Sentencia AL-689-21 — Registro 14783
Resumen
Sentencia declaró ha lugar recurso de apelación; revocó auto interlocutorio dictado por juzgado de primera instancia que declaró parcialmente con lugar incidente de nulidad promovido por la Procuraduría General de la República y por adhesión la parte ejecutada la Municipalidad de Tela por haber reconocido la legitimación legal y ordinaria de la representación del Estado como la única que puede demandar el cumplimiento de las sanciones pecuniarias impuestas por la Dirección General de la Inspectoría de Trabajo en demanda ejecutiva laboral para el reintegro de trabajadores despedidos promovida por recurrente contra dicha Municipalidad; El Tribunal de Apelaciones ordenó declarar con lugar en su totalidad el incidente de nulidad contra la resolución pues quien pretende ejecutar el título de ejecución no tiene legitimación para actuar válidamente en ese proceso de ejecución
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"Este alto tribunal de justicia al examinar las presentes diligencias llega a la conclusión de que no son de recibo los motivos de amparo alegados por los censores...esta Sala de lo Constitucional, aprecia que la resolución cuestionada en la presente acción de amparo no causa ninguna vulneración a los derechos constitucionales alegados, en tanto que efectivamente la resolución administrativa ILN-03919, de fecha cuatro (4) de julio del año 2017, dictada por la Jefatura Regional de Inspección del Trabajo, por efecto del artículo 81 de la Ley de Inspección del Trabajo, constituye un título ejecutivo cuyo contenido determina los límites de la actividad ejecutiva En este sentido, de la simple lectura de la Resolución ILN-03919, confirmada vía recursiva por las resoluciones emitidas por la Dirección General de la Inspección del Trabajo (F.43 al 52) y la Inspección General del Trabajo..."..."Sobre la violación del artículo 82 constitucional, que contiene el derecho de defensa, se observa que dicho motivo de amparo no ha sido explicado o desarrollado por el censor en su escrito de formalización. Al respecto, no basta que se enuncie una violación, sino que es una carga procesal ineludible de quien lo alega, explicar cómo se produjo ésta. Es decir, es imprescindible que el impetrante señale con claridad por qué se manifiesta que un hecho, resolución o acto de autoridad vulnera el derecho invocado como infringido..."..."En el presente caso, el garantista no lo ha hecho, pues no ha aclarado en que forma la resolución produjo su indefensión; en su lugar expone alegatos propios de instancia. La garantía de amparo no se constituye en defensa de la ley per se, sino de los derechos fundamentales, tal como se dispone en el artículo 183 constitucional; por lo que las argumentaciones expuestas por los censores no pertenecen al ámbito del amparo, pues constituyen su opinión personal de cómo debieron resolver los órganos jurisdiccionales de instancia de conformidad a la propia interpretación que hace de la ley y su aplicación al caso concreto. Por las mismas razones no existe vulneración del artículo 90 que contiene el derecho al debido proceso legal, amén de que se aprecia que la sentencia de mérito ha sido debidamente motivada y dictada de conformidad a derecho de lo que cabe asegurar que el derecho a una resolución fundada es un elemento esencial del debido proceso, apreciándose que el fallo impugnado es razonable, congruente y justo. Por todo lo anteriormente corresponde denegar el amparo de mérito..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 72 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia y Resolución que literalmente dicen: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno. VISTO: Para dictar sentencia en el recurso de amparo interpuesto por los Abogados MARIA CONCEPCION VALLADARES ESCOTO y MARIO EDGARDO LAGOS ESPINOZA, a favor del SINDICATO DE EMPLEADOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE TELA (SIDEPMUT), contra la sentencia dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LA SECCION JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, en fecha tres (03) de junio de dos mil veintiuno (2021), que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra actuaciones del JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE LA CIUDAD DE TELA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, con relación a la demanda ejecutiva laboral para el reintegro de trabajadores despedidos promovida por el SINDICATO DE EMPLEADOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE TELA (SIDEPMUT), contra la MUNICIPALIDAD DE TELA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA. Estima los recurrentes que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado los artículos 80, 82 y 186 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha veintiocho (28) de junio de dos mil dieciocho (2018), compareció ante el Juzgado de Letras Seccional de la Ciudad de Tela, Departamento de Atlántida, los Abogados MARIA CONCEPCION VALLADARES ESCOTO y MARIO EDGARDO LAGOS ESPINOZA en su condición de Apoderados Legales del SINDICATO DE EMPLEADOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE TELA (SIDEPMUT), contra la MUNICIPALIDAD DE TELA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA. (Folios 01–63 de la Pieza del A-Quo). 2) Que en fecha treinta (30) de abril de dos mil veintiuno (2021), el Juzgado antes citado dicto Sentencia en el Auto Interlocutorio en el cual Resolvió: (SIC): “DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR el incidente de nulidad planteado por la Procuraduría General de la República, en su condición de representante del Estado de Honduras y al que se adhirió la parte ejecutada la Municipalidad de Tela, contra el auto de fecha dieciocho de febrero del año dos mil diecinueve dictado por este Juzgado de Letras Seccional de Tela, por haberse reconocido la legitimación legal y ordinaria de la representación del Estado como la única que puede demandar el cumplimiento de las sanciones pecuniarias impuestas en la resolución número ILN170613010103919 de fecha doce de marzo del año dos mil dieciocho, dictada por la Dirección General de la Inspectoría de Trabajo, en consecuencia se le deja a salvo su derecho para realizar las diligencias legales que estime pertinente a efecto de exigir su cumplimiento en la forma indicada en la misma resolución por el cual se manda en el momento que lo estime pertinente; 2.- Que se mantiene el requerimiento de pago de las cantidades señaladas y para el cumplimiento de los reintegros a sus puestos de trabajo en iguales o mejores condiciones a cada uno de los empleados mencionados en el auto de fecha dieciocho de febrero del año dos mil diecinueve visible a folios 74 y 75 y practicado el mismo el dieciocho de marzo del mismo año (2019)que se localiza a folio 84 frente y vuelto de la foliada judicial; 3.- Que se continúe con la ejecución de la presente demanda.” (Folios 29-34 de la Pieza de Oposición del A-Quo). 3) Que conociendo de un recurso de apelación interpuesto por los Abogados MARIA CONCEPCION VALLADARES ESCOTO y MARIO EDGARDO LAGOS ESPINOZA en su condición de Apoderados Legales del SINDICATO DE EMPLEADOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE TELA (SIDEPMUT), la Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, dictó sentencia en fecha tres (03) de junio de dos mil veintiuno (2021), mediante la cual Falló: (SIC) “1) DECLARAR HA LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto contra el Auto Interlocutorio de fecha 30 de abril del año 2021 de las 9 de la mañana dictado por el Juzgado de Letras Seccional de Tela, Departamento de Atlántida.- 2) REVOCAR la resolución de fecha 30 de abril del año 2021 de las 9 de la mañana dictado por el Juzgado de Letras Seccional de Tela, Departamento de Atlántida en el sentido de que debe declarar con lugar en su totalidad el incidente de nulidad planteado contra la resolución de fecha 18 de febrero del año 2018 pues quien pretende ejecutar el titulo de ejecución no tiene legitimación para actuar válidamente en ese proceso de ejecución.” (Folios 12-17 de la Pieza del Ad-Quem). 4) Que los Abogados MARIA CONCEPCION VALLADARES ESCOTO y MARIO EDGARDO LAGOS ESPINOZA, comparecieron ante este Tribunal en fecha veinticinco (25) de junio de dos mil veintiuno (2021), interponiendo acción de amparo contra el fallo de fecha tres (03) de junio de dos mil veintiuno (2021); teniendo la Sala por formalizado el recurso de mérito en fecha diecisiete (17) de noviembre de dos mil veintiuno (2021) (Folio 01–06 y 25 de la presente Recurso) 5) Que en fecha diez (10) de Diciembre de dos mil veintiuno (2021), se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de su Fiscal, la Abogada DIANA ELIZABETH RODRIGUEZ COREA, y por emitido su dictamen siendo de la opinión que: (SIC) “SE DENIEGUE la presente Acción de Amparo, por no existir ultraje a los artículos constitucionales denunciados por el Amparista”. (Folios 28–35 y 37 del presente Recurso). ARGUMENTACIÓN JURÍDICA. CONSIDERANDO NUMERO UNO (1). Sobre la garantía constitucional de amparo. Que de conformidad con el artículo 183 de la Constitución, la acción de amparo es una garantía constitucional, por la que cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para los siguientes supuestos: a) que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución establece; o b) para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución. Es decir, constituye una garantía de restitución de un derecho frente a una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental. CONSIDERANDO NUMERO DOS (2). Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. Que la garantía de amparo constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[1], en relación con el artículo 25 de la misma convención[2] y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos humanos[3]. CONSIDERANDO NÚMERO TRES (3): Resumen sobre los alegatos de los garantistas denunciando violación de los derechos constitucionales. Explican los recurrentes que estas vulneraciones se han producido en virtud de que la Corte de Apelaciones en su resolución de fecha tres (3) de junio del año dos mil veintiuno (2021), revoca y anula una resolución firme, que la misma Corte de Apelaciones dictó en fecha cinco (5) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), en la que ordena admitir la demanda ejecutiva laboral presentada a favor de sus representados, existiendo una contradicción entre la primera y la segunda resolución dictadas por la misma Corte de Apelaciones, lo cual viene afectar la situación jurídica de los trabajadores que reclaman sus derechos por intermedio del Sindicato, el que a su vez tiene valores a su favor en el titulo ejecutivo. Agregan los recurrentes que la Procuraduría General de la Republica planteó un incidente de nulidad que no fue presentado en la audiencia primera de trámite, en contravención a lo dispuesto en el artículo 786 del Código de Trabajo, por lo que debió ser desestimada de mero derecho. CONSIDERANDO NÚMERO CUATRO (4): Resumen de la fundamentación de la resolución que se impugna por vía de amparo constitucional. La Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, dictó sentencia en fecha tres (03) de junio de dos mil veintiuno (2021), mediante la cual Falló: (SIC) “1) DECLARAR HA LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto contra el Auto Interlocutorio de fecha 30 de abril del año 2021 de las 9 de la mañana dictado por el Juzgado de Letras Seccional de Tela, Departamento de Atlántida.- 2) REVOCAR la resolución de fecha 30 de abril del año 2021 de las 9 de la mañana dictado por el Juzgado de Letras Seccional de Tela, Departamento de Atlántida en el sentido de que debe declarar con lugar en su totalidad el incidente de nulidad planteado contra la resolución de fecha 18 de febrero del año 2018 pues quien pretende ejecutar el título de ejecución no tiene legitimación para actuar válidamente en ese proceso de ejecución.” CONSIDERANDO NÚMERO CINCO (5): Resumen de la opinión del Ministerio Público en relación con la petición del garantista. El agente de tribunales, abogada DIANA ELIZABETH RODRIGUEZ COREA al emitir su dictamen fue de la opinión porque SE DENIEGUE la garantía constitucional de amparo de mérito. Para el Ministerio Publico no se ha violentado las garantías constitucionales a las que el recurrente hace referencia en su petición de amparo, ya que conforme a resolución traída a estudio, es del parecer que el criterio esgrimido por el Ad-quem no vulnera los preceptos Constitucionales invocados por el recurrente, ya que se aprecia que la sentencia de mérito ha sido debidamente motivada y dictada de conformidad a derecho de lo que cabe asegurar que el derecho a una resolución fundada es un elemento esencial del debido proceso, apreciándose que el fallo impugnado es razonable, congruente y justo. CONSIDERANDO NÚMERO SEIS (6): Examen practicado por la Sala de lo Constitucional, a efecto de determinar la existencia de la violación señalada por los amparistas. Este alto tribunal de justicia al examinar las presentes diligencias llega a la conclusión de que no son de recibo los motivos de amparo alegados por los censores. Sobre el particular, esta Sala de lo Constitucional, aprecia que la resolución cuestionada en la presente acción de amparo no causa ninguna vulneración a los derechos constitucionales alegados, en tanto que efectivamente la resolución administrativa ILN-03919, de fecha cuatro (4) de julio del año 2017, dictada por la Jefatura Regional de Inspección del Trabajo, por efecto del artículo 81 de la Ley de Inspección del Trabajo, constituye un título ejecutivo cuyo contenido determina los límites de la actividad ejecutiva En este sentido, de la simple lectura de la Resolución ILN-03919, confirmada vía recursiva por las resoluciones emitidas por la Dirección General de la Inspección del Trabajo (F.43 al 52) y la Inspección General del Trabajo (F053 al 56); se aprecia del apartado segundo de la parte resolutiva de la referida resolución que la cantidad exigible ejecutivamente es por la cantidad de L.3,850,658.37 que corresponde a la sumatoria de los montos impuestos en concepto de multa por las infracciones detalladas en dicha resolución, el cual deberá enterar en la Tesorería General de la Republica. Siguiendo este orden de ideas, si bien es cierto, las multas impuestas en la Resolución ILN-03919 derivan del cumplimiento y violación a varias cláusulas del Contrato Colectivo de Trabajo de la Municipalidad de Tela, sin embargo, en ningún lado de la parte resolutiva se imponen obligaciones de hacer o no hacer, como el reintegro de los trabajadores a sus puestos de trabajo, lo referente a las sumas adeudadas por prestaciones laborales o al SIDEPMUT, entre otros; ya que en observancia a lo dispuesto en el artículo 744 del Código Procesal Civil, no se podrá pedir una prestación de naturaleza distinta aquella que impone el título cuya