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Sentencia AL-684-19 — Registro 13331

Resumen

Resolución declaró sin lugar recurso de apelación, confirmó Auto interlocutorio en relación a Tasación de Costas promovido por representante procesal de demandantes en Demanda Ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales promovida contra la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación; Se confirmó orden para requerir a la Procuradora General de la República para que pague o consigne cantidad determinada en concepto de costas de ejecución de embargo

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"la Corte de Apelaciones del Trabajo celebró Audiencia de Alegaciones y las partes procesales expusieron sus defensas contra el auto interlocutorio apelado de fecha seis (6) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), oídas las partes, la Alzada confirma el auto interlocutorio y declara Sin Lugar el Recurso de Apelación contra el auto que resuelve la Nulidad Absoluta de Actuaciones presentada por la Procuradora General de la República, correspondiendo a este Alto Tribunal Constitucional, examinar si la sentencia recurrida vulnera la garantía invocada por la suplicante, en cuanto a la violación al debido proceso y derecho de defensa contenido en el artículo 82 y 90 de la Carta Magna..."..."la inobservancia del decreto 266-2013 por los órganos jurisdiccionales desde que la parte ejecutante comparece a reclamar costas de ejecución y que debió ser rechazado, quebranta la efectiva tutela judicial, con esta actuación se vulnera el debido proceso regulado en el artículo 90 de la Constitución de la República,...”, la disposición general contenida en el antedicho Decreto, establecía ley al momento de la sentencia condenatoria, el artículo 221 Constitucional señala “La ley es obligatoria en virtud de su promulgación y después….”, dicho de otra manera, es de obligatorio cumplimiento el decreto legislativo desde su publicación, esta norma reconoce derechos fundamentales, que se materializan en garantías mínimas e ineludibles de ser aplicados para que la resolución surta todos los efectos legales, en la que deben concurrir todos los elementos esenciales al debido proceso, sin atribuirle a la ley otro sentido que el que resulta explícitamente de sus propios términos, con lo expuesto y siendo la Secretaria de Estado en los Despachos de Educación una institución del Estado, se encuentra exenta del pago de las costas indebidamente impuestas, por lo tanto la resolución recurrida altera el principio de legalidad..."..."el fallo emitido por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial que declaró sin lugar el recurso de apelación y confirma el auto interlocutorio apelado emitido por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, se ha dictado prescindiendo del principio de legalidad y al debido proceso, actuaciones que vulneran los derechos y garantías invocadas por el impetrante, se concibe al debido proceso como el derecho que tienen las partes a que el proceso se desarrolle por los trámites previstos legalmente, que se respeten los derechos procesales establecidos en la constitución de la República y en las leyes ordinarias en condiciones de igualdad y sin dilaciones, que resulte en una resolución independiente, imparcial, justa y motivada; estima la Sala que la decisión recurrida vulnera las disposiciones legales vigentes como ha quedado expresado en los considerandos enunciados, conjuntamente la Sala de lo Constitucional ha pronunciado varios fallos sentando jurisprudencia en cuanto al tema de pago de costas por parte del Estado, el que está exento de las mismas, estima la Sala que las actuaciones examinadas vulneran el principio de legalidad y la garantía al debido proceso como ha quedado enunciado, en consecuencia resulta procedente Otorgar el recurso de amparo solicitado..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dieciocho de agosto de dos mil veintiuno. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la abogada CHANTAL SALINAS MARTINEZ, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la Sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veinte (20) de junio de dos mil diecinueve (2019), que declaró SIN LUGAR un recurso de apelación interpuesto contra la Resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha seis (6) de noviembre de dos mil dieciocho (2018); con relación a la tasación de costas promovida por el abogado JUAN ANGEL BENAVIDES PAZ, en la Demanda Laboral Ordinaria para el Pago de Prestaciones, promovida por los señores CRUZ HUMBERTO AMADOR ARMIJO Y EDMAN YANEL GOMEZ LOPEZ, en contra del ESTADO DE HONDURAS, a través de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACIÓN. Estima la recurrente, que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado, los derechos contenidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha veintisiete (27) de junio de dos mil catorce (2014), compareció ante el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, los señores CRUZ HUMBERTO AMADOR ARMIJO Y EDMAN YANEL GOMEZ LOPEZ, interponiendo Demanda Laboral Ordinaria para el Pago de Prestaciones, en contra del ESTADO DE HONDURAS, a través de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACIÓN, solicitando que se declare con lugar la demanda, y se pague lo demandado.(Folios 1–6del Tomo I de la Primera Pieza de los antecedentes) 2) Que seguido el trámite legal correspondiente, el citado Juzgado, dictó Sentencia en fecha catorce (14) de enero de dos mil dieciséis (2016), mediante la cual Falló: (SIC)“PRIMERO: Declarando CON LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por los señores CRUZ HUMBERTO AMADOR ARMIJO y EDMAN YANEL GOMEZ LOPEZ contra el Estado de Honduras representado por el Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA en su condición de Procurador General de la República, en cuanto al pago de prestaciones e indemnizaciones laborales.- SEGUNDO: CONDENA a reconocer y declarar una relación de trabajo por tiempo indefinido y de carácter permanente la que sostenían los señores CRUZ HUMBERTO AMADOR ARMIJO Y EDMAN YANEL GOMEZ LOPEZ, con el Estado de Honduras representado por el Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA en su condición de Procurador General de la República, directamente con la Secretaria de Educación, …TERCERO: Declarando SIN LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por los señores CRUZ HUMBERTO AMADOR ARMIJO y EDMAN YANEL GOMEZ LOPEZ contra el Estado de Honduras representado por el Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA en su condición de Procurador General de la República, en cuanto al pago de vacaciones, décimo tercer y décimo cuarto mes causados y proporcionales, en consecuencia SE ABSUELVE al empleador de pagas esos conceptos.- CUARTO: SIN COSTAS porque en materia de Derecho del Trabajo impera el Principio de Gratuidad y es aplicable la supletoriedad cuando no se alteran los Principios del Derecho del Trabajo.-”.(Folios 514–517del Tomo II dela Primera Pieza de los antecedentes) 3) Que, seguido el trámite legal correspondiente, en fecha treinta y uno (31) de octubre de dos mil dieciocho (2018), compareció ante el mencionado Juzgado el abogado JUAN ÁNGEL BENAVIDES PAZ, en su condición de representante procesal de los señores CRUZ HUMBERTO AMADOR ARMIJO Y EDMAN YANEL GOMEZ LOPEZ, solicitando que se requiera de pago, en forma legal y debida, a la Procuraduría General de la República, para pagar el valor adeudado en concepto de costas de ejecución del presente juicio. A lo que el Juzgado, dictó su Resolución en fecha seis (6) de noviembre de dos mil dieciocho (2018), mediante la cual Resolvió: (SIC)“… que por medio del Receptor del despacho se Requiera Personalmente en legal y debido forma a la Abogada LIDIA ESTELA CARDONA en su condición de Procuradora General de la República y por ende representante legal del ESTADO DE HONDURAS para que en el acto del requerimiento pague o consigne a este tribunal la cantidad de SETENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS (L.68,194.69) en concepto de costas de ejecución de embargo. Haciéndole la prevención que de no hacerlo se le embargaran bienes suficientes para que con su producto hacer efectivo el pago de la obligación.” (Folios 576-577 del Tomo II de la Primera Pieza de los antecedentes) 4) Que conociendo de un recurso de apelación interpuesto por la abogada CHANTAL SALINAS MARTINEZ, a favor del ESTADO DE HONDURAS, la Corte de Apelaciones del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, dictó Sentencia en fecha veinte (20) de junio de dos mil diecinueve (2019), mediante la cual Falló: (SIC) “I. Declarar SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Abogada CHANTAL SALINAS MARTINEZ representante procesal delegado del ESTADO DE HONDURAS, a través de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACIÓN.- II. CONFIRMAR el auto interlocutorio apelado dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo de este Departamento de Francisco Morazán, de fecha seis (6) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018). III. SIN COSTAS en esta instancia.” (Folios 48–50 de la Segunda Pieza de los antecedentes) 5) Que la abogada CHANTAL SALINAS MARTINEZ, compareció ante este Tribunal en fecha doce (12) de agosto de dos mil diecinueve (2019), interponiendo acción de amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la Sentencia de fecha veinte (20) de junio de dos mil diecinueve (2019), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de los derechos contenidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República; teniendo la Sala por formalizado el recurso de mérito, en fecha nueve (9) de octubre de dos mil veinte (2020). (Folios 1–11 y 29 del presente Recurso) 6) Que en fecha veinticinco (25) de noviembre de dos mil veinte (2020), se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de su Fiscal, la abogada YULIBETH GARAY HERNÁNDEZ, y por emitido su dictamen siendo de la opinión porque: (SIC) “El Ministerio Público, en vista de lo expuesto, opina Que se OTORGUE el presente amparo, por existir vulneración de las garantías constitucionales invocadas por la Amparista.” (Folios34–40 del presente Recurso) CONSIDERANDO (1): Que es facultad de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; de igual modo en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO(3):Que se conoce en Amparo la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán de fecha veinte (20) de Junio del dos mil diecinueve (2019) que por unanimidad de votos falla declarar Sin Lugar el Recurso de apelación interpuesto por la abogada Chantal Salinas Martínez, representante procesal delegada del Estado de Honduras a través de la Secretaria de Estado en el Despacho de Educación y confirma el auto interlocutorio apelado dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo de este Departamento de Francisco Morazán de fecha seis (6) de noviembre del dos mil dieciocho (2018). CONSIDERANDO (4): Que los antecedentes del juicio revelan que el Juzgado de Letras del Trabajo de este Departamento, en fecha dieciocho de julio del dos mil catorce, admitió demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales que promovieran los señores Cruz Humberto Amador Armijo y Edman Yanel Gómez López contra la Secretaria de Educación a través del Estado de Honduras, por intermedio de su Representante Legal, el señor Procurador General de la República, en ese entonces, don Abraham Alvarenga Urbina, mandando el órgano jurisdiccional a citar y emplazar de oficio a la parte demandada con las prevenciones de ley hasta culminar con la respectiva sentencia de juzgamiento en fecha 14 de enero del 2016 la que fue fallada a favor de los demandantes y, que alcanza su firmeza una vez agotado el procedimiento laboral, consultada dicha sentencia en apelación ante la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán según audiencia de juzgamiento de fecha cinco (5) de agosto del dos mil dieciséis (2016),la cual fue confirmada. CONSIDERANDO (5): Que la motivación expresada en el recurso de amparo por la suplicante refieren que: 1) Que el representante de los demandantes, en fecha 10 de octubre del 2018, promovió Tasación de Costas en la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales contra la Secretaria de Educación por el valor de sesenta y ocho mil ciento noventa y cuatro lempiras con sesenta y nueve centavos (L.68,194.69), equivalente al 10% de costas de ejecución tal como lo establece el artículo 55 numeral 8 del Arancel del Profesional del Derecho. 2) Que el Juzgado admitió la comparecencia del apoderado legal y procedió a realizar la tasación de costas de ejecución de embargo y una vez tasado procedió a dar vista por el término de cinco (5) días hábiles a efecto de que los apoderados presenten formal oposición. El artículo 8 de la ley para optimizar la administración pública, mejorar los servicios a la ciudadanía y fortalecimiento de la transparencia en el Gobierno (Decreto 266-2013) establece que el Estado o sus entidades están exentas del pago de costas, por lo que la nulidad planteada denegada desarrolla elementos que lesionan flagrantemente el derecho al debido proceso de su representada y hace caso omiso a lo establecido en el marco legal citado, asimismo, la doctrina legal que se establece con los Amparos laborales No 526-2016 de fecha 31 de octubre del 2018, No.85-2017 del 7 de septiembre del 2017 y la No.541-2017 del 12 de diciembre del 2017 establecen un criterio apegado a derecho que debe tomarse como fuente para su aplicación. Las costas contra el Estado de Honduras son improcedentes. 3) Que en fecha 19 de octubre del año 2018, se reasumió la representación legal del Estado de Honduras, interponiendo en tiempo y forma impugnación por indebida solicitud de honorarios profesionales por ejecución de sentencia, presentado por el abogado Juan Ángel Benavidez en su condición de apoderado de los demandantes. 4) En la misma fecha (19 octubre 2018) la juez emitió resolución en donde rechaza de plano la representación del Estado y sin motivación clara el Personamiento presentado por el señor Sub Procurador General de la República, expresando que debió presentarse el respectivo Decreto Ejecutivo que refleje su nombramiento; siendo improcedente que se deniegue la petición por la no presentación de la publicación del Decreto y haber presentado en su defecto, el documento de promesa de ley realizada ante el Congreso Nacional, la que presento previo a ostentar tal cargo, establece el artículo 322 de la Constitución “Todo funcionario público al tomar posesión de su cargo presentara la siguiente promesa de ley: “…” y siendo de conocimiento público dicho nombramiento. Que los procesos judiciales laborales son rectorados por principios, uno de ellos es el de subsanación, fortalecido por el artículo 20 del Código Procesal Civil, norma supletoria, por lo que si el Juzgado estimo que el Subprocurador carecía de postulación procesal y considerando la oposición presentada en tiempo y forma debió otorgar un plazo para subsanar esa postulación permitiéndole a la representación del Estado, subsanar los defectos, se consideran violados el derecho de defensa, por lo que en tiempo y forma se solicita la Nulidad Absoluta de Actuaciones, lo cual es procedente en virtud de así establecerlo nuestra Constitución, al reconocer los derechos que deben respetarse en un debido proceso, así como los establecido en el artículo 8 del Decreto 266-2013, el que dispone que no se debe condenar en costas al Estado de Honduras. 5) Que en fecha 2 de noviembre 2018 se presenta comparecencia personándose y reasumiendo la representación Legal del Estado de Honduras, solicitando se decrete Nulidad Absoluta de Actuaciones de la Resolución de fecha 19 de octubre del 2018, y las subsiguientes actuaciones, por no estar emitidas conforme a derecho, violentando el derecho de defensa a favor del Estado de Honduras. 6) Que en fecha 6 de noviembre del 2018, se emitió auto interlocutorio declarando Sin Lugar la Nulidad Absoluta de Actuaciones, y no conforme con lo actuado, en fecha 8 de noviembre del 2018 se interpuso recurso de reposición y subsidiariamente apelación, que, agotada la vía recursiva, se interpone el Recurso de Amparo para que el Alto Tribunal Constitucional restituya en el goce de los derechos y garantías que la constitución, los tratados y convenios le otorgan a su representada. Preceptos jurídicos vulnerados invocados 183, Nos.1 y 2 y 82 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO (6): Que, el Juzgado de Letras del Trabajo en fecha seis (6) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018) tasó las costas de ejecución, en Sesenta y ocho mil ciento noventa y cuatro lempiras con sesenta y nueve centavos (L.68,194.69) en aplicación del artículo 55 del Arancel del Profesional del Derecho, que corresponde al 10% del monto condenado según sentencia de Seiscientos ochenta y un mil novecientos cuarenta y seis lempiras con ochenta y ocho centavos (L.681,946.88). En fecha 19 de octubre la parte ejecutada impugno la tasación de costas expresando una serie de argumentos, entre los cuales invoca el decreto 266-2013 contentivo de la Ley para Optimizar la Administración Pública y Mejorar los Servicios a la Ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno, citando el artículo 8 que dispone:” El Estado o sus autoridades en juicio de cualquier naturaleza estará exento del pago de costa, salvo que se haya actuado con dolo...” y pide desestimar la pretensión del ejecutante y el Juzgado resuelve, tener por hecha la comparecencia del abogado José Ricardo Lara Watson en la condición de Procurador General de la República, en cuanto a lo solicitado en relación al personamiento se rechaza en vista de que el compareciente debió haber acompañado el respectivo decreto ejecutivo en el cual se refleje el nombramiento en el recaído, no copia de la promesa de ley……” Artículos 718 y 858 del Código de Trabajo, 84 y 88 Código Procesal Civil. CONSIDERANDO (7): Que la parte ejecutada inconforme con la resolución, en fecha 2 de noviembre del 2018 comparece personándose y reasumiendo la representación legal del Estado por medio de la abogada Lidia Esthela Cardona Padilla, en su condición de Procuradora General de la República, la que acredita con el Decreto No. 70-18 de fecha 17 de julio del año 2018, pidiendo que se decrete Nulidad Absoluta de Actuaciones desde la resolución de fecha 19 de octubre del 2018 y las subsiguientes actuaciones, por considerar violación a la norma supletoria en el proceso laboral, al artículo 212.4 del Código Procesal Civil que establece: “Cuando se prescinda de normas esenciales, del procedimiento, siempre que, por esa causa, se haya producido indefensión”, procede la solicitud y declaración de nulidad de aquellos actos que provoquen esa indefensión”, manifestando que se rechaza de plano la representación del Estado sin motivación clara en el personamiento presentado por el Sub Procurador General de la República, Finalmente expresa la no aplicación del principio rector de subsanación en los procesos laborales, fortalecido por el artículo 20 del Código Procesal Civil, debió otorgarse un plazo para subsanar si es que el Sub Procurador carecía de algún tipo de falta de postulación procesal, tomando en cuenta que la oposición se presentó en tiempo y forma. El seis (6) de noviembre del dos mil dieciocho (2018) el Juzgado resuelve “…. en cuanto a lo solicitado téngase personada y reasumida la representación legal del Estado de Honduras, asimismo, en cuanto a la Nulidad Absoluta de Actuaciones, se rechaza por improcedente, ya que el artículo 786 del Código del Trabajo, establece que en los juicios en etapa de ejecución no cabrán incidentes ni excepciones salvo la excepción de pago…”, recurrido el auto, se otorga la apelación en efecto devolutiva. CONSIDERANDO (8): Que el recurso de apelación tiene como objeto lograr la enmienda de la aplicación e interpretación tanto de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso, como de las normas legales empleadas para resolver las cuestiones objeto del debate por el órgano jurisdiccional competente, así como de los hechos dados como probados en la resolución recurrida, como de la valoración de la prueba. Impulsado el procedimiento en fecha siete (7) de febrero del dos mil diecinueve (2019) la Corte de Apelaciones del Trabajo celebró Audiencia de Alegaciones y las partes procesales expusieron sus defensas contra el auto interlocutorio apelado de fecha seis (6) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), oídas las partes, la Alzada confirma el auto interlocutorio y declara Sin Lugar el Recurso de Apelación contra el auto que resuelve la Nulidad Absoluta de Actuaciones presentada por la Procuradora General de la República, correspondiendo a este Alto Tribunal Constitucional, examinar si la sentencia recurrida vulnera la garantía invocada por la suplicante, en cuanto a la violación al debido proceso y derecho de defensa contenido en el artículo 82 y 90 de la Carta Magna. CONSIDERANDO (9): Que de los hechos controvertidos se desprende que el Ad- Quem establece como argumentos en el fallo, que Honduras es un Estado de Derecho. Que cuando el Estado de Honduras interviene en un proceso, cualquiera que sea su posición procesal, se someterá al Poder Judicial, sin más normas particulares que las expresamente señaladas por las leyes y siendo que la Procuraduría General de la República tiene la representación del Estado, y que el Procurador General y el Sub Procurador General de la República son elegidos por el Congreso Nacional por cuatro años, corresponde a la parte demandada, el Estado de Honduras acreditar la calidad de su representante legal, con las pruebas que señala la ley, que no es otra, más que el Decreto emitido por el Congreso Nacional de la República de la elección de los funcionarios públicos que habrán de fungir como Procurador y Sub Procurador General de la República, publicado en Diario Oficial La Gaceta para los efectos legales siguientes. Que la capacidad procesal para comparecer en juicio en el caso de las personas jurídicas públicas, la ostentan las personas quienes legalmente las representan, acompañando el documento que acredite la representación legal si se trata de persona jurídica. En materia jurisdiccional es un requisito indispensable la acreditación de la capacidad procesal para comparecer en juicio, en el caso de las personas jurídicas públicas, quienes legalmente las represente en ese sentido, tratándose del Estado de Honduras, la representación legal la ostenta la Procuraduría General de la República, por medio del Procurador y Sub Procurador General de la República, quienes son electos por el Congreso Nacional por un periodo de cuatro años, asimismo, el Órgano Jurisdiccional podrá ordenar subsanación de los defectos que contengan los actos procesales anulables de las partes, siempre que en dichos actos se hubiese manifestado la voluntad de cumplir los requisitos exigidos por la ley”. CONSIDERANDO (10): El artículo 712 del Código de Trabajo establece, “Las personas jurídicas comparecerán en juicio por medio de sus representantes constitucionales, legales o convencionales, según el caso”; es evidente de autos, la comparecencia de la señora Procuradora General de la República personándose y reasumiendo la representación del Estado cuya postulación procesal fue acreditada; pues la capacidad para ser parte en un proceso, resulta de la aptitud para ser sujeto de derechos y obligaciones, sin embargo, la pretendida nulidad absoluta de actuaciones en la que se alega indefensión y violación al debido proceso por haber prescindido de normas esenciales del procedimiento, es rechazada por improcedente, en razón de lo que dispone el artículo 786 del Código de Trabajo que “En el juicio ejecutivo no cabrán incidentes ni excepciones, salvo la de pago verificado con posterioridad al título ejecutivo (sentencia). El excepcionante de pago junto con su excepción, presentará la prueba en que la funde y el juez fallará de plano”. CONSIDERANDO (11): Que es incuestionable, en la motivación de las resoluciones recurridas, el silencio por parte del A-quo y la Alzada con respecto a lo que explícitamente señala el Artículo 8 del Decreto 266-2013, que contiene la Ley para Optimizar la Administración Pública, Mejorar los Servicios a la Ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno, invocado en tiempo y forma por la parte ejecutada en la oposición presentada, el cual literalmente expresa “El Estado o sus entidades, en juicio de cualquier naturaleza, estará exento del pago de costas, salvo que se haya actuado con dolo; en cuyo caso el funcionario es responsable administrativa, civil y penalmente” (lo