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Sentencia AP-05-20 — Registro 12657

Resumen

Sentencia declaró con lugar recursos de apelación interpuestos por el Ministerio Público y Acusador Privado, revocó resolución que decretó sobreseimiento definitivo a favor de recurrente por suponerlo responsable a título de autor del delito de homicidio culposo en perjuicio de víctima; el Tribunal de Alzada concluyó que no procede el sobreseimiento definitivo por no estar entre los presupuestos que autoriza al juez dictar dicha resolución

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"esta Sala aprecia que efectivamente el proceso se encuentra en la etapa preparatoria, audiencia inicial en la que, las partes han allegado medios probatorios, los que fueron apreciado por el A quo, sin embargo el Tribunal de alzada en el estudio de los mismos aprecia, que ciertamente ha sucedido un hecho que si bien no será doloso puede ser culposo, para ello ha realizado un análisis detallados de los medios probatorios ofrecidos, concluyendo que el sobreseimiento definitivo dictado a favor del imputado no procede conforme a derecho en virtud de no llenar el requisito establecido en el artículo 269 del Código Procesal Penal,..."..."esta Sala aprecia que el recurrente argumenta que la prueba propuesta por la defensa no fue considerada, para dictar la resolución ahora impugnada, lo que equivale a considerar falta de valoración de la prueba conforme las reglas de la sana crítica, lo que ciertamente no concierne al Juez Constitucional, quien dirige su actividad jurisdiccional a la protección garantía y ejercicio de los derechos fundamentales puestos en peligro o quebrantados..."..."el auto de formal procesamiento es una valoración o juicio de carácter hipotético y esencialmente provisional, que en otra etapa ulterior del proceso puede ser revocado o modificado de acuerdo a las reglas establecidas por el código Procesal penal y por ello eventualmente puede dar lugar a una resolución en la que se declare sin lugar la hipótesis acusatoria, ya sea por haberse puesto de manifiesto la inocencia del sospechoso o por existir una duda razonable en torno a su culpabilidad..."..."esta sala aprecia que ciertamente no ha quebrantado los derechos fundamentales invocados por la recurrente, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

(9): Que el artículo 294 de la audiencia inicial, en el último párrafo del Código Procesal Penal establece: “En esta audiencia se debe efectuar una mínima actividad probatoria con la finalidad de aportar material indiciario para resolver sobre la probable realización del hecho que se imputa, sobre su relevancia jurídico penal y la probabilidad de la participación del imputado en el, así como la concurrencia de los presupuestos legitimadores para la imposición de una medida cautelar determinada

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

(9): Que el artículo 294 de la audiencia inicial, en el último párrafo del Código Procesal Penal establece: “En esta audiencia se debe efectuar una mínima actividad probatoria con la finalidad de aportar material indiciario para resolver sobre la probable realización del hecho que se imputa, sobre su relevancia jurídico penal y la probabilidad de la participación del imputado en el, así como la concurrencia de los presupuestos legitimadores para la imposición de una medida cautelar determinada