ejecución se pretende en este caso la resolución administrativa ILM-03919, sin perjuicio que, tanto el Sindicato de Empleados Públicos de la Municipalidad de Tela, como el grupo de trabajadores afectados, prosigan las acciones judiciales correspondientes para exigir el cumplimiento a las cláusulas del Contrato Colectivo de Trabajo consignadas en el acta de emplazamiento que origina las presentes diligencias, a efecto que mediante sentencia definitiva ordene el cumplimiento de las obligaciones que se origina de las relación laboral. Sobre la violación del artículo 82 constitucional, que contiene el derecho de defensa, se observa que dicho motivo de amparo no ha sido explicado o desarrollado por el censor en su escrito de formalización. Al respecto, no basta que se enuncie una violación, sino que es una carga procesal ineludible de quien lo alega, explicar cómo se produjo ésta. Es decir, es imprescindible que el impetrante señale con claridad por qué se manifiesta que un hecho, resolución o acto de autoridad vulnera el derecho invocado como infringido. En el presente caso, el garantista no lo ha hecho, pues no ha aclarado en que forma la resolución produjo su indefensión; en su lugar expone alegatos propios de instancia. La garantía de amparo no se constituye en defensa de la ley per se, sino de los derechos fundamentales, tal como se dispone en el artículo 183 constitucional; por lo que las argumentaciones expuestas por los censores no pertenecen al ámbito del amparo, pues constituyen su opinión personal de cómo debieron resolver los órganos jurisdiccionales de instancia de conformidad a la propia interpretación que hace de la ley y su aplicación al caso concreto. Por las mismas razones no existe vulneración del artículo 90 que contiene el derecho al debido proceso legal, amén de que se aprecia que la sentencia de mérito ha sido debidamente motivada y dictada de conformidad a derecho de lo que cabe asegurar que el derecho a una resolución fundada es un elemento esencial del debido proceso, apreciándose que el fallo impugnado es razonable, congruente y justo. Por todo lo anteriormente corresponde denegar el amparo de mérito. PARTE DISPOSITIVA O FALLO. POR TANTO: La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos: 1, 2 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 59, 82, 90, 183, 303, 313 Nº 5, 316 Nº 1 de la Constitución de la República; 1, 78 Nº 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; artículos 1, 2, 3 Nº 2, 4, 5, 7, 9 Nº 2 y 3 literal c), 41, 63 y 72 de la Ley sobre Justicia Constitucional; FALLA: DENEGANDO la garantía constitucional de amparo impetrada los Abogados MARIA CONCEPCION VALLADARES ESCOTO y MARIO EDGARDO LAGOS ESPINOZA, a favor del SINDICATO DE EMPLEADOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE TELA (SIDEPMUT), contra la sentencia dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LA SECCION JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, en fecha tres (03) de junio de dos mil veintiuno (2021), que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra actuaciones del JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE LA CIUDAD DE TELA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, con relación a la demanda ejecutiva laboral para el reintegro de trabajadores despedidos promovida por el SINDICATO DE EMPLEADOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE TELA (SIDEPMUT), contra la MUNICIPALIDAD DE TELA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remitan los antecedentes al tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado Edwin Francisco Ortez Cruz. NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.” “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, M.D.C., tres de mayo de dos mil veintidós. VISTO: El recurso de reposición presentado en fecha veintiséis (26) de abril del año dos mil veintidós (2022), interpuesto por el Abogado MARIO EDGARDO LAGOS ESPINOZA, a favor del SINDICATO DE EMPLEADOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE TELA (SIDEPMUT) contra la sentencia dictada por esta Sala, que dice en fecha treinta y uno (31) de marzo de año dos mil veintiuno (2021) en la que se falla DENEGAR el recurso de amparo interpuesto por la impetrante, contra la sentencia dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LA SECCION JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, en fecha tres (03) de junio de dos mil veintiuno (2021), que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra actuaciones del JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE LA CIUDAD DE TELA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, con relación a la demanda ejecutiva laboral para el reintegro de trabajadores despedidos promovida por el SINDICATO DE EMPLEADOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE TELA (SIDEPMUT), contra la MUNICIPALIDAD DE TELA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA. CONSIDERANDO: Que el Abogado MARIO EDGARDO LAGOS ESPINOZA, presento amparo a favor del SINDICATO DE EMPLEADOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE TELA (SIDEPMUT) contra la sentencia dictada por esta Sala, que dice en fecha treinta y uno (31) de marzo de año dos mil veintiuno (2021) en la que se falla DENEGAR el recurso de amparo interpuesto por la impetrante, contra la sentencia dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LA SECCION JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, en fecha tres (03) de junio de dos mil veintiuno (2021), que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra actuaciones del JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE LA CIUDAD DE TELA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, con relación a la demanda ejecutiva laboral para el reintegro de trabajadores despedidos promovida por el SINDICATO DE EMPLEADOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE TELA (SIDEPMUT), contra la MUNICIPALIDAD DE TELA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA. Una vez efectuado el trámite que determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, se dictó sentencia en fecha treinta y uno (31) de marzo del año dos mil veintiunos (2021), mediante la cual se DENIEGA el recurso de amparo del que se hizo mérito. CONSIDERANDO: Que el Tribunal ante quien se pida la reposición deberá, sin más trámite, denegarlo o enmendar la providencia o sentencia. CONSIDERANDO: Que tal y como lo dejó establecido esta Sala en su sentencia, se aprecia que la autoridad recurrida resolvió la cuestión que le fue planteada en su momento, haciendo correcta aplicación e interpretación de la normativa reguladora del asunto que fue llamada a solventar, resolviendo de manera motivada, en los términos y bajo las formalidades exigidas por la ley, sin advertirse violación disminución o tergiversación alguna a derechos y garantías constitucionales en menoscabo de la persona señalada como agraviada. Esta Sala encuentra que los razonamientos que en cuanto al fondo se plasmaron en su sentencia se encuentran arreglados a derecho, por lo que resulta procedente declarar sin lugar el recurso de reposición planteado. CONSIDERANDO: Que conforme con lo estipulado por el Artículo 6 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, los órganos jurisdiccionales en el ejercicio de la justicia constitucional no podrán variar ni modificar sus sentencias después de firmadas; pero sí aclarar algún concepto oscuro o corregir errores materiales de las mismas. La ley estipula que tales aclaraciones podrán hacerse de oficio o a instancia de parte, dentro del día hábil siguiente al de la notificación de la sentencia. CONSIDERANDO: Que esta Sala no advierte que del fallo de mérito surjan o se vean plasmados conceptos oscuros que exijan aclaración, no obstante, se aprecia un error material que amerita ser corregido por parte de esta Sala. CONSIDERANDO: Que, en consonancia con lo anterior, esta Sala no encuentra meritorio acceder a la reposición pretendida por el recurrente, advirtiéndose que tanto la decisión de esta Sala, como las consideraciones de fondo establecidas en su resolución se encuentran apegadas a derecho no pudiendo establecerse razones de mérito para proceder a la reposición de la referida resolución, resultando pertinente únicamente corregir los errores materiales que han sido advertidos. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 80, 184, 313 atribución 5ta., y 316 de la Constitución de la República 8 y 25 de la Convención Interamericana Sobre Derechos Humanos; 6, 79, 82, 83, 119, 120 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: PRIMERO: Declarar SIN LUGAR EL RECURSO DE REPOSICIÓN de que se ha hecho mérito, interpuesto por el Abogado MARIO EDGARDO LAGOS ESPINOZA, a favor del SINDICATO DE EMPLEADOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE TELA (SIDEPMUT) por las razones que se dejan señaladas; SEGUNDO: CORREGIR DE OFICIO la sentencia de fecha treinta y uno de marzo (31) de año dos mil veintiuno (2021), en específico la fecha que fue dictada la misma….que deberá leerse así: “ treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintidós (2022)”, debiéndose incluir esta corrección en las certificaciones de estilo que al efecto se autoricen; Y MANDA: Que una vez notificada la presente resolución se proceda al archivo de las presentes diligencias. Redactó el Magistrado ORTEZ CRUZ. -NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los ocho días del mes de junio de dos mil veintidós, certificación de la sentencia y resolución de fechas treinta y uno de marzo de dos mil veintidós y tres de mayo de dos mil veintidós, respectivamente, recaídas en el recurso de amparo laboral registrado en este Tribunal con el número SCO-0689-2021.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.
[1] Artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”
[2] Artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”
[3] Artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”