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Sentencia AL-80-20 — Registro 13525

Resumen

Acto recurrido que declara con lugar el recurso de apelación interpuesto contra la del a-quo, con relación a la solicitud de requerimiento de pago en concepto de costas por la ejecución de sentencia, en la demanda ordinaria laboral promovida. En perjuicio del impetrante

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…" La Sala se limita a señalar que no resulta evidente en los autos que se haya establecido el dolo o intención de causar daño por lo que procede eximir al Estado y sus entidades del pago de costas, tal como lo dispone la regla general del artículo 8 del decreto No. 266-2013.-Por lo que de lo expuesto por la Sala de lo Constitucional en estas tres sentencias se colige lo siguiente: a) El dolo debe acreditarse; y b) debe ser motivado por quien alega que no se aplique la exención del artículo 8 mencionado; así mismo c) el juez o tribunal debe estimar dicha motivación de manera argumentada y razonada.-Ahora bien, este alto tribunal de justicia en esta oportunidad acota que, el dolo es un elemento que debe ser acreditado en el juicio declarativo mediante el cual se declara la causa de la obligación de pago; y por tanto no corresponde ser determinado en el proceso de ejecución de la obligación ni del pago de costas. - En virtud de todo lo expuesto, la Sala otorga amparo a favor del Ministerio Público en virtud de que la decisión del tribunal de alzada contradice de manera directa y evidente la disposición contenida en el artículo 8 del decreto 266-2013, lo que constituye una violación al derecho de debido proceso y al principio de legalidad... "

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. -Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, veintidós de abril de dos mil veintiuno.- VISTA: Para dictar sentencia en la garantía constitucional de amparo interpuesta por el abogado MAURICIO ARTURO CASTRO AGUILAR, a favor del MINISTERIO PÚBLICO, contra la sentencia de fecha veintitrés de enero del año dos mil veinte, dictada por la honorable Corte de Apelaciones del Trabajo del departamento de Cortés mediante la cual declara con lugar el recurso de apelación presentado contra la resolución de fecha veintisiete de noviembre del año dos mil diecinueve dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Cortés, con relación a la solicitud de requerimiento de pago en concepto de costas por la ejecución de sentencia presentada por el abogado FRANCIS LEONEL ENAMORADO, en la demanda ordinaria laboral promovida por la señora EVA MARÍA ORELLANA SOSA, contra el Ministerio Público. Considerando el garantista que a su poderdante le han sido violentados los artículos 80, 82, 90 y 321 consagrados en la Constitución de la República. -ANTECEDENTES PROCESALES..- 1. En fecha once de noviembre del año dos mil once, compareció ante el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Cortés, la señora EVA MARÍA ORELLANA SOSA, interponiendo demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones sociales, ajustes de salarios, pago de salarios adeudados, vacaciones, decimotercer y decimocuarto mes proporcionales, salarios caídos y costas del juicio. (folios 1 al 4 de la pieza del juzgado).-2. En fecha veintitrés de junio del año dos mil diecisiete, el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Cortés, resolvió: “Admítase la comparecencia que antecede en cuanto a la tasación de costas por ejecución de sentencia solicitada por el compareciente se declara SIN LUGAR, en virtud de que existen tres amparos dictados por la HONORABLE CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA CONSTITUCIONAL, en la cual establece que no procede la condena en costas para las instituciones del Estado, amparos N° 54117, 8517, 39916, y en aplicación a lo que dispone el artículo 73 de la Ley sobre justicia constitucional establece que tres sentencias dictada por la Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, constituye doctrina legal. (Folio 277 de la pieza del juzgado). -3. En fecha veintitrés de enero del año dos mil veinte, la Corte de Apelaciones del Trabajo del departamento de Cortés, falla: “PRIMERO: DECLARANDO CON LUGAR el recurso de apelación formulado por parte ejecutante contra la resolución proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de esta misma sección judicial el veintisiete de noviembre del año dos mil diecinueve, en la demanda de la referencia; consecuentemente SE REFORMA la resolución apelada y relacionada anteriormente, en el sentido de que se proceda con la continuación del trámite correspondiente para hacer efectiva de las costas de ejecución reclamadas por el representante procesal del ejecutante para la cual el iudex a quo deberá ordenar las diligencias necesarias. SEGUNDO: CONFIRMA la resolución en sus demás extremos, es decir en cuanto a la admisión de la comparecencia. SIN COSTAS en esta instancia dado el carácter social de la normativa del trabajo…” (Folio 8 al 10 de la pieza de la corte de apelaciones). -4. En fecha veintinueve de enero del año dos mil veinte, el garantista abogado MAURICIO ARTURO CASTRO AGUILAR, compareció ante este alto tribunal de justicia interponiendo acción de amparo a favor del MINISTERIO PÚBLICO, por considerar que la decisión del ad quem, de fecha veintitrés de enero del dos mil veinte, es violatoria de lo amparado en los artículos 80, 82, 90 y 321 de la Constitución de la República. Teniendo por formalizada en tiempo y forma su acción constitucional en fecha uno de octubre del año dos mil veinte.-5. En fecha veinticinco (de noviembre del año dos mil veinte, la abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIÉRREZ MALDONADO, actuando en su condición de fiscal presentó escrito mediante el cual SE ABSTIENE de emitir opinión en virtud de que el Ministerio Público es parte en el proceso de mérito. -ARGUMENTACIÓN JURÍDICA.-CONSIDERANDO NUMERO UNO (1). Sobre la garantía constitucional de amparo. Que de conformidad con el artículo 183 de la Constitución, la acción de amparo es una garantía constitucional, por la que cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para los siguientes supuestos: a) que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución establece; o b) para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución. -Es decir, constituye una garantía de restitución de un derecho frente a una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental. -CONSIDERANDO NÚMERO DOS (2). Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. Que la garantía de amparo constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[1], en relación con el artículo 25 de la misma convención[2] y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos humanos[3].- CONSIDERANDO NÚMERO TRES (3): Resumen sobre los alegatos del garantista denunciando violación del derecho del debido proceso y principio de legalidad. El Ministerio Público al formalizar la garantía constitucional de amparo señala que la resolución que impugna se fundamenta en la existencia de doctrina legal indicando que existen tres sentencias dictadas en un mismo sentido, citando el artículo 73 de la Ley sobre justicia constitucional con relación al 667 del Código del Trabajo.-Dando respuesta a lo expresado por la corte de apelaciones respecto de que no existe doctrina legal en virtud de que dicha doctrina no tiene efectos retroactivos, el censor reconoce que efectivamente la tercera sentencia fue dictada el doce de diciembre de dos mil dieciocho y que la fecha en que se hizo la solicitud de tasación de costas de ejecución es del veintiséis de abril de dos mil dieciséis.- Pero a la vez, el censor resalta que la corte de apelaciones reconoció en su sentencia que la doctrina legal que aplica tiene como fundamento legal principal en el decreto número 266-2013 publicado en el Diario oficial La Gaceta No. 33,336 de fecha veintitrés de enero de dos mil catorce que contiene la Ley para optimizar la administración pública, mejorar los servicios a la ciudadanía y fortalecimiento de la transparencia en el gobierno, cuyo artículo 8 manda lo siguiente:“DISPOSICIÓN GENERAL. El Estado o sus entidades, en juicio de cualquier naturaleza estará exento del pago de costas, salvo que se haya actuado con dolo; en cuyo caso el funcionario es responsable administrativa, civil y penalmente.”.-En ese sentido, manifiesta el Ministerio Público que, la corte de apelaciones dispuso que no era posible obviar la norma anteriormente transcrita porque es ley de obligatorio cumplimiento para todos los habitantes del país.-Además del alegato de no retroactividad con relación a la sentencia y el momento de petición de costas, el garantista destaca que la norma legal fue emitida y promulgada con fecha veintitrés de enero de dos mil catorce siendo por tanto anterior a la fecha veintiséis de abril de dos mil dieciséis, que es la fecha en que se solicitó la tasación de costas; o sea, que la ley era ya de aplicabilidad general y por tanto fundamento para la sentencia que dictó la corte de apelaciones.-Conforme a lo anterior el censor literalmente expone:“… el razonamiento correcto que debió de realizar el tribunal de alzada fue, la valoración desde la fecha que existía la disposición o fundamento legal que dio origen a la doctrina legal o jurisprudencia, y no desde las fecha en que fue dictada cada sentencia; en tal sentido debemos reiterar que la jurisprudencia o la doctrina legal no es una ley, sino que son criterios fundamentados en una ley existente, vigente y de aplicación obligatoria, por lo tanto no es correcto que el ad quem razone que la doctrina legal no tiene efectos efectos retroactivos, sino que este podrá retrotraerse a la fecha de la vigencia de la ley que la originó, pues esa fue fuente de nacimiento.” .-Es por estas valoraciones incorrectas relacionadas con la aplicación de la doctrina legal, que la fiscalía considera violentado el debido proceso legal. -El censor después deduce que, sí arbitrariamente la corte de apelaciones valoró erróneamente que no se debía aplicar la doctrina legal debido a la irretroactividad, resulta completamente violatorio que el tribunal de alzada no haya aplicado en este caso concreto las disposiciones legales contenidas en el artículo 8 ya citado y transcrito. -Finaliza, puntualizando que la solicitud de tasación de costas a la cual se refiere la sentencia recurrida de fecha veintiséis de abril de dos mil dieciséis, como la solicitud de requerimiento de pago de costas de ejecución de sentencia ocurridas el veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, fueron actos realizados posteriormente a la fecha de la promulgación del decreto No. 266-2013, por lo que es totalmente violatorio por parte de la corte de apelaciones no haber aplicado la jurisprudencia o doctrina legal por las razones infundadas que expone, no existiendo explicación alguna para que tampoco haya aplicado las pretensiones del solicitante y el artículo 8 comentado mediante el cual en forma expresa exime al Estado o a sus entidades el pago de costas. -CONSIDERANDO NÚMERO CUATRO (4): Resumen de la fundamentación de la resolución que se impugna por vía de amparo constitucional. La Corte de Apelaciones del Trabajo del departamento de Cortés, por unanimidad de votos dispuso en su resolución de fecha veintitrés de enero de dos mil veinte, declarar con lugar la apelación formulada por la parte ejecutante y reformó la resolución de primera instancia en el sentido de que se continúe con el trámite para hacer efectivas las costas de ejecución reclamadas por el representante procesal del ejecutante, para lo cual ordenó a que el iudex a quo continúe con las diligencias necesarias; asimismo confirma la decisión en sus otros extremos, o sea la admisión de la comparecencia.-En su resolución, el tribunal ad quem explica que la Corte Suprema de Justicia en lo atinente a las costas de ejecución ha dictado las sentencias AL-0399-2016 AL-0085-2017 y AL-0541-2017, en las que establece como fundamento principal el artículo 8 del decreto legislativo No. 266-2013 contentivo de la Ley para optimizar la administración pública, mejorar los servicios a la ciudadanía y fortalecimiento de la transparencia en el gobierno, expresamente en la parte que dispone: “El Estado o sus entidades, en juicio de cualquier naturaleza estará exento del pago de costas, salvo que se haya actuado con dolo; …”.-Además, la corte de apelaciones señala que estas decisiones son doctrina legal y por tanto de obligatorio acatamiento por disposición de lo que establece el artículo 73 de la Ley sobre justicia constitucional en relación con el artículo 667 del Código del Trabajo. Así mismo la corte destaca que las sentencias dictan lo siguiente: “No se puede obviar esta disposición para efectos de motivar el fallo, así como desconocer que la ley es obligatoria para todos los habitantes de la república una vez promulgada.”.-Sin embargo, el tribunal de alzada acota que dicha doctrina legal nace a partir de la tercera sentencia que fue dictada el doce de diciembre de dos mil dieciocho.- Anterior a dicha fecha, específicamente el veintiséis de abril de dos mil dieciséis el recurrente compareció ante el juzgado solicitando la tasación de costas de ejecución, y se siguió el trámite correspondiente hasta obtener una resolución judicial firme y que causa ejecutoria, de manera que ahora no puede desconocer sus propias resoluciones judiciales fundada en la existencia de doctrina legal, pues eso atentaría contra la seguridad jurídica.-En virtud de lo cual, citando además lo que dispone el artículo 321 constitucional, en cuanto a que los servidores estatales no tienen más facultades que las conferidas expresamente por las leyes, la corte de apelaciones expresa que la doctrina legal es inaplicable; así mismo observa que, dicha doctrina legal se constituyó después de la fecha de petición y desarrollo del trámite de tasación de costas, por lo que afirma que dicha doctrina no puede tener efectos retroactivos.-CONSIDERANDO NÚMERO CINCO (5): Examen practicado por la Sala de lo Constitucional, a efecto de determinar la existencia de la violación de los derechos invocados. Este alto tribunal de justicia al examinar las presentes diligencias estima procedente otorgar la garantía constitucional de amparo de mérito.-La Sala encuentra que, el argumento básico del garantista es que independientemente del momento o fecha en que se constituyó la doctrina legal con la tercera sentencia dictada en un mismo sentido, es imperativo que en el caso de marras debe aplicarse lo que expresamente dispone el artículo 8 del decreto 266-2013.-De lo expresado por el Ministerio Público en la formalización de la presente garantía, este alto tribunal de justicia entiende que se pide amparo en contra de la decisión de la corte de apelaciones mediante la cual se permite continuar con la ejecución de costas, contradiciendo con ello lo dispuesto por el artículo antes mencionado que exime al Estado o sus entidades al pago de costas, salvo que se haya actuado con dolo.-Al respecto este alto tribunal de justicia estima que asiste toda la razón al agente de tribunales del Ministerio Público; y que en ese sentido la corte de apelaciones debió aplicar el artículo 8 del decreto número 266-2013 porque su decisión es contra legem.-De acuerdo con lo que dispone el articulo 8 comentado, la única razón que permite el cobro de costas al Estado o sus entidades es en el caso de que se haya actuado con dolo, lo cual es un elemento que debió determinarse en el juicio declarativo.-Las sentencias AL-0399-2016 de fecha catorce de marzo de dos mil dieciocho, AL-0085-2017 de fecha siete de setiembre de dos mil dieciocho y AL-0541-2017 de fecha doce de diciembre de dos mil dieciocho, tienen en común imponer la obligación de dar cumplimiento con lo ordenado por el artículo 8 del decreto legislativo número 266-2013. En ese sentido no es relevante establecer si es doctrina legal aplicable o no por razones de irretroactividad para el presente caso; lo realmente importante es el criterio externado por este alto tribunal de justicia, en el sentido de que los jueces y magistrados de apelaciones se encuentran vinculados a lo que dispone la ley, específicamente en estos casos al artículo 8 mencionado.-Con relación al dolo como único elemento legitimador para que proceda el pago de costas por parte del Estado o sus entidades, la Sala ha dispuesto lo siguiente:1. En la sentencia AL-0399-2016 de fecha catorce de marzo de dos mil dieciocho, específicamente en el CONSIDERANDO (17), la Sala dispuso: “Que el otorgamiento del amparo en el caso que nos ocupa, debe traer como efecto o consecuencia que la sentencia impugnada sea inaplicable, de tal manera que el tribunal de alzada debe dictar una nueva resolución en la que con acopio de la normativa señalada en la presente sentencia, haga una valoración suficientemente motivada de los elementos que deben observarse, a efecto de determinar si existe dolo por parte de la entidad estatal la Empresa nacional de energía eléctrica (ENEE), a efecto de dar cumplimiento al pago al que fue condenada en la sentencia de fecha veintidós de enero del año dos mil trece, emitida por el juzgado.”.-2. En la sentencia AL-0085-2017 de fecha siete de setiembre de dos mil dieciocho, específicamente en el CONSIDERANDO (8), el cual en forma resumida la Sala comienza observando que la corte de apelaciones en el considerando (3) de su propia sentencia reconoce lo que dispone el artículo 8 del decreto legislativo 266-2013 y el artículo 324 constitucional, este último sobre la responsabilidad civil solidaria de los servidores públicos cuando perjudican a particulares y la acción de repetición en los casos de culpa o dolo. Asimismo, que entiende dicha corte de apelaciones por dolo, señalando que es el incumplimiento de las obligaciones contraídas, ya sea por omisión de prestaciones o mora en el pago; y, por culpa en sentido amplio, cualquier falta, voluntaria o no de una persona que produce un daño.-La Sala al respecto afirmó que: “… la apreciación del dolo de forma conceptual en el fallo por parte de la alzada, no está sustentado de autos, en donde haya quedado demostrado que la parte vencida en juicio (ejecutada) tuvo la mala intención de producir un daño y ser llevada a que se le condene en costas de ejecución, omitiendo para efectos de una verdadera tutela judicial efectiva lo dispuesto en el artículo 8 del decreto 266-2013,[…] [y que] obviar esta disposición para efectos de motivar el fallo así como desconocer que la ley es obligatoria para todos los habitantes de la República una vez promulgada, enuncia que el tribunal de alzada ha inobservado el debido proceso alegado por el suplicante, contenido en el artículo 90 de la Constitución de la República, […]resulta entonces, que el invocado decreto legislativo por parte del impetrante es de cumplimiento obligatorio desde su publicación, […]”.-3. En la sentencia AL-0541-2017 de fecha doce de diciembre de dos mil dieciocho, específicamente en el CONSIDERANDO (7), la Sala se limita a señalar que no resulta evidente en los autos que se haya establecido el dolo o intención de causar daño por lo que procede eximir al Estado y sus entidades del pago de costas, tal como lo dispone la regla general del artículo 8 del decreto No. 266-2013.-Por lo que de lo expuesto por la Sala de lo Constitucional en estas tres sentencias se colige lo siguiente: a) El dolo debe acreditarse; y b) debe ser motivado por quien alega que no se aplique la exención del artículo 8 mencionado; así mismo c) el juez o tribunal debe estimar dicha motivación de manera argumentada y razonada.-Ahora bien, este alto tribunal de justicia en esta oportunidad acota que, el dolo es un elemento que debe ser acreditado en el juicio declarativo mediante el cual se declara la causa de la obligación de pago; y por tanto no corresponde ser determinado en el proceso de ejecución de la obligación ni del pago de costas. -En virtud de todo lo expuesto, la Sala otorga amparo a favor del Ministerio Público en virtud de que la decisión del tribunal de alzada contradice de manera directa y evidente la disposición contenida en el artículo 8 del decreto 266-2013, lo que constituye una violación al derecho de debido proceso y al principio de legalidad.-PARTE DISPOSITIVA O FALLO.-POR TANTO: La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos: 1, 80, 90, 183, 303, 313 No. 5, 316 No. 1, 321 y 324 de la Constitución de la República; 78 No. 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; artículos 1, 2, 3 No. 2, 4, 5, 7, 9 No. 2, 41, 63 y 72 de la Ley sobre Justicia Constitucional; 8 del decreto legislativo No. 266-2013 que contiene la Ley para optimizar la administración pública, mejorar los servicios a la ciudadanía y fortalecimiento de la transparencia en el gobierno; FALLA: OTORGANDO la garantía constitucional de amparo impetrada por el abogado MAURICIO ARTURO CASTRO AGUILAR, a favor del MINISTERIO PÚBLICO, contra la sentencia de fecha veintitrés de enero del año dos mil veinte, dictada por la honorable Corte de Apelaciones del Trabajo del departamento de Cortés mediante la cual declara con lugar el recurso de apelación presentado contra la resolución de fecha veintisiete de noviembre del año dos mil diecinueve dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Cortés, con relación a la solicitud de requerimiento de pago en concepto de costas por la ejecución de sentencia presentada por el abogado FRANCIS LEONEL ENAMORADO, en la demanda ordinaria laboral promovida por la señora EVA MARÍA ORELLANA SOSA, contra el Ministerio Público. En consecuencia: 1. ORDENA a la honorable Corte de Apelaciones del Trabajo de la sección judicial del departamento de Francisco Morazán, que restituya al Ministerio Público su derecho al debido proceso y al principio de legalidad para lo cual debe aplicar lo dispuesto en el artículo 8 del decreto legislativo No. 266-2013 que contiene la Ley para optimizar la administración pública, mejorar los servicios a la ciudadanía y fortalecimiento de la transparencia en el gobierno. 2. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remitan los antecedentes al tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado Edwin Francisco Ortez Cruz. NOTIFÍQUESE.-Firmas y Sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA Firma y Sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los diez (10) días del mes de junio del año dos mil veintiuno (2021), Certificación de la Sentencia de fecha veintidós (22) de abril del año dos mil veintiuno (2021) recaída en el Amparo Laboral, registrado en este Tribunal bajo el número 0080-2020.

CRISTIAN RAMÓN BAQUIZ FLORES

RECEPTOR ADSCRITO A LA

SALA CONSTITUCIONAL

[1] Artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”

[2] Artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”

[3] Artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”