Sentencia AP-1008-19 — Registro 12490
Resumen
Se interpuso recurso de amparo que confirmó la resolución dictada por el juzgado de letras con relación al delito de fraude. Estimando la recurrente que la decisión del Ad-quem, es violatoria de lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución de la República.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO (14): Que el derecho a la tutela judicial efectiva, es el derecho de toda persona a que se le haga justicia; a que, cuando pretenda algo de otra, esta pretensión sea atendida por un órgano jurisdiccional competente, a través de un proceso con garantías mínimas. Entendida la tutela judicial efectiva como una manifestación constitucional de un conjunto de instituciones de origen eminentemente procesal, pues no basta con el reconocimiento constitucional sino que es necesario el cumplimiento del debido proceso que debe revestirse de los elementos necesarios para hacer posible la eficacia de los derechos contenidos en las normas jurídicas vigentes. Así el proceso ha de realizarse eliminando los obstáculos procesales que pudieran impedirlo. b) De obtener una sentencia de fondo, es decir motivada y fundada, en un tiempo razonable, más allá del acierto de dicha decisión. c) Que esa sentencia se cumpla, o sea a la ejecutoriedad del fallo. CONSIDERNDO (15): Que del estudio de los antecedentes y de la resolución recurrida esta sala aprecia que él Ad quem, ha garantizado el debido proceso, motivando su resolución de manera clara precisa y coherente con el cuadro factico y acervo probatorio de cuyo conocimiento se impuso, por lo que la conclusión de Ad quem de dirimir el proceso a la jurisdicción civil es conforme a derecho, considerando que el derecho penal tiene sus límites, conocidos como el principio de mínima intervención o ultima ratio, en ese orden de ideas esta Sala aprecia, que la resolución impugnada no ha quebrantado los derechos invocados por el recurrente en consecuencia procede Denegar la acción de Amparo sometida a estudio. CONSIDERANDO (16): Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico penal.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
Sentencia
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