Sentencia AL-856-19 — Registro 13354
Resumen
Sala Constitucional arriba a la conclusión que la decisión del Juzgador objeto del recurso en estudio, se ajusta a las disposiciones legales aplicables a las sentencias; no existiendo violación al debido proceso y el derecho de Defensa
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el derecho al trabajo es el derecho fundamental humano por el que toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de este, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, a la protección contra el desempleo, sin discriminación, con igualdad salarial, remuneración digna, protección social y derecho de sindicalización. El derecho al trabajo se reconoce en las normas fundamentales de derechos humanos como son la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como en textos internacionales como la Carta social europea, el Protocolo de San Salvador, la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y en textos nacionales como son las Constituciones de numerosos países. ...
Legislación citada
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 23 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Constitución de la República, art. 127 (Rango Constitucional)
- Código del Trabajo, art. 18 (Jerarquía Ordinaria)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 18 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso al proceso sin traba alguna, en el incidente planteado alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales. CONSIDERANDO TRECE (13): Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico. CONSIDERANDO CATORCE (14): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad Quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las disposiciones legales aplicables a las sentencias; no existiendo violación al debido proceso y el derecho de Defensa; por ello de acuerdo con las motivaciones que preceden, cabe denegar el amparo interpuesto, por las razones que se han expuesto."...
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46 (Rango Constitucional)
- Código Procesal Civil, art. 207 (Jerarquía Ordinaria)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso al proceso sin traba alguna, en el incidente planteado alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales. CONSIDERANDO TRECE (13): Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico. CONSIDERANDO CATORCE (14): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad Quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las disposiciones legales aplicables a las sentencias; no existiendo violación al debido proceso y el derecho de Defensa; por ello de acuerdo con las motivaciones que preceden, cabe denegar el amparo interpuesto, por las razones que se han expuesto."...
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46 (Rango Constitucional)
- Código Procesal Civil, art. 207 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La Sentencia y la Resolución que literalmente dicen: “Corte Suprema De Justicia.-Sala De Lo Constitucional. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Veinte de mayo de dos mil veintiuno. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado PATRICK PAMILO RIVERA VALLADARES, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha seis de agosto del año dos mil diecinueve, que declaró sin lugar el recurso de apelación, presentado contra actuaciones del el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha catorce de mayo de dos mil diecinueve, con relación a la demanda ordinaria laboral de emplazamiento para que el patrono pruebe la justa causa de despido, promovida por la señora LOURDES DOMINGA AGUILAR MUÑOZ contra EL ESTADO DE HONDURAS a través del INSTUTUTO NACIONAL DE MIGRACION Y EXTRANJERIA. Estima el recurrente que se ha violentado en contra de su representado los Artículos 64, 90 y 128 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha tres de mayo de dos mil dieciocho, compareció ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, la señora LOURDES DOMINGA AGUILAR MUÑOZ, en su condición personal, interponiendo demanda ordinaria demanda ordinaria laboral de emplazamiento para que el patrono pruebe la justa causa de despido, contra el ESTADO DE HONDURAS, a través de su representante legal, el Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA. (Folio 01 al 04 de la primera pieza de antecedentes). 2) Que en fecha catorce de mayo de dos mil diecinueve, el referido Juzgado, dictó Auto Interlocutorio, RESOLVIO: Tener por interpuesto los anteriores medios de prueba, Admitir el medio de prueba INTERROGATORIO DE PARTE mismo que se practicará en el momento procesal oportuno, Admitir el medio de prueba DOCUMENTAL que corre a folio 5, 19 al 238 de los autos; mismo que queda por practicado. Admitir el medio de prueba ROCONOCIMIENTO JUDICIAL, para lo cual MANDA:…” (Folios 243 al 245 la primera pieza de antecedentes). 3) Que la Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha seis de agosto del año dos mil diecinueve, FALLA: I. Declarar SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado PATRICK PAMILO RIVERA VALLADARES; II.-CONFIRMAR el auto interlocutorio proferido por el Juzgado de Letras del Trabajo de este departamento de Francisco Morazán, en fecha catorce de mayo del dos mil diecinueve, en la demanda ordinaria laboral de emplazamiento promovida por la señora LOURDES DOMINGA AGUILAR MUÑOZ, contra el ESTADO DE HONDURAS…. SIN COSTAS, en esta instancia, por las razones anteriormente expuestas. - MANDA: I.- Que en esta misma fecha se tenga por notificados en estrados a los representantes procesales de las partes en litigio…”. (Folios 49 al 52 de la segunda pieza de antecedentes). 4) El recurrente Abogado PATRICK PAMILO RIVERA VALLADARES, compareció ante este Tribunal, en fecha siete de octubre del año dos mil diecinueve, interponiendo acción de amparo a favor del EL ESTADO DE HONDURAS, por considerar que la decisión del Ad-quem, de fecha seis de agosto del año dos mil diecinueve, violenta en perjuicio de su representado los Artículos 64, 90 y 128 de la Constitución de la República. Teniendo por formalizada en tiempo y forma su acción constitucional en fecha veintiocho de enero de dos mil veintiuno. (Folio 46 de la pieza de amparo).5) Que con fecha diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, la Abogada SUSSY G. COELLO GARCIA, actuando en su condición de Fiscal Especial para la Defensa de la Constitución, emitió dictamen, en el cual es de la opinión porque NO SE OTORGUE la acción de amparo interpuesta. CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación con el Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO TRES (3): Que se conoce en Amparo la Sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha seis de agosto del año dos mil diecinueve, que declaró sin lugar el recurso de apelación, presentado contra actuaciones del el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha catorce de mayo de dos mil diecinueve, con relación a la demanda ordinaria laboral de emplazamiento para que el patrono pruebe la justa causa de despido, promovida por la señora LOURDES DOMINGA AGUILAR MUÑOZ contra EL ESTADO DE HONDURAS a través del INSTUTUTO NACIONAL DE MIGRACION Y EXTRANJERIA. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que el recurrente, manifiesta que se violentó por el Tribunal Ad-Quem, lo dispuesto en los Artículos 64, 90 y 128 de la Constitución de la República, cuando al tenor del Articulo 41 numeral 1 del Código Procesal Civil el Juzgado debió de observar de oficio su competencia Territorial inmediatamente después de interpuesta la demanda, ya que el Código de Trabajo, ya fija de manera imperativa dicha competencia y siendo que el Instituto Nacional de Migración es un ente Desconcentrado de la Administración Pública del Estado de Honduras, debió de regirse por lo establecido en el Artículo 692 del Código del Trabajo, el cual establece que en las demandas contra el Estado será Competente el Juez de Trabajo del lugar donde se haya prestado el servicio o, el del domicilio del demandante o a elección del actor que en cualquiera de los dos casos siempre debió haber sido el Juzgado de Letras del Trabajo de La Ceiba, Atlántida, en ese orden Legal el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, según el Artículo 42 numeral 1 del Código Procesal Civil debió declararse, mediante auto, incompetente y remitir las actuaciones al órgano jurisdiccional que considere territorialmente competente o, en su defecto la Corte de Apelaciones del Trabajo debió declarar CON LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por esta representación. CONSIDERANDO CINCO (5): Que con fecha diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, la Abogada SUSSY G. COELLO GARCIA, actuando en su condición de Fiscal Especial para la Defensa de la Constitución, emitió dictamen, en el cual es de la opinión porque NO SE OTORGUE la acción de amparo interpuesta. Al apreciar que la interpretación realizada por el Tribunal de alzada al momento de aplicar la norma al caso de marras, se encuentra apegada al estamento legal que regula la jurisdicción de los tribunales del trabajo, por considerar, que si bien, los Artículos 692 y 694 establecen la competencia cuando la acción se dirija contra el Estado, establecimiento público, entidades o empresas oficiales, no menos cierto es, que la norma que rige la materia laboral no precisa la categorización que realiza tanto la Doctrina en Derecho Administrativo, como la normativa que regula la Administración Pública, siendo esta la administración pública centralizada, descentralizada y desconcentrada, que son propios de la organización estructural y funcional de la Administración Pública. En razón de ello, es que se estime que el razonamiento del Ad-Quem se fundamentó en razón de los principios generales y procesales del derecho del trabajo, al considerar que el sentido de la norma jurídica según la intención del legislador es dejar a elección del actor donde quiera interponer su acción de Demanda Laboral, tomando en cuenta que en derecho laboral, existen principios que lo diferencian de otras materias, ya que los mismos buscan proteger al trabajador, en base al principio protectorio que rige el derecho del trabajo. CONSIDERANDO SEIS (6): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece, que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO SIETE (7): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción de lo Laboral, conforme lo establece el Artículo 858 del Código de Trabajo en relación con los Artículos 207 y 208 del Código Procesal Civil, vigentes al momento de la resolución; la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al Juez o Tribunal que conoce concretamente del asunto. CONSIDERNADO OCHO (8): Que, la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, basa su sentencia concretamente en que la competencia se determina en base, fundamentalmente a tres criterios: territorial, objetivo y funcional. El criterio territorial emerge de la al extensión geográfica y de la necesidad de dividir el territorio para una mejor aplicación de la justicia y la determinación de la competencia por razón del territorio se configura en el caso de personas naturales por el domicilio que tiene el demandado, siendo por tanto competente el juez del lugar de su domicilio; y al respecto los Artículos 34, 38, 41 y 47 del Código Procesal Civil, que por aplicación supletoria se ha remitido por el Artículo 858 del Código del Trabajo, específicamente en lo que se refiere a este aspecto: “… Salvo que la ley disponga otra cosa, la competencia territorial corresponde al juzgado del domicilio del demandado y, si no lo tuviere en el territorio nacional, será el juez competente el de su residencia en Honduras…”, por lo que a falta de disposiciones relativas al procedimiento a seguir, es en ese cuerpo legal donde se regula el trámite especial a tomarse en cuenta en las cuestiones de competencia; y, siendo la materia laboral es una instancia especializada, su aplicación se basa en los Artículos 690 y 694 del Código del Trabajo, respectivamente los cuales disponen: “… La competencia se determina por el lugar en donde haya sido prestado el servicio, o por el domicilio del demandado, a elección del actor…” y “… En los juicios que se sigan contra un establecimiento público, o una entidad o empresa oficial, será juez competente el del lugar del domicilio del demandado, el del lugar en donde se haya prestado el servicio a elección del actor…”; como podrá observarse, en ambas disposiciones el Legislador le ha dejado la elección al actor a escoger el lugar donde interpondrá su reclamo; no obstante que el Artículo 692 del citado texto legal disponga que “… En los juicios que se sigan contra el Estado, será competente el Juez de Trabajo del lugar en donde se haya prestado el servicio, o el del domicilio del demandante, a elección de éste, cualquiera que sea la cuantía …”; se repite, que quien elige el lugar donde se interpondrá la demanda, será siempre el actor.- El examen exhaustivo tanto de la demanda, como en su contestación, aparece que el domicilio del demandado, queda ubicado en el Edificio Corporación Centauro, Lomas del Guijarro Sur, Boulevard San Juan Bosco de la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., quien señala dicha dirección a efecto de oír notificaciones, requerimientos y citaciones, quedando en consecuencia dentro de la competencia del Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán; por lo que por esas razones jurídicas y lo antes expuesto, procede declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto y confirmar el auto interlocutorio apelado. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. El incumplimiento de las normas legales que rigen el proceso judicial genera una violación o desconocimiento de este derecho. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la pretensión de la parte contraria; la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo. CONSIDERANDO ONCE (11): Que el derecho al trabajo es el derecho fundamental humano por el que toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de este, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, a la protección contra el desempleo, sin discriminación, con igualdad salarial, remuneración digna, protección social y derecho de sindicalización. El derecho al trabajo se reconoce en las normas fundamentales de derechos humanos como son la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como en textos internacionales como la Carta social europea, el Protocolo de San Salvador, la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y en textos nacionales como son las Constituciones de numerosos países. CONSIDERANDO DOCE (12): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso al proceso sin traba alguna, en el incidente planteado alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales. CONSIDERANDO TRECE (13): Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico. CONSIDERANDO CATORCE (14): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad Quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las disposiciones legales aplicables a las sentencias; no existiendo violación al debido proceso y el derecho de Defensa; por ello de acuerdo con las motivaciones que preceden, cabe denegar el amparo interpuesto, por las razones que se han expuesto. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 Numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: DENEGANDO el Recurso de Amparo de que se ha hecho mérito; Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a su lugar de procedencia.- Redactó el Magistrado ZELAYA.- NOTIFIQUESE. Firmas y sello. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME, PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firma y sello. CRISTIAN RAMON BAQUIZ FLORES, RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.” “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, M. D. C., veintiséis de julio de dos mil veintiuno. Visto para resolver el recurso de reposición interpuesto en el acto de la notificación de fecha veintitrés de junio de dos mil veintiuno, por el Abogado PATRICK PAMILO RIVERA VALLADARES contra la sentencia de fecha veinte de mayo de dos mil veintiuno, recaída en el recurso de amparo interpuesto por él, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia interlocutoria dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN en fecha seis de agosto dos mil diecinueve, que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra actuaciones del JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, con relación a la demanda laboral promovida por la Señora LOURDES DOMINGA AGUILAR MUÑOZ contra el ESTADO DE HONDURAS, A TRAVES, DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION. CONSIDERANDO: Que del acto en el cual el peticionario solicita reposición se aprecia que ésta no ataca el fondo o la forma de la sentencia impugnada, en consecuencia y conforme se desprende de la misma, ésta se encuentra apegada a derecho y procede declarar sin lugar el recurso de reposición interpuesto, en virtud de no existir razones de fondo o forma para proceder a su enmienda. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional, por unanimidad de votos, en nombre de la Corte Suprema de Justicia y en aplicación de los artículos 80, 184, 313 atribución 5ta., y 316 de la Constitución de la República 8 y 25 de la Convención Interamericana Sobre Derechos Humanos; 1, 2, 5, 7, 46, 48, 119 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: 1° DECLARAR SIN LUGAR EL RECURSO DE REPOSICIÓN interpuesto en el acto notificación de fecha veintitrés de junio de dos mil veintiuno, por el Abogado PATRICK PAMILO RIVERA VALLADARES contra la sentencia de fecha veinte de mayo de dos mil veintiuno, recaída en el recurso de mérito; Y MANDA: Que se dé cumplimiento a lo ordenado en la sentencia impugnada y en definitiva se archiven las presentes diligencias. NOTIFIQUESE. Firmas y sello. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME, PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta días del mes septiembre de dos mil veintiuno, certificación de la sentencia de fecha veinte de mayo de dos mil veintiuno y la resolución de fecha veintiséis de julio de dos mil veintiuno, recaídas en el Recurso de Amparo Laboral registrado en este Tribunal con el número SCO-0856-2019.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA
SALA DE LO CONSTITUCIONAL.