACENAMIENTO ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO DE USO COMERCIAL, en perjuicicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.- 2) Tener por contestados en tiempo y forma por la Abogada ILIAN ROMERO, en su condición de Fiscal del Ministerio Público los agravios anteriormente referidos.- 3.- DECLARA SIN LUGAR el Recurso de reposición planteado por la Defensa Privada de los encausados GUSTAVO ADOLFO LOBO ALVAREZ, DINOR DONALDO ORTIZ MEJIA y BAYRON DONALD MEJIA URBINA, ya que la resolución anteriormente proferida se ha dictado conforme a derecho, este Juzgado en este momento procesal no le compete establecer penas del Código Penal vigente, ya que esa es otra etapa de juicio oral y público que se determinaran dichos aspectos, los delitos por los cuales se les atribuyen a los acusados siguen siendo penas graves.- 4)…”(Folios 72 al 77 de la pieza del Juzgado).-3) Que en fecha siete (7) de octubre del año dos mil veinte (2020), la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, RESUELVE: “1) DECLARANDO NO HA LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto. - 2) CONFIRMAR la resolución apelada. -” (Folios 91 al 93 de la pieza Antecedente).-4) Que el recurrente abogado DAGOBERTO ASPRA IGLESIAS, compareció ante este Tribunal, en fecha diez (10) de noviembre del año dos mil veinte (2020), reclamando amparo a favor de los señores GUSTAVO ADOLFO LOBO ALVAREZ, DINOR DONALDO ORTIZ MEJIA y BAYRON DONALDO MEJIA URBINA, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha siete (7) de octubre del año dos mil veinte (2020), manifestando que es violatorio a lo dispuesto en los artículos 69, 89 y 90 de la Constitución de la República.-5) Que en fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), este alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo de mérito y a la vez omitió la vista de los antecedentes al fiscal del despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público.- CONSIDERANDO UNO (1): Que la garantía Constitucional de Amparo promovida por el Abogado DAGOBERTO ASPRA IGLESIAS, a favor de los señores GUSTAVO ADOLFO LOBO ALVAREZ, DINOR DONALDO ORTIZ MEJIA Y BAYRON DONALDO MEJIA URBINA, se dirige contra la sentencia proferida el siete (7) de octubre del año dos mil veinte (2020) por la Corte de Apelaciones de lo Penal de Francisco Morazán, que confirma el Auto de fecha veinticinco de junio de dos mil veinte, mediante el cual el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal deniega la sustitución de la medida cautelar de prisión preventiva por una menos gravosa; en relación con la causa instruida en contra de los señores GUSTAVO ADOLFO LOBO ALVAREZ, DINOR DONALDO ORTIZ MEJIA Y BAYRON DONALDO MEJIA URBINA, por suponerlos responsable del delito de LAVADO DE ACTIVOS en perjuicio de ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS.-CONSIDERANDO DOS (2): Que el Abogado DAGOBERTO ASPRA IGLESIAS, considera agraviado el derecho de sus representados, alegando que en la denegatoria de su petición de sustituir la medida de prisión preventiva, no está de acuerdo que se invoque un peligro de fuga por estar presentando una fianza que a su criterio es suficiente y proporcional al delito, señalando a su ves que la gravedad de la pena que ha invocado el artículo 439 del nuevo Código Penal, en el cual las penas han bajado ostensiblemente y en el último párrafo, se puede leer que las penas pueden bajar de una a la mitad cuando se pueda acreditar que la posesión o utilización de bienes sin título por parte de personas unidas por relación personal o familiar con el responsable del hecho; quienes guardan prisión son personas que han sido empleados por ellos, por lo tanto la titularidad de esta acusación no recae sobre ellos, siendo considerada esta situación para una rebaja de pena y su gravedad no debe de tomarse en consideración, porque no es cierto que sea grave. Al comparar lo que expone la Corte de Apelaciones de lo Penal en cuanto a que “… al revisar la foliada se colige fácilmente que los argumentos del impetrante es… “, por lo que sin querer producir conclusiones apresuradas me revela que ni siquiera leyeron mis agravios, argumentando que no le tomaron importancia a un recurso de apelación que decide la libertad de tres personas, pide a la sala que valore esos argumentos esgrimidos por la Corte de Apelaciones. Señala que antes de entrar en vigencia el Decreto 36-2020 existía prohibición expresa de otorgar medidas cautelares distintas a la prisión preventiva, dando a entender que en su caso esa medida cautelar, no se aplicó por la existencia de los presupuesto legitimadores sino porque expresamente lo establecía la Ley, lo menciona por que la Corte de Apelaciones en su sentencia refiere “… hasta el momento no han cambiado las circunstancias y los presupuestos conforme a las cuales se dictó la medida…”.-
CONSIDERANDO TRES (3): Que el recurrente continua estableciendo las infracciones por parte del Tribunal de Apelación, a las garantías Constitucionales referentes al Derecho a ser considerado inocente mientras se declare su culpabilidad por autoridad competente, consagrado en el Artículo 89 de la Constitución de la República; en relación con el artículo 2 del Código Procesal Penal. A su vez, considera violentado el Derecho a la Libertad Personal, contenido en el Artículo 69 Constitucional; y, finalmente considera que se ha vulnerado a su representado el Derecho a obtener una resolución motivada y fundada en derecho, establecido en el Artículo 90 Constitucional, con relación a lo establecido en el artículo 81.1 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. -CONSIDERANDO CUATRO (4): Que conforme establece la Constitución de la República, la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo, la Justicia Constitucional tiene como propósito el mantenimiento del orden jurídico constitucional.-CONSIDERANDO CINCO (5): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de esta tiene derecho a interponer, teniendo por objeto mantener o restituir en el goce o disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece.-CONSIDERANDO SEIS (6): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución, exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe de existir un adecuado derecho de todo proceso, El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea entre el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta.-CONSIDERANDO SIETE (7): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio, como lo desea la parte, como parece entenderlo el recurrente; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos.- CONSIDERANDO OCHO (8): Que la labor de valoración de la prueba no es mecánica o automatizada puesto que el Juez ira construyendo la convicción o certeza sobre los hechos controvertidos conforme analiza y evalúa las pruebas, lo que implica un examen total de los medios probatorios obrantes en autos, a fin de cumplir con el mandato legal de valoración conjunta. De esta manera las pretensiones de las partes se verán reforzadas o mediatizadas conforme el Juez vaya analizando y sopesando los medios probatorios hasta llegar al momento de la decisión final. -CONSIDERANDO NUEVE (9): Esta sala del estudio de la foliada entiende que el recurrente dentro de las violaciones alegadas se encuentra el derecho a la libertad, comprendido en el artículo 69 de la Constitución de la República, al señalar que “La libertad personal es inviolable y solo con arreglo a las leyes podrá ser restringida o suspendida temporalmente”, relacionándolo con lo estipulado en el artículo 93 Constitucional que dice: “Aun con auto de prisión, ninguna persona puede ser llevada a la cárcel ni detenida en ella, si otorga caución suficiente de conformidad con la Ley”.- Señala lo anterior en vista que para el cambio de la medida cautelar de prisión preventiva, ofreció GARANTIA DEPOSITARIA, por un monto de un (1) millón de lempiras por cada imputado, haciendo un total de tres (3) millones entre los tres (3), para garantizar la comparecencia del encausado en los actos del proceso en los que sea requerida la presencia de los imputados, pero que sin embargo refiere que fue denegada por el Juez y Magistrados de Corte de Apelaciones la petición de sustituir la medida cautelar de prisión preventiva, sin fundamento al no valorarse los motivos de la solicitud. -CONSIDERANDO DIEZ (10): Que en cuanto al señalamiento antes establecido es meritorio destacar que los derechos contemplados en la Constitución de la República, salvo el derecho a la vida, no son absolutos y por lo tanto los derechos contemplados para los habitantes de la República, incluso el que el recurrente señala como vulnerado encuentran su límite en las leyes secundarias. - En ese sentido ya la norma penal indica y resguarda el derecho a defenderse en libertad e impone término legal únicamente en aquellos casos en donde el bienestar general debe de prevalecer sobre el particular, fundamento que se basó el Juez de primera instancia para rechazar la petición que ahora se impugna. Por lo dicho somos del criterio que se debe DENEGAR el presente recurso de amparo.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 y 81.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 69, 89, 90, 93, 303, 304, 313 Numeral 5 y 316 de la Constitución de la República; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; Artículos 1, 2 y 173 del Código Procesal Penal. FALLA: DENEGANDO el recurso de amparo de que se ha hecho mérito. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA. - NOTIFIQUESE.-Firmas y Sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA .- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los doce (12) días del mes de septiembre del año dos mil veintiuno (2021), Certificación de la Sentencia de fecha veinticinco (25) de agosto del año dos mil veintiuno (2021) recaída en el Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 1020-2020.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ Corte Suprema De Justicia, Sala De Lo Constitucional. -CORTE SUPREMA DE JUSTICIA; SALA DE LO CONSTITUCIONAL. - Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinticinco de agosto del año dos mil veintiuno.-VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado DAGOBERTO ASPRA IGLESIAS a favor de los señores GUSTAVO ADOLFO LOBO ALVAREZ, DINOR DONALDO ORTIZ MEJIA y BAYRON DONALDO MEJIA URBINA, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha siete (7) de octubre de dos mil veinte (2020), que declaro NO HA LUGAR recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL, en fecha veinticinco de junio de dos mil veinte (2020), con relación a la causa instruida contra los señores GUSTAVO ADOLFO LOBO ALVAREZ, DINOR DONALDO ORTIZ MEJIA Y BAYRON ADOLFO LOBO ALVAREZ, DINOR DONALDO AORTIZ MEJIA Y BAYRON DONALDO MEJIA URBINA, por suponerlos responsables del delito de LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de LA ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS.- Estima la recurrente que con el acto reclamado en amparo se han violentado a su representado lo dispuesto en los artículos 69, 89 y 90 de la Constitución de la República. –ANTECEDENTES.-1) Que en fecha dieciocho (18) de junio del año dos mil veinte (2020), compareció ante el JUZGADO DE LETRAS CON JURISDICCION NACIONAL EN MATERIA PENAL el Abogado DAGOBERTO ASPRA IGLESIAS, solicitando Revisión de Medidas Cautelares de Prisión Preventiva, en su condición de Apoderado Legal de los señores GUSTAVO ADOLFO LOBO ALVAREZ, DINOR DONALDO ORTIZ MEJIA y BAYRON DONALDO MEJIA URBINA, por suponerlo responsable del delito de LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de LA ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS.- (Folio 1 al 04 de la pieza del Juzgado).- 2) Que habiendo seguido el trámite correspondiente el JUZGADO DE LETRAS CON JURISDICCION NACIONAL EN MATERIA PENAL, en audiencia de Revisión de Medidas, fecha veinticinco (25) de junio de dos mil veinte (2020) el Juzgado resuelve: 1)Admitir el Recurso de Apelación en un solo efecto y téngase por expresados los agravios presentados por el Abogado GUSTAVO ADOLFO LOBO ALVEREZ, DINOR DONALDO ORTIZ MEJIA y BAYRON DONALD MEJIA URBINA, por suponerlos responsables del delito de LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de LA ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS y contra BAYRON DONALD MEJIA URBINA, por el delito de ALMACENAMIENTO ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO DE USO COMERCIAL, en perjuicicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.- 2) Tener por contestados en tiempo y forma por la Abogada ILIAN ROMERO, en su condición de Fiscal del Ministerio Público los agravios anteriormente referidos.- 3.- DECLARA SIN LUGAR el Recurso de reposición planteado por la Defensa Privada de los encausados GUSTAVO ADOLFO LOBO ALVAREZ, DINOR DONALDO ORTIZ MEJIA y BAYRON DONALD MEJIA URBINA, ya que la resolución anteriormente proferida se ha dictado conforme a derecho, este Juzgado en este momento procesal no le compete establecer penas del Código Penal vigente, ya que esa es otra etapa de juicio oral y público que se determinaran dichos aspectos, los delitos por los cuales se les atribuyen a los acusados siguen siendo penas graves.- 4)…”(Folios 72 al 77 de la pieza del Juzgado).-3) Que en fecha siete (7) de octubre del año dos mil veinte (2020), la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, RESUELVE: “1) DECLARANDO NO HA LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto. - 2) CONFIRMAR la resolución apelada. -” (Folios 91 al 93 de la pieza Antecedente).-4) Que el recurrente abogado DAGOBERTO ASPRA IGLESIAS, compareció ante este Tribunal, en fecha diez (10) de noviembre del año dos mil veinte (2020), reclamando amparo a favor de los señores GUSTAVO ADOLFO LOBO ALVAREZ, DINOR DONALDO ORTIZ MEJIA y BAYRON DONALDO MEJIA URBINA, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha siete (7) de octubre del año dos mil veinte (2020), manifestando que es violatorio a lo dispuesto en los artículos 69, 89 y 90 de la Constitución de la República.-5) Que en fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), este alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo de mérito y a la vez omitió la vista de los antecedentes al fiscal del despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público.- CONSIDERANDO UNO (1): Que la garantía Constitucional de Amparo promovida por el Abogado DAGOBERTO ASPRA IGLESIAS, a favor de los señores GUSTAVO ADOLFO LOBO ALVAREZ, DINOR DONALDO ORTIZ MEJIA Y BAYRON DONALDO MEJIA URBINA, se dirige contra la sentencia proferida el siete (7) de octubre del año dos mil veinte (2020) por la Corte de Apelaciones de lo Penal de Francisco Morazán, que confirma el Auto de fecha veinticinco de junio de dos mil veinte, mediante el cual el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal deniega la sustitución de la medida cautelar de prisión preventiva por una menos gravosa; en relación con la causa instruida en contra de los señores GUSTAVO ADOLFO LOBO ALVAREZ, DINOR DONALDO ORTIZ MEJIA Y BAYRON DONALDO MEJIA URBINA, por suponerlos responsable del delito de LAVADO DE ACTIVOS en perjuicio de ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS.-CONSIDERANDO DOS (2): Que el Abogado DAGOBERTO ASPRA IGLESIAS, considera agraviado el derecho de sus representados, alegando que en la denegatoria de su petición de sustituir la medida de prisión preventiva, no está de acuerdo que se invoque un peligro de fuga por estar presentando una fianza que a su criterio es suficiente y proporcional al delito, señalando a su ves que la gravedad de la pena que ha invocado el artículo 439 del nuevo Código Penal, en el cual las penas han bajado ostensiblemente y en el último párrafo, se puede leer que las penas pueden bajar de una a la mitad cuando se pueda acreditar que la posesión o utilización de bienes sin título por parte de personas unidas por relación personal o familiar con el responsable del hecho; quienes guardan prisión son personas que han sido empleados por ellos, por lo tanto la titularidad de esta acusación no recae sobre ellos, siendo considerada esta situación para una rebaja de pena y su gravedad no debe de tomarse en consideración, porque no es cierto que sea grave. Al comparar lo que expone la Corte de Apelaciones de lo Penal en cuanto a que “… al revisar la foliada se colige fácilmente que los argumentos del impetrante es… “, por lo que sin querer producir conclusiones apresuradas me revela que ni siquiera leyeron mis agravios, argumentando que no le tomaron importancia a un recurso de apelación que decide la libertad de tres personas, pide a la sala que valore esos argumentos esgrimidos por la Corte de Apelaciones. Señala que antes de entrar en vigencia el Decreto 36-2020 existía prohibición expresa de otorgar medidas cautelares distintas a la prisión preventiva, dando a entender que en su caso esa medida cautelar, no se aplicó por la existencia de los presupuesto legitimadores sino porque expresamente lo establecía la Ley, lo menciona por que la Corte de Apelaciones en su sentencia refiere “… hasta el momento no han cambiado las circunstancias y los presupuestos conforme a las cuales se dictó la medida…”.- CONSIDERANDO TRES (3): Que el recurrente continua estableciendo las infracciones por parte del Tribunal de Apelación, a las garantías Constitucionales referentes al Derecho a ser considerado inocente mientras se declare su culpabilidad por autoridad competente, consagrado en el Artículo 89 de la Constitución de la República; en relación con el artículo 2 del Código Procesal Penal. A su vez, considera violentado el Derecho a la Libertad Personal, contenido en el Artículo 69 Constitucional; y, finalmente considera que se ha vulnerado a su representado el Derecho a obtener una resolución motivada y fundada en derecho, establecido en el Artículo 90 Constitucional, con relación a lo establecido en el artículo 81.1 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. -CONSIDERANDO CUATRO (4): Que conforme establece la Constitución de la República, la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo, la Justicia Constitucional tiene como propósito el mantenimiento del orden jurídico constitucional.-CONSIDERANDO CINCO (5): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de esta tiene derecho a interponer, teniendo por objeto mantener o restituir en el goce o disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece.-CONSIDERANDO SEIS (6): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución, exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe de existir un adecuado derecho de todo proceso, El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea entre el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta.-CONSIDERANDO SIETE (7): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio, como lo desea la parte, como parece entenderlo el recurrente; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos.-
CONSIDERANDO OCHO (8): Que la labor de valoración de la prueba no es mecánica o automatizada puesto que el Juez ira construyendo la convicción o certeza sobre los hechos controvertidos conforme analiza y evalúa las pruebas, lo que implica un examen total de los medios probatorios obrantes en autos, a fin de cumplir con el mandato legal de valoración conjunta. De esta manera las pretensiones de las partes se verán reforzadas o mediatizadas conforme el Juez vaya analizando y sopesando los medios probatorios hasta llegar al momento de la decisión final. -CONSIDERANDO NUEVE (9): Esta sala del estudio de la foliada entiende que el recurrente dentro de las violaciones alegadas se encuentra el derecho a la libertad, comprendido en el artículo 69 de la Constitución de la República, al señalar que “La libertad personal es inviolable y solo con arreglo a las leyes podrá ser restringida o suspendida temporalmente”, relacionándolo con lo estipulado en el artículo 93 Constitucional que dice: “Aun con auto de prisión, ninguna persona puede ser llevada a la cárcel ni detenida en ella, si otorga caución suficiente de conformidad con la Ley”.- Señala lo anterior en vista que para el cambio de la medida cautelar de prisión preventiva, ofreció GARANTIA DEPOSITARIA, por un monto de un (1) millón de lempiras por cada imputado, haciendo un total de tres (3) millones entre los tres (3), para garantizar la comparecencia del encausado en los actos del proceso en los que sea requerida la presencia de los imputados, pero que sin embargo refiere que fue denegada por el Juez y Magistrados de Corte de Apelaciones la petición de sustituir la medida cautelar de prisión preventiva, sin fundamento al no valorarse los motivos de la solicitud. -CONSIDERANDO DIEZ (10): Que en cuanto al señalamiento antes establecido es meritorio destacar que los derechos contemplados en la Constitución de la República, salvo el derecho a la vida, no son absolutos y por lo tanto los derechos contemplados para los habitantes de la República, incluso el que el recurrente señala como vulnerado encuentran su límite en las leyes secundarias. - En ese sentido ya la norma penal indica y resguarda el derecho a defenderse en libertad e impone término legal únicamente en aquellos casos en donde el bienestar general debe de prevalecer sobre el particular, fundamento que se basó el Juez de primera instancia para rechazar la petición que ahora se impugna. Por lo dicho somos del criterio que se debe DENEGAR el presente recurso de amparo.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 y 81.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 69, 89, 90, 93, 303, 304, 313 Numeral 5 y 316 de la Constitución de la República; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; Artículos 1, 2 y 173 del Código Procesal Penal. FALLA: DENEGANDO el recurso de amparo de que se ha hecho mérito. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA. - NOTIFIQUESE.-Firmas y Sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA .- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.-Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los doce (12) días del mes de septiembre del año dos mil veintiuno (2021), Certificación de la Sentencia de fecha veinticinco (25) de agosto del año dos mil veintiuno (2021) recaída en el Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 1020-2020.- Firma y Sello
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL