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Sentencia AL-911-18 — Registro 13469

Resumen

Resolución declaró no ha lugar recurso de apelación; confirmó auto interlocutorio dictado por juzgado de primera instancia que decretó sin lugar impugnación contra liquidación de prestaciones sociales teniéndola por aprobada en relación a demanda laboral de emplazamiento para que el patrono pruebe justa causa del despido promovida por recurrente contra Inversiones Rosa Ortéz S de R L; el Tribunal de Alzada al confirmar el auto impugando ratifica que no debe incluirse en la liquidación lo referente a salarios caídos a que tiene derecho el trabajador

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"corresponde a esta Sala de lo Constitucional determinar si la decisión adoptada por el Ad-quem, vulnera o no el derecho contenido en el artículo 129 de la Constitución de la República; en ese orden de ideas hay que señalar que el argumento toral del recurso tiene que ver básicamente con que el Tribunal de Alzada no debió declarar sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la parte demandante y consecuentemente confirmar la resolución dictada por el A-quo, mediante la cual el referido Juzgado, resolvió declarar sin lugar la impugnación a la liquidación de prestaciones sociales, porque ello vulnera el derecho de salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios y a las indemnizaciones legales y convencionales previstas a favor del trabajador, contenida en el artículo 129 constitucional..."..."Como acertadamente expone la Fiscal del Despacho en el Dictamen emitido, que si bien, no se desglosó el valor de los salarios caídos o dejados de percibir por la trabajadora, en el inciso segundo de la parte resolutiva, de la sentencia definitiva de juzgamiento y que fuera emitida por el A-quo, su omisión no puede entenderse en detrimento de los derechos constitucionales del trabajador, ello conforme al derecho constitucional que le asiste y el principio protectorio[7] que rige en materia laboral, el cual le otorga una protección especial al trabajador, precisamente para equilibrar las desigualdades de carácter social, económico y cultural, lo que se traduce en menor poder de negociación para el empleador. De la resolución impugnada, esta sala de lo Constitucional advierte que el razonamiento esgrimido por el Tribunal ad-quem a efecto de confirmar la resolución emitida por el A-quo se sustenta en razonamientos rigurosos y formalismos excesivos, que revelan una clara desproporción entre los fines que se persiguen en pro de la protección de los derechos fundamentales del trabajador, como ser su derecho a una indemnización justa y equitativa, sacrificando con ello el derecho a la tutela judicial efectiva que invoca el recurrente..."..."la Sala de lo Constitucional vista y analizada que ha sido la resolución impugnada, encuentra que la misma vulnera la tutela judicial efectiva del recurrente en amparo, ello porque se ha emitido una resolución que desconoce lo establecido en el Artículo 113 del Código de Trabajo, en línea directa con lo que manda el artículo 129 de la Constitución de la República, inobservando asimismo lo establecido en el artículo 3 del Código de Trabajo, al ser nulos ipso jure todos los actos o estipulaciones que impliquen renuncia, disminución o tergiversación de los derechos que la Constitución, el Código de Trabajo, sus reglamentos o las demás leyes de trabajo o previsión social otorguen a los trabajadores, formalismo que pudo ser enmendado por el Ad-quem, haciendo prevalecer el acceso a la justicia y el derecho de indemnización justa y equitativa del trabajador, derechos garantizados en la Constitución de la República, lo que constituye obstáculos de acceso a la justicia, consecuencia de ello la vulneración al derecho a la tutela judicial efectiva, corolario de lo expuesto en el presente libelo..."..."esta Sala efectivamente constata que en el caso subexamine la resolución impugnada en esta vía constitucional vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, consecuentemente vulnera las demás garantías y derechos constitucionales invocados por el recurrente, constituyendo esto motivo más que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser otorgado..."..."el otorgamiento del amparo en el caso que nos ocupa, debe traer como efecto o consecuencia que la resolución impugnada sea inaplicable, de tal manera que el Tribunal de Alzada debe dictar nueva resolución en la que con acopio de la normativa señalada en la presente sentencia, proceda a restituir los derechos que han sido conculcados al recurrente en amparo; derechos que vulnera la resolución que se impugna, ya que confirma la resolución emitida por el A-quo, que resuelve declarar sin lugar la impugnación promovida por la parte demandante, contra la liquidación de prestaciones sociales realizadas; en consecuencia la resolución impugnada transgrede nuestra normativa constitucional, la que constituye norma primaria y fundamental de observancia obligatoria por todos los órganos jurisdiccionales y administrativos..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA,SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticinco días del mes de agosto del año dos mil veintiuno.-VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado ROGER ADRIAN MORENO BARDALES, a favor de la señora OLIVIA HERRERA TORRES, contra la sentencia dictada por la Corte de Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de la Ceiba, departamento de Atlántida, en fecha veinte (20) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), que declaró No Ha Lugar, el recurso de apelación promovido por la parte demandante, contra el Auto Interlocutorio dictado por el Juzgado de Letras Seccional de Tela, departamento de Atlántida, en fecha diez (10) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), con relación a la Demanda Laboral de Emplazamiento para que el patrono pruebe en juicio la justa causa del despido, caso contrario de no probar sea obligado mediante Sentencia Definitiva Condenatoria que al efecto se dicte a pagar las prestaciones sociales, vacaciones proporcionales, décimo tercer mes proporcional, décimo cuarto mes proporcional, salarios caídos, costas del juicio promovida por la señora OLIVIA HERRERA TORRES, contra la empresa mercantil denominada INVERSIONES ROSA ORTEZ S. DE R.L., a través de su Representante Legal señor ELI ROSA URREA.- Estima el recurrente que considera violado el derecho de salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios y a las indemnizaciones legales y convencionales previstas a favor del trabajador que representa, consagrado en el artículo 129 de la Constitución de la República, ello relacionado con lo establecido en el Artículo 113 del Código de Trabajo.-ANTECEDENTES: 1)Que en fecha veintiséis (26) de agosto del año dos mil quince (2015), compareció ante el Juzgado de Letras Seccional de Tela, departamento de Atlántida, la señora OLIVIA HERRERA TORRES, interponiendo demanda Laboral de Emplazamiento para que el patrono pruebe en juicio la justa causa del despido, caso contrario de no probar sea obligado mediante Sentencia Definitiva Condenatoria que al efecto se dicte a pagarle las prestaciones sociales, vacaciones proporcionales, décimo tercer mes proporcional, décimo cuarto mes proporcional, salarios caídos, costas del juicio, contra la empresa mercantil denominada INVERSIONES ROSA ORTEZ S. DE R.L., a través de su Representante Legal señor ELI ROSA URREA. (Folios del 01 al 03 de la pieza de antecedentes del Testimonio del A-quo).-2) Que en fecha veintiocho de noviembre del año dos mil diecisiete el Juzgado de Letras Seccional de Tela, Departamento de Atlántida, dictó sentencia definitiva de juzgamiento, mediante la cual falló: (Sic) “1.- DECLARAR CON LUGAR LADEMANDA LABORAL DE EMPLAZAMIENTO PARA QUE EL PATRONO PRUEBE EN JUICIO LA JUSTA CAUSA DEL DESPIDO, CASO CONTRARIO DE NO PROBAR SEA OBLIGADO MEDIANTE SENTENCIA DEFINITIVA CONDENATORIA QUE AL EFECTTO SE DICTE A PAGARLE LAS PRESTACIONES SOCIALES, VACACIONES PROPORCIONALES, DECIMO TERCER MES PROPORCIONAL, DECIMO CUARTO MES PROPORCIONAL, SALARIOS CAIDOS, COSTAS DEL JUICIO Y OTROS.- Promovida por la señora OLIVIA HERRERA TORRES, contra la Empresa Mercantil INVERSIONES ROSA ORTEZ y COMPAÑÍA S. DE R.L. 2.- CONDENA a la Empresa Mercantil INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑÍA S. DE R.L. a pagar las cantidades siguientes: diecisiete mil novecientos veintisiete lempiras con treinta centavos (Lps. 17,927.30) en concepto de preavisos; setenta y un mil setecientos nueve lempiras con veinte centavos (Lps.71,709.20) en concepto de Auxilio de cesantía; seis mil trescientos veinticinco lempiras con treinta y ocho centavos (Lps.6,325.38) en concepto de auxilio de cesantía proporcional; tres mil seiscientos noventa y dos lempiras con noventa y seis centavos (Lps.3,692.96) en concepto de aguinaldo proporcional; cinco mil novecientos setenta y cinco lempiras con ochenta centavos (Lps.5,975.80) en concepto de vacaciones; cuatro mil doscientos quince lempiras con noventa y tres centavos (Lps.4,215.93) en concepto de vacaciones proporcional; para ser un total de CIENTO NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS (LPS.109,896.57). 3.-SIN COSTAS…” (Folios del 49-51fv de la pieza de antecedentes del Testimonio del A-quo).-3) Que el referido Juzgado, en Sentencia Interlocutoria de fecha diez (10) de agosto del año dos mil dieciocho (2018) y en respuesta a la impugnación interpuesta por la parte demandante en relación a la liquidación de prestaciones sociales y demás derechos efectuados por la Secretaria del Juzgado en fecha dos de abril del año dos mil dieciocho RESOLVIÓ: (Sic) “DECRETAR SIN LUGAR la impugnación promovida por el Abogado ROGER ADRIAN MORENO BARDALES Contra la liquidación de las prestaciones sociales realizada por la secretaria del despacho en fecha dos de abril del presente año que obra a folio 56 del juicio de merito.- 2) Téngase por aprobada la liquidación de las prestaciones sociales efectuada por la secretaria de este despacho de justicia.- SIN COSTAS…” (Folios 65 y 66fv de la pieza de antecedentes del Testimonio del A-quo).-4) Que la Corte de Primera de Apelaciones de la Ceiba, departamento de Atlántida, en fecha veinte (20) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018) conociendo del recurso de apelación interpuesto por el abogado ROGER ADRIAN MORENO BARDALES, contra la resolución que se deja relacionada en el acápite que antecede, dictó resolución mediante la cual FALLÓ: (Sic) “1) Declarar NO HA LUGAR el Recurso De Apelación interpuesto por el Abogado Legal demandante y apelante contra el Auto Interlocutorio de fecha diez de agosto del año dos mil dieciocho dictado por el Juzgado de Letras Seccional de Tela, Departamento de Atlántida. 2) CONFIRMAR el Auto Interlocutorio de fecha diez de agosto del año dos mil dieciocho, dictados por el Juzgado de Letras Seccional de Tela, Departamento de Atlántida en el sentido de declarar sin lugar el litisconsorcio pasivo, así como el requerimiento ordenado en dicha resolución…” (Folios del 12 al 16 de la pieza de Corte de Apelaciones antecedentes).-5) El recurrente el abogado ROGER ADRIAN MORENO BARDALES, compareció ante este Tribunal, en fecha veintisiete (27) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), interponiendo acción de amparo a favor de la señora OLIVIA HERRERA TORRES, por considerar que la decisión del Ad-quem, de fecha veinte de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), es violatoria del derecho de salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios y a las indemnizaciones legales y convencionales previstas a favor del trabajador que representa, consagrado en el artículo 129 de la Constitución de la República.- Teniendo esta Sala de lo Constitucional por formalizado en tiempo y forma su acción constitucional en fecha treinta (30) de julio del año dos mil diecinueve (2019). (folio 43 de los autos).-6) Que con fecha quince (15) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), la abogada SUSSY G. COELLO GARCÍA, actuando en su condición de Fiscal Especial para la Defensa de la Constitución, emitió dictamen, en el cual es de la opinión que SE OTORGUE la acción de amparo interpuesta. Argumenta la Fiscal del Ministerio Público que acorde al estudio realizado en los antecedentes y en la resolución recurrida, se comparte el argumento esgrimido por el recurrente, al considerar ultrajado el artículo 129 de la Constitución de la República que garantiza el derecho del trabajador, a que cuando este firme la sentencia condenatoria por despido injustificado, se le cancele una remuneración en concepto de salarios dejados de percibir, a título de daños y perjuicios y a las indemnizaciones legales y convencionales previstas, tal y como quedo establecido en la sentencia de fecha 28 de noviembre del año 2017, mediante la cual se declara con lugar la demanda laboral que exigía el pago de prestaciones sociales, vacaciones proporcionales, décimo tercer mes proporcional, décimo cuarto mes proporcional y salarios caídos, en virtud de haberse acreditado que el patrono dio por terminada la relación de trabajo en forma injusta. Que contrario a lo razonado por el Ad-quem no se parecía que la sentencia recurrida sea ofensiva al principio de cosa juzgada, por cuanto la misma es una sentencia condenatoria por despido injustificado, cuyo efecto constitucional es la condena a una remuneración en concepto de salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios, que si bien, no se desglosó su valor en el inciso segundo de la parte resolutiva, su omisión no puede entenderse en detrimento de los derechos constitucionales del trabajador y conforme el principio protectorio que rige en materia laboral, el cual le otorga una protección superior al trabajador. (Folios del 46 al 49 de los autos).-CONSIDERANDO(1): Que la Acción de Amparo es una garantía constitucional, consecuentemente cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución establece; y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución[1]. Es decir, constituye una garantía de restitución de una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental. Tenemos también que la garantía de amparo no sólo tiene rango constitucional, sino que su reconocimiento emana también de Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos, así tenemos que: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley[2].”-CONSIDERANDO(2): Que se ha impugnado mediante esta vía constitucional la Sentencia Interlocutoria dictada por unanimidad de votos en fecha veinte (20) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en la Demanda Laboral de Emplazamiento para que el patrono pruebe en juicio la justa causa del despido, caso contrario de no probar sea obligado mediante Sentencia Definitiva Condenatoria que al efecto se dicte a pagar las prestaciones sociales, vacaciones proporcionales, décimo tercer mes proporcional, décimo cuarto mes proporcional, salarios caídos, costas del juicio promovida por la señora OLIVIA HERRERA TORRES, contra la empresa mercantil denominada INVERSIONES ROSA ORTEZ S. DE R.L., a través de su Representante Legal señor ELI ROSA URREA; resolución por la cual el Tribunal Ad-quem resolvió declarar No Ha Lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la parte demandante y confirmó la resolución dictada en fecha diez de agosto del año dos mil dieciocho, por el Juzgado de Letras Seccional de Tela, Departamento de Atlántida, que resolvió declarar sin lugar la impugnación a la liquidación de las prestaciones sociales realizadas por la secretaria del Despacho, impugnación promovida por la parte demandante, al no incluirse en la referida liquidación lo referente a salarios caídos a que tiene derecho el trabajador.-CONSIDERANDO(3): Que el recurrente Abogado ROGER ADRIAN MORENO BARDALES, muestra su inconformidad con la resolución que se deja relacionado en el acápite anterior, por estimar que la misma vulnera en perjuicio de su representado el derecho de salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios y a las indemnizaciones legales y convencionales previstas a favor del trabajador que representa, consagrado en el artículo 129 de la Constitución de la República, ello relacionado con lo establecido en el Artículo 113 del Código de Trabajo; como argumento toral de su acción constitucional de Amparo, el impetrante arguye que la secretaria del Despacho al momento de hacer la liquidación de prestaciones sociales, solo realiza nuevamente el cálculo de prestaciones, que la señora juez ya había plasmado o hecho al momento de emitir la sentencia y no incluye la liquidación de salarios caídos, por lo tanto la liquidación que realiza la secretaria del Despacho esta fuera de contexto legal y no acorde con lo resuelto en la sentencia de la demanda, donde se condena al pago de prestaciones sociales, vacaciones proporcionales, décimo tercer mes proporcional, décimo cuarto mes proporcional y salarios caídos.-CONSIDERANDO (4): Que sigue expresando el recurrente que la Alzada en unos argumentos baladíes fuera de contexto legal, manifiesta en los fundamentos de derecho que la juez A-quo declaro con lugar la demanda, sin embargo, omitió condenar a la parte perdidosa, en este caso al patrono, al pago de indemnizaciones a título de daños y perjuicios. sostiene el impetrante que el tribunal de apelación incurre en flagrante violación al derecho de salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios y a las indemnizaciones legales y convencionales previstas a favor del trabajador que representa, consagrado en el artículo 129 constitucional, asimismo se vulnera el Artículo 113 del Código de Trabajo, pues si el patrono no prueba la acusa de despido justificado debe pagar al trabajador las indemnizaciones que según ese Código le corresponden.-CONSIDERANDO(5): Que bajo la tesis planteada, corresponde a esta Sala de lo Constitucional determinar si la decisión adoptada por el Ad-quem, vulnera o no el derecho contenido en el artículo 129 de la Constitución de la República; en ese orden de ideas hay que señalar que el argumento toral del recurso tiene que ver básicamente con que el Tribunal de Alzada no debió declarar sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la parte demandante y consecuentemente confirmar la resolución dictada por el A-quo, mediante la cual el referido Juzgado, resolvió declarar sin lugar la impugnación a la liquidación de prestaciones sociales, porque ello vulnera el derecho de salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios y a las indemnizaciones legales y convencionales previstas a favor del trabajador, contenida en el artículo 129 constitucional.-CONSIDERANDO (6): Que el recurso de amparo sólo se concede si la actuación de la autoridad responsable, viola garantías o derechos fundamentales, por lo que, en el caso de autos, en primer lugar, es menester determinar si la decisión del Tribunal de Alzada vulnera en perjuicio del recurrente el derecho constitucional contenido en el artículo 129 de la Constitución de la República que a la letra señala: “La ley garantiza la estabilidad de los trabajadores en sus empleos, de acuerdo con las características de las industrias y profesiones, y las justas causas de separación. Cuando el despido injustificado surta efecto y firme que sea, la sentencia condenatoria respectiva, el trabajador tendrá derecho a su elección, a una remuneración en concepto de salarios dejados de percibir, a título de daños y perjuicios, y a las indemnizaciones legales y convencionalmente previstas; o, a que se le reintegre al trabajo con el reconocimiento de salarios dejados de percibir, a título de daños y perjuicios.”. En ese orden de ideas entiende la Sala que el derecho al trabajo es el derecho fundamental humano por el que toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección del mismo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, a la protección contra el desempleo, sin discriminación, con igualdad salarial, remuneración digna, protección social y derecho de sindicación. El derecho al trabajo se reconoce en las normas fundamentales de derechos humanos como son la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como en textos internacionales de protección de derechos humanos.-CONSIDERANDO (7): Que toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo; derecho reconocido en el artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en esa misma línea de protección de derecho al trabajo, se pronuncia el Pacto internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales[3]. La Constitución de la República establece en el segundo párrafo del artículo 16 que los tratados internacionales celebrados por Honduras con otros Estados, una vez que entran en vigor, forman parte del derecho interno. En cumplimiento a las obligaciones asumidas por el Estado de Honduras, al aceptar adoptar medidas legislativas para lograr la plena efectividad de los derechos reconocidos en los diferentes instrumentos de protección de derechos humanos, la Constitución establece en relación al derecho al trabajo, que toda persona tiene derecho al trabajo, a escoger libremente su ocupación y a renunciar a ella, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo[4].-CONSIDERANDO (8): Que el jurista L. Alfredo de Diego Diez, sostiene que “En suma la tutela judicial efectiva constituye un derecho humano capital, en cuanto garantiza la cabal defensa de los derechos e intereses legítimos de las personas. Es un derecho inherente a la dignidad humana y, en cuanto derecho que los seres humanos tienen por el mero hecho de ser personas, se predica sin distinción ni restricción, incluyendo a todos: nacionales y extranjeros, sean habitantes o no de la República….”[5]; de Diego Diez sostiene que ni los jueces y tribunales pueden restringir este derecho con criterios rigoristas o puramente formalistas y señala como lo explica la STC 144/2004: 2.° El derecho a la tutela judicial efectiva puede verse conculcado por aquellas normas que impongan condiciones impeditivas u obstaculizadoras del acceso a la jurisdicción, siempre que los obstáculos legales sean innecesarios y excesivos y carezcan de razonabilidad y proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador en el marco de la Constitución (SSTC 4/1988, de 12 de enero, fj 5; 141/1988, de 29 de junio, jj 7). También puede verse conculcado el derecho de acceso a la tutela por aquellas interpretaciones de las normas que son manifiestamente erróneas, irrazonables o basadas en criterios que por su rigorismo, formalismo excesivo o cualquier otra razón revelen una clara desproporción entre los fines que aquella causa preserva y los intereses que se sacrifican, de forma que la negación de la concurrencia del presupuesto o requisito en cuestión sea arbitraria o irrazonable (por todas, STC 35/1999, de 22 de marzo, fj 4 y las en él citadas).[6] –Lo subrayado es nuestro- CONSIDERANDO (9): Que, en consonancia con ese derecho constitucional de protección del trabajador contra el desempleo, el artículo 129 de la Constitución de la República preceptúa: “La Ley garantiza la estabilidad de los trabajadores en sus empleos, de acuerdo con las características de las industrias y profesiones, y las justas causas de separación. Cuando el despido injustificado surta efecto y firme que sea, la sentencia condenatoria respectiva, el trabajador tendrá derecho a su elección, a una remuneración en concepto de salarios dejados de percibir, a título de daños y perjuicios, y a las indemnizaciones legales y convencionalmente previstas; o, a que se le reintegre al trabajo con el reconocimiento de salarios dejados de percibir, a título de daños y perjuicios.” –lo subrayado es nuestro-. De la lectura del segundo párrafo de la norma antes citada, esta Sala de lo Constitucional entiende que son dos opciones a las que tiene derecho el trabajador despedido sin justa causa a saber: a) A una remuneración en concepto de salarios dejados de percibir, a título de daños y perjuicios, y a las indemnizaciones legales y convencionales previstas; o bien a, b) Que se le reintegre al trabajo con el reconocimiento de salarios dejados de percibir, a título de daños y perjuicios.-CONSIDERANDO (10): Que el Código de Trabajo, como norma establecida para regular las relaciones entre capital y trabajo, y en seguimiento de los derechos constitucionales establecidos a favor de los trabajadores como derechos fundamentales, establece en el artículo 113, que, ante la terminación del contrato de trabajo, el trabajador goza del derecho de emplazar al patrono ante los Tribunales del Trabajo, con el objeto que le prueba la justa causa en que fundó el despido. Si el patrono no prueba dicha causa debe pagar al trabajador las indemnizaciones que según ese Código le puedan corresponder y, a título de daños y perjuicios los salarios que éste habría percibido desde la terminación del contrato hasta la fecha en que con sujeción a las normas procesales del referido Código debe quedar firme la sentencia condenatoria respectiva.-CONSIDERANDO(11): Que siguiendo el criterio del jurista L. Alfredo de Diego Díez, quien sigue a su vez la línea jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esta Sala es del criterio que no se deben poner obstáculos o trabas a las partes con el fin de hacer valer sus pretensiones en un proceso; que consta en autos que en el caso sub júdice se dictó sentencia definitiva de juzgamiento, en fecha veintiocho (28) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017), mediante la cual se declara con lugar la demanda laboral de emplazamiento promovida por el recurrente en Amparo, lo que implica que el patrono no pudo probar causa justificada para el despido de la trabajadora Olivia Herrera Torres, por ello procede a favor de la recurrente en Amparo: a) Una remuneración en concepto de salarios dejados de percibir, a título de daños y perjuicios, y a las indemnizaciones legales y convencionales previstas; o bien a, b) Que se le reintegre al trabajo con el reconocimiento de salarios dejados de percibir, a título de daños y perjuicios; según lo establecido en el artículo 129 de la Constitución de la República. Como acertadamente expone la Fiscal del Despacho en el Dictamen emitido, que si bien, no se desglosó el valor de los salarios caídos o dejados de percibir por la trabajadora, en el inciso segundo de la parte resolutiva, de la sentencia definitiva de juzgamiento y que fuera emitida por el A-quo, su omisión no puede entenderse en detrimento de los derechos constitucionales del trabajador, ello conforme al derecho constitucional que le asiste y el principio protectorio[7] que rige en materia laboral, el cual le otorga una protección especial al trabajador, precisamente para equilibrar las desigualdades de carácter social, económico y cultural, lo que se traduce en menor poder de negociación para el empleador. De la resolución impugnada, esta sala de lo Constitucional advierte que el razonamiento esgrimido por el Tribunal ad-quem a efecto de confirmar la resolución emitida por el A-quo se sustenta en razonamientos rigurosos y formalismos excesivos, que revelan una clara desproporción entre los fines que se persiguen en pro de la protección de los derechos fundamentales del trabajador, como ser su derecho a una indemnización justa y equitativa, sacrificando con ello el derecho a la tutela judicial efectiva que invoca el recurrente al referir la vulneración del artículo 129 constitucional.-CONSIDERANDO(12): Que la Sala de lo Constitucional vista y analizada que ha sido la resolución impugnada, encuentra que la misma vulnera la tutela judicial efectiva del recurrente en amparo, ello porque se ha emitido una resolución que desconoce lo establecido en el Artículo 113 del Código de Trabajo, en línea directa con lo que manda el artículo 129 de la Constitución de la República, inobservando asimismo lo establecido en el artículo 3 del Código de Trabajo, al ser nulos ipso jure todos los actos o estipulaciones que impliquen renuncia, disminución o tergiversación de los derechos que la Constitución, el Código de Trabajo, sus reglamentos o las demás leyes de trabajo o previsión social otorguen a los trabajadores, formalismo que pudo ser enmendado por el Ad-quem, haciendo prevalecer el acceso a la justicia y el derecho de indemnización justa y equitativa del trabajador, derechos garantizados en la Constitución de la República, lo que constituye obstáculos de acceso a la justicia, consecuencia de ello la vulneración al derecho a la tutela judicial efectiva, corolario de lo expuesto en el presente libelo.-CONSIDERANDO (13): Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y en los tratados internacionales de protección de derechos humanos.-CONSIDERANDO (14):Que la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República, es así que señalado lo anterior esta Sala efectivamente constata que en el caso subexamine la resolución impugnada en esta vía constitucional vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, consecuentemente vulnera las demás garantías y derechos constitucionales invocados por el recurrente, constituyendo esto motivo más que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser otorgado.-CONSIDERANDO (15): Que el otorgamiento del amparo en el caso que nos ocupa, debe traer como efecto o consecuencia que la resolución impugnada sea inaplicable, de tal manera que el Tribunal de Alzada debe dictar nueva resolución en la que con acopio de la normativa señalada en la presente sentencia, proceda a restituir los derechos que han sido conculcados al recurrente en amparo; derechos que vulnera la resolución que se impugna, ya que confirma la resolución emitida por el A-quo, que resuelve declarar sin lugar la impugnación promovida por la parte demandante, contra la liquidación de prestaciones sociales realizadas; en consecuencia la resolución impugnada transgrede nuestra normativa constitucional, la que constituye norma primaria y fundamental de observancia obligatoria por todos los órganos jurisdiccionales y administrativos. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los artículos 1, 16, 59, 80, 127, 129, 301, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1) y 321 de la Constitución de la República; 10 y 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 y 25 de Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 No. 2), 5, 9 No. 3) literal b), 56, 63, 67, 71 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1, 3 y 113 del Código de Trabajo. FALLA: 1) OTORGANDO la Acción de AMPARO interpuesta por el abogado ROGER ADRIAN MORENO BARDALES, a favor de la señora OLIVIA HERRERA TORRES, contra la Sentencia Interlocutoria de fecha veinte (20) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), emitida por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA. 2) Que el Tribunal recurrido proceda a dictar nueva resolución en los términos dejados expuestos en el libelo de esta sentencia. Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE.-Firmas y Sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA .- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los veintiséis (26) días del mes de octubre del año dos mil veintiuno (2021), Certificación de la Sentencia de fecha veinticinco (25) de agosto del año dos mil veintiuno (2021) recaída en el Amparo Laboral, registrado en este Tribunal bajo el número 0911-2018.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] Artículo 183 de la Constitución de la República.

[2] Artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

[3] Artículo 6 “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho a trabajar, que comprende el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado y tomaran medidas adecuadas para garantizar este derecho…”

[4] Ver aartículo 127.

[5] L. Alfredo de Diego Díez. El derecho a la tutela judicial efectiva. Prontuario de Derecho Procesal Número 1. O.I.M. EDITORIAL S.A. de C.V. Tegucigalpa, M.D.C. (Honduras). Primera edición 5 de febrero de 2014. Pág. 32.

[6] L. Alfredo de Diego Díez. El derecho a la tutela judicial efectiva. Prontuario de Derecho Procesal Número 1. O.I.M. EDITORIAL S.A. de C.V. Tegucigalpa, M.D.C. (Honduras). Primera edición 5 de febrero de 2014. Pág. 40 y 41.

[7] Al respecto ver Manual Procesal Laboral, Corte Suprema de Justicia, año 2013. Con el apoyo del Proyecto “verificación de la Implementación de las Recomendaciones del Libro Blanco” Con el Apoyo Financiero del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos. Pág. 10.