Sentencia AL-846-19 — Registro 13352
Resumen
Sentencia declaró sin lugar recurso de apelación y confirmó fallo interlocutorio en Demanda Ordinaria Laboral para la Nulidad de Contrato por la Simulación del mismo y otras reclamaciones, promovida por recurrente contra el Estado de Honduras; La Autoridad recurrida confirmó la procedencia del defecto de cosa juzgada formal, y desestimación de los demás defectos opuestos por la Demandada recaída en distintas acciones promovidas por Demandante, en los cuales recayó sentencia firme y consentida por la parte demandante, por lo que goza del efecto de cosa juzgada formal
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"Ciertamente que la sentencia dictada en fecha 11 de febrero del año 2013, quedó firme en virtud de que las partes no hicieron uso de la acción recursiva dentro de los términos señalados por la ley. En consecuencia, la Corte de Apelaciones impugnada ha dictado una resolución apegada a las disposiciones establecidas en el código Procesal Civil..."..."esta Sala observa que el debido proceso No se ha vulnerado con la resolución recurrida, puesto que ha observado los requisitos, exigencias y solemnidades del debido proceso, por lo que No se han vulnerado los derechos de la recurrente…"
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
- Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 18 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 42 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 45 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…"Ciertamente que la sentencia dictada en fecha 11 de febrero del año 2013, quedó firme en virtud de que las partes no hicieron uso de la acción recursiva dentro de los términos señalados por la ley. En consecuencia, la Corte de Apelaciones impugnada ha dictado una resolución apegada a las disposiciones establecidas en el código Procesal Civil..."..."esta Sala observa que el debido proceso No se ha vulnerado con la resolución recurrida, puesto que ha observado los requisitos, exigencias y solemnidades del debido proceso, por lo que No se han vulnerado los derechos de la recurrente…"
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
- Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 18 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 42 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 45 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinte de mayo del dos mil veintiuno. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada DIANA MELISSA PINEDA SALGADO, a favor del señor JOSE OBDULIO GARRIDO RECARTE, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha veintinueve de julio del año dos mil diecinueve, que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, en fecha siete de marzo de dos mil diecinueve, con relación a los incidentes de falta de legitimación activa y pasiva, cosa juzgada, incompetencia de tribunal y excepción de prescripción alegados en la demanda ordinaria laboral promovida por el señor JOSE OBDULIO GARRIDO RECARTE contra el ESTADO DE HONDURAS. Estima la recurrente que se ha violentado en contra de su representado el artículo 82 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha ocho de enero de dos mil quince, comparecieron ante el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, el señor JOSE OBDULIO GARRIDO RECARTE, en su condición de personal, interponiendo demanda ordinaria laboral de forma permanente, contra el ESTADO DE HONDURAS. (Folios 01 al 05 de la primera pieza de antecedentes). 2) Que en la continuación de la Audiencia Primera de Tramite celebrada en fecha siete de marzo de dos mil diecinueve, el referido Juzgado, dictó Sentencia Interlocutoria, en la cual FALLA: I. Declarar CON LUGAR el DEFECTO PROCESAL DE COSA JUZGADA opuesto por la Representante Procesal de la parte demandada; II.-Declara SIN LUGAR el DEFECTO PROCESAL DE FALTA DE LEGITIMACION ACTIVA; DEFECTO PROCESAL DE FALTA DE LEGITIMACION PASIVA; e INCIDENTE DE DECLINATORIA POR INCOMPETENCIA DEL TRIBUNAL opuesto por la Representante Procesal de la parte demandada; contra la Demanda Ordinaria Laboral para que se declare la Nulidad de un Contrato por la Simulación del mismo. Reconocimiento de una Relación Laboral de forma permanente. Pago de prestaciones e indemnizaciones laborales en virtud de un despido ilegal e injusto. Mas a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir. Costas del juicio; instaurada por el Señor JOSE OBDULIO GARRIDO RECARTE; contra EL ESTADO DE HONDURAS a través de su actual Representante Legal la señora Procuradora General de la Republica Señora LIDIA ESTELA CARDONA, II.- SIN COSTAS en esta instancia. Y MANDA…”. (Folios 302 al 307 de la primera pieza de antecedentes) 3) Que la Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, conociendo de un recurso de apelación interpuesto por la Abogada DIANA MELISSA PINEDA SALGADO, en fecha veintinueve de julio del año dos mil diecinueve, FALLA: I. DECLARANDO SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Abogada DIANA MELISSA PINEDA SALGADO. II. CONFIRMANDO la sentencia interlocutoria dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán; de fecha siete de marzo dos mil diecinueve y que corre agregada a la primera pieza de autos a folios 302 al 307 de los autos.- III.- SIN COSTAS en esta instancia.- (Folios 10 al 12 de la segunda pieza de antecedentes) 4) La recurrente Abogada DIANA MELISSA PINEDA SALGADO, compareció ante este Tribunal, en fecha veintisiete de septiembre del año dos mil diecinueve, interponiendo acción de amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, por considerar que la decisión del Ad-quem, de fecha veintinueve de julio del año dos mil diecinueve, violenta en perjuicio de su representado el artículo 82 de la Constitución de la República. Teniendo por formalizado en fecha diecinueve de febrero de dos mil veinte. 5) Que con fecha diez de marzo de dos mil veinte, la Abogada SUSSY G. COELLO GARCIA, actuando en su condición de Fiscal Especial para la Defensa de la Constitución, emitió dictamen, en el cual es de la opinión porque NO SE OTORGUE la acción de amparo interpuesta. CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.- CONSIDERANDO (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO (3): Que se conoce en Amparo la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán en fecha 29 de julio del año dos mil diecinueve, que declara sin lugar un recurso de apelación y confirmó la sentencia interlocutoria dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de la misma sección judicial en fecha 07 de marzo del 2019, con relación a los incidentes de falta de legitimación activa y pasiva, cosa juzgada incompetencia de tribunal y excepción de prescripción alegados en la demanda ordinaria laboral promovida por el señor JOSE OBDULO GARRIDO RECARTE, contra el ESTADO DE HONDURAS. CONSIDERANDO (4): Que la recurrente en la formalización del recurso expone que en fecha 08 de enero del año 2015, el señor JOSE OBDULIO GARRIDO RECARTE, promovió ante el Juzgado de Letras del Trabajo, Demanda Ordinaria aboral para que se declare la nulidad de un contrato por la simulación del mismo.- Reconocimiento de una relación laboral de forma permanente. Pago de prestaciones e indemnizaciones laborales en virtud de un despido ilegal e injusto. Más a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir, dirigida contra el Estado de Honduras. Contestada que fue la demanda rechazó las pretensiones del demandante, celebrándose audiencia primera de trámite en la que la parte demandada interpuso entre otras el defecto procesal de falta de legitimación activa, falta de legitimación pasiva, cosa juzgada, incompetencia de Tribunal y excepción de prescripción, además de los medios de prueba que consideró convenientes, los que fueron admitidos recaída en las distintas acciones promovidas por la parte demandante. Señala que se abrió a trámite incidental en virtud de haberse contestado los defectos procesales de falta de legitimación activa, falta de legitimación pasiva, cosa juzgada, incompetencia de Tribunal y excepción de prescripción, manifiesta que el A quo declaró con lugar el defecto procesal de Cosa Juzgada, declarando si lugar el defecto procesal de falta de legitimación activa y la declinatoria de competencia por incompetencia de tribunal. Resolución contra la que se interpuso los recursos correspondientes los que fueron declarados sin lugar. CONSIDERANDO (5): Que la recurrente manifiesta que se le han violentado el derecho a la defensa contenido en el artículo 82 constitucional, exponiendo que el acceso de la justicia es para ejercitar sus acciones en la forma que señala la ley, la sentencia recurrida en el considerando 4 establece que conforme los hechos, fundamentos de derecho, prueba aportada por las partes y alegaciones, vertidas en esta instancia en el proceso de mérito. Señala, que el registro de la demanda es 219-12 de fecha 11 de febrero del 2013, se dictó resolución mediante la cual el Tribunal de alzada declaró con lugar la denuncia de incompetencia de Tribunal por razón de la materia, sentencia que adquirió firmeza porque estando previsto un recurso transcurrido el plazo legamente fijado, sin que ninguna de las partes lo haya presentado, “que habiéndose producido la firmeza por la razón anterior, dicha resolución goza del efecto de cosa juzgada formal, debiendo el tribunal en todo caso a lo dispuesto en ella, sin poder variarla después de firmada, conforme a la disposición legal del artículo 196 del Código Procesal Civil, norma supletoria al procedimiento del trabajo conforme el artículo 858 del Código del Trabajo. Dada la procedencia del defecto de cosa juzgada formal, hace que este tribunal de alzada desestime al igual que el Juez A Quo los demás defectos opuesta a esta demanda por la parte demandada…” CONSIDERANDO (6): Que el recurrente expone “que no existe el defecto de cosa juzgada por no cumplirse los preceptos legales, para que exista la cosa juzgada debe haber un pronunciamiento en sentencia definitiva sobre el fondo del juicio, ya sea declarando con o sin lugar las pretensiones del demandante, en el presente caso como ya se dijo, nunca existió un pronunciamiento en cuanto al fondo del juicio, únicamente existió una sentencia interlocutoria en donde la Corte de Apelaciones reforma la sentencia de este Juzgado y declara con lugar la incompetencia del Tribunal por razón de la materia, criterio éste que ya fue cambiado por este juzgado, por la honorable Corte de Apelaciones del Trabajo y por la Corte Suprema de Justicia , en tal sentido en el presente caso, no solo se trata que no se dan los preceptos legales de cosa juzgada por no existir pronunciamiento sobre el fondo del juicio sino que además los tribunales del trabajo ya han cambiado ese criterio. CONSIDERANDO (7): Que el recurrente expone que se ha quebrantado el debido proceso contenido en el artículo 90 constitucional, y que los Magistrados de la Corte de Apelaciones no aplicaron el alcance ni las formalidades que manda a ley, tal como se desprende del considerando cuatro y cinco de la sentencia objeto de este recurso. Manifiesta que si bien es cierto el demandante ya había demandado en fecha anterior en ningún momento existió pronunciamiento en cuanto al fondo del juicio, ya que la parte demandada interpuso el defecto procesal de incompetencia de tribunal por razón de la materia, misma que fue declarada sin lugar en esta instancia, sin embargo el Tribunal superior en fecha 13 de febrero del 2013, dictó sentencia reformando el mismo y la declaró con lugar, ante dicha resolución se interpuso el recurso de amparo, mismo que fue sobreseído el 07 de junio del 2013, como se puede ver nunca hubo pronunciamiento sobre el fondo del asunto, señalando que tampoco es cierto lo establecido por la Corte de Apelaciones, en cuanto a que no se hizo uso de los recursos y que dicha resolución adquirió el carácter de firme. Manifestando que es importante dejar claro que los tribunales del trabajo ya han cambiado al criterio de la incompetencia de tribunal, por lo que el Juzgado del Trabajo, conoce de los asuntos similares a las condiciones de mi representada. CONSIDERANDO (8): Que el recurrente expone que la resolución recurrida ha quebrantado el artículo 128 No. 15 constitucional que en su parte introductoria dice: “Las leyes que rigen las relaciones laborales entre patronos y trabajadores son de orden público, son nulos los actos, estipulaciones o convenciones que impliquen renuncia, disminuyan, restrinjan o tergiversen las siguientes garantías: 15 “El Estado tutela los contratos individuales y colectivos celebrados entre patronos y trabajadores; así mismo la garantía del artículo 129, que garantiza la estabilidad de los trabajadores en sus empleos, de acuerdo con las característica de las industrias y profesiones y las justas causas de separación. Cuando el despido injustificado surta efecto y firme que sea la sentencia condenatoria respectiva, el trabajador tendrá derecho a su elección, a una remuneración en concepto de salarios dejados de percibir, a título de daños y perjuicios y a las indemnizaciones legales y convencionalmente previstas, a que se le reintegre al trabajo con el reconocimiento de salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios. Reiterando que no se dictó resolución en cuanto al fondo del asunto, y en cuanto a la incompetencia de Tribunal por razón de la materia, este criterio ya fue cambiado por el Juzgado, Corte de Apelaciones y Corte Suprema de Justicia. CONSIDERANDO (9): Que la Corte de Apelaciones impugnada en la resolución recurrida en el considerando (1), deja establecido que en el proceso de mérito, la parte demandada opuso el defecto procesal de falta de legitimación activa, falta de legitimación pasiva y cosa juzgada, recaída en distintas acciones promovidas por el demandante 279-12 Juez4; 1450-13 Juez 2; 1015-14 Juez 5; 2939-15 Juez 4 y 025-15 Juez 2, expedientes en los cuales recae sentencia firme y consentida por la parte demandante. En el expediente 279-12 emitida por la Corte de Apelaciones del Trabajo de fecha 11 de febrero del 2013, que declara con lugar el defecto procesal de incompetencia de Tribual por razón de la materia. En el expediente 293-14 dictado por el Juzgado de primera instancia en fecha 27 de octubre del 2016 y confirmada por la Corte de Apelaciones del Trabajo el 15 de diciembre del 2016, en la que declara con lugar el defecto procesal de Litis pendencia. En los expedientes 1450-13 Juez 5 y 1015-14 Juez 5, hay resolución donde el Juez los manda a subsanar, sin que la parte demandante lo haya hecho razón por la cual de oficio fueron archivados; declinatoria por incompetencia del Tribunal y Prescripción, señala además que a folio 288 de la primera pieza de autos consta el medio de prueba reconstrucción Judicial admitida a la parte demandante, en el expediente de demanda sobre los cuales recae el incidente de cosa juzgada, donde consta en el expediente 0801-2012-0029 LTO Juez 4, la sentencia dictada por el Tribunal de alzada que declara con lugar a denuncia de Incompetencia de Tribunal por razón de la materia opuesta por la parte demandada; Señalando además que la parte demandante ha presentado cinco veces demanda con la misma pretensión, conocidas por diferentes jueces. CONSIDERANDO (10): Que la Corte de Apelaciones impugnada, deja establecido en su fallo que conforme los hechos, fundamentos de derecho, prueba aportada por las partes y alegaciones vertidas en esa instancia en el proceso de mérito, concluye lo siguiente: 1.-Que mediante registro No. 279-12 contentiva de la demanda ordinaria laboral presentada por el señor JOSÉ OBDULIO GARRIDO RECARTE, contra el Estado de Honduras, dictó resolución en fecha 11 de febrero del 2013, declarando con lugar la denuncia de incompetencia de Tribunal por razón de la materia, sentencia que adquirió firmeza porque estando previsto un recurso transcurrió el plazo legalmente fijado sin que ninguna de las partes lo haya presentado, que habiéndose producido la firmeza por la razón anterior dicha resolución goza del efecto de cosa juzgada formal, debiendo el tribunal estar en todo caso a lo dispuesto en ella, si después de variarla después de firmada; conforme a la disposición legal del artículo 196, del Código Procesal Civil, norma supletoria al procedimiento del trabajo conforme el artículo 858 del Código del Trabajo, dejando establecido que dada la procedencia del defecto de cosa juzgada formal, hace que el Tribunal de alzada desestime al igual que el Juez A quo, los demás defectos opuestos a esta demanda por la parte demandada. Señala que la jurisdicción del Trabajo está instituida para decidir los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente del contrato de trabajo. Por todo ello confirmó la resolución apelada y declara sin lugar el recurso de apelación intentado. CONSIDERANDO (11): Que el Derecho al Trabajo es un Derecho Humano reconocido, respetado, garantizando su libre ejercicio tanto en la Constitución de la República como en los Tratados Internacionales; en consecuencia debe darse cumplimiento al artículo 11 de la Convención de las Naciones Unidas del año 2004 en relación a la excepción de la inmunidad de jurisdicción, específicamente en lo que se relaciona sobre los contratos de trabajo: “los contratos de trabajo entre un Estado y una persona natural respecto a un trabajo ejecutado o que haya de ejecutarse total o parcialmente es el territorio de otro estado, cuyos tribunales conozcan del asunto”,. CONSIDERANDO (12): El incidente se define como un litigio accesorio que se suscita con ocasión de un juicio normalmente de orden procesal, y que se decide mediante una sentencia interlocutoria[1]. Las excepciones de incompetencia de tribunal, la falta de legitimación activa y pasiva deberán resolverse inmediatamente para poder proseguir el proceso judicial laboral. La excepción de incompetencia de tribunal radica en la falta de competencia del órgano para conocer de la acción, en materia laboral abarca cuantía, materia y territorio, es un presupuesto procesal y su ausencia produce la nulidad de todo lo actuado. Resueltas que sean las excepciones dilatorias, mediante sentencia interlocutoria se podrán interponer los recursos de impugnación que la ley permita. Con esta excepción, se pretende que la parte actora pueda ejercer la acción que le compete ante el órgano jurisdiccional competente, de lo que se deduce que la resolución de esta acción no está referida al fondo de la cuestión debatida, de allí, que la ley le concede y garantiza el derecho de interponer la acción ante el órgano que corresponda. Por otra parte, si habiéndose resuelto la excepción dilatoria planteada, si las partes no la impugnan, debe entenderse que al adquirir firmeza deberá la parte demandada o demandante a lo resuelto en la sentencia interlocutoria. CONSIDERANDO (13): Que el código Procesal Civil en su artículo 195, dispone que son resoluciones firmes aquellas contra las que no cabe recurso alguno, bien por no preverlo la ley, bien porque, estando previsto, hubiera trascurrido el plazo legalmente fijado sin que ninguna de las partes lo haya presentado…. Por su parte el artículo 196 del mismo cuerpo legal establece, que, habiéndose producido la firmeza por alguna de las razones expresadas en el artículo anterior, la resolución gozará del efecto de cosa juzgada formal, debiendo el Tribunal estar en todo caso a lo dispuesto en ella, sin poder variarla después de firmada. La cosa juzgada formal es conocida como preclusión que se contempla como principio general en el art. 18. (2 que establece: “La actividad procesal debe realizarse dentro de los plazos establecidos legalmente, precluyendo en caso contrario), siendo así, esta denominación hace referencia a la imposibilidad de recurrir o impugnar una resolución judicial cuando han transcurrido los plazos establecidos en la ley para tales actuares. Su efecto procesal es el estado de firmeza de la resolución, que como tal, no solo es posible aplicarlo a las sentencias, sino que también a las diferentes resoluciones judiciales ya analizadas….[2] Ciertamente que la sentencia dictada en fecha 11 de febrero del año 2013, quedó firme en virtud de que las partes no hicieron uso de la acción recursiva dentro de los términos señalados por la ley. En consecuencia, la Corte de Apelaciones impugnada ha dictado una resolución apegada a las disposiciones establecidas en el código Procesal Civil. CONSIDERANDO (14): Que el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial[3]. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existe una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona[4]. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los tratados y Convenciones Internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas. Por todo ello esta Sala observa que el debido proceso No se ha vulnerado con la resolución recurrida, puesto que ha observado los requisitos, exigencias y solemnidades del debido proceso, por lo que No se han vulnerado los derechos de la recurrente. CONSIDERANDO (15): Que el artículo 82 Constitucional establece que el derecho de defensa es inviolable, que los habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes, derecho reconocido en los instrumentos internacionales, que forman parte del derecho interno de Honduras, entre ellos la Declaración Universal sobre Derechos Humanos, lo consagra en sus artículo 8 como “el derecho de toda persona a un recurso efectivo ante los tribunales competentes”. Artículo 10 “el derecho de toda persona a ser oída en condiciones de igualdad, públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial que determine sus derechos y obligaciones”. Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, consagra el derecho de defensa, en su artículo 14. 1. estableciendo “la igualdad de las personas ante los tribunales y cortes de justicia. A ser oída públicamente y con las debidas garantías, por un tribunal competente, independiente e imparcial establecido por la ley”. La Convención Americana Sobre Derechos Humanos, protege el derecho de defensa, dentro del marco de las garantías judiciales contempladas en el artículo 8.1 señala de igual forma que “las personas tienen derecho a ser oídas con las debidas garantías e indica que tales actuaciones deben hacerse en un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, para la determinación de sus derechos y obligaciones”. En consecuencia, el Derecho de Defensa, estrechamente ligado al debido proceso, se ha garantizado en el caso sub. Judice. CONSIDERANDO (16): Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, aplicando los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 Numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63; 11 de la Convención de las Naciones Unidas del año 2004 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: DENEGANDO, el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada DIANA MELISSA PINEDA SALGADO, a favor del señor JOSE OBDULIO GARRIDO RECARTE, contra la Sentencia Interlocutoria de fecha veintinueve de julio del año dos mil diecinueve, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección Judicial. Y MANDA: que con la certificación de este fallo remita los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó la Magistrada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firma y Sello CRISTIAN RAMON BAQUIZ FLORES. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA CONSTITUCIONAL.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho días del mes de junio del año dos mil veintiuno, certificación de la sentencia de fecha veinte de mayo del año dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Amparo Laboral bajo el número SCO-0846-2019.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL
[1] 1 COUTURE, Vocabulario Jurídico, 1993, págs. 325-326.
[2] Código Procesal Civil Comentado, Proyecto Fortalecimiento del Poder Judicial
[3] Garantías Judiciales en el Estado de Emergencia, Opinión Consultiva OC-9/87, 6 de agosto de 1987.
[4] Gonzáles Pérez Jesús, El Derecho a la Tutela Jurisdiccional, tercera edición, Civitas, Madrid 2001, Pág. 53.