Sentencia AL-779-19 — Registro 14053
Resumen
Resolución que declara sin lugar excepción de defecto procesal de falta de representación legal de la demandada y falta de personalidad con relación a incidente de falta de representación legal y falta de personalidad de demandada alegado en la demanda ordinaria laboral promovida contra impetrante contraída a pedir el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales por despido verbal ilegal e injustificado
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."(7): Que esta Sala, al examinar el fallo recurrido, encuentra que las repetidas excepciones que hoy son punto de motivación en el presente recurso de amparo, externando además que la decisión de la Alzada le ha vulnerado a su representada derechos y garantías como el debido proceso y defensa, no son de recibo por este Alto tribunal, pues ha quedado despejado con la motivación del fallo recurrido cada una de las excepciones opuestas por la parte demandada, y con justa razón ha declarado Sin Lugar el Recurso de Apelación y Confirmado el Auto Interlocutorio apelado resuelto por el Juzgado de Letras del Trabajo, valorando en el fallo tanto los hechos probados como las pruebas para resolver las pretensiones de las partes, trayendo a efectum videndi el expediente citado para machacar su decisión y para aclarar la cosa juzgada como excepción opuesta y alegada al momento de contestar la demanda, así como las dos restantes en cuanto a la falta de personalidad y representación de la demandada como ha quedado suficientemente explicado. CONSIDERANDO (8): Que el artículo 714 del Código de Trabajo expresa literalmente que “el demandante no está obligado a presentar con la demanda la prueba de la existencia de la persona jurídica contra la cual va dirigida ni la de calidad de su representante. Le bastará con designarlos, a menos que en el juico se debata como cuestión principal este punto”, lo que quedó aclarado y subsanado en el proceso, así como identificada plenamente la existencia de la persona jurídica demandada y la calidad de sus representantes, razones suficientes para que se declararan sin lugar la excepciones planteadas; y en lo relacionado a la cosa juzgada, no se interpolan los expedientes citados por el impetrante objeto de la excepción opuesta; en el expediente 0852-2012 la actividad procesal se limita al auto de admisión, una vez comprobada la inactividad por más de un año, como obra en la constancia, el órgano jurisdiccional de primera instancia lo declara caducado y en abandono según lo dispone el artículo 489.1 del Código Procesal Civil, “En toda clase de procesos se considerará que las instancias y recursos han sido abandonados cuando, pese al impulso de oficio de las actuaciones, no se produzca actividad procesal alguna en el plazo de un (1) año si el asunto estuviere en la primera instancia, en el plazo de…” ocurrido lo anterior, el efecto de este acto procesal, es que cesan todas las soluciones dictadas en ese proceso, incluidas las medidas cautelares, así como el sobreseimiento y archivo del mismo; la falta de impulso procesal por más de un año manda que dicho expediente sea llevado al archivo de juicios fenecidos, -es preciso recalcar- que en materia laboral el principio procesal impide que se conozca nuevamente de una misma cuestión ya resuelta por sentencia firme en un proceso anterior, no siendo el caso en comento, pues no se ha emitido sentencia alguna que ponga fin al proceso en ninguno de los citados expedientes como queda constatado del examen de las piezas. CONSIDERANDO (9) : Que mediante actuación procesal de fecha 16 de septiembre del 2013, en el expediente 0852-2012 es ordena la caducidad de instancia por inactividad procesal por más de un año, figura jurídica que hoy se conoce como abandono del proceso, acto procesal llevado a cabo mediante el respectivo auto como lo señala el mismo artículo 489 del Código Procesal Civil, lo que difiere totalmente de la cosa juzgada alegada como agravio por el impetrante, es evidente en las diligencias del citado expediente, que la Secretaria Adjunta del órgano jurisdiccional que conoce del proceso en fecha 16 de septiembre del 2013 informa mediante la respectiva constancia que la última actuación en el proceso es de fecha 6 de septiembre del 2012,y que vista la constancia por la juzgadora en la misma fecha, emite auto y señala que después de la última actuación y habiendo transcurrido más de un año y 10 días, en consecuencia, se declara caducado el derecho y perdido irrevocablemente el término legal y por ende se tiene por abandonada la instancia, y manda que previa anotación se archiven las diligencias sin ulterior progreso. CONSIDERANDO (10): Que de autos se desprende, que el expediente 043-2012 ha seguido su curso normal, concurriendo las partes en polémica sin limitación alguna, hasta que recaiga la respectiva sentencia definitiva en la que se decidirán las pretensiones demandadas por las partes procesales y poner fin al proceso; de otro lado, el artículo 196 en relación directa con el 195 del Código Procesal Civil establece, que habiéndose producido la firmeza de la resolución, gozará del efecto de cosa juzgada formal, debiendo el tribunal estar en todo caso a lo dispuesto en ella, sin poder variarla después de firmada. El artículo 210.1 del mismo cuerpo legal, dispone, que la cosa juzgada de las sentencias firmes, sean estimatorias o desestimatorias, excluirá, conforme a la ley, un ulterior proceso cuyo objeto sea idéntico al del proceso en que aquélla se produjo, por tanto, en base a la ley, no cabe la excepción de cosa juzgada en el presente caso, como ha quedado suficientemente explicado en los considerandos que anteceden. CONSIDERANDO (11): Que, por las razones expuestas, esta Sala aprecia que la sentencia recurrida está motivada con suficiente claridad según los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, las pruebas tenidas a su disposición así como el conocimiento del valor probatorio de las mismas, actuaciones procesales cuya competencia corresponde al Juez o Tribunal que conoce específicamente del asunto laboral en estudio, no se observa que con la resolución impugnada se violenten, lesionen o se transgreda la garantía al debido proceso o los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República, el órgano jurisdiccional se ha condicionado a resolver en aplicación a lo dispuesto por la ley en el asunto al que fue llamado a conocer, de allí, que el criterio del Ad-Quem es que se declare sin lugar el recurso de apelación y se confirme el auto interlocutorio apelado, verificándose de autos que cada una de las excepciones planteadas por la parte demandada apelante, fueron resueltas en el momento procesal oportuno conforme a ley dentro del marco de un debido proceso. CONSIDERANDO(12): Que partiendo de las motivaciones expresadas, en el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada por la Constitución, son visibles todas las actuaciones del actor en las piezas estudiadas, este acudió a todo el proceso sin impedimento alguno, alegando lo que consideró procedente, en estricto cumplimiento al desarrollo y garantías debidas, que si la resolución judicial impugnada le es adversa a las pretensiones del actor, no implica que las actuaciones procesales realizadas por el A-Quo y la Alzada estén alejadas del cumplimiento de todas las exigencias enmarcadas en la Ley para dictar un fallo ajustado a derecho en el caso de mérito, los órganos jurisdiccionales recurridos han actuado dando cumplimiento a las garantías constitucionales y las defensas del orden jurídico constitucional CONSIDERANDO (13): Que el derecho al trabajo, es la base para la realización de otros derechos humanos y para una vida en dignidad. Incluye la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado. En la realización progresiva de este derecho, los Estados están obligados a garantizar la disponibilidad de orientación técnica y profesional, y a tomar las medidas apropiadas para crear un entorno propicio para existan oportunidades de empleo productivo sin discriminación, con igualdad salarial, remuneración digna, protección social y derecho de sindicalización. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC) en la observación General No.18 ha dispuesto una guía detallada a los Estados con respecto a sus obligaciones de respetar, proteger y garantizar el derecho al trabajo, el que también se reconoce en las normas fundamentales de derechos humanos como son la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Protocolo de San Salvador, así como otros instrumentos internacionales de los que Honduras es signataria. CONSIDERANDO (14): “No se aplicaran leyes y disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden, que regulen el ejercicio de las declaraciones, derechos y garantías establecidas en la Constitución, si los disminuyen restringen o tergiversen, articulo 64 de la Constitución de la República en concordancia a lo que estipula el Código de Trabajo, son nulos ipso jure todos los contratos o estipulaciones que impliquen renuncia, disminución o tergiversación de los derechos a que la Constitución, el presente Código, sus reglamentos o las demás leyes de trabajo o previsión social otorguen a los trabajadores, aunque se expresen en un contrato de trabajo u otro pacto cualquiera[1]. CONSIDERANDO (15): Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad[2]. CONSIDERANDO (16): Que esta Sala concluye, que la decisión adoptada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, se ajusta a las disposiciones normativas vigentes; no concurriendo en la sentencia recurrida violación al debido proceso y al derecho de defensa, en tal sentido y de acuerdo a las motivaciones que anteceden, procede denegar el amparo presentado"
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
..."(7): Que esta Sala, al examinar el fallo recurrido, encuentra que las repetidas excepciones que hoy son punto de motivación en el presente recurso de amparo, externando además que la decisión de la Alzada le ha vulnerado a su representada derechos y garantías como el debido proceso y defensa, no son de recibo por este Alto tribunal, pues ha quedado despejado con la motivación del fallo recurrido cada una de las excepciones opuestas por la parte demandada, y con justa razón ha declarado Sin Lugar el Recurso de Apelación y Confirmado el Auto Interlocutorio apelado resuelto por el Juzgado de Letras del Trabajo, valorando en el fallo tanto los hechos probados como las pruebas para resolver las pretensiones de las partes, trayendo a efectum videndi el expediente citado para machacar su decisión y para aclarar la cosa juzgada como excepción opuesta y alegada al momento de contestar la demanda, así como las dos restantes en cuanto a la falta de personalidad y representación de la demandada como ha quedado suficientemente explicado. CONSIDERANDO (8): Que el artículo 714 del Código de Trabajo expresa literalmente que “el demandante no está obligado a presentar con la demanda la prueba de la existencia de la persona jurídica contra la cual va dirigida ni la de calidad de su representante. Le bastará con designarlos, a menos que en el juico se debata como cuestión principal este punto”, lo que quedó aclarado y subsanado en el proceso, así como identificada plenamente la existencia de la persona jurídica demandada y la calidad de sus representantes, razones suficientes para que se declararan sin lugar la excepciones planteadas; y en lo relacionado a la cosa juzgada, no se interpolan los expedientes citados por el impetrante objeto de la excepción opuesta; en el expediente 0852-2012 la actividad procesal se limita al auto de admisión, una vez comprobada la inactividad por más de un año, como obra en la constancia, el órgano jurisdiccional de primera instancia lo declara caducado y en abandono según lo dispone el artículo 489.1 del Código Procesal Civil, “En toda clase de procesos se considerará que las instancias y recursos han sido abandonados cuando, pese al impulso de oficio de las actuaciones, no se produzca actividad procesal alguna en el plazo de un (1) año si el asunto estuviere en la primera instancia, en el plazo de…” ocurrido lo anterior, el efecto de este acto procesal, es que cesan todas las soluciones dictadas en ese proceso, incluidas las medidas cautelares, así como el sobreseimiento y archivo del mismo; la falta de impulso procesal por más de un año manda que dicho expediente sea llevado al archivo de juicios fenecidos, -es preciso recalcar- que en materia laboral el principio procesal impide que se conozca nuevamente de una misma cuestión ya resuelta por sentencia firme en un proceso anterior, no siendo el caso en comento, pues no se ha emitido sentencia alguna que ponga fin al proceso en ninguno de los citados expedientes como queda constatado del examen de las piezas. CONSIDERANDO (9) : Que mediante actuación procesal de fecha 16 de septiembre del 2013, en el expediente 0852-2012 es ordena la caducidad de instancia por inactividad procesal por más de un año, figura jurídica que hoy se conoce como abandono del proceso, acto procesal llevado a cabo mediante el respectivo auto como lo señala el mismo artículo 489 del Código Procesal Civil, lo que difiere totalmente de la cosa juzgada alegada como agravio por el impetrante, es evidente en las diligencias del citado expediente, que la Secretaria Adjunta del órgano jurisdiccional que conoce del proceso en fecha 16 de septiembre del 2013 informa mediante la respectiva constancia que la última actuación en el proceso es de fecha 6 de septiembre del 2012,y que vista la constancia por la juzgadora en la misma fecha, emite auto y señala que después de la última actuación y habiendo transcurrido más de un año y 10 días, en consecuencia, se declara caducado el derecho y perdido irrevocablemente el término legal y por ende se tiene por abandonada la instancia, y manda que previa anotación se archiven las diligencias sin ulterior progreso. CONSIDERANDO (10): Que de autos se desprende, que el expediente 043-2012 ha seguido su curso normal, concurriendo las partes en polémica sin limitación alguna, hasta que recaiga la respectiva sentencia definitiva en la que se decidirán las pretensiones demandadas por las partes procesales y poner fin al proceso; de otro lado, el artículo 196 en relación directa con el 195 del Código Procesal Civil establece, que habiéndose producido la firmeza de la resolución, gozará del efecto de cosa juzgada formal, debiendo el tribunal estar en todo caso a lo dispuesto en ella, sin poder variarla después de firmada. El artículo 210.1 del mismo cuerpo legal, dispone, que la cosa juzgada de las sentencias firmes, sean estimatorias o desestimatorias, excluirá, conforme a la ley, un ulterior proceso cuyo objeto sea idéntico al del proceso en que aquélla se produjo, por tanto, en base a la ley, no cabe la excepción de cosa juzgada en el presente caso, como ha quedado suficientemente explicado en los considerandos que anteceden. CONSIDERANDO (11): Que, por las razones expuestas, esta Sala aprecia que la sentencia recurrida está motivada con suficiente claridad según los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, las pruebas tenidas a su disposición así como el conocimiento del valor probatorio de las mismas, actuaciones procesales cuya competencia corresponde al Juez o Tribunal que conoce específicamente del asunto laboral en estudio, no se observa que con la resolución impugnada se violenten, lesionen o se transgreda la garantía al debido proceso o los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República, el órgano jurisdiccional se ha condicionado a resolver en aplicación a lo dispuesto por la ley en el asunto al que fue llamado a conocer, de allí, que el criterio del Ad-Quem es que se declare sin lugar el recurso de apelación y se confirme el auto interlocutorio apelado, verificándose de autos que cada una de las excepciones planteadas por la parte demandada apelante, fueron resueltas en el momento procesal oportuno conforme a ley dentro del marco de un debido proceso. CONSIDERANDO(12): Que partiendo de las motivaciones expresadas, en el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada por la Constitución, son visibles todas las actuaciones del actor en las piezas estudiadas, este acudió a todo el proceso sin impedimento alguno, alegando lo que consideró procedente, en estricto cumplimiento al desarrollo y garantías debidas, que si la resolución judicial impugnada le es adversa a las pretensiones del actor, no implica que las actuaciones procesales realizadas por el A-Quo y la Alzada estén alejadas del cumplimiento de todas las exigencias enmarcadas en la Ley para dictar un fallo ajustado a derecho en el caso de mérito, los órganos jurisdiccionales recurridos han actuado dando cumplimiento a las garantías constitucionales y las defensas del orden jurídico constitucional CONSIDERANDO (13): Que el derecho al trabajo, es la base para la realización de otros derechos humanos y para una vida en dignidad. Incluye la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado. En la realización progresiva de este derecho, los Estados están obligados a garantizar la disponibilidad de orientación técnica y profesional, y a tomar las medidas apropiadas para crear un entorno propicio para existan oportunidades de empleo productivo sin discriminación, con igualdad salarial, remuneración digna, protección social y derecho de sindicalización. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC) en la observación General No.18 ha dispuesto una guía detallada a los Estados con respecto a sus obligaciones de respetar, proteger y garantizar el derecho al trabajo, el que también se reconoce en las normas fundamentales de derechos humanos como son la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Protocolo de San Salvador, así como otros instrumentos internacionales de los que Honduras es signataria. CONSIDERANDO (14): “No se aplicaran leyes y disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden, que regulen el ejercicio de las declaraciones, derechos y garantías establecidas en la Constitución, si los disminuyen restringen o tergiversen, articulo 64 de la Constitución de la República en concordancia a lo que estipula el Código de Trabajo, son nulos ipso jure todos los contratos o estipulaciones que impliquen renuncia, disminución o tergiversación de los derechos a que la Constitución, el presente Código, sus reglamentos o las demás leyes de trabajo o previsión social otorguen a los trabajadores, aunque se expresen en un contrato de trabajo u otro pacto cualquiera[1]. CONSIDERANDO (15): Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad[2]. CONSIDERANDO (16): Que esta Sala concluye, que la decisión adoptada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, se ajusta a las disposiciones normativas vigentes; no concurriendo en la sentencia recurrida violación al debido proceso y al derecho de defensa, en tal sentido y de acuerdo a las motivaciones que anteceden, procede denegar el amparo presentado"
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Código Procesal Civil, art. 196 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 210 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 489 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
(7): Que esta Sala, al examinar el fallo recurrido, encuentra que las repetidas excepciones que hoy son punto de motivación en el presente recurso de amparo, externando además que la decisión de la Alzada le ha vulnerado a su representada derechos y garantías como el debido proceso y defensa, no son de recibo por este Alto tribunal, pues ha quedado despejado con la motivación del fallo recurrido cada una de las excepciones opuestas por la parte demandada, y con justa razón ha declarado Sin Lugar el Recurso de Apelación y Confirmado el Auto Interlocutorio apelado resuelto por el Juzgado de Letras del Trabajo, valorando en el fallo tanto los hechos probados como las pruebas para resolver las pretensiones de las partes, trayendo a efectum videndi el expediente citado para machacar su decisión y para aclarar la cosa juzgada como excepción opuesta y alegada al momento de contestar la demanda, así como las dos restantes en cuanto a la falta de personalidad y representación de la demandada como ha quedado suficientemente explicado. CONSIDERANDO (8): Que el artículo 714 del Código de Trabajo expresa literalmente que “el demandante no está obligado a presentar con la demanda la prueba de la existencia de la persona jurídica contra la cual va dirigida ni la de calidad de su representante. Le bastará con designarlos, a menos que en el juico se debata como cuestión principal este punto”, lo que quedó aclarado y subsanado en el proceso, así como identificada plenamente la existencia de la persona jurídica demandada y la calidad de sus representantes, razones suficientes para que se declararan sin lugar la excepciones planteadas; y en lo relacionado a la cosa juzgada, no se interpolan los expedientes citados por el impetrante objeto de la excepción opuesta; en el expediente 0852-2012 la actividad procesal se limita al auto de admisión, una vez comprobada la inactividad por más de un año, como obra en la constancia, el órgano jurisdiccional de primera instancia lo declara caducado y en abandono según lo dispone el artículo 489.1 del Código Procesal Civil, “En toda clase de procesos se considerará que las instancias y recursos han sido abandonados cuando, pese al impulso de oficio de las actuaciones, no se produzca actividad procesal alguna en el plazo de un (1) año si el asunto estuviere en la primera instancia, en el plazo de…” ocurrido lo anterior, el efecto de este acto procesal, es que cesan todas las soluciones dictadas en ese proceso, incluidas las medidas cautelares, así como el sobreseimiento y archivo del mismo; la falta de impulso procesal por más de un año manda que dicho expediente sea llevado al archivo de juicios fenecidos, -es preciso recalcar- que en materia laboral el principio procesal impide que se conozca nuevamente de una misma cuestión ya resuelta por sentencia firme en un proceso anterior, no siendo el caso en comento, pues no se ha emitido sentencia alguna que ponga fin al proceso en ninguno de los citados expedientes como queda constatado del examen de las piezas. CONSIDERANDO (9) : Que mediante actuación procesal de fecha 16 de septiembre del 2013, en el expediente 0852-2012 es ordena la caducidad de instancia por inactividad procesal por más de un año, figura jurídica que hoy se conoce como abandono del proceso, acto procesal llevado a cabo mediante el respectivo auto como lo señala el mismo artículo 489 del Código Procesal Civil, lo que difiere totalmente de la cosa juzgada alegada como agravio por el impetrante, es evidente en las diligencias del citado expediente, que la Secretaria Adjunta del órgano jurisdiccional que conoce del proceso en fecha 16 de septiembre del 2013 informa mediante la respectiva constancia que la última actuación en el proceso es de fecha 6 de septiembre del 2012,y que vista la constancia por la juzgadora en la misma fecha, emite auto y señala que después de la última actuación y habiendo transcurrido más de un año y 10 días, en consecuencia, se declara caducado el derecho y perdido irrevocablemente el término legal y por ende se tiene por abandonada la instancia, y manda que previa anotación se archiven las diligencias sin ulterior progreso. CONSIDERANDO (10): Que de autos se desprende, que el expediente 043-2012 ha seguido su curso normal, concurriendo las partes en polémica sin limitación alguna, hasta que recaiga la respectiva sentencia definitiva en la que se decidirán las pretensiones demandadas por las partes procesales y poner fin al proceso; de otro lado, el artículo 196 en relación directa con el 195 del Código Procesal Civil establece, que habiéndose producido la firmeza de la resolución, gozará del efecto de cosa juzgada formal, debiendo el tribunal estar en todo caso a lo dispuesto en ella, sin poder variarla después de firmada. El artículo 210.1 del mismo cuerpo legal, dispone, que la cosa juzgada de las sentencias firmes, sean estimatorias o desestimatorias, excluirá, conforme a la ley, un ulterior proceso cuyo objeto sea idéntico al del proceso en que aquélla se produjo, por tanto, en base a la ley, no cabe la excepción de cosa juzgada en el presente caso, como ha quedado suficientemente explicado en los considerandos que anteceden. CONSIDERANDO (11): Que, por las razones expuestas, esta Sala aprecia que la sentencia recurrida está motivada con suficiente claridad según los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, las pruebas tenidas a su disposición así como el conocimiento del valor probatorio de las mismas, actuaciones procesales cuya competencia corresponde al Juez o Tribunal que conoce específicamente del asunto laboral en estudio, no se observa que con la resolución impugnada se violenten, lesionen o se transgreda la garantía al debido proceso o los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República, el órgano jurisdiccional se ha condicionado a resolver en aplicación a lo dispuesto por la ley en el asunto al que fue llamado a conocer, de allí, que el criterio del Ad-Quem es que se declare sin lugar el recurso de apelación y se confirme el auto interlocutorio apelado, verificándose de autos que cada una de las excepciones planteadas por la parte demandada apelante, fueron resueltas en el momento procesal oportuno conforme a ley dentro del marco de un debido proceso. CONSIDERANDO(12): Que partiendo de las motivaciones expresadas, en el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada por la Constitución, son visibles todas las actuaciones del actor en las piezas estudiadas, este acudió a todo el proceso sin impedimento alguno, alegando lo que consideró procedente, en estricto cumplimiento al desarrollo y garantías debidas, que si la resolución judicial impugnada le es adversa a las pretensiones del actor, no implica que las actuaciones procesales realizadas por el A-Quo y la Alzada estén alejadas del cumplimiento de todas las exigencias enmarcadas en la Ley para dictar un fallo ajustado a derecho en el caso de mérito, los órganos jurisdiccionales recurridos han actuado dando cumplimiento a las garantías constitucionales y las defensas del orden jurídico constitucional CONSIDERANDO (13): Que el derecho al trabajo, es la base para la realización de otros derechos humanos y para una vida en dignidad. Incluye la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado. En la realización progresiva de este derecho, los Estados están obligados a garantizar la disponibilidad de orientación técnica y profesional, y a tomar las medidas apropiadas para crear un entorno propicio para existan oportunidades de empleo productivo sin discriminación, con igualdad salarial, remuneración digna, protección social y derecho de sindicalización. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC) en la observación General No.18 ha dispuesto una guía detallada a los Estados con respecto a sus obligaciones de respetar, proteger y garantizar el derecho al trabajo, el que también se reconoce en las normas fundamentales de derechos humanos como son la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Protocolo de San Salvador, así como otros instrumentos internacionales de los que Honduras es signataria. CONSIDERANDO (14): “No se aplicaran leyes y disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden, que regulen el ejercicio de las declaraciones, derechos y garantías establecidas en la Constitución, si los disminuyen restringen o tergiversen, articulo 64 de la Constitución de la República en concordancia a lo que estipula el Código de Trabajo, son nulos ipso jure todos los contratos o estipulaciones que impliquen renuncia, disminución o tergiversación de los derechos a que la Constitución, el presente Código, sus reglamentos o las demás leyes de trabajo o previsión social otorguen a los trabajadores, aunque se expresen en un contrato de trabajo u otro pacto cualquiera[1]. CONSIDERANDO (15): Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad[2]. CONSIDERANDO (16): Que esta Sala concluye, que la decisión adoptada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, se ajusta a las disposiciones normativas vigentes; no concurriendo en la sentencia recurrida violación al debido proceso y al derecho de defensa, en tal sentido y de acuerdo a las motivaciones que anteceden, procede denegar el amparo presentado
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia y resolución que literalmente dicen: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintidós de septiembre de dos mil veintiuno. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado EDWIN ORLANDO RIVAS ARAUJO, a favor de LA SOCIEDAD MERCANTIL ZELAYA INDUSTRIA MADEDERA PARA EXPORTACION S.A de R.L DE C.V, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, en fecha diecinueve (19) de julio del año dos mil diecinueve (2019), que confirmo el Auto Interlocutorio dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha catorce (14) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), con relación a un incidente de falta de representación legal y falta de personalidad de la demandada alegado en la demanda ordinaria laboral promovida por el señor ROBERTO AGUILAR GUTIERREZ, contra LA SOCIEDAD MERCARTIL ZELAYA INDUSTRIA MADEDERA PARA EXPORTACION S. de R.L DE C.V, (ZIMA EXPORT S. DE R.L DE C.V).- Estima el recurrente que se le han violentado los derechos contenidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1)Que en fecha diecisiete (17) de enero del año dos mil doce (2012), compareció ante Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, el Abogado ROBERTO AGUILAR GUTIERREZ, interponiendo demanda Ordinaria Laboral contraída a pedir el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales por despido verbal ilegal e injustificado, pago de vacaciones, vacaciones proporcionales, pago de aguinaldo adeudado, pago de décimo cuarto mes adeudado, aguinaldo proporcional, décimo cuarto mes proporcional, pago de reajuste del salario mínimo , pago de los salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios, habilitación de días y horas inhábiles.- ((Folio 01 al 5 de la pieza del Juzgado) 2) Que el referido Juzgado, en resolución de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil dieciocho (2018) FALLÓ: DECLARAR SIN LUGAR LOS DEFECTOS PROCESALES DE FALTA DE PERSONALIDAD DEL DEMANDADO, DEFECTO DE FALTA DE PRESENTACION DEL MANDANDADO, DEFECTO DE COSA JUZGADA opuesto por el representante de la parte demandada. - II SIN COSTAS: en esta instancia…” (Folio 147 al 151 de la pieza del Juzgado) 3) Que la Corte de Apelaciones del Trabajo, en fecha diecinueve (19) de julio del año dos mil diecinueve (2019) conociendo de un recurso de apelación interpuesto por el abogado ALEX DAGOBERTO MALDONADO ISIDRO, FALLÓ: Declara SIN LUGAR el recurso de Apelación interpuesto por el Abogado ALEX DAGOBERTO MALDONADO ISIDRO, actuando en su condición de apoderado legal de la parte demandada apelante.- 2) Confirmando el auto interlocutorio proferido por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de fecha catorce de agosto del año dos mil dieciocho, que corre a folio del 55 al 59 de la pieza compulsada…” (Folio 78 al 81 de la pieza de Corte de Apelaciones antecedentes) 4) El recurrente Abogado EDWIN ORLANDO RIVAS ARAUJO, compareció ante este Tribunal, en fecha once (11) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), interponiendo acción de amparo a favor de LA SOCIEDAD MERCARTIL ZELAYA INDUSTRIA MADEDERA PARA EXPORTACION S.de R.L DE C.V, (ZIMA EXPORT S DE R.L DE C.V), por considerar que la decisión del Ad-Quem, de fecha diecinueve (19) de julio del año dos mil diecinueve (2019), es violatoria a lo dispuesto en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.- Teniendo por formalizado en tiempo y forma su acción constitucional en fecha treinta (30) de septiembre del año dos mil veinte (2020). (Folio 29 de la pieza de Amparo) 5) Que con fecha veinticinco (25) de noviembre del año dos mil veinte (2020), la abogada SUSSY G. COELLO GARCIA actuando en su condición de Fiscal Especial para la Defensa de la Constitución, emitió dictamen, en el cual es de la opinión que NO SE OTORGUE la acción de amparo interpuesta. CONSIDERANDO (1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO (2): Que la Sala conoce la acción de amparo presentada por el abogado Edwin Orlando Rivas Araujo a favor de la Sociedad Zelaya Industria Maderera para Exportación, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable (SINMA Export S. de R.L. de C.V.) contra la sentencia dictada por la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, con fecha diecinueve (19) de Julio del año dos mil diecinueve (2019) que por unanimidad de votos declaró SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el abogado Alex Dagoberto Maldonado Isidro, actuando en su condición de apoderado legal de la parte demandada apelante y confirmando el auto interlocutorio proferido por el Juzgado de letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil dieciocho (2018) y que tiene su origen en la DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA EL PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNNIZACIONES LABORALES PROMOVIDA POR EL SEÑOR ROBERTO AGUILAR GUTIERREZ CONTRA LA SOCIEDAD ZELAYA INDUSTRIA MADERERA PARA EXPORTACION SOCIEDAD DE RESPONABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE (ZINMA EXPORT S. DE R.L. DE C.V.) en el juicio que se registra bajo el No.2012-00043. CONSIDERANDO (3): Que se deduce del recurso planteado, que el Amparista motiva que en el caso de la demanda con No.043-2012 se opusieron defectos procesales que quedaron resueltos en sentencia incidental emitida por la señora Juez A-Quo en fecha 25 de mayo del 2012, que declara con lugar los defectos de falta de representación legal de la demandada y falta de personalidad de la demandada, que a raíz del recurso de apelación intentado por la parte demandante la Corte de Apelaciones del Trabajo emite sentencia el 31 de julio del 2012, y resuelve declarar parcialmente Con lugar el Recurso de Apelación interpuesto y reforma parcialmente el auto interlocutorio impugnado, en los términos siguientes: 1) declara Sin Lugar el defecto procesal de falta de personalidad del demandado; 2) Confirma la parte resolutiva que declara Con Lugar el defecto procesal de falta de representación legal del demandado (Folio 42-43 P.P.). Seguido el procedimiento en fecha veintisiete (27) de julio del 2015 el Juzgado de Letras del Trabajo declara subsanada la demanda y ordena citar y emplazar personalmente a los señores Carlos Orlando Zelaya Nájera y Carlos Orlando Zelaya Ávila, a lo que la parte demandada en fecha 13 de octubre del 2016 al contestar la demanda opuso lo defectos procesales de falta de personalidad de la demanda, falta de representación legal de la demandada, cosa juzgada prescripción. En fecha 14 de agosto del 2018 el Órgano Jurisdiccional conocedor del proceso dicta el auto interlocutorio declarando Sin Lugar los defectos procesales relacionados y opuestos por la parte procesal demandada; auto interlocutorio que fue confirmado por la Alzada mediante sentencia interlocutoria de fecha 19 de julio del 2019, que declaro sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el representante procesal de la parte demandada ver folio 78 al 81 de la segunda pieza, y que hoy es objeto de amparo. CONSIDERANDO(4):Que el Amparista motiva asimismo, que la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones vulnera en contra de su representada el derecho a la defensa y debido proceso al confirmar un fallo contraviniendo la sentencia emitida por la misma Corte de Apelaciones que ya había declarado con lugar el defecto de falta de representación de la demandada, pues el recurso de apelación está orientado a subsanar las inconsistencias e irregularidades que afectan los derechos constitucionales invocados, por cuanto al haberse caducado el ultimo expediente 852-2012 que se originó de la demanda con número de registro 043-2012, de igual manera corren con la misma suerte, por lo que la resolución venida en amparo, ha sido juzgada al margen de las formalidades, derechos y garantías que la ley establece y causando indefensión a su representada, alegando que la Corte de Apelaciones con su decisión violenta los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO (5): Que resulta del estudio de las piezas y del fallo venido en amparo, que la Corte de Apelaciones de Trabajo se remite a comprobar, como se deduce de las alegaciones formuladas por las partes procesales lo siguiente; a) Si la demanda está bien dirigida contra la Sociedad Zelaya Industria Maderera para la Exportación, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable (ZINMA Export S. de R.L. de C.V.) por haberse demandado al señor Raúl Rivera que no es el gerente general ni representante legal de la demandada; b) La Excepción de Cosa Juzgada y c) Nulidad Subsidiaria, porque en el preámbulo de la resolución se incorporó al Estado como demandado solidariamente. CONSIDERANDO (6) :Que la Alzada, resalta en el fallo proferido, que la juez de primera instancia expresó que estos defectos procesales ya habían sido planteados y resueltos a su vez por la Corte de Apelaciones, y que están agregados a los autos, pero que al contestarse la demanda anuncio las excepciones que luego interpuso en la primera de trámite, remitiendo a probanza los hechos de la demanda, y que tal como lo dispone el artículo 714 del Código de Trabajo, que el demandante no está en la obligación de probar la existencia de la persona jurídica contra la cual se dirige ni la calidad de su representante legal, bastará con designarlos, y si fuera lo que se debate la persona jurídica al contestar la demanda podrá acreditar su existencia y la calidad de su representante, lo que ya fue aclarado en el juicio, la persona jurídica demandada es Zelaya Industria Maderera para la Exportación (ZINMA Export S. de R.L. de C.V. En cuanto a la excepción de cosa juzgada, solicitados los antecedentes citados a efectum videndi, en el expediente 852-2012 se verificó que la demanda fue presentado el 4 de septiembre del 2012, y que en fecha 16 de septiembre del 2013 se declaró la caducidad de la instancia por el transcurso del término legal de haber caído en inactividad, pero dicha demanda es posterior a la presentada por el demandante que es de fecha 17 de enero del 2012, es decir, que mientras se tramitaba la demanda, que nunca se declaró en inactividad, el demandante incoa otra demanda, meses después sin saber el tribunal la razón, cual fue la que se caducó, en ese sentido al presentarse posteriormente dicha caducidad, no puede afectar la demanda que se venía tramitando en el expediente 043-2012, ya que este es anterior, como consta en ambos expedientes, por lo que no puede operar la excepción de cosa juzgada, ya que el primer expediente en donde consta el auto interlocutorio, de que se apela, ha seguido su curso normal y el segundo expediente se declaró en inactividad y se caducó, por lo que no ha existido una tramitación procesal, ni sentencia que le ponga fin al primer proceso, ya que si la caducidad hoy llamada abandono, hubiere recaído en el primer proceso, la discusión seria si en el segundo habría cosa juzgada ya sea material o formal, pero siendo que le expediente 043-2012 es el que se encuentra en trámite, del cual no se ha hecho abandono en ningún momento debe declararse sin lugar la excepción de cosa Juzgada. Que el error en el preámbulo de la demanda sentencia de primera instancia, es un error material al introducir como parte demandada al Estado, y de ello se invoca nulidad, pero se trata de un error, ya que la demanda no se planteó en esos términos, debe declararse sin lugar la nulidad, en virtud de que no afecta el derecho de defensa, ni vulnera ninguna garantía porque su naturaleza es subsanable, debe corregirse porque no es la pretensión de la parte demandante, lo cual ha expresado en sus alegatos. CONSIDERANDO (7): Que esta Sala, al examinar el fallo recurrido, encuentra que las repetidas excepciones que hoy son punto de motivación en el presente recurso de amparo, externando además que la decisión de la Alzada le ha vulnerado a su representada derechos y garantías como el debido proceso y defensa, no son de recibo por este Alto tribunal, pues ha quedado despejado con la motivación del fallo recurrido cada una de las excepciones opuestas por la parte demandada, y con justa razón ha declarado Sin Lugar el Recurso de Apelación y Confirmado el Auto Interlocutorio apelado resuelto por el Juzgado de Letras del Trabajo, valorando en el fallo tanto los hechos probados como las pruebas para resolver las pretensiones de las partes, trayendo a efectum videndi el expediente citado para machacar su decisión y para aclarar la cosa juzgada como excepción opuesta y alegada al momento de contestar la demanda, así como las dos restantes en cuanto a la falta de personalidad y representación de la demandada como ha quedado suficientemente explicado. CONSIDERANDO (8): Que el artículo 714 del Código de Trabajo expresa literalmente que “el demandante no está obligado a presentar con la demanda la prueba de la existencia de la persona jurídica contra la cual va dirigida ni la de calidad de su representante. Le bastará con designarlos, a menos que en el juico se debata como cuestión principal este punto”, lo que quedó aclarado y subsanado en el proceso, así como identificada plenamente la existencia de la persona jurídica demandada y la calidad de sus representantes, razones suficientes para que se declararan sin lugar la excepciones planteadas; y en lo relacionado a la cosa juzgada, no se interpolan los expedientes citados por el impetrante objeto de la excepción opuesta; en el expediente 0852-2012 la actividad procesal se limita al auto de admisión, una vez comprobada la inactividad por más de un año, como obra en la constancia, el órgano jurisdiccional de primera instancia lo declara caducado y en abandono según lo dispone el artículo 489.1 del Código Procesal Civil, “En toda clase de procesos se considerará que las instancias y recursos han sido abandonados cuando, pese al impulso de oficio de las actuaciones, no se produzca actividad procesal alguna en el plazo de un (1) año si el asunto estuviere en la primera instancia, en el plazo de…” ocurrido lo anterior, el efecto de este acto procesal, es que cesan todas las soluciones dictadas en ese proceso, incluidas las medidas cautelares, así como el sobreseimiento y archivo del mismo; la falta de impulso procesal por más de un año manda que dicho expediente sea llevado al archivo de juicios fenecidos, -es preciso recalcar- que en materia laboral el principio procesal impide que se conozca nuevamente de una misma cuestión ya resuelta por sentencia firme en un proceso anterior, no siendo el caso en comento, pues no se ha emitido sentencia alguna que ponga fin al proceso en ninguno de los citados expedientes como queda constatado del examen de las piezas. CONSIDERANDO (9) : Que mediante actuación procesal de fecha 16 de septiembre del 2013, en el expediente 0852-2012 es ordena la caducidad de instancia por inactividad procesal por más de un año, figura jurídica que hoy se conoce como abandono del proceso, acto procesal llevado a cabo mediante el respectivo auto como lo señala el mismo artículo 489 del Código Procesal Civil, lo que difiere totalmente de la cosa juzgada alegada como agravio por el impetrante, es evidente en las diligencias del citado expediente, que la Secretaria Adjunta del órgano jurisdiccional que conoce del proceso en fecha 16 de septiembre del 2013 informa mediante la respectiva constancia que la última actuación en el proceso es de fecha 6 de septiembre del 2012,y que vista la constancia por la juzgadora en la misma fecha, emite auto y señala que después de la última actuación y habiendo transcurrido más de un año y 10 días, en consecuencia, se declara caducado el derecho y perdido irrevocablemente el término legal y por ende se tiene por abandonada la instancia, y manda que previa anotación se archiven las diligencias sin ulterior progreso. CONSIDERANDO (10): Que de autos se desprende, que el expediente 043-2012 ha seguido su curso normal, concurriendo las partes en polémica sin limitación alguna, hasta que recaiga la respectiva sentencia definitiva en la que se decidirán las pretensiones demandadas por las partes procesales y poner fin al proceso; de otro lado, el artículo 196 en relación directa con el 195 del Código Procesal Civil establece, que habiéndose producido la firmeza de la resolución, gozará del efecto de cosa juzgada formal, debiendo el tribunal estar en todo caso a lo dispuesto en ella, sin poder variarla después de firmada. El artículo 210.1 del mismo cuerpo legal, dispone, que la cosa juzgada de las sentencias firmes, sean estimatorias o desestimatorias, excluirá, conforme a la ley, un ulterior proceso cuyo objeto sea idéntico al del proceso en que aquélla se produjo, por tanto, en base a la ley, no cabe la excepción de cosa juzgada en el presente caso, como ha quedado suficientemente explicado en los considerandos que anteceden. CONSIDERANDO (11): Que, por las razones expuestas, esta Sala aprecia que la sentencia recurrida está motivada con suficiente claridad según los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, las pruebas tenidas a su disposición así como el conocimiento del valor probatorio de las mismas, actuaciones procesales cuya competencia corresponde al Juez o Tribunal que conoce específicamente del asunto laboral en estudio, no se observa que con la resolución impugnada se violenten, lesionen o se transgreda la garantía al debido proceso o los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República, el órgano jurisdiccional se ha condicionado a resolver en aplicación a lo dispuesto por la ley en el asunto al que fue llamado a conocer, de allí, que el criterio del Ad-Quem es que se declare sin lugar el recurso de apelación y se confirme el auto interlocutorio apelado, verificándose de autos que cada una de las excepciones planteadas por la parte demandada apelante, fueron resueltas en el momento procesal oportuno conforme a ley dentro del marco de un debido proceso. CONSIDERANDO(12): Que partiendo de las motivaciones expresadas, en el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada por la Constitución, son visibles todas las actuaciones del actor en las piezas estudiadas, este acudió a todo el proceso sin impedimento alguno, alegando lo que consideró procedente, en estricto cumplimiento al desarrollo y garantías debidas, que si la resolución judicial impugnada le es adversa a las pretensiones del actor, no implica que las actuaciones procesales realizadas por el A-Quo y la Alzada estén alejadas del cumplimiento de todas las exigencias enmarcadas en la Ley para dictar un fallo ajustado a derecho en el caso de mérito, los órganos jurisdiccionales recurridos han actuado dando cumplimiento a las garantías constitucionales y las defensas del orden jurídico constitucional CONSIDERANDO (13): Que el derecho al trabajo, es la base para la realización de otros derechos humanos y para una vida en dignidad. Incluye la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado. En la realización progresiva de este derecho, los Estados están obligados a garantizar la disponibilidad de orientación técnica y profesional, y a tomar las medidas apropiadas para crear un entorno propicio para existan oportunidades de empleo productivo sin discriminación, con igualdad salarial, remuneración digna, protección social y derecho de sindicalización. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC) en la observación General No.18 ha dispuesto una guía detallada a los Estados con respecto a sus obligaciones de respetar, proteger y garantizar el derecho al trabajo, el que también se reconoce en las normas fundamentales de derechos humanos como son la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Protocolo de San Salvador, así como otros instrumentos internacionales de los que Honduras es signataria. CONSIDERANDO (14): “No se aplicaran leyes y disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden, que regulen el ejercicio de las declaraciones, derechos y garantías establecidas en la Constitución, si los disminuyen restringen o tergiversen, articulo 64 de la Constitución de la República en concordancia a lo que estipula el Código de Trabajo, son nulos ipso jure todos los contratos o estipulaciones que impliquen renuncia, disminución o tergiversación de los derechos a que la Constitución, el presente Código, sus reglamentos o las demás leyes de trabajo o previsión social otorguen a los trabajadores, aunque se expresen en un contrato de trabajo u otro pacto cualquiera[1]. CONSIDERANDO (15): Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad[2]. CONSIDERANDO (16): Que esta Sala concluye, que la decisión adoptada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, se ajusta a las disposiciones normativas vigentes; no concurriendo en la sentencia recurrida violación al debido proceso y al derecho de defensa, en tal sentido y de acuerdo a las motivaciones que anteceden, procede denegar el amparo presentado. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS; haciendo aplicación de los Artículos 80, 82, 90, 303, 304, 313 Numeral 5, 316, 319 Y 321 de la Constitución de la República; 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 3, 714 Y 858 del Código de Trabajo; 196, 210 y 489 del Código Procesal Civil; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: Denegando el Recurso de Amparo presentado por el abogado Edwin Orlando Rivas Araujo a favor de la Sociedad Zelaya Industria Maderera Para la Exportación S. A. de C.V. (ZINMA EXPORT S. de R.L. de C.V.) contra la sentencia interlocutoria de fecha diecinueve (19) de julio del dos mil diecinueve dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán que declaró sin lugar el recurso de apelación y confirmo el auto interlocutorio dictado por el Juzgado de Letras del trabajo de esta misma Sección Judicial en fecha catorce (14)de agosto del dos mil dieciocho (2018). Y MANDA: Que, con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a su lugar de procedencia. - Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA. -NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL. “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, uno de noviembre de dos mil veintiuno. VISTO: el Recurso de Reposición interpuesto por el abogado Edwin Orlando Rivas Araujo de generales conocidas y expresadas en el recurso de amparo bajo el No.SCO-0779-2019, en su condición de Apoderado Judicial de la Sociedad Industria Maderera Para Exportación, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, (ZINMA EXPORT S de R.L.), contra la sentencia emitida por esta Sala de lo Constitucional en fecha veintidós(22) de septiembre del dos mil veintiuno (2021), que resolvió la Acción de Amparo contra la Resolución dictada por la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán de fecha diecinueve (19) de julio del dos mil diecinueve (2019), y que tiene su antecedente en la DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA EL PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES POR DESPIDO VERBAL ILEGAL E INJUSTIFICADO. PAGO DE VACACIONES, VACACIONES PROPORCIONALES, PAGO DE AGUINALD ADEUDADO, PAGO DE DECIMO CUARTO MES ADEUDADO. AGUINALDO PROPORCIONAL, DECIMO CUARTO MES PROPORCIONAL, REAJUSTE DEL SALARIO MINIMO, SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR A TITULO DE DAÑOS Y PERJUICIOS.
CONSIDERANDO (1): Que en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo No.SCO-001-2021, emitido por el Pleno de la Sala, el Receptor Adscrito a la Sala Constitucional procedió en fecha 18 de octubre del 2021 siendo las 9:07 a.m. a notificar la sentencia de amparo de fecha veintidós (22) de septiembre de los mil veintiuno (2021) al móvil 9872-3892 del abogado Edwin Orlando Rivas Araujo, en su condición de apoderado legal de la sociedad Industria Maderera Para Exportación, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, (ZINMA EXPORT S de R.L.), como se refleja de autos, sentencia que falla denegando el recurso de amparo interpuesto, presentado por el recurrente y registrado bajo el expediente SCO-0779-2019 contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, de fecha diecinueve (19) de Julio del año dos mil diecinueve (2019) que declara Sin Lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el representante procesal de la parte demandada-Apelante y confirma el auto interlocutorio proferido por el Juzgado de Letras del Trabajo de Departamento de Francisco Morazán de fecha 14 de agosto del 2018,relacionado con la demanda supra indicada. CONSIDERANDO (2): Que en fecha diecinueve (19) de octubre del dos mil veintiuno (2021) notificado el suplicante por esta Sala de lo Constitucional del fallo proferido en fecha veintidós (22) de septiembre del año dos mil veintiuno (2021), que Deniega el Recurso de Amparo interpone el respectivo recurso de reposición, por considerar que se lesionan los derechos de su representada, pues en el recurso de amparo se invocaron como vulnerados, las garantías al debido proceso y derecho a la defensa así como la tutela judicial efectiva reconocidos en la Constitución de la República y expresa que tanto el Juez como la Corte impugnada debieron de oficio observar el defecto procesal de cosa juzgada ya que existen los presupuestos para dar fin al proceso, manifestando que se reponga y otorgue el recurso de amparo por ser lo procedente en derecho. CONSIDERANDO (3): Que esta Sala hace suyo lo dispuesto en la Ley Sobre Justicia Constitucional, que tiene por objeto desarrollar las garantías constitucionales y las defensas del orden jurídico constitucional, en atención a que, en el ejercicio de la justicia constitucional, los órganos jurisdiccionales solamente están sometidos a la Constitución y las Leyes, llegando a la conclusión que no se han quebrantado derechos al impetrante, el recurrente motiva como menoscabados los mismos derechos que elevó a conocimiento de la Alzada al momento de reclamar; sin embargo, esta Sala al examinar la sentencia que ahora recurre en reposición que deniega el Recurso de Amparo contra la sentencia de fecha diecinueve de julio del dos mil diecinueve (2019), fallada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán que declara por unanimidad de votos Sin Lugar el Recurso de Apelación a la parte demandada-apelante y confirma la resolución apelada de fecha catorce (14) de agosto del dos mil dieciocho (2018) del Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de Francisco Morazán, la que en respeto al debido proceso dio seguimiento a los procedimientos de ley, y que el A-quo al declarar Sin Lugar los defectos procesales relacionados y opuestos por la parte procesal demandada, los mismos en el transcurso del proceso fueron subsanados, debido a ello, la Alzada declara sin lugar el auto apelado y confirma la resolución, como resultado de una revisión y análisis de los expediente traídos a efectum videndi a petición del apelante y que al ser adversa la sentencia, la recurre en amparo ante esta Sala. CONSIDERANDO (4): Que el Ad-Quem con las facultades que le otorga la ley para actuar, en su motivación no hace sino fortalecer que en el ámbito laboral las autoridades facultadas por el Código de Trabajo están provistas para vigilar la aplicación de las leyes laborales en todo su contexto, y que al sustanciar el recurso la finalidad del mismo es lograr la enmienda en la aplicación e interpretación tanto de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso, como de las normas legales empleadas para resolver las cuestiones del debate así como la revisión de los hechos dados como probados en el fallo recurrido, y en el caso particular de la sentencia recurrida se establece, que la juez de primera instancia expresó que estos defectos procesales ya habían sido planteados y resueltos por la misma Corte de Apelaciones (recurrida), y que están agregados a los autos, pero que al contestarse la demanda anuncio las excepciones que luego interpuso en la primera de trámite, remitiendo a probanza los hechos de la demanda, y que tal como lo dispone el artículo 714 del Código de Trabajo, el demandante no está en la obligación de probar la existencia de la persona jurídica contra la cual se dirige ni la calidad de su representante legal, bastará con designarlos, y si fuera lo que se debate la persona jurídica al contestar la demanda podrá acreditar su existencia y la calidad de su representante, lo que ya fue aclarado en el juicio, la persona jurídica demandada es Zelaya Industria Maderera para la Exportación (ZINMA Export S. de R.L. de C.V. En cuanto a la excepción de cosa juzgada, solicitados los antecedentes citados a efectum videndi, en el expediente 852-2012 se verificó que la demanda fue presentado el 4 de septiembre del 2012, y que en fecha 16 de septiembre del 2013 se declaró la caducidad de la instancia por el transcurso del término legal de haber caído en inactividad, pero dicha demanda es posterior a la presentada por el demandante que es de fecha 17 de enero del 2012, es decir, que mientras se tramitaba la demanda y que nunca se declaró en inactividad, el demandante incoa otra demanda, meses después sin saber el tribunal la razón, cual fue la que se caducó, en ese sentido al presentarse posteriormente dicha caducidad, no puede afectar la demanda que se venía tramitando en el expediente 043-2012, ya que este es anterior, como consta en ambos expedientes, por lo que no puede operar la excepción de cosa juzgada, ya que el primer expediente en donde consta el auto interlocutorio, de que se apela, ha seguido su curso normal y el segundo expediente se declaró en inactividad y se caducó, por lo que no ha existido una tramitación procesal, ni sentencia que le ponga fin al primer proceso, ya que si la caducidad hoy llamada abandono, hubiere recaído en el primer proceso, la discusión seria si en el segundo habría cosa juzgada ya sea material o formal, pero siendo que le expediente 043-2012 es el que se encuentra en trámite, del cual no se ha hecho abandono en ningún momento debe declararse sin lugar la excepción de cosa Juzgada, lo que no afecta el derecho de defensa, ni vulnera ninguna garantía porque su naturaleza es subsanable, debe corregirse porque no es la pretensión de la parte demandante, lo cual quedó expresado en sus alegatos. CONSIDERANDO(5): Que, el recurrente inconforme con la sentencia emitida por esta Sala de lo Constitucional, solicita reposición, sin embargo, no menos cierto es que el Ad-Quem atendiendo lo dispuesto en el artículo 715 del Código Procesal Civil relativo a los alcances de la apelación, dicta un fallo suficientemente motivado, en el que hace un análisis de los hechos y de las pruebas aportadas al proceso, adopta su decisión en base a los a agravios expresados por las partes procesales tomando en cuenta los elementos de juicio necesarios para resolver, valorando los hechos así como la concurrencia de las partes procesales, y concluye declarando No Ha Lugar el recurso a la parte demandada y confirma la resolución apelada, como ha quedado motivado en la sentencia de mérito, fallo que estudiado y analizado por esta Sala de lo Constitucional, ultima que el mismo fue dictado conforme a derecho, sin menoscabar las garantías invocadas por el impetrante.
CONSIDERANDO (6): Que este Alto Tribunal de Justicia y que Deniega el Recurso de Amparo, estima que la motivación de la sentencia juntamente como los antecedentes de hecho y de derecho están apegados a la normativa vigente y que en el presente fallo no hay razones que justifiquen, para corregir o modificar el fallo pronunciado por esta Sala de lo Constitucional en fecha veintidós (22) de septiembre del año dos mil veintiuno (2021). La sentencia emitida no transgrede las garantías que la Constitución de la República, la Ley Sobre Justicia Constitucional, convenciones, pactos e instrumentos internacionales de los que Honduras es parte reconocen a los interesados, como son al debido proceso, el derecho de defensa, principio de legalidad y otros derechos reclamados. CONSIDERANDO (7): Que el artículo 90 de la Constitución de la República dispone, “nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece…”, partiendo de este precepto constitucional, la sentencia pronunciada por esta Sala de fecha veintidós (22) de septiembre del dos mil veintiuno (2021) y que DENIEGA la Acción de Amparo hoy recurrida en reposición, está ajustada a derecho, que las decisiones están amparadas en base a la nueva jurisprudencia acordada en acciones de Amparo Laboral, en atención a los principios generales del derecho y legislación aplicable, cumpliendo con la obligación de interpretar y aplicar la normas ajustables que aseguren una eficaz protección de los derechos humanos y el adecuado desarrollo de las garantías constitucionales y de las defensas del orden jurídico constitucional. CONSIDERANDO (8): Que los argumentos del recurrente no explican concretamente los agravios que le causa a su representada la sentencia de amparo dictada por esta Sala en el recurso de reposición interpuesto, sin embargo, se manda a revisar y analizar el fallo, concluyendo que las repetidas excepciones opuestas por la parte demandada han quedado despejadas en el desarrollo del procedimiento, ultimando que la sentencia recurrida no transgrede las garantías constitucionales, en tal sentido y por todo lo expuesto, este Alto Tribunal de Justicia, es del parecer que se declare sin lugar el recurso de reposición. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos de la Sala de lo Constitucional y en aplicación de los artículos 183, 303, 304, 313 atribución 5ta. 316 y 321 de la Constitución de la República; 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 4 N.º 7 Y 46 N.º 8, 73, 119 y 120 demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 3, 714 y 858 del Código de Trabajo; 196, 210 y 489 del Código Procesal Civil; RESUELVE: DECLARAR SIN LUGAR el Recurso de Reposición interpuesto por el Abogado Edwin Orlando Rivas, actuando en su condición de Representante Procesal de la sociedad Mercantil Zelaya Industria Maderera para Exportación S. de R.L. de C.V. contra la sentencia emitida por esta Sala de lo Constitucional en fecha veintidós(22)de septiembre del dos mil veintiuno (2021), recaída contra el fallo emitido por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha diecinueve (19) de julio del dos mil diecinueve (2019), que declaró no ha lugar el recurso de apelación y confirmo el auto apelado en el juicio incoado relativo a DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA EL PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES POR DESPIDO VERBAL ILEGAL E INJUSTIFICADO. PAGO DE VACACIONES, VACACIONES PROPORCIONALES, PAGO DE AGUINALD ADEUDADO, PAGO DE DECIMO CUARTO MES ADEUDADO. AGUINALDO PROPORCIONAL, DECIMO CUARTO MES PROPORCIONAL, REAJUSTE DEL SALARIO MINIMO, SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR A TITULO DE DAÑOS Y PERJUICIOS contra la señalada sociedad. Y MANDA: Que de conformidad a lo que establece la ley, que el secretario de la Sala Constitucional notifique la presente resolución para efectos de comunicar al recurrente la decisión adoptada y en lo demás proceder conforme a derecho. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cuatro días del mes de enero del año dos mil veintidós, certificación de la sentencia y resolución de fecha veintidós de septiembre y uno de noviembre del año dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Amparo Laboral bajo el número SCO-0779-2019.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] Art. 3 del Código de Trabajo
[2] Art. 321 de la Constitución de la República