Sentencia AL-834-20 — Registro 13316
Resumen
Resolución que declaró sin lugar nulidad absoluta de actuaciones a partir de la resolución que declara el abandono del proceso con relación a demanda laboral de emplazamiento para que el patrono pruebe en juicio justa causa de despido, promovida por impetrante mediante la cual el a-quo declaró el abandono de las presentes diligencias
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."4): Que bajo la tesis planteada, corresponde a esta Sala de lo Constitucional determinar si la decisión adoptada por el Ad-Quem, vulnera o no los derechos contenidos en los artículos 82 y 90 párrafos primero de la Constitución de la República; en ese orden de ideas se deduce que el argumento toral del recurso tiene que ver básicamente con que el Tribunal de Alzada no debió haber declarado sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la parte demandante y consecuentemente revocar la resolución dictada por el A-quo, mediante el cual el referido Juzgado, había declarado sin lugar la nulidad absoluta de actuaciones a partir de la resolución que declara el abandono del proceso, de fecha siete de noviembre del dos mil diecisiete.-CONSIDERANDO(5): Que el fallo emitido por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Cortes, en fecha veintitrés (23) de enero del año dos mil veinte (2020), fue emitido por Unanimidad de Votos de sus miembros y se fundamentó básicamente en lo siguiente: “PRIMERO: (Sic) “2) Mediante resolución de fecha siete de noviembre del dos mil diecisiete (07/11/17) notificada al día siguiente al abogado Salvador Antonio Espinoza, se declaró el abandono del proceso siendo hasta el 22 de noviembre del 2019 que el recurrente compareció ante la iudex a-quo impetrando la nulidad de tal declaratoria, fecha para la cual la decisión había adquirido firmeza al tenor de lo que establecen los artículos 195 del Código Procesal Civil y 6 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales (LOAT); de ahí que no es posible recurrir o impugnar una resolución judicial cuando han transcurrido los plazos establecidos en la ley para tales actuares. Su efecto devendrá entonces en el estado firme de la resolución, que como tal, no solo es posible aplicarlo a las sentencias, sino también a las diferentes resoluciones judiciales (en similares términos se pronunció la Sala Constitucional ene el recurso de amparo numero 0628-15); es de recordar que declarado el abandono de instancia, la parte afectada podrá promover en el plazo de cinco (5) días, un incidente para acreditar que el abandono se ha debido a fuerza mayor o a otra causa contraria a la voluntad de las partes o a retraso no imputable a ellas o por error en el cómputo, según lo que al efecto dispone el artículo 493 del Código Procesal Civil, entendiéndose que transcurrido dicho término, la decisión adquiere firmeza tal y como lo indica el artículo 492 del mismo cuerpo de leyes.”.-CONSIDERANDO (6): Que el Código de Trabajo[3], remite expresamente al Código de Procedimientos Civiles, ante la falta de disposiciones para resolver situaciones jurídicas en el proceso laboral; en ese orden de ideas en relación a las RESOLUCIONES FIRMES el Artículo 195 del Código Procesal Civil, dispone: “Son resoluciones firmes aquellas contra las que no cabe recurso alguno bien por no preverlo la ley, bien porque, estando previsto, hubiere transcurrido el plazo legalmente fijado sin que ninguna de las partes lo haya presentado, o porque habiéndose presentado desistiera el recurrente, o porque hubiera sido inadmitido a trámite definitivamente”; el artículo 196 del citado Código Procesal Civil señala: “Habiéndose producido la firmeza por alguna de las razones expresadas en el artículo anterior, la resolución gozará del efecto de cosa juzgada formal, debiendo el tribunal estar en todo caso a lo dispuesto en ella, sin poder variarla después de firmada”; así el artículo 492.1 del Código Procesal Civil señala: “Declarado y firme el abandono del proceso en primera instancia, el juez ordenará el cese inmediato de los efectos de todas las resoluciones dictadas en el proceso respectivo, incluidas las medidas cautelares, así como el sobreseimiento y archivo del mismo”.