Sentencia AL-826-19 — Registro 13315
Resumen
Se dictó sentencia definitiva condenado a Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillado (S.A.N.A.A.)en su condición de demandada al pago de prestaciones a trabajadores despedidos de manera ilegal e injusta. según recurrente entidad estatal condenada no mostró voluntad de cumplir dicha sentencia, por lo cual se procedió a su ejecución provisional, bajo el amparo de lo establecido en los artículos 771 al 777 del Código Procesal Civil, por la vía de apremio; solicitándose embargo posterior a lo cual se procedió a solicitar al Juzgado la aprobación de las Costas de Ejecución derivadas del embargo referido siendo apelada dicha resolución y revocada considerando exenta a entidad demandada fundamentada en la Ley para optimizar la Administración Pública, que dispuso que el Estado o sus entidades, en juicios de cualquier naturaleza, están exentos del pago de costas
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."(6): Que, para esta Sala de lo Constitucional, vistos los antecedentes, los dispositivos legales y argumentaciones jurídicas efectuadas por la Alzada, conciernen al caso bajo estudio; pues, a la vista de precedentes de la Sala sobre casos homólogos, se destaca que el artículo 803, numeral 2 del Código Procesal Civil establece: “En cualquier caso, las costas de la ejecución se impondrán al ejecutado salvo que acredite que hubo causa no imputable a él que le impidió hacer el pago antes de la ejecución.”; aunado a lo cual consta relacionado, el precitado Decreto Legislativo No.266-2013, por el cual se creó la Ley para optimizar la Administración Pública, mejorar los servicios a la ciudadanía y fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno, que dispuso que el Estado o sus entidades, en juicios de cualquier naturaleza, están exentos del pago de costas; con la finalidad declarada de racionalizar las demandas a las que está sujeta la Administración Pública, estableciendo un mínimo de requerimientos para evitar la saturación de demandas contra el Estado; norma legal que resulta vigente y aplicable por los Juzgados y Tribunales de la República, en tanto no sea declarada su derogatoria legislativa, o sea encontrada incursa en causal de inconstitucionalidad; a través del procedimiento que la Ley Sobre Justicia Constitucional señala para ejercer el control concentrado de constitucionalidad, con exclusividad y definitividad, ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.-CONSIDERANDO (7): Que el principio de legalidad es un principio fundamental, conforme al cual todo ejercicio de un poder público debe realizarse acorde a la ley vigente y su jurisdicción y no a la voluntad de las personas. Conforme a ello, la seguridad jurídica requiere que las actuaciones de los poderes públicos estén sometidas al principio de legalidad, como condición necesaria del Estado de Derecho, pues el poder tiene su fundamento y límite en las normas jurídicas. Lo anterior tiene recepción en los preceptos constitucionales 90 y 321 que preceptúan, por su orden: “Nadie Puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece…”, y: “Los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad.” -CONSIDERANDO (8): Que el artículo 67 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, establece respecto al efecto excluyente y no prejuzgamiento de la sentencia denegatoria, que ésta deja a salvo las acciones civiles o penales que en derecho procedan contra el autor del agravio alegado y no prejuzga sobre ninguna materia. Del estudio puntual del caso en relación, se desprende la no vulneración del derecho de igualdad, al debido proceso, ni al derecho de defensa, tal lo pretendido con la interposición de la presente demanda de amparo; por lo cual procede el dictado de fallo denegatorio"
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 321 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 67 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA,SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, cuatro de febrero del dos mil veintiuno.-VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado RIKI NELSON DUBON TURCIOS, a favor de los señores YINA KARELY SALINAS ZALAVARRIA, JOSE VIDAL MARADIAGA GONZALEZ, RUBEN HELIODORO LOPEZ ESCOBAR y DORIS JANETH CUESTAS AVILES, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, en fecha veintinueve (29) de junio del año dos mil diecinueve (2019), que declara con lugar Auto Interlocutorio, dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha uno (1) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), con relación a la solicitud de costas de ejecución, derivadas de la demanda ordinaria laboral, promovida por los señores YINA KARELY SALINAS ZALAVARRIA, JOSE VIDAL MARADIAGA GONZALEZ, RUBEN HELIODORO LOPEZ ESCOBAR y DORIS JANETH CUESTAS AVILES, contra EL SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA).- estima el recurrente que se le han violentado los derechos contenidos en los artículos 60, 82 y 90 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES.-1) Que en fecha catorce (14) de enero del año dos mil diecinueve (2019), compareció ante Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, el Abogado RIKI NELSON DURON TURCIOS, en su condición de Apoderado Legal de los señores YINA KARELY SALINAS ZALAVARRIA, JOSE VIDAL MARADIAGA GONZALEZ, RUBEN HELIODORO LOPEZ ESCOBAR y DORIS JANETH CUESTAS AVILES, en la Demanda Ejecutiva Laboral, solicitando Ejecución Provisional de Sentencia, para el pago de prestaciones laborales y a titulo de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde la fecha de despido hasta que conforme a las normas procesales quede firme la sentencia por despido injustificado e ilegal, contra el SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA).- (Folio 01 al 02 de la pieza del Juzgado).-2) Que en fecha veinte (20) de febrero del año dos mil veinte (2019), compareció ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, la Abogada ALICIA MARIA REYES SALGADO, en su condición de Apoderada Legal DEL SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO (SANAA), presentando Oposición a la tasación de costas de ejecución presentada por el Abogado RIKI NELSON DUBON TURCIOS. ((Folio 41 al 42 de la pieza del Juzgado).-3) Que el referido Juzgado en Auto Interlocutorio de fecha uno (1) de marzo del año dos mil diecinueve (2019) FALLÓ: 1) Declarar SIN LUGAR la oposición presentada por el Representante Legal de la parte demandada en contra de la tasación de las costas de Ejecución de Sentencia reclamada por el Abogado RIKI NELSON DUBON TURCIOS, por la cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS (Lps 866,816.63) mismo que corresponde al 10% sobre el monto liquidado en las diligencias de merito y que las mismas están protegidas por el arancel del profesional del derecho en su artículo 77 numeral b párrafo 4. DE OFICIO MANDA: Que a través del receptor del despacho se requiera personalmente en legal y debida forma a la señora CINTHIA BORJAS VALENZUELA, en su condición de representante legal del SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO (SANAA) para que acto del requerimiento pague o consigne la cantidad OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS (LPS 866,816.63) en concepto de costas de Ejecución de embargo. Haciéndole la advertencia de no hacerlo se le embargaran bienes suficientes para que con su productos hacer efectivo el pago de la obligación.- En cuanto a la solicitud de que la parte demandante presente minuta de los gastos incurridos se rechaza ya que el objeto del traslado es únicamente a presente oposición a la tasación de costas de ejecución de embargo y ya la normativa establece la cuantía o porcentaje qué deberá ser calculado y cuanto a que exprese las causas por las cuales retiro los cheques y no lo embargado en el proceso es de hacer notar que la suscrita mediante auto de fecha 04 de febrero del 2019 se procedió a dejar sin valor y efecto la autorización de recibos en vista de la consignación realizada, se manda agregar a los documentos acompañados…” (Folio 45 al 47 de la pieza del Juzgado).-4) Que conociendo de un recurso de apelación interpuesto por la abogada ALICIA MARIA REYES SALGADO, la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia en fecha veintinueve (29) de julio del año dos mil diecinueve (2019); mediante la cual: FALLA: “I.- Declarar CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Abogada ALICIA MARIA REYES SALGADO, .- 2.- REVOCAR el auto interlocutorio dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo de este Departamento de Francisco Morazán, en fecha uno de marzo del año dos mil diecinueve que corre a folios del 46 al 48 frente y vuelto de la pieza compulsada.- 3.- SIN COSTAS en esta instancia.- (Folio 61 al 63 de la pieza de Corte de Apelaciones antecedentes).-5) El recurrente abogado RIKI NELSON DUBON TURCIOS, compareció ante este Tribunal, en fecha veinticinco (25) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), interponiendo acción de amparo a favor de los señores YINA KARELY SALINAS ZALAVARRIA, JOSE VIDAL MARADIAGA GONZALEZ, RUBEN HELIODORO LOPEZ ESCOBAR y DORIS JANETH CUESTAS AVILES, por considerar que la decisión del Ad-quem, de fecha veintinueve (29) de julio del año dos mil diecinueve (2019), es violatoria de lo dispuesto en el artículo 60, 82 Y 90 de la Constitución de la República.- Habiéndose caducado de derecho y perdido irrevocable el termino dejado de utilizar y sin lugar por extemporáneo el escrito de formalización presentado por el Abogado RIKI NELSON DUBON TURCIOS, asimismo, apreciándose que el recurrente manejó de manera puntual el concepto de la violación, por lo cual se consideró procedente continuar con el trámite de la acción de amparo dándole vista de los antecedentes al Fiscal del Despacho.-6) Que con fecha veintinueve (29) de septiembre del año dos mil veinte (2020), se tuvo por evacuada la vista concedida a la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, actuando en su condición de Fiscal Especial para la Defensa de la Constitución, emitió dictamen, en el cual es de la opinión que SE DENIEGUE la acción de amparo interpuesta, lo cual tuvo como fundamento de actuaciones lo estipulado en el artículo 8 del Decreto Ley 266-2013, el cual entro en vigencia el 23 de enero de 2014, en cuanto dispone que el Estado o sus entidades, en juicios de cualquier naturaleza, están exentos del pago de costas; con relación a lo preceptuado en el artículo 803, numeral 2 del Código Procesal Civil establece: “En cualquier caso, las costas de la ejecución se impondrán al ejecutado salvo que acredite que hubo causa no imputable a él que le impidió hacer el pago antes de la ejecución”, como norma general; a la cual constituye excepción el artículo 8 del Decreto antes citado; de todo lo cual se colige la resolución bajo estudio ha sido dictada en cumplimiento al principio de Legalidad. (Folios 40–46 del presente Recurso).-CONSIDERANDO (1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece.-CONSIDERANDO (2): Que con base a la garantía de Amparo toda persona agraviada, o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo a efecto se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; asimismo, de conformidad al artículo 183.2 constitucional y en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la Ley.-CONSIDERANDO (3): Que se conoce en Amparo la resolución proferida en fecha veintinueve (29) de julio del año dos mil diecinueve (2019) por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, cuyo tenor literal se expresa en el Antecedente 4) de la presente sentencia, teniendo en consideración, para motivar la declaratoria con lugar del recurso de apelación interpuesto por la Abogada ALICIA MARIA REYES SALGADO, en representación del SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA) y la revocatoria de la resolución judicial recurrida, la vigencia del artículo 8 del Decreto Ley 266-2013, el cual dispone que el Estado o sus entidades, en juicios de cualquier naturaleza, están exentos del pago de costas; salvo cuando se haya actuado con dolo, lo cual debe sustentarse con prueba eficiente; fallo que resulta coincidente, en cuanto su lectura constitucional, a lo expresado por la Agente de Tribunales SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, quien actuando en su condición de Fiscal Especial para la Defensa de la Constitución, emitió dictamen, siendo de la opinión porque SE DENIEGUE la acción de amparo interpuesta; criterio que, si bien no es vinculante para la Sala, resulta fundamentado en derecho positivo vigente.-CONSIDERANDO (4): Que en la interposición del recurso de amparo por parte del Abogado RIKI NELSON DUBON TURCIOS, a favor de los señores YINA KARELY SALINAS ZALAVARRIA, JOSE VIDAL MARADIAGA GONZALEZ, RUBEN HELIODORO LOPEZ ESCOBAR y DORIS JANETH CUESTAS AVILES, se invocó como violentadas las garantías constitucionales establecidas en los artículos 60, 82 y 90 de la Constitución de la República, en virtud del mérito que arroja la DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA EL PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES promovida por los agraviados contra EL SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA), en la cual se dictó sentencia definitiva condenado a la demandada al pago de prestaciones a los trabajadores despedidos de manera ilegal e injusta. No obstante, la entidad estatal condenada no mostró voluntad de cumplir dicha sentencia, por lo cual se procedió a su ejecución provisional, bajo el amparo de lo establecido en los artículos 771 al 777 del Código Procesal Civil, por la vía de apremio; solicitándose embargo por la cantidad de OCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON VEINTICINCO CENTAVOS (L 8, 668, 165.25); posterior a lo cual se procedió a solicitar al Juzgado la aprobación de las Costas de Ejecución derivadas del embargo referido, las cuales ascienden a un 10% de la cantidad embargada, amparados en las normas civiles adjetivas y del Arancel del Profesional del Derecho que tutelan el derecho a la ejecución forzosa y el derecho al pago de costas; presentándose oposición por la parte demandada, la cual fue declarada sin lugar, mediante auto interlocutorio, por el Juzgado A Quo; lo cual fue recurrido en apelación.-CONSIDERANDO (5): Que, de dicha apelación, finaliza expresando el abogado garantista, deriva la vulneración a los preceptos citados de la Constitución de la República, al aplicar la Alzada una norma de cariz inconstitucional, bajo argumentos de dudosa proporcionalidad, que transfieren a la parte demandante la carga de probar el dolo con que actuara la parte demandante, en infracción al derecho de igualdad de armas, en perjuicio de los trabajadores y del debido proceso; en vista a que se pretende aplicar una disposiciones general de una ley jerárquicamente inferior al Código Procesal Civil, quebrantando principios jurídicos de ineludible ejecución al dictar sentencia; tales como el de Iura Novit Curia, y el Principio Protector en sus diversas vertientes, como son el In Dubio Pro Operario, Norma más favorable y de condición más beneficiosa; por todo lo cual solicita de la Sala Constitucional, se otorgue amparo en virtud de las infracciones constitucionales señaladas, las cuales conllevarían a la declaración de nulidad de la sentencia recurrida; restituyendo a su patrocinados en los derechos constitucionales que se estiman vulnerados.-CONSIDERANDO (6): Que, para esta Sala de lo Constitucional, vistos los antecedentes, los dispositivos legales y argumentaciones jurídicas efectuadas por la Alzada, conciernen al caso bajo estudio; pues, a la vista de precedentes de la Sala sobre casos homólogos, se destaca que el artículo 803, numeral 2 del Código Procesal Civil establece: “En cualquier caso, las costas de la ejecución se impondrán al ejecutado salvo que acredite que hubo causa no imputable a él que le impidió hacer el pago antes de la ejecución.”; aunado a lo cual consta relacionado, el precitado Decreto Legislativo No.266-2013, por el cual se creó la Ley para optimizar la Administración Pública, mejorar los servicios a la ciudadanía y fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno, que dispuso que el Estado o sus entidades, en juicios de cualquier naturaleza, están exentos del pago de costas; con la finalidad declarada de racionalizar las demandas a las que está sujeta la Administración Pública, estableciendo un mínimo de requerimientos para evitar la saturación de demandas contra el Estado; norma legal que resulta vigente y aplicable por los Juzgados y Tribunales de la República, en tanto no sea declarada su derogatoria legislativa, o sea encontrada incursa en causal de inconstitucionalidad; a través del procedimiento que la Ley Sobre Justicia Constitucional señala para ejercer el control concentrado de constitucionalidad, con exclusividad y definitividad, ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.-CONSIDERANDO (7): Que el principio de legalidad es un principio fundamental, conforme al cual todo ejercicio de un poder público debe realizarse acorde a la ley vigente y su jurisdicción y no a la voluntad de las personas. Conforme a ello, la seguridad jurídica requiere que las actuaciones de los poderes públicos estén sometidas al principio de legalidad, como condición necesaria del Estado de Derecho, pues el poder tiene su fundamento y límite en las normas jurídicas. Lo anterior tiene recepción en los preceptos constitucionales 90 y 321 que preceptúan, por su orden: “Nadie Puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece…”, y: “Los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad.” -CONSIDERANDO (8): Que el artículo 67 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, establece respecto al efecto excluyente y no prejuzgamiento de la sentencia denegatoria, que ésta deja a salvo las acciones civiles o penales que en derecho procedan contra el autor del agravio alegado y no prejuzga sobre ninguna materia. Del estudio puntual del caso en relación, se desprende la no vulneración del derecho de igualdad, al debido proceso, ni al derecho de defensa, tal lo pretendido con la interposición de la presente demanda de amparo; por lo cual procede el dictado de fallo denegatorio.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos números: 1, 4, 59, 60, 80, 82, 90, 95, 183 numeral 2), 303 párrafo primero, 304, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1 y 321 de la Constitución de la República; 1, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; y; 1, 2, 3 numeral segundo, 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 63 y 120 de la Ley de Justicia Constitucional; FALLA: DENEGANDO el Recurso de Amparo de que se ha hecho mérito, y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remitan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ÁLVAREZ SAGASTUME. - NOTIFIQUESE.-Firmas y Sello. Abogado JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los veintitrés (23) días del mes de marzo del año dos mil veintiuno (2021), Certificación de la Sentencia de fecha cuatro (4) de febrero del año dos mil veintiuno (2021) recaída en el Amparo Laboral, registrado en este Tribunal bajo el número 0826-2019.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL