Sentencia AP-1002-20 — Registro 15022
Resumen
Se interpuso recurso de amparo contra la sentencia que declaró sin lugar el recurso de apelación y confirmó la resolución dictada con relación a la causa instruida por el delito de violación de los deberes de los funcionarios, en perjuicio de la administración pública del estado de Honduras.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “-CONSIDERANDO: Que la Sala, mediante resolución de fecha nueve de abril de dos mil veintiuno, declaró inadmisible la presente acción de Amparo interpuesta por la Abogada GLORIA MARITZA GARCÍA SUAREZ, pronunciando en forma motivada las razones por las que consideró procedente inadmitir la presente acción, siendo que se aplicó las causales de inadmisibilidad establecidas en los numerales 1) y 9) del artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.-CONSIDERANDO: Que de lo expuesto por la recurrente en su escrito de reposición, esta Sala no advierte razones de fondo o forma para proceder a la enmienda de la resolución cuya reposición solicita, ya que encuentra que los razonamientos esgrimidos en dicha resolución se encuentran apegados a derecho, por lo que resulta oportuno declarar sin lugar el recurso de reposición que se ha interpuesto.”
Jerarquía: Reiterativa
.."Que la garantía genérica del debido proceso, consagrada en el articulo 90 de la Constitución de la República, se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad, a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas; en donde se incluyen el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, y el de impugnar las resoluciones judiciales, los cuales se estima no han sido lesionados.
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Resolución que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, nueve de abril del año dos mil veintiuno.- VISTO: el Recurso de Amparo interpuesto por la abogada GLORIA MARITZA GARCIA SUAREZ, a favor del señor EDWIN ENOC VÁSQUEZ GUILLÉN, contra la Sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha tres (3) de febrero del año dos mil veinte (2020), que declaró SIN LUGAR el recurso de apelación y CONFIRMÓ la Resolución dictada en fecha diez (10) de octubre de dos mil diecinueve (2019), por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN; con relación a la causa instruida contra el señor EDWIN ENOC VÁSQUEZ GUILLÉN, por suponerlo responsable del delito de VIOLACIÓN DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS, en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS.-CONSIDERANDO: Que del escrito de interposición del Recurso de Amparo, se desprende que la recurrente señala que se le vulneraron a su representado, los derechos contenidos en los artículos 82, 90 y 92 de la Constitución de la República. Desarrollando la impetrante, que la resolución de la Alzada es violatoria de dichos derechos, pues pone la presente causa bajo la jurisdicción del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán; cuando por su contenido, la causa debió haber sido conocida por un tribunal más especializado. Así mismo, alega que no debió dictarse Auto de Formal Procesamiento en la presente causa, pues no se reúnen ninguno de los elementos del tipo penal, para determinar la posible existencia de un delito de VIOLACIÓN DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS.-CONSIDERANDO: Que del análisis de la resolución reclamada, se aprecia que la Alzada determina que el delito que se le imputa al recurrente, no entran dentro de la categoría de delitos cometidos por el “crimen organizado”; por lo tanto, los argumentos en los que la recurrente aduce que el tribunal competente es el Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional, no son de recibo.-CONSIDERANDO: Que este Tribunal no logra identificar trasgresión alguna al derecho de defensa consagrado en el artículo 82 de la Constitución de la República, pues si bien la recurrente indica que la presente causa esta siendo vista por un tribunal incompetente, esta negativa ha sido a través del proceso estatuido en el que ha hecho valer los recursos procesales que la misma ley reconoce.-CONSIDERANDO: Que la garantía genérica del debido proceso, consagrada en el articulo 90 de la Constitución de la República, se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad, a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas; en donde se incluyen el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, y el de impugnar las resoluciones judiciales, los cuales se estima no han sido lesionados.-CONSIDERANDO: Que artículo 92 de la Constitución de la República, establece que no podrá decretarse Auto de Formal Procesamiento, sin que exista plena prueba de haberse cometido un delito sancionado con pena de privación de libertad e indicio racional de quien sea su autor. Que para establecer que se ha cometido un delito, es necesario que haya prueba acerca de todos los elementos que integran el tipo de que se trate; en consecuencia, al realizar un examen sobre la aplicación de las reglas de la sana crítica en la fundamentación, el Tribunal apreció las pruebas que generaron su convicción, su juicio de valoración es razonable a las reglas que gobiernan el correcto entendimiento humano, y cumple la exigencia constitucional dirigida a evitar la arbitrariedad en esta etapa del proceso.-CONSIDERANDO: Que los alegatos realizados por la recurrente, respecto al hecho de que no se reúnen todos los elementos, para determinar la existencia del delito de VIOLACIÓN DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS, son alegatos nuevos, cuestionados por primera vez en este recurso. Por lo tanto, al tratarse de hechos nuevos alegados por primera vez en este recurso extraordinario, esta Sala de lo Constitucional nos se pronuncia sobre los mismos, pues es una cuestión propia a resolverse por la jurisdicción ordinaria.-CONSIDERANDO: Que este alto Tribunal haya que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando la obtención de una respuesta judicial motivada y fundada en derecho congruente, por lo que no han sido quebrantadas las normas que relaciona el impetrante, y por tanto, no se le deniegan las garantías constitucionales reclamadas, al haberse dictado la resolución respetando todas las formalidades de derecho y garantías que la ley establece dentro del marco legal aplicable.-CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que, por no ser propias de la materia constitucional, quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o administrativos que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en los mismos, y cuyo conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, se dará cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales. De no ser así, estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos.-CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su Artículo 46 numerales 1) y 9), es procedente en esta etapa del procedimiento declarar inadmisible el recurso de merito y sobreseer, al apreciar esta Sala que la recurrente alega una violación de mera legalidad por las razones expuestas; razón por la cual esta Sala estima, que dar curso al conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una dilación innecesaria en el trámite del juicio principal.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 82, 90, 92, 183, 303, 304, 313 atribución 5, y 316 de la Constitución de la República; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 5, 7, 41, 42, 44, 45, 46 numerales 1) y 9), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por la abogada GLORIA MARITZA GARCIA SUAREZ, a favor del señor EDWIN ENOC VÁSQUEZ GUILLÉN, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha tres (3) de febrero del año dos mil veinte (2020); toda vez que la autoridad denunciada se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como ya ha sido relacionado; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA .- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, quince de octubre de dos mil veintiuno.- VISTO: el recurso de reposición interpuesto por la Abogada GLORIA MARITZA GARCÍA SUAREZ contra la resolución dictada por esta Sala el nueve de abril de dos mil veintiuno, mediante la cual se declaró inadmisible la presente acción de Amparo interpuesta por la hoy recurrente a favor del señor EDWIN ENOC VÁSQUEZ GUILLÉN, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha tres de febrero de dos mil veinte, que declaró sin lugar el recurso de apelación y confirmó la resolución dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, el diez de octubre de dos mil diecinueve; con relación a la causa instruida contra el señor EDWIN ENOC VÁSQUEZ GUILLÉN, por suponerlo responsable del delito de VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS, en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS.-CONSIDERANDO: Que la Sala, mediante resolución de fecha nueve de abril de dos mil veintiuno, declaró inadmisible la presente acción de Amparo interpuesta por la Abogada GLORIA MARITZA GARCÍA SUAREZ, pronunciando en forma motivada las razones por las que consideró procedente inadmitir la presente acción, siendo que se aplicó las causales de inadmisibilidad establecidas en los numerales 1) y 9) del artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.-CONSIDERANDO: Que de lo expuesto por la recurrente en su escrito de reposición, esta Sala no advierte razones de fondo o forma para proceder a la enmienda de la resolución cuya reposición solicita, ya que encuentra que los razonamientos esgrimidos en dicha resolución se encuentran apegados a derecho, por lo que resulta oportuno declarar sin lugar el recurso de reposición que se ha interpuesto.-POR TANTO: LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS y haciendo aplicación de los artículos 59, 80, 82, 90, 183, 303, 304, 313 atribución 5ª. Y 316 de la Constitución de la República; 119 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: DECLARAR SIN LUGAR el recurso de reposición interpuesto por la Abogada GLORIA MARITZA GARCÍA SUAREZ contra la resolución dictada por esta Sala el nueve de abril de dos mil veintiuno, mediante la cual se declaró inadmisible la presente acción de Amparo, por no existir razones de fondo o forma para proceder a su enmienda; Y MANDA: Que la Secretaría del Despacho notifique lo resuelto a la recurrente para los efectos legales que en derecho correspondan y se proceda al archivo de las presentes diligencias. NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA .- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los veintitrés (23) días del mes de mayo del año dos mil veintidós (2022), Certificación de las Resoluciones de fechas nueve (9) de abril y quince (15) de octubre del año dos mil veintiuno (2021), recaídas en el Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 1002-2020.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL