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Sentencia AL-656-19 — Registro 13065

Resumen

Sentencia interlocutoria declaró con lugar recurso de apelación, confirmó numeral segundo de parte resolutiva referente a la denegatoria de incidente de declinatoria por falta de jurisdicción en demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales por despido directo promovida por demandante contra recurrente; El Tribunal de Alzada considera que al no constar que se haya armonizado el Convenio de la OIM (recurrente) y la Constitución de la República, se hace posible la aplicación de la jurisdicción laboral interna al caso concreto

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"Que el caso objeto de estudio ante este Alto Tribunal, de conformidad a los antecedentes, se centra en la admisión de una demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales por despido directo, que violenta la ley; decisión adoptada por el A-quo y confirmada por el Ad-quem, al concluir que al haber un conflicto entre el Convenio de la Organización Internacional para las Migraciones y la Constitución de la República, le compete al Poder Legislativo y Ejecutivo armonizar este Convenio con nuestra Constitución y al no constar que se haya armonizado este Convenio, se hace posible para los órganos jurisdiccionales la aplicación de la ley laboral en el caso concreto. En este orden de ideas el Ad-quem no desarrolla una argumentación racional y fundamentada en ley, cuando asevera que no existe armonía entre el Convenio de la OIM y la Constitución de la República de Honduras. El precepto 17 constitucional es meridianamente claro en indicar que cuando un Tratado Internacional afecte una disposición constitucional, debe ser aprobado por el procedimiento que rige la reforma de la Constitución. El Convenio celebrado entre el Comité Intergubernamental para las Migraciones Europeas (CIME)/ ahora Organización Internacional para las Migraciones (OIM), forma parte del derecho interno desde el momento de entrada en vigencia; en ese orden de ideas es importante señalar en este punto que el Estado de Honduras respetuoso de los principios y prácticas del derecho internacional, reconoce que la Constitución de la OIM establece en el Estatuto del Personal el procedimiento para el nombramiento de su personal y los canales recursivos a instar ante una situación de finalización de contrato laboral, no evidenciándose desde el inicio de comparecencia como parte demandada ante el órgano judicial competente, como bien lo señala la Fiscal del Despacho, otra actuación por parte del organismo demandado, que no haya sido la de proponer la declinatoria, patentizando con ello que la entidad demandada no se ha sometido en forma expresa o tácita a la competencia de los tribunales locales, atendiendo a que esa Organización se rige por los estatutos de su creación, teniendo los miembros del personal de dicha organización la calidad de funcionarios internacionales; no siendo susceptible en consecuencia, el sometimiento de la OIM a la jurisdicción laboral interna, cuando dicho organismo internacional no ha renunciado a su inmunidad de jurisdicción, lo que trae como consecuencia que la admisión de la demanda por cuestión de competencia no corresponda en el caso sub júdice..."..."este Alto Tribunal ha dejado plasmado en diferentes fallos que ha conocido en asuntos similares en relación a inmunidad de jurisdicción de organismos internacionales, que si bien es cierto el Estado de Honduras reconoce la figura de la Inmunidad Jurisdiccional de las distintas organizaciones internacionales que gocen de dicho Estatuto, una vez seguido el respectivo proceso ordinario de promulgación de la ley, lo cual es dimanante de la plena vigencia del artículo 18 constitucional y de la actitud respetuosa que asume el Estado de Honduras respecto a los principios y prácticas del Derecho Internacional; no lo es menos que la inmunidad jurisdiccional es un instituto jurídico delimitado y regulado en el ordenamiento jurídico nacional, lo cual inclusive se admite en la formalización del recurso, en la cual protesta el acatamiento de la entidad demandada a lo establecido en las leyes internas del país.[12] Por ello este Alto Tribunal ha emitido fallos en los que haciendo acopio a que el derecho al trabajo es reconocido universalmente como un derecho humano, garantizado en diferentes instrumentos internacionales de protección a derechos humanos, obliga a los contratantes al cumplimiento de lo pactado y constitucionalmente garantizado en nuestro país[13]; al reconocer la competencia de los Juzgados del Trabajo para conocer de las demandas laborales contra otros organismos internacionales cuando de sus propios estatutos se establece la sujeción del personal a las leyes laborales del lugar donde presten sus servicios. No obstante, a ello en el caso sub júdice en la Constitución de la Organización Internacional para las Migraciones, se establece en el Estatuto del Personal la categoría de Funcionarios Internacionales de los miembros del personal de la Organización, quienes quedan sometidos a reglamentaciones y condiciones especiales como las referidas en líneas arriba, estableciendo el referido Estatuto el procedimiento a seguir en caso de las controversias que pueden suscitarse en relación a la terminación de un contrato laboral, en atención que la OIM no ha renunciado a la Inmunidad de Jurisdicción de la que goza, en atención a las Convenciones Internacionales suscritos por Honduras y el Convenio de su creación con el Gobierno de Honduras..."..."no procede admitir la demanda promovida por el señor Juan Ramón Rivera López, ello ante la Inmunidad de Jurisdicción de la que goza la Organización Internacional para las Migraciones, inmunidad a la que no ha renunciado en forma expresa o tácita, evidenciándose desde la primera actuación del Organismo ante los órganos jurisdiccionales la interposición del incidente de Declinatoria por Falta de Jurisdicción de los tribunales nacionales, ello al haberse demandado a un sujeto de goza de Inmunidad de Jurisdicción conforme a las normas de Derecho Internacional Público y los estatutos de su creación, los cuales fueron aceptados por el Estado de Honduras; en ese orden de ideas el derecho a la tutela judicial efectiva no puede quedar como certeza jurídica ideal, sino que debe satisfacerse el reconocimiento del mismo, al no concretarse, vulnera los derechos garantizados por la Constitución de la República, los consignados en los instrumentos internacionales suscritos por Honduras; es así, que el Estado está obligado a garantizar a los ciudadanos que acuden a los tribunales un debido proceso, a que se respeten sus derechos como demandante o demandado, garantizando el derecho amparado a través de la tutela judicial efectiva, a que se respete los convenios y tratados internacionales en materia de Inmunidad de Jurisdicción en los que Honduras es parte, para proteger los derechos y libertades de los ciudadanos contra todo acto y omisiones contrarios a la ley, por lo expuesto, se concluye que la Jurisdiccional Laboral hondureña no es competente para conocer de la demanda ordinaria laboral promovida por el señor JUAN RAMON RIVERA LOPEZ..."..."siendo la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de lo Constitucional el intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, con el fin de hacer valer la supremacía constitucional y conforme a ello asegurar una eficaz protección de los derechos humanos y fundamentales, asimismo certificar el adecuado funcionamiento de las defensas del orden jurídico constitucional, este Alto Tribunal concluye que se otorgue la presente acción constitucional de Amparo, al estimar que el acto impugnado vulnera derechos y garantías consagradas en la Constitución de la República, invocadas por los recurrentes..."

Legislación citada

  • Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 10 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 14, 1 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 18 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes de agosto del año dos mil veintiuno. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por los Abogados FANNY ALEJANDRA RODRIGUEZ DEL CID y ERICK FERNANDO LEZAMA LAINEZ, a favor de la ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES (OIM)/ ORGANIZACIÓN PARTE DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES (ONU), contra la sentencia interlocutoria dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, departamento de Francisco Morazán, en fecha tres de junio del año dos mil diecinueve, que declaró parcialmente el recurso de apelación promovido por la recurrente, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha nueve de agosto del año dos mil dieciocho, que resuelve el incidente de Declinatoria por falta de jurisdicción y el Defecto Procesal de falta de representación del Demandado, presentados por ambas partes; ello con relación a la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales por despido directo, promovida por el señor JUAN RAMON RIVERA LOPEZ contra la ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES (OIM), cuya representación legal la ostenta el Director General ciudadano Don William Lacy Swing. Estiman los recurrentes que con el acto reclamado se han violentado el derecho a la defensa y la garantía de ser juzgado por un tribunal competente a su representada, según se determina en los artículos 17, 18, 82 y 90 de la Constitución de la República; asimismo se vulnera la Convención General sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas de 1946, en su artículo número II sección 2 y artículo V sección 11, así como la Convención sobre los Privilegios e Inmunidades de los Organismos Especializados de 1947 en sus artículos 4 y demás aplicables. ANTECEDENTES 1) Que en fecha veintiuno de julio del año dos mil catorce, compareció ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, el Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales JUAN RAMON RIVERA LOPEZ, en su condición personal, interponiendo demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnización laborales por despido indirecto, contra la ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES (OIM), cuya representación legal la ostenta el Director General ciudadano Don William Lacy Swing. (Folios del 01 al 07 del Tomo I, de pieza de antecedentes del A-quo). 2) Que mediante providencia de fecha once de agosto del año dos mil catorce, el Juzgado de Letras del Trabajo, admitió la demanda referida, ordenando para efectos de citación y emplazamiento, librar exhorto a la Honorable Corte Suprema de Justicia, a efecto que ésta, siguiendo el conducto de la vía diplomática correspondiente, procediera a citar y a emplazar al señor William Lacy Swing, a efecto que, en el término de seis días, compareciera a constar la demanda. (Folio 40fv del Tomo I de la pieza de antecedentes del A-quo). 3) Que en mediante auto de fecha catorce de octubre del año dos mil catorce, el Juzgado referido resolvió: (Sic) “… asimismo con respecto a la relación laboral, se pronuncian en que al Personal de la OIM, está sujeto al estatuto del personal adoptado por el consejo de la OIM, del cual es miembro la Republica de Honduras, y que el artículo 14 de la Constitución de la OIM, que fue aceptada por los Estados Miembros y, por tanto, por la República de Honduras estipula que “El Director General nombrará al personal de la Administración de conformidad con el estatuto del personal adoptado por el estatuto”; por lo que con el pronunciamiento que ha hecho la Organización Internacional para las Migraciones, y de acuerdo a lo establecido en el artículo 24 numeral 2, literal a) del Código Procesal Civil, por la supletoriedad que establece el artículo 858 del Código del Trabajo y según lo relacionado anteriormente que la Organización Internacional para las Migraciones, ha puesto en conocimiento de este Tribunal que goza de Inmunidad; en consecuencia se procede a Inadmitir la presente demanda que fue admitida según auto de fecha once de agosto del año 2014, ya que en esa fecha este Juzgado desconocía de dicha situación…” (Folio 81fv del Tomo I de la pieza de antecedentes del A-quo) 4) Que, conociendo del recurso de apelación promovido por la parte demandante, contra la resolución que se deja relacionada en el acápite que antecede, la Corte de Apelaciones del Trabajo, dictó sentencia en fecha veintiséis de noviembre del año dos mil catorce, mediante la cual falló: (Sic) “1) Declarar SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado LUIS ENRIQUE GALEANO MILLA, actuando en su condición de apoderada apelante.- 2) Confirmando el auto interlocutorio proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán de fecha catorce de octubre del año dos mil catorce, que corre a folio 81 frente y vuelto de la primera pieza de autos…” (Folio 86fv del Tomo I de la pieza de antecedentes del A-quo) 5) Que, no estando conforme con lo resuelto por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, relacionado en el acápite que antecede, el Abogado Luis Enrique Galeano Milla, compareció ante la Corte Suprema de Justicia, Sala de lo Constitucional, promoviendo acción constitucional de Amparo a favor del señor Juan Ramón Rivera López; en respuesta al recurso de Amparo promovido, este Alto Tribunal dictó sentencia en fecha dieciocho de enero del año dos mil dieciséis[1], mediante la cual falló: (Sic) “OTORGANDO el Recurso de Amparo, interpuesto por el Abogado LUIS ENRIQUE GALEANO MILLA, a favor del señor JUAN RAMON RIVERA LOPEZ, contra la sentencia interlocutoria de fecha veintiséis de noviembre del año dos mil catorce, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán…” (Folios del 89 al 95 del Tomo I de la pieza de antecedentes del A-quo) 6) Que, seguido el trámite y acorde a la sentencia de Amparo dictada por este Alto Tribunal, la Corte de Apelaciones del Trabajo, procede a dictar nueva sentencia en fecha siete de abril del año dos mil dieciséis, en el orden de declarar con lugar el recurso de apelación promovido y en consecuencia revoca el auto interlocutorio de fecha catorce de octubre del año dos mil catorce dictado por el A-quo. (Folios 98 y 99 del Tomo I de la pieza de antecedentes del A-quo) 7) Que en fecha dieciocho de abril del año dos mil dieciséis y en atención a la certificación de la nueva sentencia emitida por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa, M.D.C. en fecha siete de abril del año dos mil dieciséis, el A-quo admitió la demanda relacionada y en la continuación del trámite correspondiente se celebró Audiencia Primera de Trámite, denunciando la parte demandante Defecto Procesal de Falta de Representación de la Parte Demandada; y la parte demandada por su parte interpuso Incidente de Previo y Especial pronunciamiento consistente en Declinatoria por Falta de Jurisdicción del Tribunal en virtud de haberse demandado a un sujeto que goza de Inmunidad de Jurisdicción conforme a las normas de Derecho Internacional Público. (Folios 100fv y 160-165 del Tomo I de la pieza de antecedentes del A-quo) 8) Que el Juzgado de Letras del Trabajo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, dando respuesta a los incidentes promovidos, dictó resolución en fecha nueve de agosto del año dos mil dieciocho, mediante el cual falló: (Sic) “1) Declarando CON LUGAR el defecto procesal de FALTA DE REPRESENTACIÓN LEGAL DEL DEMANDADO opuesto por el representante procesal demandante Abogado LUIS ENRIQUE GALEANO MILLA. 2)SIN LUGAR el Incidente de Declinatoria por Falta de Jurisdicción, interpuesto por la Abogada FANNY ALEJANDRA RODRIGUEZ DEL CID en la DEMANDA ORDIANRIA LABORAL promovida por JUAN RAMON RIVERA LOPEZ, en contra de la ORGANIZACION INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES representada por el señor WILLIAM LACY SWING. SIN COSTAS en esta instancia…” (Folios del 787 al 790fv del Tomo III la pieza de antecedentes del A-quo). 9) Que conociendo del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada la ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES (OIM)[2], contra la resolución emitida por el A-quo, que declara sin lugar el incidente de Declinatoria por Falta de Jurisdicción promovido, la Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia en fecha tres de junio del año dos mil diecinueve, mediante la cual falló: (Sic) “1) Declarando CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado ERICK FERNANDO LEZAMA LAINEZ; 2) REFORMANDO PARCIALMENTE el auto interlocutorio de fecha nueve de agosto del año dos mil dieciocho, dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo de este departamento de Francisco Morazán, y recaído en el defecto procesal de falta de representación legal del demandado y el incidente de declinatoria opuesto por el representante procesal demandante y demandado; en el sentido siguiente: REVOCAR el numeral PRIMERO de la parte resolutiva del fallo apelado el cual deberá leerse de la siguiente manera: “PRIMERO: declarar SIN LUGAR el defecto procesal DE FALTA DE REPRENTACIÓN LEGAL DEL DEMANDADO opuesto por el representante procesal demandante Abogado LUIS ENRIQUE GALEANO MILLA.”.- 3) CONFIRMANDO el numeral SEGUNDO del auto interlocutorio apelado.- Todo en la DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA EL PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES POR DESPIDO DIRECTO QUE VIOLENTA LA LEY, A TITULO DE DAÑOS Y PERJUICIOS EL PAGO DE LOS SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR DESDE LA FECHA QUE FUE CESADO HASTA QUE QUEDE FIRME LA SENTENCIA DEFINITIVA RECAIDA EN DICHO PROCESO JUDICIAL, promovido por el señor JUAN RAMON RIVERA LOPEZ contra ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES representada por el señor WILLIAN LACY SWING en su condición de Director General.- SIN COSTAS en esta instancia…” (Folios del 14 al 19 de la pieza de antecedentes del Ad-Quem). 10) Los recurrentes Abogados FANNY ALEJANDRA RODRÍGUEZ DEL CID y ERICK FERNANDO LEZAMA LAINEZ,, comparecieron ante este Alto Tribunal, en fecha cinco de agosto del año dos mil diecinueve, interponiendo acción de amparo a favor de la ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES (OIM)/ ORGANIZACIÓN PARTE DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES (ONU), por considerar que la decisión del Ad-quem, de fecha tres de junio del año dos mil diecinueve, violenta en perjuicio de su representado, el derecho a la defensa y la garantía de ser juzgado por un tribunal competente, según se determina en los artículos 17, 18, 82 y 90 de la Constitución de la República; asimismo se vulnera la Convención General sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas de 1946, en su artículo número II sección 2 y artículo V sección 11, así como la Convención sobre los Privilegios e Inmunidades de los Organismos Especializados de 1947 en sus artículos 4 y demás aplicables. Teniendo por formalizada en tiempo y forma su acción constitucional en fecha treinta de septiembre de dos mil veinte. (Folio 63 de los autos) 11) Que con fecha veinticuatro de noviembre del año dos mil veinte, la Abogada SUSSY G. COELLO GARCÍA, actuando en su condición de Fiscal Especial para la Defensa de la Constitución, emitió su dictamen, en el cual fue de la opinión porque SE OTORGUE la acción de amparo interpuesta, por estimar que la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones y que motivo la presente Acción de Amparo, no es conforme a derecho, en virtud de vulnerar los derechos constitucionales invocados. Argumenta la Fiscal del Despacho que del análisis de los antecedentes del caso y de la resolución recurrida, esa representación del Ministerio Público encuentra que los precedentes fijados por la jurisprudencia de este máximo tribunal, reconoce la competencia de los Juzgados del Trabajo para conocer de las demandas laborales contra otros organismos internacionales cuando de sus propios estatutos se establece la sujeción del personal a las leyes laborales del lugar donde presten sus servicios[3]. La Sala de lo Constitucional se ha pronunciado de la misma forma en otras acciones de amparo, al referirse que, respetuosa de los derechos y privilegios inmunitarios, estos son renunciables por las partes procesales de pleno derecho, toda vez que el organismo inmunitario se someta voluntariamente, sea de forma expresa o tácita a la jurisdicción ordinaria[4]. Conforme a lo anterior, no se desprende que en el presente caso el organismo demandado se haya sometido expresa o tácitamente a la competencia del Tribunal y a las leyes laborales hondureñas, ya que no consta otra gestión que no sea la de proponer la declinatoria desde su primera actuación. (Folios del 68 al 71 de los autos) CONSIDERANDO (1): Que el Estado reconoce la garantía de amparo, por ello y conforme a lo establecido en el artículo 183 de la Constitución de la República, en relación al artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, toda persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta, puede interponer recurso de amparo, para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO (2): Que se conoce en Amparo la sentencia interlocutoria dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha tres de junio del año dos mil diecinueve, mediante la cual falló: “1) Declarando CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado ERICK FERNANDO LEZAMA LAINEZ; 2) REFORMANDO PARCIALMENTE el auto interlocutorio de fecha nueve de agosto del año dos mil dieciocho, dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo de este departamento de Francisco Morazán, y recaído en el defecto procesal de falta de representación legal del demandado y el incidente de declinatoria opuesta por el representante procesal demandante y demandado; en el sentido siguiente: REVOCAR el numeral PRIMERO de la parte resolutiva del fallo apelado el cual deberá leerse de la siguiente manera: “PRIMERO: declarar SIN LUGAR el defecto procesal de FALTA DE REPRESENTACIÓN LEGAL DEL DEMANDADO opuesto por el representante procesal demandante Abogado LUIS ENRIQUE GALEANO MILLA”.- 3) CONFIRMANDO el numeral SEGUNDO del auto interlocutorio apelado…” CONSIDERANDO (3): Que los Recurrentes en Amparo, sostienen que la resolución impugnada vulnera derechos y garantías constitucionales contenidas en los artículos, 17[5], 18[6], 82[7] y 90[8]; ello al no reconocer la Inmunidad de Jurisdicción expresada en los artículos 21 y 22 del acuerdo N11 del Decreto de la Junta Militar de Gobierno numero 882; artículo 28 del Decreto número 2-89 que aprobó el acuerdo N11-DTIL-88 de fecha 14 de octubre de 1988, relativo a la aceptación de las enmiendas a la Constitución del Comité Intergubernamental para las Migraciones Europeas; la Convención General sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas de 1946, en su artículo número II sección 2 y el artículo V sección 11; Convención sobre los Privilegios e Inmunidades de los Organismos Especializados de 1947 en sus artículos 4 y demás aplicables. En apoyo a la acción constitucional promovida, los impetrantes expresan que se transgrede el respeto a las Convenciones internacionales suscritas por el Estado de Honduras y su aplicación preferente en caso de conflicto (de existir), determinado en los artículos 17 y 18 constitucionales. Se transgrede la garantía constitucional de aplicación de la Ley al caso concreto, determinada en el artículo 303, dado que de existir un conflicto entre los Convenios citados y la Constitución de la República bebería existir una vinculación con la vía procesal utilizada, dado que es mediante la aplicación del Código Procesal Civil que determina como vía de defensa la “declinatoria por carecer de jurisdicción un tribunal al haberse demandado a un sujeto que goza según del derecho internacional público de inmunidad de jurisdicción”[9]. CONSIDERANDO (4): Que además se ha violentado la garantía a ser juzgado por un tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece, tal como es señalado en el artículo 90 constitucional; en sustento a ello, los recurrentes exponen que tal como ha desarrollado la jurisprudencia nacen y se derivan los códigos procesales para ejercer los derechos ante los Órganos Judiciales; es así como en relación al párrafo anterior, el ejercicio de la declinatoria determinada por los Códigos del Trabajo y Procesal Civil y su especifica relación con la inmunidad de jurisdicción de OIM, lejos de comprenderse que en este momento procesal, colisione con el uso del derecho de defensa en relación con la interposición de una declinatoria y su resolución suponga un vejamen al derecho de acceso a los tribunales de parte del demandante, no debería ser la óptica de resolución del presente caso. CONSIDERANDO (5): Que el Tribunal de Alzada que conoció el Recurso de Apelación interpuesto contra la resolución emitida por el A-Quo, fundamenta su decisión de confirmar el numeral segundo del auto interlocutorio apelado, que refiere a declarar sin lugar el Incidente de Declinatoria por falta de jurisdicción, en el Considerando (9), al referir: “Que al haber un conflicto entre el Convenio de la Organización Internacional para las Migraciones y la Constitución de la República; le compete al Poder Legislativo y Ejecutivo, armonizar este Convenio con nuestra Constitución, y al no constar que se haya armonizado este convenio, se hace posible para los órganos jurisdiccionales la aplicación de la ley laboral en el caso concreto…” CONSIDERANDO (6): Que la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), es una organización intergubernamental fundada en 1951 y que se ocupa de la problemática de las migraciones. Entre los objetivos y las funciones de la Organización, según el artículo 1 de su constitución serán: a) concertar todos los arreglos adecuados para asegurar el traslado organizado de los migrantes para quienes los medios existentes se revelen insuficientes o que, de otra manera, no podrían estar en condiciones de trasladarse sin asistencia especial hacia países que ofrezcan posibilidades de inmigración ordenada; y, b) ocuparse del traslado organizado de los refugiados, personas desplazadas y otras necesitadas de servicios internacionales de migración respecto a quienes puedan concertarse arreglos de colaboración entre la Organización y los Estados interesados, incluidos aquellos Estados que se comprometan a acoger a dichas personas. Es así que el artículo 23 de la Constitución de la OIM establece en relación a los privilegios e inmunidades: “1. La Organización gozará de los privilegios e inmunidades necesarios para ejercer sus funciones y alcanzar sus objetivos. 2. Los representantes de los Estados Miembros, el Director General, el Director General Adjunto y el personal de la Administración gozarán igualmente de los privilegios e inmunidades necesarios para el

libre ejercicio de sus funciones en conexión con la Organización. 3. Dichos privilegios e inmunidades se definirán mediante acuerdos entre la Organización y los Estados interesados o mediante otras disposiciones adoptadas por dichos Estados”. CONSIDERANDO (7): Que mediante Decreto Número 881 de la Junta Militar de Gobierno en Consejo de Ministros[10], firmado en fecha veintiocho (28) de marzo del año mil novecientos setenta y ocho (1978), se aprobó el Convenio entre el Gobierno de la República de Honduras y el Comité Intergubernamental para las Migraciones Europeas (CIME), ahora denominado Organización Internacional para las Migraciones (OIM); en el referido Convenio el Gobierno reconoce que el CIME ha demostrado su capacidad como impulsor idóneo y eficaz en los diferentes programas de desarrollo de los recursos humanos nacionales que le ha encomendado el Gobierno. Asimismo, el Gobierno acepta ser miembro del CIME y como tal ha aceptado la Constitución del CIME. En ese orden de ideas el Convenio establece en el artículo 21 reconocer al CIME y a sus funcionarios destinados a Honduras o enviados a dicho país en misión especial, siempre que no sean de nacionalidad hondureña, los privilegios e inmunidades que gozan en Honduras las otras organizaciones internacionales y su personal. Siempre en atención a los privilegios e inmunidades el siguiente artículo 22 señala que los miembros del personal del CIME gozarán de inmunidad contra todo procedimiento judicial respecto a los actos que ejecuten y de las expresiones orales o escritas que emitan en el desempeño de sus funciones, en el sentido que dicha inmunidad se concede exclusivamente en interés del CIME y no en su beneficio personal, el Director del CIME tiene el derecho y el deber de renuncia a la inmunidad de cualquier miembro del personal en cualquier caso en que, según su propio criterio, dicha inmunidad impida el curso de la justicia y cuando dicha renuncia pueda hacerse sin que se perjudiquen los intereses del CIME. CONSIDERANDO (8): Que en relación al personal que forma parte de la OIM, el artículo 14 de la Constitución de la referida organización internacional establece: “El Director General nombrará el personal de la Administración de conformidad con el estatuto del personal adoptado por el Consejo”; siguiendo esta línea del nombramiento del personal el artículo 1 del Estatuto del Personal determina en atención al Ámbito de Aplicación y Finalidad de éste, que en el Estatuto del Personal se enuncian las condiciones fundamentales de servicio, así como los derechos, obligaciones y deberes esenciales de los miembros del personal de la Organización Internacional para las Migraciones. El término “miembros del personal” se referirá a todas las personas que desempeñen funciones en la Organización, ya sea en la categoría Profesional o en la categoría de Servicios Generales. El Director General, atendiendo a lo dispuesto en el presente Estatuto del Personal, establecerá y aplicará el Reglamento del Personal que considere necesario. En el Capítulo 1 de los deberes, obligaciones y privilegios, define en el artículo 1.1 del Estatuto del Personal, la condición de funcionario internacional de los miembros del personal de la Organización. Por ello sus responsabilidades no son de orden nacional, sino exclusivamente internacional. Al aceptar su nombramiento, se comprometen a ejercer sus funciones y a regular su conducta teniendo en cuenta única y exclusivamente los intereses de la Organización. CONSIDERANDO (9): Que en este punto es importante definir qué se entiende por funcionario internacional; al respecto el Diccionario Hispanoamericano de Derecho[11] brinda el siguiente concepto: “Funcionario Internacional. Individuo que desempeña labores asignadas en servicio de una organización o entidad de carácter internacional. Tal condición lo somete a reglamentaciones y condiciones especiales”. Teniendo entonces el personal de la OIM la categoría de funcionarios internacionales, se someten a las reglamentaciones y condiciones que dimanan de la Organización, en tal orden de cosas en el Estatuto del Personal se establece todo el procedimiento relacionado con la rescisión del nombramiento, indemnización por cese en el servicio, indemnización por rescisión del nombramiento, medidas disciplinarias y lo relativo al derecho al recurso; en lo atinente a esta institución del recurso, el Estatuto del Personal lo desarrolla el Capítulo 11, comenzando con el artículo 11.1 mismo que establece: “Derecho de recurso. Todo miembro del personal tendrá derecho a presentar al Director General un recurso contra las medidas, decisiones u omisiones de carácter administrativo que considere un menoscabo de los derechos de que goza en virtud de su carta de nombramiento, del Estatuto y Reglamento del Personal, y de cualquier otro reglamento o instrucción que emane del Director General o del Jefe de Misión, así como contra cualquier medida disciplinaria de que sea objeto”. Esta primera instancia es ante el Director General, pero seguidamente el artículo 11.2 brinda el derecho de recurrir ante una Junta Administrativa Mixta de Revisión, creada para asesorar al Director General sobre cualquier recurso interpuesto contra una decisión administrativa en que se alegue la inobservancia de las condiciones de nombramiento, incluidos todos los estatutos y reglamentos pertinentes, o contra una medida disciplinaria. Y finalmente el derecho a presentar un recurso ante el Tribunal Administrativo de la Organización Internacional del Trabajo. Ello ante cualquier controversia que surja entre la Administración y un miembro del personal y no se haya resuelto internamente, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 11.2 del Estatuto del Personal, podrá remitirse en última instancia al Tribunal Administrativo de la Organización Internacional del Trabajo, de conformidad con el Estatuto y Reglamento de dicho Tribunal, según lo dispuesto en el artículo 11.3 del Estatuto del Personal. CONSIDERANDO (10): Que se entiende por Organismo Internacional, aquella organización sujeta al derecho público internacional, con personalidad jurídica y plena capacidad de obrar, formada por acuerdos de distintos Estados para tratar aspectos que les son comunes. El Comité Intergubernamental para las Migraciones Europeas (CIME)/ Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en el Decreto Número 2-89 mediante el cual decreta aprobar en todas y cada una de sus partes, el Acuerdo N°. 11-DTIL-88 de fecha 14 de octubre, relativo a la aceptación de las Enmiendas a la Constitución del Comité Intergubernamental para las Migraciones Europeas, adoptadas en la ciudad de Ginebra, Suiza, el 20 de mayo de 1987, determina en el artículo 27, que la Organización posee personalidad jurídica. Goza de la capacidad jurídica necesaria para ejercer sus funciones y alcanzar sus objetivos, en especial de la capacidad, de acuerdo con las leyes del Estado de que se trate, de: a) Contratar; b) Adquirir bienes muebles e inmuebles y disponer de ellos; c) Recibir y desembolsar fondos públicos y privados, y; d) Comparecer en juicio. Asimismo, el artículo 28 dispone en el numeral 1) que la Organización gozará de los privilegios e inmunidades necesarios para ejercer sus funciones y alcanzar sus objetivos; en ese orden de ideas, el Estado de Honduras reconoce la inmunidad diplomática concedida a través de los convenios suscritos y que han seguido el formalismo de procedimientos internos, asimismo Honduras hace suyos los principios y prácticas del derecho internacional, que propendan a la solidaridad humana, al respeto de la autodeterminación de los pueblos contemplada en su artículo 15 constitucional, igualmente el respeto a todas las regulaciones y recomendaciones que recogen las convenciones internacionales sobre el mismo tema y al tenor de lo dispuesto en el artículo 64, no se aplicarán leyes y disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden, que regulen el ejercicio de las declaraciones, derechos y garantías establecidas en la Constitución, si los disminuyen, restringen o tergiversan. CONSIDERANDO (11): Que el caso objeto de estudio ante este Alto Tribunal, de conformidad a los antecedentes, se centra en la admisión de una demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales por despido directo, que violenta la ley; decisión adoptada por el A-quo y confirmada por el Ad-quem, al concluir que al haber un conflicto entre el Convenio de la Organización Internacional para las Migraciones y la Constitución de la República, le compete al Poder Legislativo y Ejecutivo armonizar este Convenio con nuestra Constitución y al no constar que se haya armonizado este Convenio, se hace posible para los órganos jurisdiccionales la aplicación de la ley laboral en el caso concreto. En este orden de ideas el Ad-quem no desarrolla una argumentación racional y fundamentada en ley, cuando asevera que no existe armonía entre el Convenio de la OIM y la Constitución de la República de Honduras. El precepto 17 constitucional es meridianamente claro en indicar que cuando un Tratado Internacional afecte una disposición constitucional, debe ser aprobado por el procedimiento que rige la reforma de la Constitución. El Convenio celebrado entre el Comité Intergubernamental para las Migraciones Europeas (CIME)/ ahora Organización Internacional para las Migraciones (OIM), forma parte del derecho interno desde el momento de entrada en vigencia; en ese orden de ideas es importante señalar en este punto que el Estado de Honduras respetuoso de los principios y prácticas del derecho internacional, reconoce que la Constitución de la OIM establece en el Estatuto del Personal el procedimiento para el nombramiento de su personal y los canales recursivos a instar ante una situación de finalización de contrato laboral, no evidenciándose desde el inicio de comparecencia como parte demandada ante el órgano judicial competente, como bien lo señala la Fiscal del Despacho, otra actuación por parte del organismo demandado, que no haya sido la de proponer la declinatoria, patentizando con ello que la entidad demandada no se ha sometido en forma expresa o tácita a la competencia de los tribunales locales, atendiendo a que esa Organización se rige por los estatutos de su creación, teniendo los miembros del personal de dicha organización la calidad de funcionarios internacionales; no siendo susceptible en consecuencia, el sometimiento de la OIM a la jurisdicción laboral interna, cuando dicho organismo internacional no ha renunciado a su inmunidad de jurisdicción, lo que trae como consecuencia que la admisión de la demanda por cuestión de competencia no corresponda en el caso sub júdice. CONSIDERANDO (12): Que como bien lo exponen los recurrentes al estar la OIM asociada a la Organización de las Naciones Unidas, la decisión adoptada por el Ad-quem sin ninguna motivación racional, transgrede normativa internacional que forma parte del derecho interno, inter alia la Convención Sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas, específicamente el articulo II, sección 2 que dispone: “Las Naciones Unidas, así como sus bienes y haberes en cualquier parte y en poder de cualquier persona, gozarán de inmunidad contra todo procedimiento judicial, a excepción de los casos en que renuncie expresamente a esa inmunidad. Se entiende, sin embargo, que esa renuncia no se aplicará a ninguna medida judicial ejecutoria”. Aunado a ello la Convención sobre los Privilegios e Inmunidades de los Organismo Especializados, establece en su artículo III, sección 4 que los organismos especializados, sus bienes y haberes, cualquiera que sea el lugar en que se encuentren y quienquiera que los tenga en su poder, disfrutarán de inmunidad de toda jurisdicción, salvo en la medida en que en algún caso particular hayan renunciado expresamente a esa inmunidad. Se entiende, sin embargo, que ninguna renuncia de inmunidad se extenderá a ninguna medida ejecutoria. Por ello en el artículo IX de la Convención en comento se establece expresamente en relación a la solución de controversias, en la sección 31 que: “Cada organismo especializado deberá prever procedimientos apropiados para la solución de: a) Las controversias a que den lugar los contratos, u otras controversias de derecho privado en las cuales sea parte el organismo especializado; b) Las controversias en que esté implicado un funcionario de un organismo especializado, que, por razón de su posición oficial, goce de inmunidad, si no se ha renunciado a dicha inmunidad conforme a las disposiciones de la Sección 22”. CONSIDERANDO(13): Que este Alto Tribunal ha dejado plasmado en diferentes fallos que ha conocido en asuntos similares en relación a inmunidad de jurisdicción de organismos internacionales, que si bien es cierto el Estado de Honduras reconoce la figura de la Inmunidad Jurisdiccional de las distintas organizaciones internacionales que gocen de dicho Estatuto, una vez seguido el respectivo proceso ordinario de promulgación de la ley, lo cual es dimanante de la plena vigencia del artículo 18 constitucional y de la actitud respetuosa que asume el Estado de Honduras respecto a los principios y prácticas del Derecho Internacional; no lo es menos que la inmunidad jurisdiccional es un instituto jurídico delimitado y regulado en el ordenamiento jurídico nacional, lo cual inclusive se admite en la formalización del recurso, en la cual protesta el acatamiento de la entidad demandada a lo establecido en las leyes internas del país.[12] Por ello este Alto Tribunal ha emitido fallos en los que haciendo acopio a que el derecho al trabajo es reconocido universalmente como un derecho humano, garantizado en diferentes instrumentos internacionales de protección a derechos humanos, obliga a los contratantes al cumplimiento de lo pactado y constitucionalmente garantizado en nuestro país[13]; al reconocer la competencia de los Juzgados del Trabajo para conocer de las demandas laborales contra otros organismos internacionales cuando de sus propios estatutos se establece la sujeción del personal a las leyes laborales del lugar donde presten sus servicios. No obstante, a ello en el caso sub júdice en la Constitución de la Organización Internacional para las Migraciones, se establece en el Estatuto del Personal la categoría de Funcionarios Internacionales de los miembros del personal de la Organización, quienes quedan sometidos a reglamentaciones y condiciones especiales como las referidas en líneas arriba, estableciendo el referido Estatuto el procedimiento a seguir en caso de las controversias que pueden suscitarse en relación a la terminación de un contrato laboral, en atención que la OIM no ha renunciado a la Inmunidad de Jurisdicción de la que goza, en atención a las Convenciones Internacionales suscritos por Honduras y el Convenio de su creación con el Gobierno de Honduras. CONSIDERANDO(14): Que como corolario de todo lo anteriormente expuesto no procede admitir la demanda promovida por el señor Juan Ramón Rivera López, ello ante la Inmunidad de Jurisdicción de la que goza la Organización Internacional para las Migraciones, inmunidad a la que no ha renunciado en forma expresa o tácita, evidenciándose desde la primera actuación del Organismo ante los órganos jurisdiccionales la interposición del incidente de Declinatoria por Falta de Jurisdicción de los tribunales nacionales, ello al haberse demandado a un sujeto de goza de Inmunidad de Jurisdicción conforme a las normas de Derecho Internacional Público y los estatutos de su creación, los cuales fueron aceptados por el Estado de Honduras; en ese orden de ideas el derecho a la tutela judicial efectiva no puede quedar como certeza jurídica ideal, sino que debe satisfacerse el reconocimiento del mismo, al no concretarse, vulnera los derechos garantizados por la Constitución de la República, los consignados en los instrumentos internacionales suscritos por Honduras; es así, que el Estado está obligado a garantizar a los ciudadanos que acuden a los tribunales un debido proceso, a que se respeten sus derechos como demandante o demandado, garantizando el derecho amparado a través de la tutela judicial efectiva, a que se respete los convenios y tratados internacionales en materia de Inmunidad de Jurisdicción en los que Honduras es parte, para proteger los derechos y libertades de los ciudadanos contra todo acto y omisiones contrarios a la ley, por lo expuesto, se concluye que la Jurisdiccional Laboral hondureña no es competente para conocer de la demanda ordinaria laboral promovida por el señor JUAN RAMON RIVERA LOPEZ. CONSIDERANDO (15): Que el artículo 15 de la Constitución de la República, proclama y hace suyos los principios y prácticas del derecho internacional que propenden a la solidaridad humana, relacionado con el artículo 82 y 90 párrafo primero, que garantizan que el derecho de defensa es inviolable y el derecho a un debido proceso, que los ciudadanos tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes, igualmente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el artículo 10 se consagra el derecho de toda persona a ser oída en condiciones de igualdad, públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial que determine sus derechos y obligaciones; asimismo el artículo 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, garantiza el derecho de toda persona a ser oída públicamente y con las debidas garantías, la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 8.1, de igual forma protege el derecho de toda persona a ser oída con las debidas garantías, por lo que el derecho de defensa se encuentra consagrado y garantizado, tanto por la normativa interna, así como en las convenciones y tratados internacionales ligados al debido proceso, derechos que no han sido observados y garantizados en el caso sub júdice, como corolario de lo anterior, los recurrentes se encuentran amparados tanto por la ley interna como por los convenios y tratados internacionales, inter alia, de protección de derechos humanos, para acudir en busca de la protección de la tutela judicial efectiva de sus derechos fundamentales ante la Jurisdicción Constitucional hondureña, a efecto que se hagan efectivas sus pretensiones. CONSIDERANDO (16): Que de conformidad a lo dejado relacionado en el presente libelo, siendo la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de lo Constitucional el intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, con el fin de hacer valer la supremacía constitucional y conforme a ello asegurar una eficaz protección de los derechos humanos y fundamentales, asimismo certificar el adecuado funcionamiento de las defensas del orden jurídico constitucional, este Alto Tribunal concluye que se otorgue la presente acción constitucional de Amparo, al estimar que el acto impugnado vulnera derechos y garantías consagradas en la Constitución de la República, invocadas por los recurrentes. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS, en aplicación de los artículos 15, 16, 17, 18, 63, 64, 82, 90, 183, 303, 313 No.5., 316 de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No.5, 132, 143 y 145 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 9 No.2, 41, 54, 56 y 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; artículo 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 8 y 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; Articulo II, sección 2 de la Convención Sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas; Articulo III, sección 4, articulo IX sección 31 de la Convención sobre los Privilegios e Inmunidades de los Organismo Especializados. FALLA: 1.- OTORGANDO el Recurso de Amparo promovido por los Abogados FANNY ALEJANDRA RODRIGUEZ DEL CID y ERICK FERNANDO LEZAMA LAINEZ, a favor de la ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES (OIM)/ ORGANIZACIÓN PARTE DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES (ONU); y, 2.- REVOCA la sentencia interlocutoria de fecha tres (03) de junio del año dos mil diecinueve (2019) dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en consecuencia, que la autoridad recurrida proceda a dictar nueva sentencia en la que se observen las disposiciones contenidas en el presente libelo a efecto de garantizar los derechos vulnerados al agraviado, haciendo énfasis en el respeto al derecho de defensa y debido proceso y tutela judicial efectiva, retrotrayéndose al momento procesal en donde se produce la vulneración de derechos a la parte recurrente en la DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA EL PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES POR DESPIDO DIRECTO QUE VIOLENTA LA LEY, promovida por el señor JUAN RAMON RIVERA LOPEZ, en contra de LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES (OIM). Y MANDA: 1.- Que se notifique la presente sentencia; y, 2.- Que con la certificación de la presente sentencia se devuelvan las diligencias al tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada Reina Auxiliadora Hercules Rosa.- NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMEDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte días del mes de septiembre del año dos mil veintiuno, certificación de la sentencia de fecha diez de agosto del año dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Amparo Laboral bajo el número SCO-0656-2019.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] Certificación del fallo recaído en el recurso de Amparo Laboral con número de expediente AL 0039-15, visible del folio 89 al 95 del Tomo I de la pieza de antecedentes del A-quo.

[2] En adelante OIM.

[3] Ver fallo recaído en expediente judicial No. 450-2012 de fecha 10 de febrero del año 2015.

[4] Ver fallo recaído en expediente judicial No. 500-2011 de fecha 07 de agosto del año 2012 y 422-2012 del 24 de febrero del 2015.

[5] “Cuando un Tratado Internacional afecte una disposición constitucional, debe ser aprobado por el procedimiento que rige la reforma de la Constitución, simultáneamente el precepto constitucional afectado debe ser modificado en el mismo sentido por el mismo procedimiento antes de ser ratificado el Tratado por el Poder Ejecutivo.”

[6] “En caso de conflicto entre el tratado o convención y la Ley, prevalecerá el primero.”

[7]“El derecho de defensa es inviolable. Los habitantes de la república tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes”.

[8] “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece…”.

[9] Ver a tales efectos el articulo 24 numeral 2, literal a) y 44 del Código Procesal Civil en relación directa con los incidentes según los artículos 715 y 716 del Código del Trabajo.

[10] Publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 25 de febrero de 1980.

[11] Diccionario Hispanoamericano de derecho/ equipo de redacción Margarita Maria Durán Urrea…[ et al]; equipo colaborador Wilman Amaya León… [et al]. Bogotá: Grupo Latino Editores, 2008. Tomo I. Pág. 922.

[12] Ver fallos citados por la Fiscal del Despacho, con registro de expediente 450-2012, 500-2011 y 422-2012.

[13] Ver fallos con registro de expediente 009-2016 y 677-2015.