-CONSIDERANDO (7): Que una lectura armónica de las disposiciones legales antes trascritas, en relación con lo señalado en el artículo 17 del Código Civil que preceptúa “No podrá atribuirse a la ley otro sentido que el que resulta explícitamente de sus propios términos, dada la relación que entre los mismos debe existir y la intención del legislador”; nos permite arribar a la siguiente conclusión: Que una vez declarado judicialmente el abandono del proceso, los efectos del mismo no serán otros mas que: a) Se debe ordenar el cese inmediato de los efectos de las resoluciones dictadas en el proceso; b) Se debe ordenar el cese de las medidas cautelares, c) Se debe ordenar el sobreseimiento mediante auto (art. 193.2 “b”) y d) se le pone fin al proceso con archivo de lo actuado. Con respecto a la firmeza de los actos, tenemos que doctrinariamente se ha distinguido entre cosa juzgada formal y material. Nuestro legislador ha introducido la primera de ellas en el artículo 196 del Código Procesal Civil, se puede agregar que también es conocida como preclusión que se contempla como principio general en el artículo 18 del citado código. Entendemos que con esta denominación se hace referencia a la imposibilidad de recurrir o impugnar una resolución judicial cuando han transcurrido los plazos establecidos en la ley para tales actuares. Su efecto procesal devendrá entonces en el estado firme de la resolución, que como tal, no solo es posible aplicarlo a las sentencias, sino que también a las diferentes resoluciones judiciales.-CONSIDERANDO (8): Que vista la opinión del Ministerio Público, fue del parecer porque se deniegue la presente acción de amparo, ello porque, la decisión del a-quo donde se decretó el abandono del proceso, se hizo mediante resolución de fecha siete de noviembre del año dos mil diecisiete, la cual fue notificada por medio de cédula fijada en la tabla de avisos en fecha ocho de noviembre del año dos mil diecisiete, apreciándose que la parte actora no impugnó la misma, en consecuencia adquirió firmeza, pues a la fecha de la presentación del referido incidente, habían transcurrido dos años, quince días, por lo que no es posible recurrir o impugnar una resolución judicial cuando han transcurrido los plazos establecidos por la ley.- CONSIDERANDO (9): Que dado que el recurrente aduce ante la Sala la vulneración en perjuicio de su representado de las garantías constitucionales del derecho de defensa y debido proceso, es importante resaltar que el debido proceso comprende: principio de legalidad, juez natural, acceso a los órganos jurisdiccionales, derecho de defensa, derecho a una resolución que resuelva sus pretensiones sin dilaciones injustificadas, principio de inmediación, oportunidad de presentar pruebas y controvertir las que se alleguen en contra, prohibición de un doble juzgamiento (non bis ídem)), motivación de actos y resoluciones de los poderes públicos. El Debido Proceso supone una serie de derechos que deben ser respetados en todo proceso, ello para garantizar la tutela judicial efectiva de cada uno de los interesados que concurren a los órganos jurisdiccionales en amparo de sus pretensiones, es así que el artículo 90 constitucional párrafo primero define: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”.-CONSIDERANDO (10): Que la Sala de lo Constitucional vista y analizada que ha sido la resolución impugnada, encuentra que la misma se encuentra ajustada a derecho, pues se ha respetado el debido proceso, al realizarse una debida motivación que soporta la decisión adoptada, al declarar sin lugar el recurso de Apelación interpuesto por la parte demandante. Se debe señalar que el recurrente en amparo expone la vulneración del derecho al debido proceso y defensa, trasgresiones que no se observan, ya que por el A-quo y por el Ad-Quem, fue escuchado al recurrente en sus pretensiones, se le dio la oportunidad de exteriorizar sus argumentaciones fácticas y jurídicas, recibió las respuestas jurisdiccionales en el tiempo establecido, todo ello haciendo prevalecer el debido proceso y consecuentemente en respeto al imperio de la ley, haciendo efectiva la tutela de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución de la República, que arguye vulnerados, concluyendo esta Sala que el obtener respuestas jurisdiccionales contrarias a las pretensiones de las partes, no es indicativo de vulneración de derechos fundamentales.-CONSIDERANDO (11): Que, al haberse determinado la no vulneración de los derechos fundamentales señalados, se estima procedente denegar el recurso de amparo que ahora se conoce"
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 18 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 196 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia y Resolución que literalmente dicen: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes de agosto del año dos mil veintiuno.-VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado ROGER ADRIAN MORENO BARDALES, a favor del señor JOSE ANTONIO MUÑOZ BUESO contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha veintitrés (23) de enero del año dos mil veinte (2020), que declaró no ha lugar un recurso de apelación presentado contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha veintiocho (28) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), con relación a la demanda laboral de emplazamiento para que el patrono pruebe en juicio justa causa de despido, promovida por el señor JOSE ANTONIO MUÑOZ BUESO, contra la Sociedad Mercantil CERVECERIA HONDUREÑA S.A. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violentado el artículo 82 y 90 de la Constitución de la Republica.-ANTECEDENTES: 1) Que en fecha veintidós de abril de dos mil dieciséis, compareció ante el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, departamento de Cortés, el señor JOSE ANTONIO MUÑOZ BUESO, en su condición personal, interponiendo demanda ordinaria laboral contra la Sociedad Mercantil CERVECERIA HONDUREÑA S.A. (Folio 01 al 17 de la primera pieza de antecedentes).-2) Que el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en resolución de fecha veintiocho de noviembre del año dos mil diecinueve, resuelve: (sic) I. Admítase el escrito junto con los documentos que acompaña, téngase por personado en las presentes diligencias al Abogado ROGER ADRIAN MORENO BARDALES, actuando en su condición de apoderado legal de JOSE ANTONIO MUÑOZ BUESO, que en cuanto a la nulidad planteada por el impetrante se declara sin lugar la misma en virtud de que el auto donde se decreta el abandono del presente juicio es de fecha 07/11/2017 y el incidentita comparece presentando nulidad de dicho auto hasta en fecha 22/11/2017, transcurriendo 2 años 15 días, fecha en la cual ya había adquirido firmeza el acto donde se decreta el abandono en virtud de lo que lo establece el art 195 del CPC y el 6 de la LOAT, ya que a la parte actora se le otorgo el plazo de 5 días que establece el artículo 493 del CPC para que impugnara la declaratoria de abandono, en cuanto a lo alegado por el peticionario de que nunca acepto el poder a él conferido el Abog. SALVADOR ANTONIO ESPINOZA ya que el art 84 del CPC establece los deberes que tiene el profesional del derecho surgidos del poder. II. Notifíquese la presente resolución por la tabla de avisos del Juzgado. (Folio 40 de la primera pieza de antecedentes).-3) Que conociendo de un recurso de apelación interpuesto por el Abogado ROGER ADRIAN MORENO BARDALES, en su condición antes indicada, la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, departamento de Cortés, dictó sentencia en fecha veintitrés de enero del año dos mil veinte, mediante la cual FALLA. (sic) PRIMERO: Declarando NO HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el representante procesal demandante contra la resolución proferida el veintiocho de noviembre del dos mil diecinueve (28/11/19) por el Juzgado de Letras del Trabajo de esta misma sección judicial, en el proceso iniciado con la demanda de la referencia; en consecuencia, se CONFIRMA la misma. SEGUNDO: SIN COSTAS en esta instancia, en atención al carácter social de la normativa del trabajo.” (Folios 10 al 13 de la segunda pieza de antecedentes).-4) El recurrente Abogado ROGER ADRIAN MORENO BARDALES, compareció ante este Tribunal, en fecha veinticinco de abril del año dos mil veinte, interponiendo acción de amparo a favor del señor JOSE ANTONIO MUÑOZ BUESO, por considerar que la decisión del Ad-quem, de fecha veintitrés de enero del año dos mil veinte, violenta en perjuicio de su representado el artículo 82 y 90 de la Constitución de la Republica. Teniendo por formalizado el recurso en fecha veintitrés de febrero de dos mil veintiuno.- 5) Que con fecha dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, la Abogada DIANA ELIZABETH RODRIGUEZ COREA, actuando en su condición de Fiscal Especial para la Defensa de la Constitución, emitió su dictamen, en el cual fue de la opinión porque QUE SE DENIEGUE la acción de amparo interpuesta.-CONSIDERANDO (1): Que la Acción de Amparo es una garantía constitucional, consecuentemente cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución establece; y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución[1]. Es decir, constituye una garantía de restitución de una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental. Tenemos también que la garantía de amparo no sólo tiene rango constitucional, sino que su reconocimiento emana también de Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos, así tenemos que: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley[2].”-CONSIDERANDO (2): Que se conoce en amparo la sentencia proferida en fecha veintitrés (23) de enero del año dos mil veinte (2020), por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula Departamento de Cortes, mediante la cual falla declarando NO HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el representante procesal de la parte demandante contra la resolución proferida en fecha veintiocho (28) de noviembre del año dos mil diecinueve, por el Juzgado de Letras del Trabajo de esa misma sección judicial.-CONSIDERANDO (3): Que el recurrente abogado ROGER ADRIAN MORENO BARDALES, muestra su disconformidad con el fallo que se deja relacionado en el acápite anterior, por estimar que el mismo vulnera en perjuicio de su representado el señor JOSE ANTONIO MUÑOZ BUESO, la garantía constitucional del derecho de defensa y debido proceso; para ello explica que tal vulneración se suscita en cuanto el Tribunal ad-quem al confirmar la resolución dictada por el a-quo, que declara sin lugar la nulidad de la resolución de fecha siete de noviembre del año dos mil diecisiete planteada en la demanda incoada en contra de la Empresa Mercantil denominada CERVECERIA HONDUREÑA S.A., y mediante la cual el a-quo declaró el abandono de las presentes diligencias por parte del apoderado actor, sin que existiera apoderado alguno constituido en el proceso, resolución que se notificó por medio de la tabla de avisos en fecha ocho de noviembre del año dos mil diecisiete al supuesto representante del trabajador demandante, por lo cual ambas actuaciones son nulas por haber sido realizadas sin que el abogado Salvador Antonio Espinoza, se encontrara constituido como representante procesal del trabajador, pues nunca le notificaron el primer auto de la demanda, a pesar de haber sido ordenado por el Juez en auto de admisión de la referida demanda, ni ordenaron oficiosamente requerirlo para que manifestara si aceptaba o no el poder conferido, tampoco ordenaron oficiosamente requerir al trabajador para que nominara a otro profesional del derecho que lo pudiera representar para no continuar agravando su estado de indefensión, por lo cual la violación del debido proceso ocurre cuando el Tribunal de primera instancia omite notificar personalmente el auto de admisión de la demanda de fecha veinticinco de abril del dos mil dieciséis y la violación al derecho de defensa ocurre al haberse realizado actuaciones judiciales sin que el trabajador tuviera la asistencia técnica de un profesional del derecho.-CONSIDERANDO (4): Que bajo la tesis planteada, corresponde a esta Sala de lo Constitucional determinar si la decisión adoptada por el Ad-Quem, vulnera o no los derechos contenidos en los artículos 82 y 90 párrafos primero de la Constitución de la República; en ese orden de ideas se deduce que el argumento toral del recurso tiene que ver básicamente con que el Tribunal de Alzada no debió haber declarado sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la parte demandante y consecuentemente revocar la resolución dictada por el A-quo, mediante el cual el referido Juzgado, había declarado sin lugar la nulidad absoluta de actuaciones a partir de la resolución que declara el abandono del proceso, de fecha siete de noviembre del dos mil diecisiete.-CONSIDERANDO(5): Que el fallo emitido por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Cortes, en fecha veintitrés (23) de enero del año dos mil veinte (2020), fue emitido por Unanimidad de Votos de sus miembros y se fundamentó básicamente en lo siguiente: “PRIMERO: (Sic) “2) Mediante resolución de fecha siete de noviembre del dos mil diecisiete (07/11/17) notificada al día siguiente al abogado Salvador Antonio Espinoza, se declaró el abandono del proceso siendo hasta el 22 de noviembre del 2019 que el recurrente compareció ante la iudex a-quo impetrando la nulidad de tal declaratoria, fecha para la cual la decisión había adquirido firmeza al tenor de lo que establecen los artículos 195 del Código Procesal Civil y 6 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales (LOAT); de ahí que no es posible recurrir o impugnar una resolución judicial cuando han transcurrido los plazos establecidos en la ley para tales actuares. Su efecto devendrá entonces en el estado firme de la resolución, que como tal, no solo es posible aplicarlo a las sentencias, sino también a las diferentes resoluciones judiciales (en similares términos se pronunció la Sala Constitucional ene el recurso de amparo numero 0628-15); es de recordar que declarado el abandono de instancia, la parte afectada podrá promover en el plazo de cinco (5) días, un incidente para acreditar que el abandono se ha debido a fuerza mayor o a otra causa contraria a la voluntad de las partes o a retraso no imputable a ellas o por error en el cómputo, según lo que al efecto dispone el artículo 493 del Código Procesal Civil, entendiéndose que transcurrido dicho término, la decisión adquiere firmeza tal y como lo indica el artículo 492 del mismo cuerpo de leyes.”.-CONSIDERANDO (6): Que el Código de Trabajo[3], remite expresamente al Código de Procedimientos Civiles, ante la falta de disposiciones para resolver situaciones jurídicas en el proceso laboral; en ese orden de ideas en relación a las RESOLUCIONES FIRMES el Artículo 195 del Código Procesal Civil, dispone: “Son resoluciones firmes aquellas contra las que no cabe recurso alguno bien por no preverlo la ley, bien porque, estando previsto, hubiere transcurrido el plazo legalmente fijado sin que ninguna de las partes lo haya presentado, o porque habiéndose presentado desistiera el recurrente, o porque hubiera sido inadmitido a trámite definitivamente”; el artículo 196 del citado Código Procesal Civil señala: “Habiéndose producido la firmeza por alguna de las razones expresadas en el artículo anterior, la resolución gozará del efecto de cosa juzgada formal, debiendo el tribunal estar en todo caso a lo dispuesto en ella, sin poder variarla después de firmada”; así el artículo 492.1 del Código Procesal Civil señala: “Declarado y firme el abandono del proceso en primera instancia, el juez ordenará el cese inmediato de los efectos de todas las resoluciones dictadas en el proceso respectivo, incluidas las medidas cautelares, así como el sobreseimiento y archivo del mismo”.-CONSIDERANDO (7): Que una lectura armónica de las disposiciones legales antes trascritas, en relación con lo señalado en el artículo 17 del Código Civil que preceptúa “No podrá atribuirse a la ley otro sentido que el que resulta explícitamente de sus propios términos, dada la relación que entre los mismos debe existir y la intención del legislador”; nos permite arribar a la siguiente conclusión: Que una vez declarado judicialmente el abandono del proceso, los efectos del mismo no serán otros mas que: a) Se debe ordenar el cese inmediato de los efectos de las resoluciones dictadas en el proceso; b) Se debe ordenar el cese de las medidas cautelares, c) Se debe ordenar el sobreseimiento mediante auto (art. 193.2 “b”) y d) se le pone fin al proceso con archivo de lo actuado. Con respecto a la firmeza de los actos, tenemos que doctrinariamente se ha distinguido entre cosa juzgada formal y material. Nuestro legislador ha introducido la primera de ellas en el artículo 196 del Código Procesal Civil, se puede agregar que también es conocida como preclusión que se contempla como principio general en el artículo 18 del citado código. Entendemos que con esta denominación se hace referencia a la imposibilidad de recurrir o impugnar una resolución judicial cuando han transcurrido los plazos establecidos en la ley para tales actuares. Su efecto procesal devendrá entonces en el estado firme de la resolución, que como tal, no solo es posible aplicarlo a las sentencias, sino que también a las diferentes resoluciones judiciales.-CONSIDERANDO (8): Que vista la opinión del Ministerio Público, fue del parecer porque se deniegue la presente acción de amparo, ello porque, la decisión del a-quo donde se decretó el abandono del proceso, se hizo mediante resolución de fecha siete de noviembre del año dos mil diecisiete, la cual fue notificada por medio de cédula fijada en la tabla de avisos en fecha ocho de noviembre del año dos mil diecisiete, apreciándose que la parte actora no impugnó la misma, en consecuencia adquirió firmeza, pues a la fecha de la presentación del referido incidente, habían transcurrido dos años, quince días, por lo que no es posible recurrir o impugnar una resolución judicial cuando han transcurrido los plazos establecidos por la ley.- CONSIDERANDO (9): Que dado que el recurrente aduce ante la Sala la vulneración en perjuicio de su representado de las garantías constitucionales del derecho de defensa y debido proceso, es importante resaltar que el debido proceso comprende: principio de legalidad, juez natural, acceso a los órganos jurisdiccionales, derecho de defensa, derecho a una resolución que resuelva sus pretensiones sin dilaciones injustificadas, principio de inmediación, oportunidad de presentar pruebas y controvertir las que se alleguen en contra, prohibición de un doble juzgamiento (non bis ídem)), motivación de actos y resoluciones de los poderes públicos. El Debido Proceso supone una serie de derechos que deben ser respetados en todo proceso, ello para garantizar la tutela judicial efectiva de cada uno de los interesados que concurren a los órganos jurisdiccionales en amparo de sus pretensiones, es así que el artículo 90 constitucional párrafo primero define: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”.-CONSIDERANDO (10): Que la Sala de lo Constitucional vista y analizada que ha sido la resolución impugnada, encuentra que la misma se encuentra ajustada a derecho, pues se ha respetado el debido proceso, al realizarse una debida motivación que soporta la decisión adoptada, al declarar sin lugar el recurso de Apelación interpuesto por la parte demandante. Se debe señalar que el recurrente en amparo expone la vulneración del derecho al debido proceso y defensa, trasgresiones que no se observan, ya que por el A-quo y por el Ad-Quem, fue escuchado al recurrente en sus pretensiones, se le dio la oportunidad de exteriorizar sus argumentaciones fácticas y jurídicas, recibió las respuestas jurisdiccionales en el tiempo establecido, todo ello haciendo prevalecer el debido proceso y consecuentemente en respeto al imperio de la ley, haciendo efectiva la tutela de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución de la República, que arguye vulnerados, concluyendo esta Sala que el obtener respuestas jurisdiccionales contrarias a las pretensiones de las partes, no es indicativo de vulneración de derechos fundamentales.-CONSIDERANDO (11): Que, al haberse determinado la no vulneración de los derechos fundamentales señalados, se estima procedente denegar el recurso de amparo que ahora se conoce. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los artículos 1, 82, 90, 183, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 18 de la Declaración Universal de los Derechos y Deberes del Hombre; 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 858 del Código de Trabajo; 1, 2, 3 Nº 2), 5, 9 Nº 3) literal b) y 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: DENEGANDO el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado ROGER ADRIAN ROMERO BARDALES, a favor del señor JOSE ANTONIO MUÑOZ BUESO, contra la resolución de fecha veintitrés (23) de enero del año dos mil veinte (2020), emitida por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE CORTES. Y MANDA: Que, con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes, Redactó la magistrada Reina Auxiliadora Hercules Rosa.- NOTIFÍQUESE.-Firmas y Sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA .- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, M.D.C., veintiocho de septiembre del dos mil veintiuno.-VISTO: El recurso de reposición interpuesto por el Abogado ROGER ADRIAN MORENO BARDALES, actuando en representación del señor JOSE ANTONIO MUÑOZ BUESO; contra la sentencia dictada por esta Sala de lo Constitucional en fecha diez (10) de agosto del dos mil veintiuno (2021), y por la cual se falla denegando el recurso de amparo interpuesto a favor del señor JOSE ANTONIO MUÑOZ BUESO, contra el fallo proferido por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, departamento de Cortes, en fecha veintitrés (23) de enero del dos mil veinte (2020).-CONSIDERANDO (1): Que consta de los antecedentes del presente recurso, que la acción de Amparo de mérito fue interpuesta en fecha veinticinco (25) de septiembre del año dos mil veinte (2020), denegando la misma en Sentencia emitida por este Alto Tribunal en fecha diez (10) de agosto del año dos mil veintiuno (2021).-CONSIDERANDO (2): Que conforme lo establece el párrafo final del artículo 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, contra los fallos proferidos por unanimidad de la Sala de lo Constitucional, sólo cabra el recurso de reposición, mismo que podrá ser interpuesto en el acto de la notificación o al día siguiente al de su notificación por la tabla de avisos del despacho.-CONSIDERANDO (3): Que vista la petición del recurrente, se aprecia de la misma que éste funda su recurso arguyendo que la resolución de la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, al confirmar la resolución del A-quo, son violatorias a la garantía constitucional del derecho de defensa y debido proceso, puesto que la decisión del a-quo al decretar el abandono del proceso por parte del apoderado actor, sin que existiera apoderado actor constituido en el proceso, resolución que se notifica por medio de la tabla de avisos al supuesto representante del trabajador demandante, abogado Salvador Antonio Espinoza, quien nunca acepto dicho poder, ambas situaciones son nulas, al no ostentar postulación procesal el apoderado legal del trabajador, lo que deja en indefensión absoluta al mismo, es por ello que solicitó la nulidad de esas actuaciones en base a lo establecido en los artículos 212 numerales 2 y 5 del Código Procesal Civil en relación con el artículo 215 numerales 1, 2 y 5 del mismo Código. Por ser resoluciones violatorias de derechos fundamentales solicita se reponga la Sentencia en cuestión y se otorgue el amparo.-CONSIDERANDO (4): Que las pretensiones expuestas por el recurrente Abogado ROGER ADRIAN MORENO BARDALES, en el recurso de reposición no son de recibo, ya que en la Sentencia emitida por este Alto Tribunal en fecha diez (10) de agosto de dos mil veintiuno (2021) que corre agregada en autos, se establece claramente en sus Considerandos seis (6) y siete (7), las razones que esta Sala ha estimado para denegar el recurso de amparo impetrado, es oportuno señalar al recurrente que dentro de esos argumentos la Sala ha dejado claramente establecido que: (Sic) “Con respecto a la firmeza de los actos, tenemos que doctrinariamente se ha distinguido entre cosa juzgada formal y material. Nuestro legislador ha introducido la primera de ellas en el artículo 196 del Código Procesal Civil, se puede agregar que también es conocida como preclusión que se contempla como principio general en el artículo 18 del citado código. Entendemos que con esta denominación se hace referencia a la imposibilidad de recurrir o impugnar una resolución judicial cuando han transcurrido los plazos establecidos en la ley para tales actuares. Su efecto procesal devendrá entonces en el estado firme de la resolución, que como tal, no solo es posible aplicarlo a las sentencias, sino que también a las diferentes resoluciones judiciales.”. En ese orden de ideas se estima que la resolución recurrida, se encuentra apegada a derecho, en virtud de que la resolución emitida por el A-quo en fecha veintiocho de noviembre del año dos mil diecinueve y confirmada por el Ad-quem, en fecha veintitrés de enero del dos mil veinte, al haberse producido su firmeza, goza del efecto de cosa juzgada formal, tal como lo dispone el artículo 196 del Código Procesal Civil y que ha sido relacionado en la Sentencia recurrida, por ello no existen razones para proceder a su enmienda.-CONSIDERANDO (5): Que el Tribunal ante quien se pida la reposición deberá, sin más trámite, denegar o enmendar la providencia o sentencia, según lo creyere de derecho.-POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Constitucional y en aplicación de los artículos 82, 90, 183, 303, 304, 313 numeral 5, y 316 de la Constitución de la República; 78 numeral 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 4 numeral 7 y 8, 120 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: DECLARAR NO HA LUGAR el recurso de reposición interpuesto por el Abogado ROGER ADRIAN MORENO BARDALES, por las razones que se dejan ya señaladas.- Y MANDA: Que el Secretario del Despacho notifique lo resuelto al recurrente para los efectos legales que en derecho correspondan.- NOTIFIQUESE.- Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA .- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central, uno (1) de noviembre del año dos mil veintiuno (2021), Certificación de la Sentencia de fecha diez (10) de agosto y Resolución de fecha veintiocho (28) de septiembre del año dos mil veintiuno (2021) recaídas en el Amparo Laboral, registrado en este Tribunal bajo el número 0834-2020.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] Artículo 183 de la Constitución de la República.
[2] Artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
[3] Ver Artículo 858.