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Sentencia AL-948-20 — Registro 13067

Resumen

Sentencia declaró no ha lugar recurso de mérito, confirmó auto interlocutorio en demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones promovida por demandante contra recurrente; el Tribunal de Apelaciones considera que la ley laboral claramente establece lo que comprende el concepto de daños y perjuicios (salarios caídos) además el recurrente alega que el contrato es de naturaleza civil y no laboral

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"En cuanto a los alegatos hechas por el recurrente, sobre la posible incompetencia de los tribunales laborales en el presente caso, estas no son de recibido, pues son hechos nuevos, que el recurrente no alego en los recursos que utilizó para la subsanación del acto reclamado; y estos ya fueron resueltos en su momento por los tribunales, durante la celebración del juicio principal..."..."este Tribunal no logra identificar trasgresión alguna al derecho de defensa consagrado en el artículo 82 de la Constitución de la República, pues este implica: el derecho de ser oído; el conocimiento de la pretensión de la parte contraria; la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre él y las partes o entre una parte y el Estado mismo. Al no haberse privado al recurrente de ninguna de estas acciones o hechos, se estima que no hubo ninguna violación a este derecho..."..."las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que, por no ser propias de la materia constitucional, quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o administrativos que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en los mismos, y cuyo conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, se dará cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales. De no ser así, estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos..."..."es procedente en esta etapa del procedimiento declarar inadmisible el recurso de merito y sobreseer, al apreciar esta Sala que la recurrente alega una violación de mera legalidad por las razones expuestas; razón por la cual esta Sala estima, que dar curso al conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una dilación innecesaria en el trámite del juicio principal..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

.."Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que, por no ser propias de la materia constitucional, quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o administrativos que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en los mismos, y cuyo conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, se dará cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales. De no ser así, estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La resoluciones que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno. VISTO: el recurso de amparo interpuesto por la abogada ODESSA ORQUIDEA AGUILERA MALDONADO a favor de la sociedad mercantil VIERNES DE HONDURAS S.A. DE C.V. (FRIDAY’S), contra la Sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en la audiencia de alegados que comenzó en fecha seis (6) de septiembre de dos mil veinte (2020), y concluyó en fecha veintiocho (28) de septiembre de dos mil veinte (2020), que declaró NO HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la recurrente y CONFIRMÓ la Resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha veintiuno (21) de febrero de dos mil veinte (2019), con relación a la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones, promovida por el señor EDWIN GERARDO MEJÍA DUBÓN, en contra de la sociedad mercantil VIERNES DE HONDURAS S.A. DE C.V. (FRIDAY’S). CONSIDERANDO: Que del escrito de interposición del Recurso de Amparo, se desprende que la recurrente señala que se le vulneraron a su representada, los derechos contenidos en los artículos 64, 82, 90 y 94 de la Constitución de la República. Señalando que el acto reclamado es violatorio de los mismos, pues en la liquidación se le incluyó el tiempo en que los tribunales no estuvo en juicio, el que estuvo de vacaciones, y el tiempo que se tomo para la resolución de los recursos y los fallos, todos estos hechos que son imputables al tribunal; así mismo, se le incluyó en la liquidación el salario incorrecto, pues al tratarse de un contrato de empleo por hora, debieron rebajar el veinte por ciento (20%) adicional que recibía el demandante, en concepto de pagos por los derechos adquiridos. Y finalmente, alega que el presente contrato es de naturaleza civil, no laboral, por lo que los tribunales laborales nunca debieron conocer y pronunciarse sobre este asunto. CONSIDERANDO: Que del acto reclamado se desprende que la Alzada determinó que la petición del recurrente, de no valorar el tiempo “muerto o inactivo” (inactividad del tribunal, vacaciones del poder judicial y tiempo para resolución del juicio) es inatendible, pues la misma ley laboral, así como el Decreto Legislativo no. 89 de fecha veinticuatro (24) de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve (1969), dejan claramente establecido que en concepto de daños y perjuicios (lo conocido comúnmente como “salarios caídos”): 1) Se toma como base del calculo a realizarse, el salario que devengaba el empleado al momento de su despido, y; 2) Se calcula el mismo, desde el momento del despido, hasta el momento en que se dicte sentencia firme, sin excluirse tiempo alguno en la etapa de la ejecución. Así mismo, cuando el tribunal se encontraba inactivo debido a la incapacidad del juez, el ahora recurrente tuvo la oportunidad de solicitar una reasignación del caso, pero nunca realizó dicha petición. Razón por la cual, estimo procedente el declarar NO HA LUGAR el recurso de apelación y CONFIRMAR el auto interlocutorio de fecha veintiuno (21) de febrero de dos mil diecinueve (2019). CONSIDERANDO: En cuanto a los alegatos hechas por el recurrente, sobre la posible incompetencia de los tribunales laborales en el presente caso, estas no son de recibido, pues son hechos nuevos, que el recurrente no alego en los recursos que utilizó para la subsanación del acto reclamado; y estos ya fueron resueltos en su momento por los tribunales, durante la celebración del juicio principal. CONSIDERANDO: Que la garantía genérica del debido proceso, consagrada en el articulo 90 de la Constitución de la República, se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad, a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas; en donde se incluyen el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, y el de impugnar las resoluciones judiciales, los cuales se estima no han sido lesionados. CONSIDERANDO: Que este Tribunal no logra identificar trasgresión alguna al derecho de defensa consagrado en el artículo 82 de la Constitución de la República, pues este implica: el derecho de ser oído; el conocimiento de la pretensión de la parte contraria; la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre él y las partes o entre una parte y el Estado mismo. Al no haberse privado al recurrente de ninguna de estas acciones o hechos, se estima que no hubo ninguna violación a este derecho. CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que, por no ser propias de la materia constitucional, quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o administrativos que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en los mismos, y cuyo conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, se dará cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales. De no ser así, estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos. CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su Artículo 46 numerales 1) y 9), es procedente en esta etapa del procedimiento declarar inadmisible el recurso de merito y sobreseer, al apreciar esta Sala que la recurrente alega una violación de mera legalidad por las razones expuestas; razón por la cual esta Sala estima, que dar curso al conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una dilación innecesaria en el trámite del juicio principal. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 82, 90, 183, 303, 304, 313 atribución 5, y 316 de la Constitución de la República; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 5, 7, 41, 42, 44, 45, 46 numerales 1) y 9), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por la abogada ODESSA ORQUIDEA AGUILERA MALDONADO, a favor de la sociedad mercantil VIERNES DE HONDURAS S.A. DE C.V. (FRIDAY’S), contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en la audiencia de alegados que comenzó en fecha seis (6) de septiembre de dos mil veinte (2020), y concluyó en fecha veintiocho (28) de septiembre de dos mil veinte (2020); toda vez que la autoridad denunciada se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como ya ha sido relacionado; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZADAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. FIRMA Y SELLO. CRISTIAN RAMÓN BAQUIZ FLORES. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA CONSTITUCIONAL.” “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, M. D. C., veintiséis de julio del año dos mil veintiuno. VISTO el recurso reposición interpuesto por la Abogada ODESSA ORQUIDEA AGUILERA MALDONADO, contra la resolución de fecha treinta y uno (31) de mayo del año dos mil veintiuno, dictada por esta Sala de lo Constitucional, en el recurso de amparo que interpusiera la Abogada ODESSA ORQUIDEA AGUILERA MALDONADO, a favor de la sociedad mercantil denominada VIERNES DE HONDURAS S.A. DE C.V. (FRIDAY´S); contra la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha veintiocho (28) de septiembre del año dos mil veinte, que conoció del recurso de apelación que fue interpuesto contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha veintiuno (21) de febrero del año dos mil veinte, con relación a la demanda ordinaria para el pago de prestaciones laborales que fuera promovida por el señor EDWIN GERARDO MEJÍA DUBÓN, contra la sociedad mercantil denominada VIERNES DE HONDURAS S.A. DE C.V. (FRIDAY´S). CONSIDERANDO: Que la recurrente eleva a conocimiento de la Sala, recurso de reposición el cual interpone contra la resolución de fecha veintiocho (28) de septiembre del año dos mil veinte, dictada por esta Sala de lo Constitucional, procediéndose por tal motivo a revisar la resolución impugnada dictada por esta Sala de lo Constitucional, en razón a los alegatos planteados por la reclamante en el recurso de reposición, mismos que no son de recibo en virtud a que la resolución que se pide sea revocada, se encuentra apegada a derecho, resultando procedente declarar sin lugar el recurso de reposición referido, al no desprenderse razones de fondo o forma para proceder a su enmienda. POR TANTO: La SALA DE LO CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS y en aplicación de los artículos 80, 183, 313 atribución 5ª. Y 316 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Interamericana Sobre Derechos Humanos; 41, 44, 45, 46, 49, 119, 120 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional, RESUELVE: Declarar SIN LUGAR el RECURSO DE REPOSICIÓN interpuesto por la Abogada ODESSA ORQUIDEA AGUILERA MALDONADO, contra la resolución de fecha treinta y uno (31) de mayo del año dos mil veintiuno, dictada por esta Sala de lo Constitucional, al no desprenderse razones de fondo o forma para proceder a su enmienda. Y MANDA: Que una vez notificado el presente auto, se dé cumplimiento a lo ordenado en la resolución recurrida por el impetrante. - NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZADAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de septiembre de dos mil veintiuno, certificación de las resoluciones de fechas treinta y uno de mayo y veintiséis de julio dos mil veintiuno, respectivamente, recaídas en el Recurso de Amparo Laboral bajo el número SCO-948-2020.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL