Sentencia AL-543-20 — Registro 13349
Resumen
Se interpuso recurso de amparo contra la sentencia que conociendo un recurso de apelación confirmó el auto interlocutorio dictado por el Juzgado con relación a la demanda ordinaria laboral. Estima el recurrente que con el acto reclamado se ha violado en perjuicio de su representado los artículos 82, 90 y 321 de la Constitución de la República.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “Esta Sala encuentra que el Tribunal de Apelaciones, al no advertir la falta de motivación patente en la decisión de la A Quo y ratificar lo actuado, ha incurrido en la misma limitación al derecho a una tutela judicial efectiva y con ello a un debido proceso, afirmando la restricción al derecho de ejecución en la forma que hemos citado ya. XV. Esta Sala asiente igualmente con lo dicho por el Tribunal Constitucional español en cuanto a que la obligación de fundamentar las sentencias y resoluciones no puede considerarse cumplida con la mera emisión de una declaración de voluntad del juzgador, en un sentido u otro, sino que el deber de motivación exige que la decisión judicial esté precedida de la argumentación que la fundamente[3], lo cual no se observa de la resolución de la A Quo, inadvertida por el Tribunal de Alzada. XVI. Como ya lo ha sostenido también la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el deber de motivar las resoluciones es una de las “debidas garantías” vinculada con la correcta administración de justicia para salvaguardar el derecho a un debido proceso[4]. La Corte ha establecido que la motivación “es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión”, de manera que “protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el Derecho suministra, y otorga credibilidad a las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática”. XVII. Por tanto, en la misma línea de lo declarado por el Tribunal Europeo en el Caso Hadjianastassiou vs. Greece, la Corte Interamericana ha señalado que las decisiones que adopten los órganos internos que puedan afectar derechos humanos deben estar debidamente fundamentadas, pues de lo contrario serían decisiones arbitrarias, ya que “la motivación demuestra a las partes que éstas han sido oídas”, que sus alegatos han sido tomados en cuenta y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. XVIII. En virtud de lo anteriormente relacionado, analizados que han sido los antecedentes y la sentencia objeto del recurso de amparo que nos ocupa, esta Sala de lo Constitucional observa que las consideraciones de la misma NO comportan una correlación entre el deber de motivación y el ámbito de protección de los derechos fundamentales, lo que contraviene la garantía del debido proceso establecida y reconocida en el artículo 90 de la Constitución de la República y el 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, como derecho supralegal aplicable al caso. XIX. En consecuencia, esta Sala estima el OTORGAMIENTO de la garantía de amparo invocada por el recurrente, por lo que el referido Tribunal de Apelación, en tutela del debido proceso, deberá dictar una nueva resolución, bajo las consideraciones establecidas en el presente fallo, ordenando la subsanación de la falta de motivación advertida en la resolución de primera instancia, la que deberá ser dictada bajo los parámetros de una motivación precisa, congruente, lógica y exhaustiva, exponiendo con claridad los razonamientos de hecho y de derecho en los que funde la decisión que derive del asunto a resolver.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 41 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 45 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 49 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 69 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 120 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 90 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dieciocho de agosto de dos mil veintiuno. VISTO: Para dictar sentencia en el recurso de amparo interpuesto por el Abogado FÉLIX RODRIGO CARDONA CÁCERES, a favor de la Señora DÉBORA LAVINIA CARIAS CARIAS, contra la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha trece (13) de febrero dos mil veinte (2020), que conociendo un recurso de apelación confirmó el auto interlocutorio dictado por el JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha dieciocho (18) de junio de dos mil diecinueve (2019), con relación a la demanda ordinaria laboral promovida por la Señora DÉBORA LAVINIA CARIAS CARIAS contra la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS. Estima el recurrente que con el acto reclamado se ha violado en perjuicio de su representado los artículos 82, 90 y 321 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha quince (15) de mayo de dos mil quince (2015), compareció ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, la Señora DÉBORA LAVINIA CARIAS CARIAS en causa propia y otorgando poder de representación en el Abogado FÉLIX RODRIGO CARDONA CÁCERES, interponiendo demanda ordinaria laboral para que se reconozca la permanencia por haber adquirido el derecho al haber estado laborando a tiempo completo, siendo que ahora las autoridades universitarias cambiaron la modalidad de pago por hora, dejándole la misma carga académica y obligando a laborar dos horas Ad-Honoren, violentando el procedimiento que manda el estatuto del docente universitario y el derecho adquirido mediante concurso sometido, se reclama el reajuste de salario a tiempo completo del III periodo académico del año 2014, décimo tercer y cuarto mes, bonificación y otros beneficios que por Ley corresponden más el pago del primer periodo académico 2016 ajustado a tiempo completo. (Folios 01–26 de la Pieza del A-Quo). 2) Que en fecha dieciocho (18) de junio de dos mil diecinueve (2019), el Juzgado antes citado, dicto auto interlocutorio en la cual Resolvió: “. . . y siendo que la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial falla: declarando con lugar la demanda de mérito, condenando a la PERMANENCIA de la Señora DÉBORA LAVINIA CARIAS CARIAS, no obstante consta en autos que en fecha 05 de junio del presente año, se llevó a cabo audiencia de inspección, folio No.(258), donde se constata que la Señora DÉBORA LAVINIA CARIAS CARIAS, dejo de laborar desde 06 de mayo del año 2015, con la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH), por tal razón la demandante no mantiene una relación de trabajo con la Institución Demandada, por lo que los alcances de la sentencia proferida no se pueden materializar y siendo que nuestra Constitución de la República en su Artículo 304 establece que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado, todo en cumplimiento a la normativa jurídica ya que el juez se debe y única y exclusivamente al imperio de la ley, en consecuencia SE RECHAZA lo solicitado por el compareciente.” (Folio 261 de la Pieza del A-Quo). 3) Que conociendo de un recurso de apelación interpuesto por el Abogado FÉLIX RODRIGO CARDONA CÁCERES, en su condición de Apoderado Legal de la Señora DÉBORA LAVINIA CARIAS CARIAS, la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, dictó Sentencia en fecha trece (13) de febrero de dos mil veinte (2020), mediante la cual Falló: (SIC) “…1) Declarar SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado FÉLIX RODRIGO CARDONA CÁCERES, actuando en su condición de apoderado legal de la parte demandada apelante. 2) Confirmando el auto interlocutorio proferido por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de fecha dieciocho de junio del año dos mil diecinueve que corre a folio 31 de la pieza compulsada. 3) SIN COSTAS en esta instancia.-” (Folios 44-48 de la Pieza del Ad-Quem). 4) Que el Abogado FÉLIX RODRIGO CARDONA CÁCERES, en su condición de Apoderado Legal de la Señora DÉBORA LAVINIA CARIAS CARIAS, compareció ante este Tribunal en fecha veintitrés (23) de julio de dos mil veinte (2020), interponiendo acción de amparo contra el fallo de fecha trece (13) de febrero de dos mil veinte (2020); teniendo la Sala por formalizado el recurso de mérito, en fecha veintitrés (23) de febrero de dos mil veintiuno (2021). (Folios 01–07 y 32 de la presente Recurso) 5) Que en fecha ocho (08) de marzo de dos mil veintiuno (2021), se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de su Fiscal, la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIÉRREZ MALDONADO, y por emitido su dictamen siendo de la opinión que: (SIC) “Se DENIEGUE la presente acción de amparo, por no existir vulneración de las garantías invocadas por el Amparista”. (Folios 35–42 y 44 del presente Recurso). DEL RECURSO DE AMPARO Y LA COMPETENCIA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL 1. La garantía de amparo es una garantía constitucional reconocida por nuestro Estado de conformidad con el artículo 183 de la Constitución de la República, el cual establece que toda persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta tiene derecho a interponer el recurso de amparo: 1. Para que le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y, 2. Para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente, ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución de la República. 2. La acción de amparo se encuentra regulada en la Ley Sobre Justicia Constitucional, la cual tiene por objeto, según dispone su artículo 1º, desarrollar las garantías constitucionales y las defensas del orden jurídico constitucional. De conformidad con la ley, la acción de amparo se substanciará con a arreglo a los principios de independencia, oralidad en el debate, informalidad, publicidad, prevalencia del derecho sustancial, gratuidad, celeridad, economía procesal, eficacia y debido proceso. 3. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 42 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, la acción de amparo procede contra las resoluciones, actos y hechos de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida. 4. En el ejercicio de la justicia constitucional los órganos jurisdiccionales solamente están sometidos a la Constitución de la República y a la ley. 5. A la Sala de lo Constitucional le corresponde la jurisdicción constitucional por mandato de la ley, y, de conformidad con lo que manda el artículo 9.3.b de la Ley Sobre Justicia Constitucional, esta Sala es competente para conocer y resolver el presente recurso de amparo, en tanto que se alega una violación de derechos fundamentales cometidos por una Corte de Apelaciones, en específico, la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN. OBJETO DEL RECURSO I. El acto reclamado por vía de la presente acción constitucional de amparo lo constituye la sentencia emitida en fecha trece de febrero de dos mil veinte por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, la cual se denuncia ante esta Sala por parte del recurrente, de ser violatoria de la garantía del debido proceso y el derecho de defensa en perjuicio de su representada. II. La sentencia impugnada decidió declarar sin lugar un recurso de apelación interpuesto por el Abogado Félix Rodrigo Cardona Cáceres en su condición de apoderado de la señora Débora Lavinia Carias Carias, contra un auto interlocutorio dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán en fecha dieciocho de junio de dos mil diecinueve, mediante la que se decidió rechazar una solicitud de requerimiento por vía de apremio al representante legal de la entidad demandada. SOBRE EL PRONUNCIAMIENTO DE LA AUTORIDAD RECURRIDA Conociendo del recurso de apelación interpuesto, el Tribunal de Alzada estimó la confirmatoria del auto que fue dictado por la A Quo, al considerar que el mismo se encontraba arreglado a derecho, en tanto que se acreditó en el curso del proceso que la demandante ya no laboraba para la entidad demandada, la que al haber sido condenada a otorgar una permanencia y no a un reintegro laboral, no podía materializarse la sentencia de condena, viéndose la A Quo en imposibilidad para la ejecución del fallo condenatorio firme. SOBRE LAS ALEGACIONES DEL RECURRENTE 1. Para el quejoso la Corte de Apelaciones del Trabajo incurrió en violaciones constitucionales a la garantía a un debido proceso, al derecho de defensa y al principio de legalidad en perjuicio de su representada. 2. Con respecto a la alegada violación al derecho a un proceso debido, el impetrante censuró la decisión de la A Quo de realizar un reconocimiento judicial o inspección sin que le haya sido solicitado, cuestionando a su vez la motivación del fallo del Tribunal de Alzada, al cual denuncia de no estar apoyado en [sic] “preceptos que establezcan que debe haber condición previa para que se ejecute la sentencia de condena, señalando además que el hecho de que la demandante ya no tuviera una relación de trabajo con la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, no fue un hecho controvertido en juicio. 3. Con respecto a la discutida transgresión al derecho de defensa el recurrente señaló que, igualmente, la decisión de la A Quo de realizar una inspección y negarse a requerir nuevamente a la demandada causó que la sentencia no fuera ejecutada, al tiempo que cuestionó la objetividad de la Alzada en su fallo, al dictar resolución oponiéndose a la ejecución de la sentencia de condena. 4. Finalmente, y con relación a la supuesta disminución a la garantía de legalidad, el recurrente infirió que las anteriores acciones y omisiones de parte de los órganos de jurisdicción, resultaron en que éstos actuaran más allá de sus facultades legales, causando grave perjuicio a la demandante, a favor de quien fue dictado el fallo de instancia. RAZONAMIENTO DE LA SALA I. Esta Sala ha establecido que el recurso de amparo supone una afectación, lesión, vulneración o amenaza ilegítima al titular de un derecho o interés legítimo, quien acude ante el juez constitucional para que lo proteja y haga cesar los efectos de esa amenaza o eventual lesión. II. En el asunto que nos ocupa, se alega que el Tribunal de Alzada ha incurrido en violaciones constitucionales por el hecho de haber resuelto la confirmatoria de una decisión de la juez de instancia que desestimó la pretensión del demandado que iba encaminada a que la sentencia de condena fuese ejecutada, para lo que peticionó el requerimiento del representante legal de la entidad demandada por la vía de apremio. III. Ha resultado pertinente examinar en detalle los agravios presentados por el postulante ante el Tribunal de Alzada con ocasión del recurso de apelación planteado y de los mismos logra advertirse que la impugnación que fue instada por el reclamante censuró, en su mayor parte, la acción emprendida por la juez A Quo de efectuar un reconocimiento judicial o inspección de manera oficiosa, en donde según el quejoso se [sic] “tergiversó” el objetivo de la misma, cual era, según dijo, verificar si se había llevado a cabo el requerimiento del representante legal de la demandada, siendo ésta en sí la pretensión del demandante como parte del procedimiento de ejecución que inició en su momento. IV. Aunque la respuesta de la Alzada se fundó más en aspectos prácticos que jurídicos, no podríamos desconocer que en materia laboral el juez tiene facultades legales para dirigir el proceso e impulsarlo de oficio, éste último se conforma como un principio rector del procedimiento laboral que impone al órgano judicial el deber de favorecer la tramitación del proceso—con especial énfasis en la ejecución laboral—sin necesidad de que las partes soliciten su continuación, pudiendo para ello el juez social adoptar un papel más activo que el que derivaría de la aplicación rigurosa del principio dispositivo o de aportación de parte, sin embargo, no podríamos sostener que esta proactividad concede al juez una especie de iniciativa probatoria dentro del proceso. V. Dicho lo anterior, examinando lo actuado, se observa que la diligencia de reconocimiento judicial fue ordenada mediante auto de fecha 19 de febrero de 2019, en respuesta a una petición de requerimiento hecha mediante comparecencia del apoderado de la parte demandante en fecha 15 de febrero de 2019. Esta Sala advierte que, efectivamente, la diligencia de inspección fue dispuesta a iniciativa de la juez A Quo, quien tomó esta determinación sin ofrecer motivación en la que al menos se razonara y justificara tal actuación. Esta acción fue impugnada por el reclamante por vía de reposición, sin embargo, la misma quedó en firme al no habérsele dado trámite al recurso. En ese momento la juez de instancia resolvió señalando que la reposición debía ser promovida por escrito y no mediante comparecencia, con lo cual, y al no haber posterior reclamo, se convalidó lo actuado, resultando con ello en que la decisión de ordenar dicho reconocimiento judicial se convirtió en un acto consumado y consentido, al no poder ser objeto ya de ulterior recurso. VI. A pesar de ello, la Sala no puede desconocer que en el presente caso se discute también la inejecución de un fallo condenatorio firme, lo que está vinculado al derecho a la tutela judicial efectiva del cual forma parte integral el derecho a la ejecución de las resoluciones y sentencias. VII. Esta Sala coincide en que el derecho a la ejecución se satisface cuando los jueces y tribunales, a quienes corresponde ejecutar lo juzgado según las normas y competencias aplicables, adoptan las medidas oportunas para el estricto cumplimiento del fallo, sin alterar el sentido y contenido del mismo[1]. De ahí que, por disposición constitucional, corresponda a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. VIII. En este sentido, es importante acotar que esta Sala asiente con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional español en cuanto a que el derecho a la tutela judicial efectiva de los derechos e intereses legítimos exige también que el fallo [derivado del proceso] se cumpla en sus propios términos, pues sólo de esta manera el Derecho reconocido en el proceso se hace real y efectivo, y se garantiza el pleno respeto a la paz y seguridad jurídica de quien se vio protegido judicialmente[2]. Como consecuencia de ello es que nuestra ley procesal disponga a su vez que el derecho a la ejecución tenga como finalidad el hacer cumplir el contenido de un título (judicial o extrajudicial) y dotar de efectividad a la tutela judicial otorgada. IX. Hemos de reconocer también que el derecho a la ejecución de sentencias es de configuración legal, por lo que se somete a determinadas condiciones para su ejercicio, las que son dispuestas por el legislador, lo cual implica que este derecho se restringe a los requisitos, limitaciones formales y materiales dispuestas en la ley. X. En el caso que nos ocupa, estamos frente a una aparente imposibilidad de ejecutar un fallo condenatorio derivado de una obligación que no consiste propiamente en la entrega de una cantidad de dinero. La imposibilidad de ejecución ha sido discutida en la doctrina y en el derecho comparado, sin embargo, nuestro legislador no ha proveído regulación legal específica sobre el tema, encontrándose únicamente supuestos en los que se prevé la invalidez del título que corresponda, la pérdida del objeto o el abandono del proceso, para citar algunos. XI. Debemos enfatizar en que la decisión de no ejecutar una sentencia, como la que ha tomado la Corte de Apelaciones—al confirmar lo resuelto por la A Quo—debe apoyarse en la concurrencia de causales legalmente previstas que a su vez convendrían ser interpretadas en el sentido más favorable a tal ejecución. Esta Sala asiente en que la denegación del derecho a la ejecución no podría jamás ser arbitraria ni irrazonable ni fundarse en causa inexistente ni en una interpretación restrictiva del derecho a la tutela judicial efectiva. XII. Dicho lo anterior, esta Sala observa que el Tribunal de Alzada, en su sentencia, ha externado los motivos por los que estimó confirmar la determinación de inejecución de una sentencia firme, en este caso a razón de un impedimento primordialmente material, como lo es que la demandante, a quien se le reconoció judicialmente el derecho a la permanencia en su puesto de trabajo, ya no tiene, aparentemente, ninguna relación laboral con la entidad demandada. El fallo de la Alzada no parece—en principio— ser arbitrario ni irrazonable, pues parte de una situación de hecho existente que, al parecer, impide el cumplimento de la condena firme, pero se observa que la decisión de la A Quo adolece de una motivación suficientemente razonada, lo cual no es admisible, sobre todo tratándose de la inejecución de un fallo, siendo esta una circunstancia que la Alzada debió haber apreciado. XIII. La resolución de primera instancia se percibe no solo limitada, sino desprovista de suficientes razonamientos de derecho, decidiéndose la inejecución del fallo en aspectos de hecho, los que, si bien existentes y relevantes, no bastan por sí solos para cumplir con el deber que como órgano jurisdiccional tiene de motivar debidamente sus resoluciones, resultando en una interpretación restrictiva y muy limitada de la tutela judicial efectiva en lo atinente al derecho a la ejecución de sentencias firmes, el cual no podría ser restringido o excluido solamente por una dificultad para ejecutar lo fallado pues las causas de hecho que impidan la ejecución del mandato judicial deben ser ampliamente establecidas en resolución, la cual debe estar fundada a su vez en razonamientos y consideraciones de derecho debidamente motivadas, para así garantizar el derecho constitucionalmente reconocido que asiste al recurrente. XIV. Esta Sala encuentra que el Tribunal de Apelaciones, al no advertir la falta de motivación patente en la decisión de la A Quo y ratificar lo actuado, ha incurrido en la misma limitación al derecho a una tutela judicial efectiva y con ello a un debido proceso, afirmando la restricción al derecho de ejecución en la forma que hemos citado ya. XV. Esta Sala asiente igualmente con lo dicho por el Tribunal Constitucional español en cuanto a que la obligación de fundamentar las sentencias y resoluciones no puede considerarse cumplida con la mera emisión de una declaración de voluntad del juzgador, en un sentido u otro, sino que el deber de motivación exige que la decisión judicial esté precedida de la argumentación que la fundamente[3], lo cual no se observa de la resolución de la A Quo, inadvertida por el Tribunal de Alzada. XVI. Como ya lo ha sostenido también la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el deber de motivar las resoluciones es una de las “debidas garantías” vinculada con la correcta administración de justicia para salvaguardar el derecho a un debido proceso[4]. La Corte ha establecido que la motivación “es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión”, de manera que “protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el Derecho suministra, y otorga credibilidad a las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática”. XVII. Por tanto, en la misma línea de lo declarado por el Tribunal Europeo en el Caso Hadjianastassiou vs. Greece, la Corte Interamericana ha señalado que las decisiones que adopten los órganos internos que puedan afectar derechos humanos deben estar debidamente fundamentadas, pues de lo contrario serían decisiones arbitrarias, ya que “la motivación demuestra a las partes que éstas han sido oídas”, que sus alegatos han sido tomados en cuenta y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. XVIII. En virtud de lo anteriormente relacionado, analizados que han sido los antecedentes y la sentencia objeto del recurso de amparo que nos ocupa, esta Sala de lo Constitucional observa que las consideraciones de la misma NO comportan una correlación entre el deber de motivación y el ámbito de protección de los derechos fundamentales, lo que contraviene la garantía del debido proceso establecida y reconocida en el artículo 90 de la Constitución de la República y el 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, como derecho supralegal aplicable al caso. XIX. En consecuencia, esta Sala estima el OTORGAMIENTO de la garantía de amparo invocada por el recurrente, por lo que el referido Tribunal de Apelación, en tutela del debido proceso, deberá dictar una nueva resolución, bajo las consideraciones establecidas en el presente fallo, ordenando la subsanación de la falta de motivación advertida en la resolución de primera instancia, la que deberá ser dictada bajo los parámetros de una motivación precisa, congruente, lógica y exhaustiva, exponiendo con claridad los razonamientos de hecho y de derecho en los que funde la decisión que derive del asunto a resolver. PARTE RESOLUTIVA POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 59, 63, 80, 82, 90, 303, 304, 313 No. 5) y 321 de la Constitución de la República; 1º y 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; y, 1, 2, 3 numeral 2), 5, 9, 41, 45, 48, 49, 51, 63, 67, 68, 69 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: OTORGANDO el recurso de amparo de que se ha hecho mérito, interpuesto por el Abogado FÉLIX RODRIGO CARDONA CÁCERES, a favor de la Señora DÉBORA LAVINIA CARIAS CARIAS, contra la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha trece (13) de febrero dos mil veinte (2020), por las razones que se han dejado aquí establecidas; Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado ORTEZ CRUZ. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós días del mes de septiembre del año dos mil veintiuno, certificación de la sentencia de fecha dieciocho de agosto del año dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Amparo Laboral bajo el número SCO-0543-2020.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] Así también Picó I Junoy
[2] Vid. Picó I Junoy, “Las garantías constitucionales del proceso”, Bosch Editor, Barcelona, 2012, pág.93.
[3] Así, PICÓ I JUNOY, citando al TCE en Las garantías constitucionales del proceso, Bosch Editor, Barcelona, 2012
[4] Corte IDH. Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) vs. Venezuela, op. cit., párr. 77, y Caso López Mendoza vs. Venezuela, op. cit., párr. 141.