subrayado en nuestro), entendiéndose por dolo, el incumplimiento de las obligaciones contraídas, ya sea por omisión de prestaciones, mora en el pago o culpa, en sentido amplio se entiende cualquier falta, voluntaria o no de una parte; en este caso, la vencida en juicio la Secretaría de Estado en los Despachos de Educación y que ésta haya tenido la mala intención de producir un daño y ser llevada a que se le condene en costas de ejecución, lo que no se palpa de autos. CONSIDERANDO (12) :Que la inobservancia del decreto 266-2013 por los órganos jurisdiccionales desde que la parte ejecutante comparece a reclamar costas de ejecución y que debió ser rechazado, quebranta la efectiva tutela judicial, con esta actuación se vulnera el debido proceso regulado en el artículo 90 de la Constitución de la República, “nadie puede ser Juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece”, la disposición general contenida en el antedicho Decreto, establecía ley al momento de la sentencia condenatoria, el artículo 221 Constitucional señala “La ley es obligatoria en virtud de su promulgación y después….”, dicho de otra manera, es de obligatorio cumplimiento el decreto legislativo desde su publicación, esta norma reconoce derechos fundamentales, que se materializan en garantías mínimas e ineludibles de ser aplicados para que la resolución surta todos los efectos legales, en la que deben concurrir todos los elementos esenciales al debido proceso, sin atribuirle a la ley otro sentido que el que resulta explícitamente de sus propios términos, con lo expuesto y siendo la Secretaria de Estado en los Despachos de Educación una institución del Estado, se encuentra exenta del pago de las costas indebidamente impuestas, por lo tanto la resolución recurrida altera el principio de legalidad establecido en la norma constitucional que dispone: “los servidores públicos no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley, todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad”. CONSIDERANDO (13): Que del estudio de las piezas se colige, que el fallo emitido por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial que declaró sin lugar el recurso de apelación y confirma el auto interlocutorio apelado emitido por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, se ha dictado prescindiendo del principio de legalidad y al debido proceso, actuaciones que vulneran los derechos y garantías invocadas por el impetrante, se concibe al debido proceso como el derecho que tienen las partes a que el proceso se desarrolle por los trámites previstos legalmente, que se respeten los derechos procesales establecidos en la constitución de la República y en las leyes ordinarias en condiciones de igualdad y sin dilaciones, que resulte en una resolución independiente, imparcial, justa y motivada; estima la Sala que la decisión recurrida vulnera las disposiciones legales vigentes como ha quedado expresado en los considerandos enunciados, conjuntamente la Sala de lo Constitucional ha pronunciado varios fallos sentando jurisprudencia en cuanto al tema de pago de costas por parte del Estado, el que está exento de las mismas, estima la Sala que las actuaciones examinadas vulneran el principio de legalidad y la garantía al debido proceso como ha quedado enunciado, en consecuencia resulta procedente Otorgar el recurso de amparo solicitado. POR TANTO: La sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos, vista la opinión del Fiscal y en aplicación de los artículos 90, 303, 304, 313 numeral 5, 316 y 320 de la Constitución de la República; 1 y 78 numeral 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; Decreto Legislativo 266-2013; 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 2 y 18 de la Declaración Universal de los Derechos y Deberes del Hombre; 63, 64, 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, FALLA: 1) OTORGANDO EL RECURSO DE AMPARO interpuesto por la abogada Chantal Salinas Martínez a favor del Estado de Honduras contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha veinte (20) de junio del año dos mil diecinueve (2019) que resuelve el Auto Interlocutorio dictado por el Juzgado de Letras del trabajo de fecha seis (6) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018); 2) REVOCA la sentencia venida en amparo y como consecuencia, que se proceda a dictar nueva sentencia considerando los razonamientos y fundamentos invocados en el presente fallo, Y MANDA: Que con certificación de estilo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA. NOTIFIQUESE. - Firmas y Sello. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de septiembre de dos mil veintiuno, certificación de la sentencia de fecha dieciocho de agosto del dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Amparo Laboral registrado en este Tribunal bajo el número SCO-0684=2019.

ABOG. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

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