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dieciocho de febrero del dos mil veintiuno.- VISTO: Para dictar sentencia en el recurso de amparo Interpuesto por la Abogada LESLY LIZETH MALDONADO CUEVA a favor del señor ROSBEL NESAEL MENDOZA ESPINAL contra la resolución dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LA SECCION JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, en fecha ocho (08) de noviembre dos mil diecinueve (2019), que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra actuaciones del JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, con relación a la causa instruida contra el Señor ROSBEL NESAEL MENDOZA ESPINAL por suponerlo responsable del delito de HOMICIDIO CULPOSO en perjuicio del Señor OSCAR REYES SAA. Estimando la recurrente que la decisión del Ad-quem, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 69, 89, 90 y 92 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha veinticinco (25) de abril del dos mil diecinueve (2019), compareció ante el JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, la Abogada MICHEL MARIE SOLIS, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal contra el Señor ROSBEL NESAEL MENDOZA ESPINAL por suponerlo responsable a título de autor del delito de HOMICIDIO CULPOSO en perjuicio del Señor OSCAR REYES SAA. (Folios 1–14 de la pieza del A-Quo)- 2) Que en fecha diecinueve (19) de junio de dos mil diecinueve (2019), el citado Juzgado dicto Audiencia Inicial, en el cual Resolvió: “… por lo tanto lo procedente es DECRETAR: UN SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a favor del Señor ROSBEL NESAEL MENDOZA ESPINAL por suponerlo responsable de la comisión del delito de HOMICIDIO CULPOSO en perjuicio del Señor OSCAR REYES SAA. …” (Folios 99–120 de la pieza del A-Quo)- 3) Que conociendo de los recursos de apelación interpuestos por el Abogado OSCAR A. LUNA y el Fiscal del Ministerio Público, la Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, Falló: “PRIMERO: Declarar HA LUGAR los recursos de apelación interpuestos tanto por el Acusador Privado como por el Ministerio Público contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras de esta Sección Judicial en fecha 19 de junio del año 2019.- SEGUNDO: REVOCAR la resolución dictada por el Juzgado de Letras de esta Sección Judicial en fecha 19 de junio del año 2019 a fin de que se enmiende conforme a derecho corresponda en la audiencia Ad-Hoc que para tal efecto se señaló.-” (Folios 9–20 de la pieza del Ad-Quem)- 4) Que la Abogada LESLY LIZETH MALDONADO CUEVA, compareció ante este Tribunal en fecha seis (06) de enero de dos mil veinte (2020), interponiendo acción de amparo a favor del Señor ROSBEL NESAEL MENDOZA ESPINAL, contra la Resolución de fecha ocho (08) de noviembre del dos mil diecinueve (2019), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en los artículos 89, 90 y 92 de la Constitución de la República. (Folios 1–13 del Presente Recurso)- 5) Que en fecha treinta (30) de septiembre del dos mil veinte (2020), este alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo de mérito y a la vez omitió la vista de los antecedentes al fiscal del despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. (Folio 34 del Presente Recurso)- CONSIDERANDO (1): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada “para que se declare en casos concretos, que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable, por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.- CONSIDERANDO (2): Que la garantía Constitucional de Amparo promovida por la Abogada LESLY LIZETH MALDONADO CUEVA a favor del señor ROSBEL NESAEL MENDOZA ESPINAL, en relación al proceso instruido contra el señor MENDOZA ESPINAL, a quien se supone responsable del delito de HOMICIDIO CULPOSO en perjuicio del señor OSCAR REYES SAA- CONSIDERANDO (3): Que la Abogada LESLY LIZETH MALDONADO CUEVA, en la formalización de la acción de amparo, expone que la Corte de Apelaciones impugnada resolvió el recuso de apelación copiado literalmente lo argumentado y enunciado como expresión de agravios por la parte acusadora y copia literalmente la contestación de agravio efectuada por la defensa, además señala que la causa se encuentra en la etapa preparatoria, audiencia inicial, enunciando las distintas resoluciones que de acuerdo al caso concreto podrá dictar el Juez, ya sea sobreseimiento provisional, sobreseimiento definitivo, o auto de formal procesamiento. El impetrante manifiesta que el Ad quem fue del criterio que si se reúnen los presupuestos dictados por el artículo 296 del código procesal penal, se dictará sobreseimiento definitivo cuando: 1) Resulte probado que el hecho no ha existido o que no está tipificado como delito o que el imputado no participó en su comisión. 2) No existan fundamentos suficientes para dictar auto de prisión o declaratoria de reo y o haya motivo para sospechar que el imputado tuvo participación en el delito y 3) Se ha extinguido la acción penal, considerando que tal disposición legal es cerrada, en cuanto a los presupuestos para dictar un sobreseimiento definitivo o es cualquiera de los elementos o no es ninguno. Expone el recurrente que el Ad quem tiene por acreditada la muerte de la víctima, el señor Oscar Reyes Saa, con toda la documentación presentada por el Ministerio Público, especialmente con el acta de defunción, el acta de levantamiento cadavérico que señala que la víctima falleció a causa de un accidente de tránsito y dictamen preliminar de autopsia, además, manifiesta el Ad quem, que en ese accidente participó el imputado según informe de tránsito como conductor del autobús que como consecuencia perdió la vida la víctima en un hecho constitutivo de delito aparentemente no doloso, sino culposo, pero delito, en el que existen indicios para suponer que Don Rosbel Nesael Mendoza Espinal participó en el mismo. Concluyendo que en definitiva no procede dictar un sobreseimiento definitivo por no estar comprendido entre los presupuestos que autoriza al juez dictar esa resolución.- CONSIDERADO (4): Que el recurrente expone que la resolución dictada por la Corte de Apelaciones impugnada, se le han violentado los siguientes derechos constitucionales a su representado: El derecho de defensa contenido en el artículo 82 constitucional, que se violenta cuando la Corte de Apelaciones resuelve que no procede dictar sobreseimiento definitivo por no estar comprendido dentro de los presupuestos que autorizan al juez para dictar esa resolución. De igual manera considera que se ha quebrantado el Debido Proceso contenido en el artículo 90 constitucional, así como la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 8 numeral 1, que dispones que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable sentencia firme dictada por el órgano jurisdiccional competente, después de haberse probado los hechos en juicio oral y público, llevado a cabo lo principios establecidos en la Constitución de la República, los Tratados Internacionales de los cuales Honduras forma partes, y el presente código y con respeto irrestricto de los derechos del imputado.- CONSIDERANDO (5): Que el Tribunal de alzada deja establecido en el párrafo de la Motivación Probatoria y Jurídica en su parte conducente deja establecido: que el proceso que se conoce se encuentra en la etapa preparatoria, específicamente en la audiencia inicial, señalando el artículo 294 del código procesal penal que dispone la resolución que puede dictar el Juez, sobreseimiento definitivo, sobreseimiento provisional y auto de formal procesamiento. Expone que en el caso de autos quedó acreditada la muerte de la víctima, el señor Oscar Reyes Saa, con toda la documentación presentada por el Ministerio Público, especialmente con el acta de defunción, el acta de levantamiento cadavérico que señala que la víctima falleció a causa de un accidente de tránsito y dictamen preliminar de autopsia, además, manifiesta el Ad quem, que en ese accidente participó el imputado según informe de tránsito como conductor del autobús que como consecuencia perdió la vida la víctima, entonces no es difícil deducir, que el hecho si existió es decir el accidente de tránsito, la muerte accidental de la víctima es un hecho constitutivo de delito, aparentemente no doloso sino culposo, pero delito, asimismo existen indicios para suponer que Don Rosbel Nesael Mendoza Espinal participó en el mismo. Concluyendo que en definitiva no procede dictar un sobreseimiento definitivo por no estar comprendido entre los presupuestos que autoriza al juez dictar esa resolución.- (5): Que el Tribunal de alzada deja establecido en el párrafo de la Motivación Probatoria y Jurídica en su parte conducente deja establecido: que el proceso que se conoce se encuentra en la etapa preparatoria, específicamente en la audiencia inicial, señalando el artículo 294 del código procesal penal que dispone la resolución que puede dictar el Juez, sobreseimiento definitivo, sobreseimiento provisional y auto de formal procesamiento. Expone que en el caso de autos quedó acreditada la muerte de la víctima, el señor Oscar Reyes Saa, con toda la documentación presentada por el Ministerio Público, especialmente con el acta de defunción, el acta de levantamiento cadavérico que señala que la víctima falleció a causa de un accidente de tránsito y dictamen preliminar de autopsia, además, manifiesta el Ad quem, que en ese accidente participó el imputado según informe de tránsito como conductor del autobús que como consecuencia perdió la vida la víctima, entonces no es difícil deducir, que el hecho si existió es decir el accidente de tránsito, la muerte accidental de la víctima es un hecho constitutivo de delito, aparentemente no doloso sino culposo, pero delito, asimismo existen indicios para suponer que Don Rosbel Nesael Mendoza Espinal participó en el mismo. Concluyendo que en definitiva no procede dictar un sobreseimiento definitivo por no estar comprendido entre los presupuestos que autoriza al juez dictar esa resolución.- CONSIDERANDO (6): Que del estudio de los antecedentes, la resolución recurrida como de la acción de amparo, el recurrente comparece en búsqueda de justicia constitucional por considerar que la resolución del Ad quem, quebranta el derecho a la Defensa y Debido Proceso al revocar la resolución del Ad Quo quien dictó sobreseimiento definitivo a favor del señor ROSBEL NASAEL MENDOZA ESPINAL, esta Sala aprecia que efectivamente el proceso se encuentra en la etapa preparatoria, audiencia inicial en la que, las partes han allegado medios probatorios, los que fueron apreciado por el A quo, sin embargo el Tribunal de alzada en el estudio de los mismos aprecia, que ciertamente ha sucedido un hecho que si bien no será doloso puede ser culposo, para ello ha realizado un análisis detallados de los medios probatorios ofrecidos, concluyendo que el sobreseimiento definitivo dictado a favor del imputado no procede conforme a derecho en virtud de no llenar el requisito establecido en el artículo 269 del Código Procesal Penal, que dispone: Se dictará sobreseimiento definitivo cuando 1) resulte probado que el hecho no ha existido o que no está tipificado como delito o que el imputado no participó en su comisión; 2) No existe existan fundamentos suficientes para decretar auto de prisión o declaratoria de reo y no haya motivos para sospechar que el imputado tuvo participación en el delito y 3) Se ha extinguido la acción penal.- CONSIDERANDO (7): Que esta Sala aprecia que el recurrente argumenta que la prueba propuesta por la defensa no fue considerada, para dictar la resolución ahora impugnada, lo que equivale a considerar falta de valoración de la prueba conforme las reglas de la sana crítica, lo que ciertamente no concierne al Juez Constitucional, quien dirige su actividad jurisdiccional a la protección garantía y ejercicio de los derechos fundamentales puestos en peligro o quebrantados, siguiendo este orden de ideas se estudia la resolución impetrada en torno a los derechos constitucionales que le asisten al recurrente, apreciando que el contenido del párrafo que corresponde a la motivación probatoria y jurídica, invoca el artículo 294 del Código Procesal Penal, exponiendo cada uno de los requisitos para dictar un sobreseimiento definitivo. 3) Señala los medios de prueba que tuvo en consideración, (Acta de defunción, Levantamiento de cadáver, informe de accidente de tránsito sin explicar o argumentar jurídicamente como estos medios de prueba lo llevan al convencimiento de revocar la resolución del A quo.- CONSIDERANDO (8): Que la audiencia inicial como última fase de la etapa preparatoria, es una fase meramente judicial que tiene varios propósitos, entre ellas la de que el Juez haga una clasificación provisional de los hechos investigados, pronunciándose sobre la existencia o inexistencia de los mismos. Si los hechos son relevantes penalmente, y existiendo los méritos que correspondan podrá dictar el auto de formal procesamiento (auto de Prisión), las medidas cautelares que correspondan. Si el hecho no ha existido o existiendo el mismo no se manifiestan méritos suficientes, podrá dictar un sobreseimiento definitivo o provisional según el caso[1]. El auto de formal procesamiento, deberá ser dictado de acuerdo a los requisitos contenidos en el artículo 92 constitucional.- C(5): Que el Tribunal de alzada deja establecido en el párrafo de la Motivación Probatoria y Jurídica en su parte conducente deja establecido: que el proceso que se conoce se encuentra en la etapa preparatoria, específicamente en la audiencia inicial, señalando el artículo 294 del código procesal penal que dispone la resolución que puede dictar el Juez, sobreseimiento definitivo, sobreseimiento provisional y auto de formal procesamiento. Expone que en el caso de autos quedó acreditada la muerte de la víctima, el señor Oscar Reyes Saa, con toda la documentación presentada por el Ministerio Público, especialmente con el acta de defunción, el acta de levantamiento cadavérico que señala que la víctima falleció a causa de un accidente de tránsito y dictamen preliminar de autopsia, además, manifiesta el Ad quem, que en ese accidente participó el imputado según informe de tránsito como conductor del autobús que como consecuencia perdió la vida la víctima, entonces no es difícil deducir, que el hecho si existió es decir el accidente de tránsito, la muerte accidental de la víctima es un hecho constitutivo de delito, aparentemente no doloso sino culposo, pero delito, asimismo existen indicios para suponer que Don Rosbel Nesael Mendoza Espinal participó en el mismo. Concluyendo que en definitiva no procede dictar un sobreseimiento definitivo por no estar comprendido entre los presupuestos que autoriza al juez dictar esa resolución.- CONSIDERANDO (6): Que del estudio de los antecedentes, la resolución recurrida como de la acción de amparo, el recurrente comparece en búsqueda de justicia constitucional por considerar que la resolución del Ad quem, quebranta el derecho a la Defensa y Debido Proceso al revocar la resolución del Ad Quo quien dictó sobreseimiento definitivo a favor del señor ROSBEL NASAEL MENDOZA ESPINAL, esta Sala aprecia que efectivamente el proceso se encuentra en la etapa preparatoria, audiencia inicial en la que, las partes han allegado medios probatorios, los que fueron apreciado por el A quo, sin embargo el Tribunal de alzada en el estudio de los mismos aprecia, que ciertamente ha sucedido un hecho que si bien no será doloso puede ser culposo, para ello ha realizado un análisis detallados de los medios probatorios ofrecidos, concluyendo que el sobreseimiento definitivo dictado a favor del imputado no procede conforme a derecho en virtud de no llenar el requisito establecido en el artículo 269 del Código Procesal Penal, que dispone: Se dictará sobreseimiento definitivo cuando 1) resulte probado que el hecho no ha existido o que no está tipificado como delito o que el imputado no participó en su comisión; 2) No existe existan fundamentos suficientes para decretar auto de prisión o declaratoria de reo y no haya motivos para sospechar que el imputado tuvo participación en el delito y 3) Se ha extinguido la acción penal.- CONSIDERANDO (7): Que esta Sala aprecia que el recurrente argumenta que la prueba propuesta por la defensa no fue considerada, para dictar la resolución ahora impugnada, lo que equivale a considerar falta de valoración de la prueba conforme las reglas de la sana crítica, lo que ciertamente no concierne al Juez Constitucional, quien dirige su actividad jurisdiccional a la protección garantía y ejercicio de los derechos fundamentales puestos en peligro o quebrantados, siguiendo este orden de ideas se estudia la resolución impetrada en torno a los derechos constitucionales que le asisten al recurrente, apreciando que el contenido del párrafo que corresponde a la motivación probatoria y jurídica, invoca el artículo 294 del Código Procesal Penal, exponiendo cada uno de los requisitos para dictar un sobreseimiento definitivo. 3) Señala los medios de prueba que tuvo en consideración, (Acta de defunción, Levantamiento de cadáver, informe de accidente de tránsito sin explicar o argumentar jurídicamente como estos medios de prueba lo llevan al convencimiento de revocar la resolución del A quo.- CONSIDERANDO (8): Que la audiencia inicial como última fase de la etapa preparatoria, es una fase meramente judicial que tiene varios propósitos, entre ellas la de que el Juez haga una clasificación provisional de los hechos investigados, pronunciándose sobre la existencia o inexistencia de los mismos. Si los hechos son relevantes penalmente, y existiendo los méritos que correspondan podrá dictar el auto de formal procesamiento (auto de Prisión), las medidas cautelares que correspondan. Si el hecho no ha existido o existiendo el mismo no se manifiestan méritos suficientes, podrá dictar un sobreseimiento definitivo o provisional según el caso[1]. El auto de formal procesamiento, deberá ser dictado de acuerdo a los requisitos contenidos en el artículo 92 constitucional.- CONSIDERANDO (9): Que el artículo 294 de la audiencia inicial, en el último párrafo del Código Procesal Penal establece: “En esta audiencia se debe efectuar una mínima actividad probatoria con la finalidad de aportar material indiciario para resolver sobre la probable realización del hecho que se imputa, sobre su relevancia jurídico penal y la probabilidad de la participación del imputado en el, así como la concurrencia de los presupuestos legitimadores para la imposición de una medida cautelar determinada.- CONSIDERANDO (10): Que el derecho a la tutela judicial efectiva comprende en un triple e inescindible enfoque: a) La libertad de acceso a la justicia, eliminando los obstáculos procesales que pudieran impedirlo. b) De obtener una sentencia de fondo, es decir motivada y fundada, en un tiempo razonable, más allá del acierto de dicha decisión. c) Que esa sentencia se cumpla, o sea a la ejecutoriedad del fallo[2]. A su vez el art.8 de la Convención Americana de Derechos humanos, Pacto de San José de Costa Rica, reconoce a toda persona el derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente, imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. Y el artículo 25 establece el derecho a un recurso sencillo y rápido o cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.- CONSIDERANDO (11): Que el debido proceso es aquel, que se ajusta a los requerimientos, procedimientos, y exigencias establecidas en la ley, necesarias para garantizar la efectividad del derecho material, por lo que la inobservancia en cualquiera de sus formas en el proceso, conduce al atropello de éste, concretamente lo señala el artículo 90 de la Carta Magna “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”. Que el derecho al Debido Proceso busca confirmar la legalidad y correcta aplicación de las leyes dentro de un marco de respeto mínimo a la dignidad humana dentro de cualquier tipo de proceso, entendido este como “Aquella actividad compleja, progresiva y metódica, que se realiza de acuerdo con reglas preestablecidas, cuyo resultado será el dictado de la norma individual de conducta (sentencia), con la finalidad de declarar el derecho material aplicable al caso concreto[3]”. El Debido proceso está contemplado en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en su artículo 7 inciso 6; 8 incisos 2, 3, 4, 5, referidos a la garantías judiciales a que tiene derecho toda persona sometida a un proceso; Artículos 9, del principio de legalidad y la no retroactividad de la ley; 24 igualdad ante la ley; 25 protección Judicial. Los Estados Partes en la Convención Americana tienen la obligación internacional de respetar dichos principios artículo 1.1 de la Convención, por constituir normas auto ejecutables, es decir normas incorporadas al derecho interno, por otra parte, en caso de que dichos Estados todavía no hayan establecido, dichas garantías mínimas dentro de su legislación, tienen la obligación internacional de “adoptar con arreglo a sus procedimientos constitucionales y las disposiciones de la Convención las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades Artículo 2. 1 Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Por ello es necesario un justo equilibrio entre el ciudadano y el Estado donde las garantías procesales adquieren sentido y actualidad al evitar la arbitrariedad e inseguridad que provocaría en la sociedad una carencia del individuo para proteger el interés general de la averiguación de la verdad real y el éxito de la administración de justicia[4].- CONSIDERANDO (12): Que el artículo 82 Constitucional establece que el derecho de defensa es inviolable, que los habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes, derecho reconocido en los instrumentos internacionales, que forman parte del derecho interno de Honduras, entre ellos la Declaración Universal sobre Derechos Humanos, lo consagra en sus artículo 8 como “el derecho de toda persona a un recurso efectivo ante los tribunales competentes”. Artículo 10 “el derecho de toda persona a ser oída en condiciones de igualdad, públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial que determine sus derechos y obligaciones”. Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, consagra el derecho de defensa, en su artículo 14. 1. estableciendo “la igualdad de las personas ante los tribunales y cortes de justicia. A ser oída públicamente y con las debidas garantías, por un tribunal competente, independiente e imparcial establecido por la ley”. La Convención Americana Sobre Derechos Humanos, protege el derecho de defensa, dentro del marco de las garantías judiciales contempladas en el artículo 8.1 señala de igual forma que “las personas tienen derecho a ser oídas con las debidas garantías e indica que tales actuaciones deben hacerse en un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, para la determinación de sus derechos y obligaciones”. En consecuencia el Derecho de Defensa, está estrechamente ligado al debido proceso.- CONSIDERANDO (13): Que el auto de formal procesamiento es una valoración o juicio de carácter hipotético y esencialmente provisional, que en otra etapa ulterior del proceso puede ser revocado o modificado de acuerdo a las reglas establecidas por el código Procesal penal y por ello eventualmente puede dar lugar a una resolución en la que se declare sin lugar la hipótesis acusatoria, ya sea por haberse puesto de manifiesto la inocencia del sospechoso o por existir una duda razonable en torno a su culpabilidad.- CONSIDERANDO (14): Que del estudio de la resolución dictada por el Ad quem, esta sala aprecia que ciertamente no ha quebrantado los derechos fundamentales invocados por la recurrente, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto POR TANTO: La Sala Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, en aplicación de los artículos 15, 59,62, 90, 183, 303, 313 No.5, y 316, de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No. 5, 132 y 145 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9 No. 2, 41, 54, 63 de la ley Sobre Justicia Constitucional, Artículo 8 de La Convención Americana de Derechos Humanos; 8, y 10 de La Declaración Universal de los Derechos Humanos; 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Artículo IV de La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; FALLA: DENEGANDO el Recurso de Amparo, interpuesto por la abogada LESLY LIZETH MALDONADO CUEVA, a favor del señor ROSBEL NESAEL MENDOZA ESPINAL, contra la sentencia de fecha ocho de noviembre del año dos mil diecinueve, dictada por la Corte Primera de Apelaciones De la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida. Ordenando la redacción de sentencia con los requisitos establecidos en la ley. Y MANDA: que con la certificación de este fallo remita los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó la Magistrada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME, MAGISTRADA PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los once (11) días del mes de marzo del año dos mil veintiuno (2021), certificación de la Sentencia de fecha dieciocho (18) de febrero del año dos mil veintiuno (2021), recaída en el Recurso de Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0005-2020.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO SALA CONSTITUCIONAL

[1] Ávila Ortiz Félix- Los Nuevos Roles del Juez y del Ministerio Público en el Código Procesal Penal. Cuadernos de Estudios Judiciales Rafael Alvarado Manzano. Litocom, S. de R.L. de C.V. Tegucigalpa, Honduras. Pág. 99

[2] Grillo María Isabel Iride. El Derecho a la Tutela Judicial Efectiva. http://www.saij.gob.ar/iride-isabel-maria-grillo-derecho-tutela-judicial-efectiva-dacf040088-2004/123456789-0abc-defg8800-40fcanirtcod

[3]Arazi Roland, Apud, Rodríguez Rescia Victor Manuel. El Debido Proceso Legal y la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.Pág.1296.

[4] Al considerar los elementos anteriores “se pone de manifiesto la importancia trascendental que tiene el proceso, ya que su propia institucionalidad representa el influjo de muchas corrientes de pensamiento que tienen su idea central en el respeto y vigencia de los Derechos Humanos...”. Thompson (José), Apud. Rodríguez Rescia. Pág.1297. Las garantías penales y procesales en el derecho de los derechos humanos , ILANUD, San José, Costa Rica, 1991, pág. 63.

(5): Que el Tribunal de alzada deja establecido en el párrafo de la Motivación Probatoria y Jurídica en su parte conducente deja establecido: que el proceso que se conoce se encuentra en la etapa preparatoria, específicamente en la audiencia inicial, señalando el artículo 294 del código procesal penal que dispone la resolución que puede dictar el Juez, sobreseimiento definitivo, sobreseimiento provisional y auto de formal procesamiento. Expone que en el caso de autos quedó acreditada la muerte de la víctima, el señor Oscar Reyes Saa, con toda la documentación presentada por el Ministerio Público, especialmente con el acta de defunción, el acta de levantamiento cadavérico que señala que la víctima falleció a causa de un accidente de tránsito y dictamen preliminar de autopsia, además, manifiesta el Ad quem, que en ese accidente participó el imputado según informe de tránsito como conductor del autobús que como consecuencia perdió la vida la víctima, entonces no es difícil deducir, que el hecho si existió es decir el accidente de tránsito, la muerte accidental de la víctima es un hecho constitutivo de delito, aparentemente no doloso sino culposo, pero delito, asimismo existen indicios para suponer que Don Rosbel Nesael Mendoza Espinal participó en el mismo. Concluyendo que en definitiva no procede dictar un sobreseimiento definitivo por no estar comprendido entre los presupuestos que autoriza al juez dictar esa resolución.- CONSIDERANDO (6): Que del estudio de los antecedentes, la resolución recurrida como de la acción de amparo, el recurrente comparece en búsqueda de justicia constitucional por considerar que la resolución del Ad quem, quebranta el derecho a la Defensa y Debido Proceso al revocar la resolución del Ad Quo quien dictó sobreseimiento definitivo a favor del señor ROSBEL NASAEL MENDOZA ESPINAL, esta Sala aprecia que efectivamente el proceso se encuentra en la etapa preparatoria, audiencia inicial en la que, las partes han allegado medios probatorios, los que fueron apreciado por el A quo, sin embargo el Tribunal de alzada en el estudio de los mismos aprecia, que ciertamente ha sucedido un hecho que si bien no será doloso puede ser culposo, para ello ha realizado un análisis detallados de los medios probatorios ofrecidos, concluyendo que el sobreseimiento definitivo dictado a favor del imputado no procede conforme a derecho en virtud de no llenar el requisito establecido en el artículo 269 del Código Procesal Penal, que dispone: Se dictará sobreseimiento definitivo cuando 1) resulte probado que el hecho no ha existido o que no está tipificado como delito o que el imputado no participó en su comisión; 2) No existe existan fundamentos suficientes para decretar auto de prisión o declaratoria de reo y no haya motivos para sospechar que el imputado tuvo participación en el delito y 3) Se ha extinguido la acción penal.- CONSIDERANDO (7): Que esta Sala aprecia que el recurrente argumenta que la prueba propuesta por la defensa no fue considerada, para dictar la resolución ahora impugnada, lo que equivale a considerar falta de valoración de la prueba conforme las reglas de la sana crítica, lo que ciertamente no concierne al Juez Constitucional, quien dirige su actividad jurisdiccional a la protección garantía y ejercicio de los derechos fundamentales puestos en peligro o quebrantados, siguiendo este orden de ideas se estudia la resolución impetrada en torno a los derechos constitucionales que le asisten al recurrente, apreciando que el contenido del párrafo que corresponde a la motivación probatoria y jurídica, invoca el artículo 294 del Código Procesal Penal, exponiendo cada uno de los requisitos para dictar un sobreseimiento definitivo. 3) Señala los medios de prueba que tuvo en consideración, (Acta de defunción, Levantamiento de cadáver, informe de accidente de tránsito sin explicar o argumentar jurídicamente como estos medios de prueba lo llevan al convencimiento de revocar la resolución del A quo.- CONSIDERANDO (8): Que la audiencia inicial como última fase de la etapa preparatoria, es una fase meramente judicial que tiene varios propósitos, entre ellas la de que el Juez haga una clasificación provisional de los hechos investigados, pronunciándose sobre la existencia o inexistencia de los mismos. Si los hechos son relevantes penalmente, y existiendo los méritos que correspondan podrá dictar el auto de formal procesamiento (auto de Prisión), las medidas cautelares que correspondan. Si el hecho no ha existido o existiendo el mismo no se manifiestan méritos suficientes, podrá dictar un sobreseimiento definitivo o provisional según el caso[1]. El auto de formal procesamiento, deberá ser dictado de acuerdo a los requisitos contenidos en el artículo 92 constitucional.- CONSIDERANDO (9): Que el artículo 294 de la audiencia inicial, en el último párrafo del Código Procesal Penal establece: “En esta audiencia se debe efectuar una mínima actividad probatoria con la finalidad de aportar material indiciario para resolver sobre la probable realización del hecho que se imputa, sobre su relevancia jurídico penal y la probabilidad de la participación del imputado en el, así como la concurrencia de los presupuestos legitimadores para la imposición de una medida cautelar determinada.- CONSIDERANDO (10): Que el derecho a la tutela judicial efectiva comprende en un triple e inescindible enfoque: a) La libertad de acceso a la justicia, eliminando los obstáculos procesales que pudieran impedirlo. b) De obtener una sentencia de fondo, es decir motivada y fundada, en un tiempo razonable, más allá del acierto de dicha decisión. c) Que esa sentencia se cumpla, o sea a la ejecutoriedad del fallo[2]. A su vez el art.8 de la Convención Americana de Derechos humanos, Pacto de San José de Costa Rica, reconoce a toda persona el derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente, imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. Y el artículo 25 establece el derecho a un recurso sencillo y rápido o cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.- CONSIDERANDO (11): Que el debido proceso es aquel, que se ajusta a los requerimientos, procedimientos, y exigencias establecidas en la ley, necesarias para garantizar la efectividad del derecho material, por lo que la inobservancia en cualquiera de sus formas en el proceso, conduce al atropello de éste, concretamente lo señala el artículo 90 de la Carta Magna “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”. Que el derecho al Debido Proceso busca confirmar la legalidad y correcta aplicación de las leyes dentro de un marco de respeto mínimo a la dignidad humana dentro de cualquier tipo de proceso, entendido este como “Aquella actividad compleja, progresiva y metódica, que se realiza de acuerdo con reglas preestablecidas, cuyo resultado será el dictado de la norma individual de conducta (sentencia), con la finalidad de declarar el derecho material aplicable al caso concreto[3]”. El Debido proceso está contemplado en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en su artículo 7 inciso 6; 8 incisos 2, 3, 4, 5, referidos a la garantías judiciales a que tiene derecho toda persona sometida a un proceso; Artículos 9, del principio de legalidad y la no retroactividad de la ley; 24 igualdad ante la ley; 25 protección Judicial. Los Estados Partes en la Convención Americana tienen la obligación internacional de respetar dichos principios artículo 1.1 de la Convención, por constituir normas auto ejecutables, es decir normas incorporadas al derecho interno, por otra parte, en caso de que dichos Estados todavía no hayan establecido, dichas garantías mínimas dentro de su legislación, tienen la obligación internacional de “adoptar con arreglo a sus procedimientos constitucionales y las disposiciones de la Convención las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades Artículo 2. 1 Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Por ello es necesario un justo equilibrio entre el ciudadano y el Estado donde las garantías procesales adquieren sentido y actualidad al evitar la arbitrariedad e inseguridad que provocaría en la sociedad una carencia del individuo para proteger el interés general de la averiguación de la verdad real y el éxito de la administración de justicia[4].- CONSIDERANDO (12): Que el artículo 82 Constitucional establece que el derecho de defensa es inviolable, que los habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes, derecho reconocido en los instrumentos internacionales, que forman parte del derecho interno de Honduras, entre ellos la Declaración Universal sobre Derechos Humanos, lo consagra en sus artículo 8 como “el derecho de toda persona a un recurso efectivo ante los tribunales competentes”. Artículo 10 “el derecho de toda persona a ser oída en condiciones de igualdad, públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial que determine sus derechos y obligaciones”. Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, consagra el derecho de defensa, en su artículo 14. 1. estableciendo “la igualdad de las personas ante los tribunales y cortes de justicia. A ser oída públicamente y con las debidas garantías, por un tribunal competente, independiente e imparcial establecido por la ley”. La Convención Americana Sobre Derechos Humanos, protege el derecho de defensa, dentro del marco de las garantías judiciales contempladas en el artículo 8.1 señala de igual forma que “las personas tienen derecho a ser oídas con las debidas garantías e indica que tales actuaciones deben hacerse en un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, para la determinación de sus derechos y obligaciones”. En consecuencia el Derecho de Defensa, está estrechamente ligado al debido proceso.- CONSIDERANDO (13): Que el auto de formal procesamiento es una valoración o juicio de carácter hipotético y esencialmente provisional, que en otra etapa ulterior del proceso puede ser revocado o modificado de acuerdo a las reglas establecidas por el código Procesal penal y por ello eventualmente puede dar lugar a una resolución en la que se declare sin lugar la hipótesis acusatoria, ya sea por haberse puesto de manifiesto la inocencia del sospechoso o por existir una duda razonable en torno a su culpabilidad.- CONSIDERANDO (14): Que del estudio de la resolución dictada por el Ad quem, esta sala aprecia que ciertamente no ha quebrantado los derechos fundamentales invocados por la recurrente, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto POR TANTO: La Sala Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, en aplicación de los artículos 15, 59,62, 90, 183, 303, 313 No.5, y 316, de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No. 5, 132 y 145 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9 No. 2, 41, 54, 63 de la ley Sobre Justicia Constitucional, Artículo 8 de La Convención Americana de Derechos Humanos; 8, y 10 de La Declaración Universal de los Derechos Humanos; 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Artículo IV de La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; FALLA: DENEGANDO el Recurso de Amparo, interpuesto por la abogada LESLY LIZETH MALDONADO CUEVA, a favor del señor ROSBEL NESAEL MENDOZA ESPINAL, contra la sentencia de fecha ocho de noviembre del año dos mil diecinueve, dictada por la Corte Primera de Apelaciones De la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida. Ordenando la redacción de sentencia con los requisitos establecidos en la ley. Y MANDA: que con la certificación de este fallo remita los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó la Magistrada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME, MAGISTRADA PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los once (11) días del mes de marzo del año dos mil veintiuno (2021), certificación de la Sentencia de fecha dieciocho (18) de febrero del año dos mil veintiuno (2021), recaída en el Recurso de Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0005-2020.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO SALA CONSTITUCIONAL

[1] Ávila Ortiz Félix- Los Nuevos Roles del Juez y del Ministerio Público en el Código Procesal Penal. Cuadernos de Estudios Judiciales Rafael Alvarado Manzano. Litocom, S. de R.L. de C.V. Tegucigalpa, Honduras. Pág. 99

[2] Grillo María Isabel Iride. El Derecho a la Tutela Judicial Efectiva. http://www.saij.gob.ar/iride-isabel-maria-grillo-derecho-tutela-judicial-efectiva-dacf040088-2004/123456789-0abc-defg8800-40fcanirtcod

[3]Arazi Roland, Apud, Rodríguez Rescia Victor Manuel. El Debido Proceso Legal y la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.Pág.1296.

[4] Al considerar los elementos anteriores “se pone de manifiesto la importancia trascendental que tiene el proceso, ya que su propia institucionalidad representa el influjo de muchas corrientes de pensamiento que tienen su idea central en el respeto y vigencia de los Derechos Humanos...”. Thompson (José), Apud. Rodríguez Rescia. Pág.1297. Las garantías penales y procesales en el derecho de los derechos humanos , ILANUD, San José, Costa Rica, 1991, pág. 63.

CONSIDERANDO (6): Que del estudio de los antecedentes, la resolución recurrida como de la acción de amparo, el recurrente comparece en búsqueda de justicia constitucional por considerar que la resolución del Ad quem, quebranta el derecho a la Defensa y Debido Proceso al revocar la resolución del Ad Quo quien dictó sobreseimiento definitivo a favor del señor ROSBEL NASAEL MENDOZA ESPINAL, esta Sala aprecia que efectivamente el proceso se encuentra en la etapa preparatoria, audiencia inicial en la que, las partes han allegado medios probatorios, los que fueron apreciado por el A quo, sin embargo el Tribunal de alzada en el estudio de los mismos aprecia, que ciertamente ha sucedido un hecho que si bien no será doloso puede ser culposo, para ello ha realizado un análisis detallados de los medios probatorios ofrecidos, concluyendo que el sobreseimiento definitivo dictado a favor del imputado no procede conforme a derecho en virtud de no llenar el requisito establecido en el artículo 269 del Código Procesal Penal, que dispone: Se dictará sobreseimiento definitivo cuando 1) resulte probado que el hecho no ha existido o que no está tipificado como delito o que el imputado no participó en su comisión; 2) No existe existan fundamentos suficientes para decretar auto de prisión o declaratoria de reo y no haya motivos para sospechar que el imputado tuvo participación en el delito y 3) Se ha extinguido la acción penal.- CONSIDERANDO (7): Que esta Sala aprecia que el recurrente argumenta que la prueba propuesta por la defensa no fue considerada, para dictar la resolución ahora impugnada, lo que equivale a considerar falta de valoración de la prueba conforme las reglas de la sana crítica, lo que ciertamente no concierne al Juez Constitucional, quien dirige su actividad jurisdiccional a la protección garantía y ejercicio de los derechos fundamentales puestos en peligro o quebrantados, siguiendo este orden de ideas se estudia la resolución impetrada en torno a los derechos constitucionales que le asisten al recurrente, apreciando que el contenido del párrafo que corresponde a la motivación probatoria y jurídica, invoca el artículo 294 del Código Procesal Penal, exponiendo cada uno de los requisitos para dictar un sobreseimiento definitivo. 3) Señala los medios de prueba que tuvo en consideración, (Acta de defunción, Levantamiento de cadáver, informe de accidente de tránsito sin explicar o argumentar jurídicamente como estos medios de prueba lo llevan al convencimiento de revocar la resolución del A quo.- CONSIDERANDO (8): Que la audiencia inicial como última fase de la etapa preparatoria, es una fase meramente judicial que tiene varios propósitos, entre ellas la de que el Juez haga una clasificación provisional de los hechos investigados, pronunciándose sobre la existencia o inexistencia de los mismos. Si los hechos son relevantes penalmente, y existiendo los méritos que correspondan podrá dictar el auto de formal procesamiento (auto de Prisión), las medidas cautelares que correspondan. Si el hecho no ha existido o existiendo el mismo no se manifiestan méritos suficientes, podrá dictar un sobreseimiento definitivo o provisional según el caso[1]. El auto de formal procesamiento, deberá ser dictado de acuerdo a los requisitos contenidos en el artículo 92 constitucional.- CONSIDERANDO (9): Que el artículo 294 de la audiencia inicial, en el último párrafo del Código Procesal Penal establece: “En esta audiencia se debe efectuar una mínima actividad probatoria con la finalidad de aportar material indiciario para resolver sobre la probable realización del hecho que se imputa, sobre su relevancia jurídico penal y la probabilidad de la participación del imputado en el, así como la concurrencia de los presupuestos legitimadores para la imposición de una medida cautelar determinada.- CONSIDERANDO (10): Que el derecho a la tutela judicial efectiva comprende en un triple e inescindible enfoque: a) La libertad de acceso a la justicia, eliminando los obstáculos procesales que pudieran impedirlo. b) De obtener una sentencia de fondo, es decir motivada y fundada, en un tiempo razonable, más allá del acierto de dicha decisión. c) Que esa sentencia se cumpla, o sea a la ejecutoriedad del fallo[2]. A su vez el art.8 de la Convención Americana de Derechos humanos, Pacto de San José de Costa Rica, reconoce a toda persona el derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente, imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. Y el artículo 25 establece el derecho a un recurso sencillo y rápido o cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.- CONSIDERANDO (11): Que el debido proceso es aquel, que se ajusta a los requerimientos, procedimientos, y exigencias establecidas en la ley, necesarias para garantizar la efectividad del derecho material, por lo que la inobservancia en cualquiera de sus formas en el proceso, conduce al atropello de éste, concretamente lo señala el artículo 90 de la Carta Magna “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”. Que el derecho al Debido Proceso busca confirmar la legalidad y correcta aplicación de las leyes dentro de un marco de respeto mínimo a la dignidad humana dentro de cualquier tipo de proceso, entendido este como “Aquella actividad compleja, progresiva y metódica, que se realiza de acuerdo con reglas preestablecidas, cuyo resultado será el dictado de la norma individual de conducta (sentencia), con la finalidad de declarar el derecho material aplicable al caso concreto[3]”. El Debido proceso está contemplado en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en su artículo 7 inciso 6; 8 incisos 2, 3, 4, 5, referidos a la garantías judiciales a que tiene derecho toda persona sometida a un proceso; Artículos 9, del principio de legalidad y la no retroactividad de la ley; 24 igualdad ante la ley; 25 protección Judicial. Los Estados Partes en la Convención Americana tienen la obligación internacional de respetar dichos principios artículo 1.1 de la Convención, por constituir normas auto ejecutables, es decir normas incorporadas al derecho interno, por otra parte, en caso de que dichos Estados todavía no hayan establecido, dichas garantías mínimas dentro de su legislación, tienen la obligación internacional de “adoptar con arreglo a sus procedimientos constitucionales y las disposiciones de la Convención las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades Artículo 2. 1 Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Por ello es necesario un justo equilibrio entre el ciudadano y el Estado donde las garantías procesales adquieren sentido y actualidad al evitar la arbitrariedad e inseguridad que provocaría en la sociedad una carencia del individuo para proteger el interés general de la averiguación de la verdad real y el éxito de la administración de justicia[4].- CONSIDERANDO (12): Que el artículo 82 Constitucional establece que el derecho de defensa es inviolable, que los habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes, derecho reconocido en los instrumentos internacionales, que forman parte del derecho interno de Honduras, entre ellos la Declaración Universal sobre Derechos Humanos, lo consagra en sus artículo 8 como “el derecho de toda persona a un recurso efectivo ante los tribunales competentes”. Artículo 10 “el derecho de toda persona a ser oída en condiciones de igualdad, públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial que determine sus derechos y obligaciones”. Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, consagra el derecho de defensa, en su artículo 14. 1. estableciendo “la igualdad de las personas ante los tribunales y cortes de justicia. A ser oída públicamente y con las debidas garantías, por un tribunal competente, independiente e imparcial establecido por la ley”. La Convención Americana Sobre Derechos Humanos, protege el derecho de defensa, dentro del marco de las garantías judiciales contempladas en el artículo 8.1 señala de igual forma que “las personas tienen derecho a ser oídas con las debidas garantías e indica que tales actuaciones deben hacerse en un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, para la determinación de sus derechos y obligaciones”. En consecuencia el Derecho de Defensa, está estrechamente ligado al debido proceso.- CONSIDERANDO (13): Que el auto de formal procesamiento es una valoración o juicio de carácter hipotético y esencialmente provisional, que en otra etapa ulterior del proceso puede ser revocado o modificado de acuerdo a las reglas establecidas por el código Procesal penal y por ello eventualmente puede dar lugar a una resolución en la que se declare sin lugar la hipótesis acusatoria, ya sea por haberse puesto de manifiesto la inocencia del sospechoso o por existir una duda razonable en torno a su culpabilidad.- CONSIDERANDO (14): Que del estudio de la resolución dictada por el Ad quem, esta sala aprecia que ciertamente no ha quebrantado los derechos fundamentales invocados por la recurrente, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto POR TANTO: La Sala Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, en aplicación de los artículos 15, 59,62, 90, 183, 303, 313 No.5, y 316, de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No. 5, 132 y 145 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9 No. 2, 41, 54, 63 de la ley Sobre Justicia Constitucional, Artículo 8 de La Convención Americana de Derechos Humanos; 8, y 10 de La Declaración Universal de los Derechos Humanos; 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Artículo IV de La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; FALLA: DENEGANDO el Recurso de Amparo, interpuesto por la abogada LESLY LIZETH MALDONADO CUEVA, a favor del señor ROSBEL NESAEL MENDOZA ESPINAL, contra la sentencia de fecha ocho de noviembre del año dos mil diecinueve, dictada por la Corte Primera de Apelaciones De la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida. Ordenando la redacción de sentencia con los requisitos establecidos en la ley. Y MANDA: que con la certificación de este fallo remita los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó la Magistrada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME, MAGISTRADA PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los once (11) días del mes de marzo del año dos mil veintiuno (2021), certificación de la Sentencia de fecha dieciocho (18) de febrero del año dos mil veintiuno (2021), recaída en el Recurso de Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0005-2020.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO SALA CONSTITUCIONAL

[1] Ávila Ortiz Félix- Los Nuevos Roles del Juez y del Ministerio Público en el Código Procesal Penal. Cuadernos de Estudios Judiciales Rafael Alvarado Manzano. Litocom, S. de R.L. de C.V. Tegucigalpa, Honduras. Pág. 99

[2] Grillo María Isabel Iride. El Derecho a la Tutela Judicial Efectiva. http://www.saij.gob.ar/iride-isabel-maria-grillo-derecho-tutela-judicial-efectiva-dacf040088-2004/123456789-0abc-defg8800-40fcanirtcod

[3]Arazi Roland, Apud, Rodríguez Rescia Victor Manuel. El Debido Proceso Legal y la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.Pág.1296.

[4] Al considerar los elementos anteriores “se pone de manifiesto la importancia trascendental que tiene el proceso, ya que su propia institucionalidad representa el influjo de muchas corrientes de pensamiento que tienen su idea central en el respeto y vigencia de los Derechos Humanos...”. Thompson (José), Apud. Rodríguez Rescia. Pág.1297. Las garantías penales y procesales en el derecho de los derechos humanos , ILANUD, San José, Costa Rica, 1991, pág. 63.