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Sentencia AP-102-21 — Registro 13055

Resumen

En Consulta las diligencias que contienen la sentencia que sobreseyó el recurso de amparo promovido contra la resolución en el delito de robo agravado en perjuicio de la sociedad mercantil. Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de sus representados, los derechos consagrados en los artículos 1, 80, 82, 90 y 321 de la Constitución de la República.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO (4): Que la recurrente expone en su escrito de formalización del recurso de amparo que se le han violentado las garantías contempladas en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República al declarar sin lugar la evacuación de la prueba propuesta por la defensa con la pretensión de descartar la participación de los imputados, aduciendo que la juez de manera injusta niega tal petición, la cuales ha realizado de manera reiterada y simultanea ante la Fiscalía; invocando que no es el momento procesal oportuno. CONSIDERANDO (5): Que de acuerdo con la resolución del Ad-Quem, ha dejado establecido que revisados que han sido los antecedentes de la causa, ese medio de prueba (video) no fue ofertado por el Ministerio Público desde el requerimiento fiscal como señala la Amparista, no obstante de no haber sido ofertado por el MP, el imputado tiene derecho a pedir la práctica de una investigación que interesa a su defensa conforme al procedimiento que establece el artículo 101 numeral 11 del Código Procesal Penal, no obstante la peticionaria no lo hizo conforme a dicho procedimiento, ya que no señala en su escrito haber solicitado previamente al Ministerio Público la práctica de dicha investigación, sino que sin tener una denegatoria de la misma, lo hace directamente ante la juez, contrario a lo que dice la disposición ya señalada; ya que en el sistema acusatorio, el juez no va en busca de la prueba, ya que su función es la de juzgar y no investigar. En ese sentido, no resulta violatorio el derecho de defensa ni el debido proceso; ya que la decisión de la juez de declarar sin lugar la petición de la defensa en los términos ya señalados y señalándole que a quien se debe solicitar la práctica de dicho medio de prueba corresponde al Ministerio Público. En consecuencia, el Ad-Quem aprecia que su decisión es congruente con lo establecido en el artículo 101 numeral 11 del CPP, ya que cuando a la defensa le interesa un acto de investigación, debe solicitarlo primero al Ministerio Público y si este no lo practica dentro del término de 24 horas, entonces el defensor podrá acudir ante el Juez de Letras para que ordene al Ministerio Público, si lo estima procedente, la ejecución de dicho medio de prueba. Asimismo, se deja establecido en el considerando 11 de la resolución recurrida en amparo, que hay otras etapas en las que la defensa puede aportar pruebas, previo a pedir su práctica al Ministerio Público, tal como lo establece el artículo 4.2 del Código Procesal Penal, por lo que se aprecia que aún tiene expedita la posibilidad de presentar medios de prueba en cualquier etapa del proceso. CONSIDERANDO (6): Que del estudio de los antecedentes y de la resolución recurrida esta Sala observa que ciertamente los motivos invocados por la impetrante para recurrir en amparo, no son constitutivos del quebrantamiento de los Derechos invocados como quebrantados, constando en autos que la resolución impugnada, fue dictada conforme a derecho, sujetándose el juzgador a los dispuesto en la norma de procedimiento penal, tal como puede apreciarse en los antecedentes. En consecuencia, esta Sala encuentra que el fallo dictado por el Ad-Quem contiene el razonamiento y fundamentos de derecho, valorando estos aspectos puntuales, desde una perspectiva fundada en el derecho constitucional, atendiendo el objeto de competencia establecido en la Ley Sobre Justicia Constitucional, como quehacer fundamental del Juez Constitucional; el cual consiste en hacer accesible a los habitantes de la República la tutela judicial efectiva. Por todo ello tal como ha fundamentado su fallo el Ad-Quem, resulta procedente en derecho CONFIRMAR la resolución venida en consulta.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinte de mayo del dos mil veintiuno. VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia de fecha quince de diciembre de dos mil veinte, dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial San Pedro Sula, departamento de Cortés, que sobreseyó el recurso de amparo promovido por la Abogada Olga Marina Castro, a favor de los señores Orlen Antonio Solís Puerto y Víctor Santiago Núñez Zuniga, contra la resolución emitida por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de San Pedro sula, departamento de Cortés, en fecha dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve, con relación a la causa instruida contra los señores Orlen Antonio Solís Puerto y Víctor Santiago Núñez Zuniga, por suponerlos responsables del delito de Robo Agravado en perjuicio de la sociedad mercantil ASEVIT PROTECCIÓN. Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de sus representados, los derechos consagrados en los artículos 1, 80, 82, 90 y 321 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha veintitrés de diciembre de dos mil dieciocho, compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, la Abogada Yessica Ninoska Matute, actuando en su condición de Agente Fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal contra los señores Orlen Antonio Solís Puerto y Víctor Santiago Núñez Zuniga, por suponerlos responsables del delito de Robo Agravado en perjuicio de la sociedad mercantil ASEVIT PROTECCIÓN. (Folios 1-3 del expediente del A-quo). 2) En fecha veintitrés de diciembre de dos mil dieciocho, en la declaración de los imputados, el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, resolvió: PRIMERO: Aplicar la medida cautelar de DETENCIÓN JUDICIAL a los imputados ORLEN ANTONIO SOLIS PUERTO Y VICTOR SANTIAGO NUÑEZ ZUNIGA, a quienes se les supone responsables de la comisión del delito de ROBO AGRAVADO, en perjuicio de la EMPRESA ASEVIT PROTECCIÓN.-; respectivamente, misma que deberán cumplir en las celdas del Centro Penitenciario Nacional Marco Aurelio Soto, ubicado en Támara, Francisco Morazán, completamente separados de los reos ya condenados, debiendo librarse el oficio correspondiente al señor Director de dicho centro. SEGUNDO: … (Folios 9-11 del expediente del A-quo).

  1. En fecha veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho, el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en la celebración de la audiencia inicial, resolvió: PRIMERO: Decretar auto de formal procesamiento contra ORLEN ANTONIO SOLIS PUERTO Y VICTOR SANTIAGO NUÑEZ ZUNIGA, por suponerles responsables del delito de ROBO AGRAVADO en perjuicio de la EMPRESA ASEVIT PROTECCIÓN, SEGUNDO: Decretar la medida de prisión preventiva, misma que deberán cumplir en el Centro Penitenciario de Támara, Francisco Morazán, separado de los reos que se encuentran cumpliendo pena, para lo cual se libra el respectivo oficio. TERCERO:… CUARTO:… (Folios 82-85 vuelto del expediente del A-quo). 4) En fecha trece de febrero de dos mil diecinueve, el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, dictó auto motivado mediante el cual decretó: PRIMERO: DECLARAR SIN LUGAR la solicitud de CAMBIO DE MEDIDA CAUTELAR DE PRISIÓN PREVENTIVA a los imputados ORLEN ANTONIO SOLIS PUERTO Y VICTOR SANTIAGO NUÑEZ ZUNIGA, solicitado por la defensa privada de los encausados, a quienes se les supone responsables en la comisión del ilícito penal tipificado como ROBO AGRAVADO, en perjuicio de la empresa ASEVIT PROTECCIÓN. (Folios 130-131 vuelto del expediente del A-quo). 5) En fecha catorce de febrero de dos mil diecinueve, compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, la Abogada Olga Marina Castro, interponiendo recurso de apelación contra la resolución que se ha dejado relacionado en el considerando que antecede. (Folios 164-166 del expediente del A-quo). 6) En fecha cuatro de abril de dos mil diecinueve, el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, dictó auto de apertura a juicio, mediante el cual resolvió: PRIMERO: Decretar AUTO DE APERTURA en el requerimiento fiscal incoado contra ORLEN ANTONIO SOLIS PUERTO Y VICTOR SANTIAGO NUÑEZ ZUNIGA, por suponerlos responsables en la comisión del ilícito penal tipificado como ROBO AGRAVADO, en perjuicio de la empresa ASEVIT PROTECCIÓN. SEGUNDO: … TERCERO: … (Folios 177-178 vuelto del expediente del A-quo). 7) La Corte de Apelaciones Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, conociendo del recurso de apelación interpuesto por la Abogada Olga Marina Castro que se ha dejado relacionado en el considerando cinco, en fecha doce de junio de dos mil diecinueve, resolvió: PRIMERO: DECLARAR CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Defensa Privada en la presente causa contra la resolución de fecha trece (13) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), dictada por el Juzgado de Letras Penal Unificado de ésta Sección Judicial. SEGUNDO: REVOCAR LA MEDIDA DE PRISIÓN PREVENTIVA impuesta a los procesados VICTOR SANTIAGO NUÑEZ ZUNIGA Y ORLEN ANTONIO SOLIS PUERTO, por suponerlos responsables del delito de ROBO AGRAVADO de un arma, en perjuicio de la empresa ASEVIT PROTECCIÓN. TERCERO: SE ORDENA a la A-quo IMPONGA A LOS PROCESADOS VICTOR SANTIAGO NUÑEZ ZUNIGA Y ORLEN ANTONIO SOLIS PUERTO LAS MEDIDAS SUSTITUTIVAS establecidas en el artículo 173 numerales 6, 7 y 10, siguiendo el procedimiento establecido en los artículos 193, 194 y 195 del Código Procesal Penal para la caución hipotecaria, con respecto a la medida de prohibición de salida del país, deberá librar el oficio correspondiente a las Oficinas de la DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN, y con respecto a la medida de presentarse periódicamente deberá fijar el lugar y la fecha o plazos en que los procesados deberán presentarse. (Folios 188-191 vuelto del expediente del A-quo). 8) En fecha dieciséis de septiembre de dos mil diecinueve, compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, la Abogada Olga Marina Castro, presentando escrito en el que solicita la exhibición del video y el audio del 911 de fecha 22 de diciembre de 2018…(Folios 227-228 del expediente del A-quo). 9) En fecha dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve, el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, emitió un auto que literalmente dice: “Admítase el escrito que antecede el cual se manda a agregar a sus antecedentes, presentado por la Abogada OLGA MARINA CASTRO, actuando en su condición de Defensora Privada de los Señores ORLEN ANTONIO SOLIS PUERTO Y VICTOR SANTIAGO NUÑEZ ZUNIGA, en la causa que se les sigue por el delito de ROBO AGRAVADO en perjuicio de ASEVIT PROTECCIÓN, quien solicita se ordene la exhibición de video y audio del 911 de fecha 22 de Diciembre de 2018, “Se ordene la extracción del Audio de la Denuncia, se libre el oficio correspondiente, video y audio solicitado deben ser visto y oído en sede judicial…”.-En cuanto a lo peticionado esta JUEZ RESUELVE: Declarar sin lugar en virtud de lo siguiente. Para decretar un Auto de Formal Procesamiento según lo que establece los artículos 294 y 297 se requiere la mínima actividad probatoria con la finalidad de aportar material indiciario para resolver sobre la probable realización del hecho que se imputa, sobre su relevancia jurídico penal y la probabilidad de la participación del imputado en el, así como la concurrencia de los presupuestos legitimadores para la imposición de la medida cautelar.-En la presente causa ya se llevó a cabo la audiencia inicial en fecha Veintiocho de Diciembre del año Dos Mil Dieciocho, momento Procesal Oportuno de evacuación de los medios de prueba, en donde la juez estableció que existe un indicio racional suficiente de la presunta participación de los ahora encausados en el delito de Robo Agravado, por lo anterior expuesto la evacuación de la totalidad de los medios de prueba tanto de la Defensa y el Ministerio Público será en la etapa de Juicio Oral y Público.-Articulo 80 de la Constitución de la República. NOTIFIQUESE.”(Folio 229 del expediente del A-quo). 10) En fecha veintinueve de octubre de dos mil diecinueve, compareció ante la Corte de Apelaciones Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, la Abogada Olga Marina Castro, interponiendo recurso de amparo a favor de los señores Orlen Antonio Solís Puerto y Víctor Santiago Núñez Zuniga, contra la resolución referida en el numeral que antecede, argumentando la recurrente que dicha resolución le vulnera a sus representados, los derechos consagrados en los artículos 1, 80, 82, 90 y 321 de la Constitución de la República. (Folios 1-3 del expediente del Ad-quem). 11) Que, seguido el procedimiento que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la Corte de Apelaciones Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha quince de diciembre de dos mil veinte, por unanimidad de votos dictó sentencia mediante la cual falló: PRIMERO: SOBRESEER dentro del trámite el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada OLGA MARINA CASTRO a favor de los señores ORLEN ANTONIO SOLIS PUERTO Y VICTOR SANTIAGO NUÑEZ ZUNIGA, contra la resolución judicial dictada por el Juzgado de Letras de lo Penal de esta Sección Judicial, en fecha dieciocho de septiembre del dos mil diecinueve, en el proceso instruido contra los referidos encausados por suponerlos responsables del delito de ROBO AGRAVADO, en perjuicio de la empresa ASEVIT PROTECCIÓN. (Folios 30-35 vuelto del expediente del Ad-quem). 12) Que en fecha veintiocho de enero de dos mil veintiuno, este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (1): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 Constitucional relacionado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO (2): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer en Consulta, los recursos de amparo conocidos por las Cortes de Apelaciones acorde a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (3): Que se conoce en consulta la sentencia de fecha quince de diciembre del año dos mil veinte, dictada por la CORTE DE APELACIONES PENAL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, que sobresee el recurso presentado contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES en fecha dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve, con relación a la causa instruida contra los señores ORLEN ANTONIO SOLIS PUERTO Y VICTOR SANTIAGO NUÑEZ ZUNIGA, por suponerlos responsables del delito de ROBO en perjuicio de la empresa ASEVIT PROTECCION. CONSIDERANDO (4): Que la recurrente expone en su escrito de formalización del recurso de amparo que se le han violentado las garantías contempladas en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República al declarar sin lugar la evacuación de la prueba propuesta por la defensa con la pretensión de descartar la participación de los imputados, aduciendo que la juez de manera injusta niega tal petición, la cuales ha realizado de manera reiterada y simultanea ante la Fiscalía; invocando que no es el momento procesal oportuno. CONSIDERANDO (5): Que de acuerdo con la resolución del Ad-Quem, ha dejado establecido que revisados que han sido los antecedentes de la causa, ese medio de prueba (video) no fue ofertado por el Ministerio Público desde el requerimiento fiscal como señala la amparista, no obstante de no haber sido ofertado por el MP, el imputado tiene derecho a pedir la práctica de una investigación que interesa a su defensa conforme al procedimiento que establece el artículo 101 numeral 11 del Código Procesal Penal, no obstante la peticionaria no lo hizo conforme a dicho procedimiento, ya que no señala en su escrito haber solicitado previamente al Ministerio Público la práctica de dicha investigación, sino que sin tener una denegatoria de la misma, lo hace directamente ante la juez, contrario a lo que dice la disposición ya señalada; ya que en el sistema acusatorio, el juez no va en busca de la prueba, ya que su función es la de juzgar y no investigar. En ese sentido, no resulta violatorio el derecho de defensa ni el debido proceso; ya que la decisión de la juez de declarar sin lugar la petición de la defensa en los términos ya señalados y señalándole que a quien se debe solicitar la práctica de dicho medio de prueba corresponde al Ministerio Público. En consecuencia, el Ad-Quem aprecia que su decisión es congruente con lo establecido en el artículo 101 numeral 11 del CPP, ya que cuando a la defensa le interesa un acto de investigación, debe solicitarlo primero al Ministerio Público y si este no lo practica dentro del término de 24 horas, entonces el defensor podrá acudir ante el Juez de Letras para que ordene al Ministerio Público, si lo estima procedente, la ejecución de dicho medio de prueba. Asimismo, se deja establecido en el considerando 11 de la resolución recurrida en amparo, que hay otras etapas en las que la defensa puede aportar pruebas, previo a pedir su práctica al Ministerio Público, tal como lo establece el artículo 4.2 del Código Procesal Penal, por lo que se aprecia que aún tiene expedita la posibilidad de presentar medios de prueba en cualquier etapa del proceso. CONSIDERANDO (6): Que del estudio de los antecedentes y de la resolución recurrida esta Sala observa que ciertamente los motivos invocados por la impetrante para recurrir en amparo, no son constitutivos del quebrantamiento de los Derechos invocados como quebrantados, constando en autos que la resolución impugnada, fue dictada conforme a derecho, sujetándose el juzgador a los dispuesto en la norma de procedimiento penal, tal como puede apreciarse en los antecedentes. En consecuencia, esta Sala encuentra que el fallo dictado por el Ad-Quem contiene el razonamiento y fundamentos de derecho, valorando estos aspectos puntuales, desde una perspectiva fundada en el derecho constitucional, atendiendo el objeto de competencia establecido en la Ley Sobre Justicia Constitucional, como quehacer fundamental del Juez Constitucional; el cual consiste en hacer accesible a los habitantes de la República la tutela judicial efectiva. Por todo ello tal como ha fundamentado su fallo el Ad-Quem, resulta procedente en derecho CONFIRMAR la resolución venida en consulta. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos 303, 304, 313 y 316 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 74, 78 atribución 5ª, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 10, 41, 46 numeral 1, 48, 68 párrafo 2do.,de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: CONFIRMANDO la sentencia dictada en fecha quince de diciembre del año do mil veinte por la CORTE DE APELACIONES PENAL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, en el Recurso de Amparo interpuesto por los Abogados ANDRES MARTINEZ ANDRADE Y CARLOS HUMBERTO BRICEÑO TORRES, a favor del señor EVER AQUILES MEJIA CRUZ. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó la Magistrada ALVAREZ SAGASTUME. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. FIRMA Y SELLO. CRISTIAN RAMON BAQUIZ FLORES. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós días del mes de junio de dos mil veintiuno, certificación de la sentencia de fecha veinte de mayo de dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Amparo Penal Venido en Consulta bajo el número SCO-102-2021.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL