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Sentencia AP-101-21 — Registro 13311

Resumen

Resolución que declara sin lugar recurso de apelación interpuesto contra denegatoria de beneficio de libertad condicional con relación a la causa instruida contra imputadas por suponerlas responsables del delito de Testaferro en perjuicio de el orden Socioeconomico del Estado de Honduras

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."8): Que del estudio de la presente causa, esta Sala es del criterio, que no se desconoce que de manera preliminar la redacción del artículo 81 del Código Penal vigente de forma aparente favorece a las recurrentes, sin embargo de la lectura de dicho artículo también se desprende que esa nueva pena, no le es aplicable la figura de la Libertad Condicional cuando se trate de penados que lo hayan sido por su participación en un grupo delictivo organizado, tal como sucede en el presente caso de autos, en donde la figura del testaferro definida en el artículo 442 del Código Penal Vigente como “aquella persona que presta su nombre en actos o contratos reales o simulados, de carácter Civil o Mercantil, que se refieran a la adquisición, transferencia o administración de bienes que procedan directa o indirectamente de cualquiera de las actividades referidas en el delito de lavado de activos”, se encuentra incluida dentro del grupo delictivo organizado, entendiéndose este como cualquier grupo estructurado de tres o más personas, que exista durante cierto tiempo y que actué concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves tipificados conforme a lo dispuesto en el presente Código (Art.136 del Código Penal), calzando dicha figura con el requisito señalado en el artículo 81 del Código Penal para no otorgar la Libertad Condicional y por tanto de debe desestimar la presente acción de amparo. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre el las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la labor de valoración de la prueba no es mecánica o automatizada puesto que el Juez irá construyendo la convicción o certeza sobre los hechos controvertidos conforme analiza y evalúa las pruebas, lo que implica un examen total de los medios probatorios obrantes en autos, a fin de cumplir con el mandato legal de valoración conjunta. De esta manera las pretensiones de las partes se verán reforzadas o mediatizadas conforme el Juez vaya analizando y sopesando los medios probatorios hasta llegar al momento de la decisión final"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno. VISTO: Para dictar sentencia en el recurso de amparo interpuesto por la Abogada DEXA ESTELA ANTUNEZ FLORES a favor de las Señoras MARLA RAMONA NAJERA RUBI y DINA HERENIA FUNEZ LISSER, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha veinticuatro (24) de noviembre dos mil veinte (2020), que declaró sin lugar un recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el JUZGADO DE EJECUCION CON JURISDICCION NACIONAL EN MATERIA PENAL, en fecha catorce (14) de octubre de dos mil veinte (2020), con relación a la causa instruida contra las Señoras MARLA RAMONA NAJERA RUBI y DINA HERENIA FUNEZ LISSER por suponerlas responsables del delito de TESTAFERRATO en perjuicio de EL ORDEN SOCIECONOMICO DEL ESTADO DE HONDURAS. Estimando la recurrente que la decisión del Ad-quem es violatoria de lo dispuesto en el artículo 1, 90 y 321 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha tres (03) de marzo del dos mil dieciocho (2018), compareció ante el JUZGADO DE LETRAS CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL, el Abogado LUIS ALBERTO IRIAS, actuando en su condición de Fiscal Especial Contra el Crimen Organizado del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal, contra los Señores ENWIS YAMIL VARELA SANTOS, YURI STEFANY RIVERA HERNANDEZ, JOHNY HILSON VARELA SANTOS, DEVIS LEONEL RIVERA MARADIAGA Y OTROS, por los delitos de LAVADO DE ACTIVOS Y ASOCIACION ILICITA PARA LAVAR ACTIVOS, en perjuicio de LA ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS, así como a los Señores JOSE ANGEL MARADIAGA LOPEZ, MARLA RAMONA NAJERA RUBI, DINA HERENIA FUNEZ LISSER Y OTROS, por el delito de TESTAFERRATO, en perjuicio de EL ORDEN SOCIECONOMICO DEL ESTADO DE HONDURAS. (Folios 01–145 del Tomo I de la pieza del A-Quo) 2) Que en fecha cuatro (04) de septiembre de dos mil veinte (2020), en Audio la Sala Segunda del Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, dicta Acta de Audiencia de Juicio Oral y Público en la cual Condenó: (SIC): “en este acto a los imputados MARLA RAMONA NAJERA RUBI y DINA HERENIA FUNEZ LISSER por el delito de TESTAFERRATO en perjuicio de la ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS a la pena de 5 años de prisión y multa de 200 días, al CELY ASMERY PASOS GALO por el delito de LAVADO DE ACTIVOS en perjuicio de LA ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS a la pena de 10 años de prisión, más la multa . . .”; asimismo el citado Tribunal en fecha siete (07) de septiembre de dos mil veinte (2020) dicto sentencia en la cual Falló: (SIC): “PRIMERO: Que debemos condenar y condenamos al señor CELI ASMERY PASOS GALO, por el delito de LAVADO DE ACTIVOS en perjuicio del ORDEN SOCIOECONOMICO DEL ESTADO DE HONDURAS a la pena principal de DIEZ AÑOS DE PRISION, debiéndose computar esta pena de prisión , desde el día en que el imputado fue aprehendido por esta causa y la que deberán cumplir en una Penitenciaría Nacional, mediante la regulación de La Ley del Sistema Penitenciario Nacional, asimismo se le condena a la pena principal de MULTA del 150% del valor de lo lavado, equivalente a QUINCE MILLONES DE LEMPIRAS. SEGUNDO: Que debemos condenar y condenamos al señor NIXON YADIR MANZANARES MURILLO, por el delito de LAVADO DE ACTIVOS en perjuicio del ORDEN SOCIOECONOMICO DEL ESTADO DE HONDURAS, a la pena principal de OCHO AÑOS DE PRISION, debiéndose computar esta pena de prisión, desde el día en que el imputado fue aprehendido por esta causa y la que deberán cumplir en una Penitenciaría Nacional, mediante la regulación de Le Ley del Sistema Penitenciario Nacional, asimismo se le condena a la pena principal de MULTA del 100% del valor de lo lavado, equivalente a CINCO MILLONES DE LEMPIRAS. TERCERO: Que debemos condenar y condenamos a los señores CELI ASMERY PASOS GALO y NIXON YADIR MANZANARES MURILLO, como consecuencia de la pena de prisión a la pena accesoria de INHABILITACION ABSOLUTA, por el mismo tiempo que dure la pena principal de prisión. CUARTO: Que debemos condenar y condenamos a las señoras DINA HERENIA FUNEZ LISSER y MARLA RAMONA NAJERA RUBI, por el delito de TESTAFERRATO en perjuicio del ORDEN SOCIOECONOMICO DEL ESTADO DE HONDURAS, a la pena principal de CINCO AÑOS DE PRISION, debiéndose computar esta pena de prisión, desde el día en que las imputadas fueron aprehendidas por esta causa y la que deberán cumplir en una Penitenciaria Nacional, mediante la regulación de La Ley del Sistema Penitenciario Nacional; asimismo se les condena a la pena principal de 200 DIAS MULTA, equivalentes a 20 lempiras por cada día multa, siendo un total de CUATRO MIL LEMPIRAS DE MULTA. QUINTO: Que debemos condenar y condenamos a las señoras DINA HERENIA FUNEZ LISSER y MARLA RAMONA NAJERA RUBI, como consecuencia de la pena de prisión a la pena accesoria de INHABILITACION ESPECIAL, la cual supone la privación del derecho a ejercer actos de comercio, durante el tiempo de la condena de prisión. SEXTO: No procede condenarle en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. SEPTIEMO: Se declara a los condenados CELI ASMERY PASOS GALO, NIXON YADIR MANZANARES MURILLO, DINA HERENIA FUNEZ LISSER y MARLA RAMONA NAJERA RUBI, responsable civilmente, como consecuencia proveniente del delito. OCTAVO: Se ordena el comiso de los bienes siguientes: . . .” (Folios 1694–1697 y 1698-1705 del Tomo III de la pieza del A-Quo) 3) Que en fecha catorce (14) de octubre de dos mil veinte (2020), el Juzgado de Ejecución Penal con Jurisdicción Nacional dictó Sentencia Interlocutoria en la cual Resolvió: (SIC): “PRIMERO: El Juzgado de Ejecución Penal con Jurisdicción Nacional, ha estimado a bien de celebrar esta audiencia en favor de las penadas Marla Ramona Nájera Rubí Y Dina Herenia Fúnez Lisser, en virtud de que existe solicitud de libertad condicional, y les asiste el derecho de defensa en cuanto que no se tuvo la presencia de las penadas, por la situación a raíz de la emergencia nacional por la pandemia del Covid-19 decretada por la Presidencia de la República de Honduras y este órgano jurisdiccional en aras de respetar la salud de las mismas, de la Apoderada Defensora Privada así como también la de los representantes del estado, Procurador Judicial de la Procuraduría General de la República, la Agente de Tribunales del Ministerio Público y el personal del órgano jurisdiccional. SEGUNDO: Declarar SIN LUGAR la solicitud del beneficio legal de Libertad Condicional solicitada por la apoderada defensora de las condenadas MARLA RAMONA NAJERA RUBI; con identidad número 1517-1968-00231 y DINA HERENIA FUNEZ LISSER; con identidad número 0201-1965-00149 quienes fueron condenadas por el delito de TESTAFERRATO en perjuicio de EL ORDEN SOCIOECONOMICO DEL ESTADO DE HONDURAS, a la pena de CINCO (5) AÑOS DE RECLUSION y a la PENA de MULTA de DOSCIENTOS (200) DIAS MULTA, equivalentes a VEINTE (20) LEMPIRAS por cada día multa, haciendo un total de CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.4,000.00) y a las penas accesorias de INHABILITACION ESPECIAL, así mismo las declararon Responsable Civilmente, por encontrarse las peticionarias del beneficio de libertad condicional enmarcadas en lo que establece el último párrafo del artículo 81 del nuevo código penal. TERCERO: Reformar el computo de pena de reclusión elaborado en fecha siete de octubre del dos mil veinte (07/10/2020) en virtud de que a solicitud de la Procuraduría General de la República se debe reformar el computo de la pena de reclusión dado que se había establecido en el mismo que las penadas MARLA RAMONA NAJERA RUBI y DINA HERENIA FUNEZ LISSER, podían optar a libertad condicional y de acuerdo a lo que establece el artículo 81 del nuevo código penal, computo de pena de reclusión que no está apegado a derecho, en virtud que Este régimen no es aplicable a los penados que lo hayan sido por su participación en un grupo delictivo organizado, excepto si colaboran de forma directa y eficaz para prevenir otros delitos de criminalidad organizada impidiendo su realización o aportando u obteniendo pruebas de otros ya cometidos y tras cumplir los requisitos a los que se refiere el presente artículo; por lo que es procedente de acuerdo a la ley (artículo 81 último párrafo) reformar el computo de pena y notificarlo a las condenadas y a la directora de la Penitenciaria Nacional Femenina de adaptación Social. CUARTO: Se hace saber a las partes procesales que la presente resolución puede ser recurrida de acuerdo al recurso legal que ley le franquea.” (Folios 1749–1755 del Tomo III de la pieza del A-Quo) 4) Que conociendo del recurso de apelación interpuesto por la Abogada DEXA ESTELA ANTUNEZ FLORES, en su condición de defensor privado de las Señoras MARLA RAMONA NAJERA RUBI y DINA HERENIA FUNEZ LISSER, la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, dicto resolución en fecha veinticuatro (24) de noviembre de dos mil veinte (2020), en la cual Resolvió: (SIC): “1) Declarando NO HA LUGAR el recurso interpuesto. - 2) CONFIRMANDO la resolución apelada.” (Folios 1805-1808 del Tomo III de la pieza del A-Quo). 5) Que la Abogada la Abogada DEXA ESTELA ANTUNEZ FLORES, compareció ante este Tribunal en fecha veintiocho (28) de enero de dos mil veintiuno (2021), interponiendo acción de amparo a favor de las Señoras MARLA RAMONA NAJERA RUBI y DINA HERENIA FUNEZ LISSER, contra la resolución de fecha veinticuatro (24) de noviembre de dos mil veinte (2020), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en los artículos 1, 90 y 321 de la Constitución de la República. (Folios 01–09 del Presente Recurso) 6) Que en fecha veintinueve (29) de abril del dos mil veintiuno (2021), este alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo de mérito y a la vez omitió la vista de los antecedentes al fiscal del despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. (Folio 36 del Presente Recurso) CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO TRES (3): Que la garantía Constitucional de Amparo promovida por la Abogada DEXA ESTELA ANTUNEZ FLORES a favor de las señoras MARLA RAMONA NAJERA RUBI Y DINA HERENIA FUNEZ LISSER, se dirige contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, de fecha veinticuatro de noviembre del dos mil veinte, que declara No Ha Lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Ejecución Penal con Jurisdicción Nacional en audiencia de Libertad Condicional de fecha catorce (14) de octubre de dos mil veinte (2020), con relación a la causa instruida contra las señoras MARLA RAMONA NAJERA RUBI Y DINA HERENIA FUNEZ LISSER, por suponerlas responsables de la comisión del delito de TESTAFERRO, en perjuicio de LA POBLACION DEL ESTADO DE HONDURAS. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que la Recurrente considera que existe una vulneración al principio constitucional del Debido Proceso, al señalar que la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, ha aplicado erróneamente el artículo 81 del Código Penal Vigente, al confirmar una sentencia del Juzgado de Ejecución que establece que sus patrocinadas son miembros de un grupo delictivo, sin que ese extremo haya sido acreditado ante el Tribunal de Sentencia, sin tomarse la atribución de leer la sentencia emitida por dicho órgano, la cual determina con toda claridad que las justiciables no son individuos peligrosos que hayan conformado una cedula de criminalidad organizada, señalando que en el apartado sexto de la fundamentación jurídica las separa de los verdaderos miembros del clan conocido en el mundo bajo como los “cachiros”, encuadrando sus acciones en un tipo penal subsidiario. CONSIDERANDO CINCO (5): Que se tuvo por formalizado en tiempo y forma el amparo de mérito, omitiéndose la vista de los autos al Fiscal del Despacho, ordenándose continuar con el trámite de ley correspondiente; con fundamento en los Artículos 54, 56 y 119 de la Ley de Justicia Constitucional; 37 de la Ley del Ministerio Público; 12 inciso c) del Reglamento interno de la Sala Constitucional. CONSIDERANDO SEIS (6): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO SIETE (7): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción penal, conforme lo establece el Artículo 141 del Código Procesal Penal la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al juez o tribunal que conoce concretamente del asunto. CONSIDERANDO OCHO (8): Que del estudio de la presente causa, esta Sala es del criterio, que no se desconoce que de manera preliminar la redacción del artículo 81 del Código Penal vigente de forma aparente favorece a las recurrentes, sin embargo de la lectura de dicho artículo también se desprende que esa nueva pena, no le es aplicable la figura de la Libertad Condicional cuando se trate de penados que lo hayan sido por su participación en un grupo delictivo organizado, tal como sucede en el presente caso de autos, en donde la figura del testaferro definida en el artículo 442 del Código Penal Vigente como “aquella persona que presta su nombre en actos o contratos reales o simulados, de carácter Civil o Mercantil, que se refieran a la adquisición, transferencia o administración de bienes que procedan directa o indirectamente de cualquiera de las actividades referidas en el delito de lavado de activos”, se encuentra incluida dentro del grupo delictivo organizado, entendiéndose este como cualquier grupo estructurado de tres o más personas, que exista durante cierto tiempo y que actué concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves tipificados conforme a lo dispuesto en el presente Código (Art.136 del Código Penal), calzando dicha figura con el requisito señalado en el artículo 81 del Código Penal para no otorgar la Libertad Condicional y por tanto de debe desestimar la presente acción de amparo. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre el las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la labor de valoración de la prueba no es mecánica o automatizada puesto que el Juez irá construyendo la convicción o certeza sobre los hechos controvertidos conforme analiza y evalúa las pruebas, lo que implica un examen total de los medios probatorios obrantes en autos, a fin de cumplir con el mandato legal de valoración conjunta. De esta manera las pretensiones de las partes se verán reforzadas o mediatizadas conforme el Juez vaya analizando y sopesando los medios probatorios hasta llegar al momento de la decisión final. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 82, 90, 183, 303, 304, 313 Numeral 5 y 316 de la Constitución de la República; 1, 2, 3.2, 5, 6, 7, 8, 9.2, 41, 54, 56 y 119 demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 141 del Código Procesal Penal; 1 y 37 de la Ley del Ministerio Publico; 1 y 12 letra c) del Reglamento Interno de la Sala de lo Constitucional; 1, 81, 136 y 442 del Código Penal; FALLA: DENEGANDO el recurso de amparo de que se ha hecho mérito. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a su lugar de procedencia.- Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA.- NOTIFIQUESE. Firmas y Sello. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete días del mes de octubre del dos mil veintiuno, certificación de la sentencia de fecha veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número SCO-0101=2021.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX