Sentencia AL-942-19 — Registro 12654
Resumen
Sentencia declaró sin lugar recurso de apelación confirmó auto interlocutorio que desestimó incidente de nulidad de actuaciones contra tasación de costas de ejecución por considerar que la normativa no permite incidentes ni excepciones, encontrándose en etapa de ejecución en relación a demanda ordinaria laboral para que sea declarada una relación obrero patronal como de naturaleza permanente contra el Estado de Honduras a través de impetrante
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"analizada que ha sido la resolución de fecha once (11) de octubre dos mil diecinueve (2019) por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN se aprecia que se ha sido dictada con inobservancia de lo establecido en el artículo 8 de la Ley para optimizar la Administración Pública, mejorar los servicios a la ciudadanía y fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno, lo que constituye una franca vulneración a los principios constitucionales del debido proceso y el principio de legalidad; estimando la Sala de lo Constitucional que el presente recurso de amparo debe ser otorgado, teniendo como efecto útil, la inaplicabilidad de la sentencia impugnada; debiendo la honorable Corte de Apelaciones del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, dictar una nueva resolución en la que, con acopio de la normativa señalada como omisa, haga una valoración motivada y fundada en derecho congruente y de fondo, la cual deberá estar dotada de todos los elementos normativos que atañen y deben observarse para una adecuada impartición de justicia; tomando en debida consideración las razones del derecho expuestas, procede la Sala de lo Constitucional, al otorgamiento de la presente garantía de amparo..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 80 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 45 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 120 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley para Optimizar la Administración Pública, mejorar los servicios a la ciudadanía y fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno, art. 8 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
8): Que, a la vista de precedentes de la Sala sobre casos homólogos, se destaca en lo conducente, que el artículo 803, numeral 2 del Código Procesal Civil establece: “En cualquier caso, las costas de la ejecución se impondrán al ejecutado salvo que acredite que hubo causa no imputable a él que le impidió hacer el pago antes de la ejecución.”; aunado a lo cual consta, iura novit curia, que mediante Decreto Legislativo No.266-2013 se creó la Ley para optimizar la Administración Pública, mejorar los servicios a la ciudadanía y fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno, publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 33,336 en fecha 23 de enero del año dos mil catorce, enfocada entre otros aspectos en la necesidad de racionalizar las demandas a las que está sujeta la Administración Pública, estableciendo un mínimo de requerimientos para evitar la saturación de demandas contra el Estado; norma legal vigente y aplicable por los Juzgados y Tribunales de la República, en tanto no sea declarada su derogatoria legislativa, o encontrársele incursa en causal de inconstitucionalidad.[2] CONSIDERANDO (9): Que el principio de legalidad es un principio fundamental, conforme al cual todo ejercicio de un poder público debe realizarse acorde a la ley vigente y su jurisdicción y no a la voluntad de las personas. Es conforme a ello que la seguridad jurídica requiere que las actuaciones de los poderes públicos estén sometidas al principio de legalidad, y es una condición necesaria del Estado de Derecho, pues el poder tiene su fundamento y límite en las normas jurídicas; lo cual tiene recepción en los preceptos constitucionales 90 y 321 en que señalan, en su orden: “Nadie Puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece….”, y: “Los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad.” CONSIDERANDO (10): Que analizada que ha sido la resolución de fecha once (11) de octubre dos mil diecinueve (2019) por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN se aprecia que se ha sido dictada con inobservancia de lo establecido en el artículo 8 de la Ley para optimizar la Administración Pública, mejorar los servicios a la ciudadanía y fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno, lo que constituye una franca vulneración a los principios constitucionales del debido proceso y el principio de legalidad; estimando la Sala de lo Constitucional que el presente recurso de amparo debe ser otorgado, teniendo como efecto útil, la inaplicabilidad de la sentencia impugnada; debiendo la honorable Corte de Apelaciones del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, dictar una nueva resolución en la que, con acopio de la normativa señalada como omisa, haga una valoración motivada y fundada en derecho congruente y de fondo, la cual deberá estar dotada de todos los elementos normativos que atañen y deben observarse para una adecuada impartición de justicia; tomando en debida consideración las razones del derecho expuestas, procede la Sala de lo Constitucional, al otorgamiento de la presente garantía de amparo
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiuno de enero del dos mil veintiuno. VISTO: Para dictar sentencia en el recurso de amparo interpuesto por la abogada NADYA LILIANA HERNANDEZ, a favor de ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha once (11) de octubre dos mil diecinueve (2019), que declaró sin lugar un recurso de apelación interpuesto contra el auto interlocutorio dictado por el JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veinticinco (25) de junio de dos mil diecinueve (2019), con relación. Estima el recurrente que con el acto reclamado se ha violado en perjuicio de su representado los artículos 82, 90, 106 y 321 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha dieciocho (18) de junio de dos mil catorce (2014), compareció ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, el Señor BOHANERGES OBDULIO CHINCILLA REYES en causa propia y otorgando poder de representación en el Abogado OSCAR ORLANDO SEVILLA CASTRO, interponiendo demanda ordinaria laboral para que sea declarada una relación obrero patronal como de naturaleza permanente en virtud de cumplirse con todos los requisitos necesarios para la procedencia de dicho derecho de conformidad a lo establecido en los artículos 52 párrafo tercero y 47 del Código del Trabajo. Que sean reconocidos todos los derechos establecidos en el Código del Trabajo y demás conquistas en la demanda desde el inicio de la relación laboral. Que sea reconocida la antigüedad, en consecuencia, sean pagadas las prestaciones e indemnizaciones laborales más a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde el momento del despido hasta que de acuerdo a las normas procesales quede firme la sentencia condenatoria. (Folios 1–4 de la Pieza del A-Quo). 2) Que en fecha veinticinco (25) de junio de dos mil diecinueve (2019), el Juzgado antes citado, dicto auto interlocutorio en la cual Resolvió: “SE RECHAZA de plano por improcedente lo solicitado en la comparecencia de fecha 24 de mayo del 2019, por parte de la Abogada NADYA LILIANA HERNANDEZ, en su condición de representante procesal de la parte demandada. (Folios 195 de la Pieza del A-Quo). 3) Que conociendo de un recurso de apelación interpuesto por la Abogada NADYA LILIANA HERNANDEZ, en su condición de Apoderada Legal de la ahora Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación, Justicia y Descentralizada, la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, dictó Sentencia en fecha once (11) de octubre de dos mil diecinueve (2019), mediante la cual Falló: (SIC) “1.- DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Abogada NADYA LILIANA HERNANDEZ; 2.- CONFIRMANDO el auto interlocutorio de fecha veinticinco de junio del año dos mil diecinueve, dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo de este departamento de Francisco Morazán, y recaído en el incidente de nulidad de actuaciones presentada por el representante procesal demandado; en la DEMANDA SUMARIA LABORAL PARA QUE SEA DECLARADA UNA RELACIÓN OBRERO PATRONAL COMO DE NATURALEZA PERMANENTE EN VIRTUD DE CUMPLIRSE CON TODOS LOS REQUISITOS NECESARIOS PARA LA PROCEDENCIA DE DICHO DERECHO DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 52 PÁRRAFO TERCERO Y 47 DEL CÓDIGO DEL TRABAJO, QUE SEAN RECONOCIDOS TODOS LOS DERECHOS ESTABLECIDOS EN EL CÓDIGO DEL TRABAJO Y DEMÁS CONQUISTAS EN LA DEMANDA DESDE EL INICIO DE LA RELACIÓN LABORAL, QUE SEA RECONOCIDA LA ANTIGÜEDAD DESDE EL INICIO DEL TRABAJO EN LA DEMANDA, EN CONSECUENCIA QUE SEAN PAGADAS LAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES MAS A TITULO DE DAÑOS Y PERJUICIOS LOS SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR DESDE EL MOMENTO DEL DESPIDO HASTA QUE DE ACUERDO A LAS NORMAS PROCESALES QUEDE FIRME LA SENTENCIA CONDENATORIA SIEMPRE EN CONCORDANCIA CON LO PRESCRITO EN EL ARTICULO 3 DEL CÓDIGO DEL TRABAJO CON EL 128 PARRAFO PRIMERO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA, COSTAS DEL JUICIO, promovido por el señor BOHANERGES OBDULIO CHINCHILLA REYES contra el ESTADO DE HONDURAS a través del Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA en su condición de Procurador General de la República.- SIN COSTAS en esta instancia.-” (Folios 01 y 09–14 de la Pieza del Ad-Quem). 4) Que la Abogada NADYA LILIANA HERNANDEZ, en su condición de Apoderada Legal de la ahora Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación, Justicia y Descentralizada, compareció ante este Tribunal en fecha veintiocho (28) de octubre de dos mil diecinueve (2019), interponiendo acción de amparo contra el fallo de fecha once (11) de octubre de dos mil diecinueve (2019); teniendo la Sala por formalizado el recurso de mérito, en fecha nueve (09) de marzo de dos mil veinte (2020). (Folio 1–4 y 25 de la presente Recurso) 5) Que en fecha veintinueve (29) de septiembre de dos mil veinte (2020), se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de su Fiscal, la Abogada SUSSY G. COELLO GARCIA, y por emitido su dictamen siendo de la opinión que: (SIC) “SE OTORGUE la presente acción de Amparo, por existir vulneración de la garantía invocada por el Amparista”; lo cual sostuvo con base a las siguientes argumentaciones jurídicas: Que la resolución mediante la cual se declaró procedente la solicitud de tasación de costas de ejecución no se encuentra jurídicamente fundada, ya que violenta lo estipulado en el artículo 8 del Decreto Ley 266-2013, el cual entro en vigencia el 23 de enero de 2014, en cuanto dispone que el Estado o sus entidades, en juicios de cualquier naturaleza, están exentos del pago de costas; por lo cual se ha violentado la garantía constitucional invocada por la amparista, como es el debido proceso. (Folios 28–32 y 34 del presente Recurso). CONSIDERANDO (1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. CONSIDERANDO (2): Que con base a la garantía de Amparo toda persona agraviada, o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo a efecto se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; asimismo, de conformidad al artículo 183.2 constitucional y en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la Ley. CONSIDERANDO (3): Que se conoce en Amparo la sentencia proferida por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha once (11) de octubre dos mil diecinueve (2019), que declaró sin lugar un recurso de apelación interpuesto contra el auto interlocutorio dictado por el JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veinticinco (25) de junio de dos mil diecinueve (2019); resolución del A Quo que se fundamenta, esencialmente, en verificarse que la compareciente tuvo un tiempo prudencial para hacer uso de su derecho de objeción a dichas costas, encontrándose en una etapa de ejecución de sentencia donde la normativa no permite incidentes ni excepciones, salvo la de pago verificado con posterioridad al título ejecutivo; y que las partes en el proceso devienen obligadas a portarse con debida lealtad, tal como prescribe el artículo 727 del Código de Trabajo.[1] Todo ello con relación al incidente de nulidad de actuaciones presentada por el representante procesal demandado, en la DEMANDA SUMARIA LABORAL promovida por el señor BOHANERGES OBDULIO CHINCHILLA REYES contra el ESTADO DE HONDURAS, a través de la ahora SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN. CONSIDERANDO (4): Que en formalización de la acción constitucional de amparo establece la garantista, Abogada NADYA LILIANA HERNANDEZ, una serie de consideraciones jurídicas y fácticas, según las cuales tal resolución vulneraría los derechos y garantías constitucionales dispuestas en los artículos 82, 90, 106 y 321 de la Constitución de la República, en perjuicio de su representación procesal; en vista a las actuaciones procesales efectuadas por la representación procesal de la demandada, por las cuales se interpusiera recurso de apelación contra el auto interlocutorio dictado por el JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veinticinco (25) de junio de dos mil diecinueve (2019), al cual se ha hecho referencia en el Considerando inmediato anterior; por considerar la recurrente que el artículo 8 del Decreto Legislativo 266-2013, el cual es contentivo de la Ley para Optimizar la Administración Pública, Mejorar los Servicios a la Ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno, dispone que el Estado o sus entidades, en juicios de cualquier naturaleza, están exentos del pago de costas, salvo que se haya actuado con dolo; en cuyo caso el funcionario es responsable administrativa, civil y penalmente; existiendo precedentes jurisprudenciales en esta Sala que así lo han declarado, como el fallo de fecha 08 de mayo de 2018, promovido por el garantista César Augusto Anduray Zelaya a favor HONDUTEL. No obstante, el carácter paladino e inequívoco del artículo precitado, el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, dictó auto interlocutorio concediendo las costas de ejecución, declarando sin lugar la nulidad de las actuaciones planteadas; ni siquiera tomándose la molestia de refutar el argumento monolítico planteado por el Estado de Honduras. CONSIDERANDO (5): Que, en síntesis, de su reclamación jurídica, sigue manifestando la amparista, que la resolución objeto del presente amparo no contempla el fundamento jurídico que señala en forma imperativa y categórica que al Estado de Honduras no se le deben cobrar costas; por lo cual tal pretensión no debió ser admitida, tomando en cuenta, a la vez, el principio “iura novit curia”, el cual permite a los jueces y tribunales resolver los litigios con aplicación de normas distintas a las invocadas por los litigantes, respetando siempre los hechos alegados y las causas de pedir; de manera que la judicatura en primera instancia debió revisar si la acción cumplía los presupuestos para su admisión; por lo que, actuando a contrario sensu, incurrió en error; no dentro del contexto del artículo 90 de la Constitución de la República, conculcando así el debido proceso y el principio de legalidad; pues acorde el artículo 215 del Código Procesal Civil, procedía emitir auto declarando la nulidad de actuaciones a partir del auto de fecha veinte de marzo, hasta el auto de fecha diecisiete de mayo de dos mil diecinueve, a través del cual se libra requerimiento a la Abogada Lidia Estela Cardona, en su condición de Procuradora General de la República de Honduras; por todo lo cual, al no estar fundada en ley la sentencia de mérito; violenta no sólo los derechos constitucionales expresados, dejando en indefensión a su representación procesal, sino que lo estipulado en los artículos 106 y 321 de la Constitución de la República; por todo lo cual solicita el otorgamiento de la presente acción de amparo, declarando sin valor ni efecto el acto recurrido a efecto se emita sentencia interlocutoria declarando con lugar el recurso de apelación planteado; garantizando al recurrente el pleno uso y goce de sus derechos y garantías constitucionales, retornando las actuaciones al estado anterior a la violación. CONSIDERANDO (6): Que para la Sala de lo Constitucional, la sentencia objeto de la presente garantía constitucional, si bien observa los derechos y garantías sociales estatuidos, en los artículos 128 y 129 de la Constitución de la República, dado que en ninguna parte de la resolución censurada se encuentra interpretación restrictiva de los preceptos constitucionales en mención, en perjuicio de la persona trabajadora; se aprecia, sin embargo, que la referida resolución tampoco ha motivado un equilibrio entre el contenido garante de dicha preceptiva y el principio de legalidad, así como del debido proceso, que asisten con igualdad a ambas partes procesales; por las consideraciones jurídicas que se motivan a continuación. CONSIDERANDO (7): Que, consta en los Antecedentes, que el Ministerio Público, por medio de su Agente Fiscal SUSSY G. COELLO GARCÍA, emitió Dictamen en relación al asunto sometido a estudio por este Alto Tribunal, el cual, si bien no es vinculante, se considera corresponde en el presente caso a un criterio de plausibilidad; siendo de la opinión la Fiscalía Especial para la Defensa de la Constitución que se otorgue la Acción de Amparo así promovida; sosteniendo la representación Fiscal que la resolución venida en amparo violenta, por concepto de su inobservancia, el artículo 8 del Decreto Ley 266-2013, por cuanto entró en vigencia el 23 de enero de 2014, contentivo de la “Ley para Optimizar la Administración Pública, Mejorar los servicios a la ciudadanía y fortalecimiento de la transparencia en el Gobierno”, cuya legalidad sería vigente y aplicable en el presente caso. CONSIDERANDO (8): Que, a la vista de precedentes de la Sala sobre casos homólogos, se destaca en lo conducente, que el artículo 803, numeral 2 del Código Procesal Civil establece: “En cualquier caso, las costas de la ejecución se impondrán al ejecutado salvo que acredite que hubo causa no imputable a él que le impidió hacer el pago antes de la ejecución.”; aunado a lo cual consta, iura novit curia, que mediante Decreto Legislativo No.266-2013 se creó la Ley para optimizar la Administración Pública, mejorar los servicios a la ciudadanía y fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno, publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 33,336 en fecha 23 de enero del año dos mil catorce, enfocada entre otros aspectos en la necesidad de racionalizar las demandas a las que está sujeta la Administración Pública, estableciendo un mínimo de requerimientos para evitar la saturación de demandas contra el Estado; norma legal vigente y aplicable por los Juzgados y Tribunales de la República, en tanto no sea declarada su derogatoria legislativa, o encontrársele incursa en causal de inconstitucionalidad.[2] CONSIDERANDO (9): Que el principio de legalidad es un principio fundamental, conforme al cual todo ejercicio de un poder público debe realizarse acorde a la ley vigente y su jurisdicción y no a la voluntad de las personas. Es conforme a ello que la seguridad jurídica requiere que las actuaciones de los poderes públicos estén sometidas al principio de legalidad, y es una condición necesaria del Estado de Derecho, pues el poder tiene su fundamento y límite en las normas jurídicas; lo cual tiene recepción en los preceptos constitucionales 90 y 321 en que señalan, en su orden: “Nadie Puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece….”, y: “Los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad.” CONSIDERANDO (10): Que analizada que ha sido la resolución de fecha once (11) de octubre dos mil diecinueve (2019) por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN se aprecia que se ha sido dictada con inobservancia de lo establecido en el artículo 8 de la Ley para optimizar la Administración Pública, mejorar los servicios a la ciudadanía y fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno, lo que constituye una franca vulneración a los principios constitucionales del debido proceso y el principio de legalidad; estimando la Sala de lo Constitucional que el presente recurso de amparo debe ser otorgado, teniendo como efecto útil, la inaplicabilidad de la sentencia impugnada; debiendo la honorable Corte de Apelaciones del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, dictar una nueva resolución en la que, con acopio de la normativa señalada como omisa, haga una valoración motivada y fundada en derecho congruente y de fondo, la cual deberá estar dotada de todos los elementos normativos que atañen y deben observarse para una adecuada impartición de justicia; tomando en debida consideración las razones del derecho expuestas, procede la Sala de lo Constitucional, al otorgamiento de la presente garantía de amparo. POR TANTO: La Sala Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, y en aplicación de los artículos 1, 4, 60, 80, 82, 90, 106, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1, 321 y 323 de la Constitución de la República; 1 y 78 No. 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 63 y 120 de la Ley de Justicia Constitucional; FALLA: 1) OTORGANDO la Acción de AMPARO interpuesta por la abogada NADYA LILIANA HERNANDEZ, a favor de ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha once (11) de octubre dos mil diecinueve (2019). 2) Que proceda la Corte de Apelaciones recurrida a dictar nueva resolución en los términos dejados expuestos en la parte motivacional de la presente sentencia. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remitan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ÁLVAREZ SAGASTUME. - NOTIFIQUESE. Firmas y Sello. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiséis días del mes de febrero del dos mil veintiuno, certificación de la sentencia de fecha veintiuno de enero del dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Amparo Laboral, registrado en este Tribunal bajo el número SCO-0942=2019.
ABOG. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] Ver folio 195 de la pieza de primera instancia, en lo conducente.
[2] Aunado a lo anterior, se cita a título ilustrativo, lo expresado en la jurisprudencia constitucional española, acorde a la cual, correspondería al órgano judicial competente en ejecución, la interpretación del fallo en sus propios términos y la fijación de su alcance, así como la determinación de cuales sean las medidas oportunas y razonablemente coherentes con el contenido de la resolución a ejecutar, que en cada caso hayan de adoptarse. Ver: FOLGUERA CRESPO, José (Director). El proceso laboral en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Editor: Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 1996. Págs. 56 y 57.