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Sentencia AL-54-20 — Registro 13343

Resumen

Se interpuso Recurso de Amparo que declaró sin lugar el recurso de apelación contra la Resolución dictada por el juzgado de letras, que rechaza lo solicitado por la recurrente en relación a que se realice la liquidación de valores, con relación a la Demanda Ordinaria Laboral, para que, en sentencia definitiva declarativa, se condene al Patrono a dar efectivo cumplimiento a una Cláusula de un Contrato Colectivo de condiciones de trabajo vigente. Estimando la recurrente, que con el acto reclamado se han violentado, en perjuicio de sus representados, los derechos y garantías contenidos en los artículos 60, 80, 82, 90, 127 y 128 de la Constitución de la República.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO (5): Que, a falta de disposiciones especiales en el procedimiento del trabajo, se aplicarán las normas análogas del Código de Trabajo y, en defecto, las del Código de Procedimientos Civiles[8]. En ese orden de ideas, uno de los principios rectores del proceso civil hondureño, es precisamente el debido proceso, el que, en consonancia con lo preceptuado en la Constitución de la República, se define en el artículo 3 del Código Procesal Civil, como el derecho que las partes tienen a que el proceso se desarrolle por los trámites previstos legalmente y a que se dicte por órgano jurisdiccional competente, independiente e imparcial, una resolución de fondo justa y motivada. CONSIDERANDO (6): Que de la lectura del recurso de reposición interpuesto contra el fallo constitucional dictado por este Alto Tribunal en fecha dieciocho de agosto del año dos mil veintiuno, no se advierten nuevas argumentaciones que no hayan sido tenidas en consideración al momento de dictar el fallo que ahora se recure en reposición; la recurrente arguye que al denegarse el amparo solicitado por sus representados se esta dejando al arbitrio de una Institución del Estado el cumplimiento de lo declarado en la sentencia, no habría manera en el derecho interno de hacer valer dicha sentencia; ante tal argumento, lo cierto es que este Tribunal Constitucional en el fallo ut supra, deja relacionado en forma clara en los considerandos 7 y 9, que el principio in dubio pro operario, invocado por la recurrente, no aplica en la solución del caso sub júdice, pues nos encontramos ante el dictado de una sentencia declarativa, la cual se encuentra firme, por ello debe estarse a lo dispuesto en ella, sin poder variarla después de firmada, de lo contrario este Tribunal Constitucional estaría violentando el principio de legalidad contenido en el artículo 321 constitucional, al no tener los servidores del estado, mas facultades que las que expresamente les confiere la ley y toda acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Basta con dar lectura a la sentencia emitida en fecha dieciocho de abril del año dos mil doce, por el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, para concluir que lo peticionado por la recurrente, no es posible concederse al tenor de lo dispuesto en la referida sentencia definitiva, pues ésta lo que hace es ratificar el reconocimiento del Derecho a los trabajadores del INA establecido en la cláusula 59 del Contrato Colectivo, celebrado entre el INA y el SITRAINA. En ese orden de ideas, esta Sala de lo Constitucional ha procedido a dar respuesta a las pretensiones deducidas por la recurrente en Amparo, no advirtiéndose ultraje a los derechos constitucionales invocados. CONSIDERANDO (7): Que las pretensiones expuestas por la recurrente Abogada ANABELLY SUYAPA MEDINA MONCADA, en el recurso de reposición no son de recibo, ya que en la Sentencia emitida por este Alto Tribunal en fecha dieciocho (18) de agosto del año dos mil veintiuno (2021), que corre agregada en autos se establece en forma motivada, clara, precisa y congruente, las razones que esta Sala ha estimado para denegar el recurso de amparo impetrado, y con ello se explican los motivos legales que conllevan a la denegatoria de la acción constitucional impetrada. En ese orden de ideas se estima que la resolución recurrida, esta dictada de acuerdo a derecho, en virtud de no existir razones de fondo o forma para proceder a su enmienda. CONSIDERANDO (8): Que el Tribunal ante quien se pida la reposición deberá, sin más trámite, denegar o enmendar la providencia o sentencia, según lo creyere de derecho.”

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

.."Que es línea jurisprudencial de esta Sala de lo Constitucional, formado mediante el dictado de diferentes sentencias, que el Debido Proceso supone una serie de derechos que deben ser respetados en todo proceso, ello para garantizar la tutela judicial efectiva de cada uno de los interesados que concurren a los órganos jurisdiccionales en amparo de sus pretensiones, es así que el artículo 90 constitucional párrafo primero define: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”; en el ámbito de aplicación del debido proceso, se encuentra el principio de legalidad o primacía de la ley, principio fundamental, conforme al cual todo ejercicio de un poder público debe realizarse acorde a la ley vigente y su jurisdicción y no a la voluntad de las personas. Es conforme a ello que la seguridad jurídica requiere que las actuaciones de los poderes públicos estén sometidas al principio de legalidad, y es una condición necesaria para afirmar que un Estado es un Estado de Derecho, pues el poder tiene su fundamento y límite en las normas jurídicas..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia y resolución que literalmente dicen: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciocho días del mes de agosto del año dos mil veintiuno. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por la abogada ANABELLY SUYAPA MEDINA MONCADA, a favor de los señores NORMAN VICENTE CLAROS QUINTANILLA, ELVIS ALBERTO LARA MEJÍA, JOSÉ RUFINO DUBÓN BUESO, JUAN CARLOS SANTOS GALLARDO, XENIA CAROLINA AYALA NÚÑEZ y SANTOS RAMÓN ÁVILA VALLEJO, contra la sentencia interlocutoria dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha catorce (14) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), que declaró SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha diez (10) de abril del año dos mil diecinueve (2019), que rechaza lo solicitado por la recurrente en relación a que se realice la liquidación de valores remitidos por el Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios Públicos (INJUPEMP); todo, con relación a la Demanda Ordinaria Laboral, para que en sentencia definitiva declarativa, se condene al Patrono a dar efectivo cumplimiento a una Cláusula de un Contrato Colectivo de condiciones de trabajo vigente, promovida por el abogado KEVIN RAMÓN MURILLO NELSON, en su condición de apoderado legal del SINDICATO DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (SITRAINA), en contra del INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA). Estimando la recurrente, que con el acto reclamado se han violentado, en perjuicio de sus representados, los derechos y garantías contenidos en los artículos 60, 80, 82, 90, 127 y 128 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha tres (3) de junio del año dos mil diez (2010), compareció ante el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, el abogado KEVIN RAMON MURILLO NELSON, actuando en su condición de apoderado legal del SINDICATO DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (SITRAINA), interponiendo Demanda Ordinaria Laboral, para que en sentencia definitiva declarativa, se condene al Patrono a dar efectivo cumplimiento a una Cláusula de un Contrato Colectivo de condiciones de trabajo vigente, en contra del INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA), solicitando que se dicte sentencia definitiva, en donde se declare CON LUGAR la demanda; se condene a la parte demandada, a darle estricto cumplimiento a la obligación establecida a través de la cláusula 59 del Contrato Colectivo, suscrito entre el INA y el SITRAINA, relativa a la incorporación al sistema del INJUPEMP, de los trabajadores permanentes que aún no participan en dicho sistema, y; se condene a la parte demandada, a pagar las costas del juicio. (Folios del 1-4 de la pieza de antecedentes del A-quo) 2) Que seguido el trámite, en fecha dieciocho (18) de abril del año dos mil doce (2012), el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia definitiva, a través de la cual Falló: (Sic) “PRIMERO: Declarar CON LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por el Abogado KEVIN RAMON MURILLO NELSON, en su condición de apoderado legal del SINDICATO DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (SITRAINA), contra el Instituto Nacional Agrario (INA), a través de su Ministro Director Ejecutivo y representante legal señor CESAR ADOLFO HAM PEÑA, en consecuencia se RATIFICA el reconocimiento del Derecho a los trabajadores del INA establecido en la cláusula 59 de los contrato colectivo de condiciones de trabajo celebrado entre el INA y el Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional Agrario (SITRAINA) que se han suscrito desde el año 1991 hasta la actualidad.- SEGUNDO: SIN COSTAS por haber tenido motivos suficientes para litigar…” (Folios 180–181fv de la Pieza de antecedentes del A-quo) 3) Que en fecha diecinueve (19) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), compareció ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, la abogada ANABELLY SUYAPA MEDINA MONCADA, actuando en su condición de Apoderada Judicial de los señores NORMAN VICENTE CLAROS QUINTANILLA Y OTROS, solicitando se realice la liquidación de los valores remitidos por el Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios Públicos (INJUPEMP), según Oficio No. 076-2019-DE, de fecha 13 de febrero del año 2019, para poder continuar con el respectivo proceso judicial. (Folio 322 de la pieza de antecedentes del A-quo) 4) Que dando respuesta a la solicitud de Liquidación de Valores peticionado, el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, dictó Resolución en fecha diez (10) de abril del año dos mil diecinueve (2019), mediante la cual Resolvió: (Sic) “… SE RECHAZA en virtud de que la Sentencia emitida en fecha 18 de abril del año 2012, que corre a folios 180 y 181, es de carácter declarativa de un derecho otorgado a los trabajadores del Instituto Nacional Agrario (INA), establecido en la cláusula 59 del contrato colectivo de condiciones de trabajo celebrado entre el INA y el SITRAINA, suscrito desde el año 1991 hasta la actualidad, siendo este el alcance de la Sentencia proferida y no lo solicitado por la Abogada MEDINA MONCADA, referente a la devolución de las cuotas de los señores antes mencionados, se hace ver que la judicatura ya ha realizado diligencias de ejecución de sentencia véase el requerimiento en autos según folio (219), en la cual el Representante Legal del (INA), firma para dar cumplimiento a la cláusula 59 del contrato colectivo celebrado entre el INA y el SITRAINA; lo anterior en vista de que el Juez le corresponde aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado apegado siempre al imperio de la Ley, que Secretario del Despacho devuelva la documentación presentada…” (Folios 323 de la Pieza de antecedentes del A-quo) 5) Que conociendo del recurso de apelación interpuesto por la abogada ANABELLY SUYAPA MEDINA MONCADA, en su condición de Apoderada Judicial de los señores NORMAN VICENTE CLAROS QUINTANILLA, ELVIS ALBERTO LARA MEJÍA, JOSÉ RUFINO DUBÓN BUESO, JUAN CARLOS SANTOS GALLARDO, XENIA CAROLINA AYALA NÚÑEZ Y SANTOS RAMÓN ÁVILA VALLEJO, la Corte de Apelaciones del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, dictó Sentencia Interlocutoria en fecha catorce (14) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), mediante la cual Falló: (Sic) “I.-Declarar SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Abogada ANABELLY SUYAPA MEDINA MONCADA, en su condición de representante procesal parte demandante.- II.- CONFIRMAR el auto interlocutorio dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán de fecha diez (10) de abril del mil diecinueve (2019), y que corre agregada a la segunda pieza a folio 29 de los autos.- III.- SIN COSTAS en esta instancia…” (Folios del 43–45fv de la Pieza de antecedentes del Ad-quem) 6) Que la abogada ANABELLY SUYAPA MEDINA MONCADA, compareció ante este Alto Tribunal en fecha veinte (20) de enero del año dos mil veinte (2020), interponiendo acción de amparo a favor de los señores NORMAN VICENTE CLAROS QUINTANILLA, ELVIS ALBERTO LARA MEJÍA, JOSÉ RUFINO DUBÓN BUESO, JUAN CARLOS SANTOS GALLARDO, XENIA CAROLINA AYALA NÚÑEZ Y SANTOS RAMÓN ÁVILA VALLEJO, contra la Sentencia Interlocutoria de fecha catorce (14) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma violenta en perjuicio de sus representados, los derechos y garantías contenidos en los artículos 60, 80, 82, 90, 127 y 128 de la Constitución de la República; teniendo esta Sala por formalizado el recurso de mérito, en fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veintiuno (2021), ordenando dar vista de los antecedentes al fiscal del Despacho, a efecto de emitir el Dictamen correspondiente. (Folios del 1–3 y 20 de los autos) 7) Que en fecha diecisiete (17) de febrero del año dos mil veintiuno (2021), se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de su Fiscal, la abogada SAGRARIO ROSIBEL GUITIÉRREZ MALDONADO, y por emitido su dictamen siendo de la opinión porque Se DENIEGUE la presente acción de amparo, por no existir vulneración de las garantías invocadas por el Amparista. Argumenta la Fiscal del Despacho que al examinar la resolución sub-júdice, se aprecia que la sentencia recaída en la demanda interpuesta, es meramente declarativa tal como se peticionó en la respectiva demanda, donde se solicitó el reconocimiento de un derecho, en consecuencia lo declarado en dicha sentencia de fecha 18 de abril del año 2018, es el reconocimiento de lo estipulado en el Contrato Colectivo suscrito entre el INA y SITRAINA en su cláusula 59, que dispone lo siguiente: “El Instituto nacional Agrario se compromete a incorporar a sus trabajadores al Régimen de retiros, administrados por el Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo, asumiendo los costos por servicios anteriores…”, de ahí que el alcance de lo establecido en la sentencia es únicamente el cumplimiento de ese derecho contemplado en la cláusula 59 antes referida, es decir lo dispuesto en la sentencia es la ratificación de ese derecho, lo cual, no es congruente con lo peticionado por la recurrente. (Folios del 23–30 de los autos). CONSIDERANDO(1): Que la Acción de Amparo es una garantía constitucional, consecuentemente cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución[1]. Es decir, constituye una garantía de restitución de una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental. Tenemos también que la garantía de amparo no sólo tiene rango constitucional, sino que su reconocimiento emana también de Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos, así tenemos que: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley[2].” CONSIDERANDO(2): Que se ha impugnado mediante esta vía constitucional la Sentencia Interlocutoria dictada por unanimidad de votos en fecha catorce (14) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en la Demanda Ordinaria Laboral promovida por el SINDICATO DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (SITRAINA), contra el INSTITUTO NACIONAL AGRARIO; resolución por la cual el Tribunal Ad-quem resolvió declarar Sin Lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la parte demandante y confirmó el auto interlocutorio dictado en fecha diez de abril del año dos mil diecinueve, por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán. CONSIDERANDO(3): Que la recurrente Abogada ANABELLY SUYAPA MEDINA MONCADA, muestra su descontento con la resolución que se deja relacionado en el acápite anterior, por estimar que la misma vulnera en perjuicio de sus representados derechos y garantías constitucionales contenidas en los artículos 60, 80, 82, 90, 127 y 128 de la Constitución de la República; arguye la impetrante que solicitó al Tribunal que, en base a la liquidación ya realizada por el INJUPEMP requiriera al ejecutado para su cumplimiento en base a tal liquidación, y el Tribunal le declaró sin lugar la petición, aduciendo que el tribunal no podía ordenar devolución alguna de cantidades a sus representados, pues se trataba de una sentencia declarativa; pero que en ningún momento solicitó entrega de ninguna suma a sus representados, sino que el INA pagara al INJUPEMP las sumas adeudadas por afiliación retroactiva de sus representados (parte patronal y del empleado), según sentencia. CONSIDERANDO(4): Que bajo la tesis planteada, corresponde a esta Sala de lo Constitucional determinar si la decisión adoptada por el Ad-quem, vulnera o no los derechos contenidos en los artículos 60, 80, 82, 90, 127 y 128 de la Constitución de la República; en ese orden de ideas hay que señalar que el argumento toral del recurso tiene que ver básicamente con el desacuerdo de la impetrante en relación a la decisión adoptada por la Alzada, al declarar sin lugar el recurso de apelación promovido contra la resolución dictada por el A-quo que rechaza la petición de la recurrente en cuanto a su solicitud de liquidación de los valores remitidos por el Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios Públicos (INJUPEMP). CONSIDERANDO (5): Que es línea jurisprudencial de esta Sala de lo Constitucional, formado mediante el dictado de diferentes sentencias, que el Debido Proceso supone una serie de derechos que deben ser respetados en todo proceso, ello para garantizar la tutela judicial efectiva de cada uno de los interesados que concurren a los órganos jurisdiccionales en amparo de sus pretensiones, es así que el artículo 90 constitucional párrafo primero define: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”; en el ámbito de aplicación del debido proceso, se encuentra el principio de legalidad o primacía de la ley, principio fundamental, conforme al cual todo ejercicio de un poder público debe realizarse acorde a la ley vigente y su jurisdicción y no a la voluntad de las personas. Es conforme a ello que la seguridad jurídica requiere que las actuaciones de los poderes públicos estén sometidas al principio de legalidad, y es una condición necesaria para afirmar que un Estado es un Estado de Derecho, pues el poder tiene su fundamento y límite en las normas jurídicas. CONSIDERANDO(6): Que para el jurista Alejandro Suárez Fernández “…el objeto del proceso laboral es la pretensión, en este caso la pretensión laboral, es decir, la solicitud de que el Juez declare el derecho que asiste al demandante y cuya satisfacción corresponde al demandado.”[3]. en la resolución que se impugna en el acápite intitulado “CONSIDERANDO (7)”, la Alzada expone: “Que si bien es cierto, la pretensión en la demanda de mérito refiere a que “Se condene al patrono a dar efectivo cumplimiento a una cláusula de un contrato colectivo de condiciones de trabajo vigente, seguidos los tramites de rigor se ordene adoptar de inmediato todas las providencias que sean necesarias a efecto de materializar el beneficio plasmado en la cláusula 59, de la referida convención colectiva, relativa a la incorporación de los trabajadores permanentes que a la fecha aún no participan del sistema de jubilaciones y pensiones y demás beneficios que otorga el INJUPEMP a los demás trabajadores participantes en el sistema”, la sentencia definitiva dictada únicamente se limita a RATIFICAR el reconocimiento del Derecho a los Trabajadores del INA establecido en la Cláusula 59 del Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo celebrado entre el INA y el Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional Agrario (SITRAINA) que se ha suscrito desde el año 1991 hasta la actualidad; sin que la misma haga referencia a las diligencias necesarias a efecto de materializar el beneficio plasmado en la indicada cláusula contractual; consecuentemente, lo solicitado por la parte demandante resulta extemporáneo; por cuanto, ha producido firmeza la resolución recaída en el presente juicio, y goza del efecto de cosa juzgada formal, debiendo el tribunal estar en todo a lo dispuesto en ella, sin poder variarla después de firmada; y de la cual este Tribunal de Alzada observa que la sentencia es meramente declarativa y no ejecutable, conforme al artículo 752 del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria al proceso laboral; en consecuencia, este Tribunal de Alzada estima que el auto interlocutorio dictada se encuentra conforme a derecho, siendo procedente su confirmatoria, con la salvedad indicada, en cuanto a lo peticionado y resuelto por el Juzgado de la causa.” CONSIDERANDO(7): Que de la lectura de los argumentos expuestos por la recurrente en la acción constitucional impetrada, esta Sala de lo Constitucional advierte, que los mismos se limitan a enunciar que en el proceso laboral rige el principio in dubio pro operario, en cuanto a la aplicación de la norma mas favorable y la condición mas beneficiosa y que en caso de conflicto o duda sobre la aplicación o interpretación de las disposiciones del trabajo, convencionales o reglamentarias, prevalecerá la disposición o la interpretación mas favorable al trabajador; para luego indicar las garantías constitucionales que considera vulneradas; no obstante a ello, la recurrente no realiza una exposición congruente en relación a explicar la forma en como la resolución dictada por la Alzada vulnera cada una de los preceptos constitucionales enunciados. La impetrante hace alusión al principio in dubio pro operario, el que se define como el principio general del derecho de naturaleza exegética derivado del carácter tuitivo del derecho laboral, que ordena interpretar la ley en beneficio del trabajador en los casos de duda o conflicto normativo; principio que no aplica en la solución del caso sub júdice, pues acá nos encontramos ante el dictado de una sentencia declarativa, la cual se encuentra firme y como bien lo señala la Alzada, el tribunal debe estarse a lo dispuesto en ella, sin poder variarla después de firmada, haciendo prevalecer con ello el principio de legalidad. CONSIDERANDO (8): Que al ser Honduras suscriptor de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella; en relación a la Protección Judicial, el artículo 25.1 de la Convención en comento dispone: “1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.”; Juana Maria Ibáñez Rivas[4], en relación al derecho a la protección judicial expresa: “En efecto, la Corte ha señalado que el texto del artículo 25 “es una disposición de carácter general que recoge la institución procesal del amparo, entendido como el procedimiento judicial sencillo y breve que tiene por objeto la tutela de todos los derechos reconocidos por las constituciones y las leyes de los Estados partes y por la Convención”. CONSIDERANDO (9): Que la Sala de lo Constitucional vista y analizada que ha sido la resolución impugnada, y acorde a los principios que rigen la substanciación de la acción de amparo, encuentra que la misma se encuentra ajustada a derecho, pues se ha respetado el principio de legalidad, conforme al cual todo ejercicio de un poder público debe realizarse acorde a la ley vigente y su jurisdicción y no a la voluntad de las personas. Como bien lo indica la Alzada, la sentencia dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha dieciocho de abril del año dos mil doce es una sentencia declarativa, que ratifica el reconocimiento del Derecho a los trabajadores del INA establecido en la cláusula 59 del Contrato Colectivo de condiciones de trabajo celebrado entre el Instituto Nacional Agrario y el Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional Agrario, sin que la misma haga referencia a las diligencias necesarias a efecto de materializar el beneficio plasmado en la indicada cláusula contractual; por ende se trata de una sentencia no ejecutable al tenor de lo establecido en el artículo 752[5] del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria a falta de disposiciones especiales en el procedimiento del trabajo, según lo dispuesto en el artículo 858 del Código de Trabajo. Se debe señalar que la recurrente en amparo expone la vulneración de los derechos y garantías contenidos en los artículos 60, 80, 82, 90, 127 y 128 de la Constitución de la República, trasgresiones que no se observan, ya que por el A-quo y por el Ad-quem, fue escuchada a la recurrente en sus pretensiones, se le dio la oportunidad de exteriorizar sus argumentaciones fácticas y jurídicas, recibió las respuestas jurisdiccionales en el tiempo establecido, todo ello haciendo prevalecer el debido proceso y consecuentemente en respeto al imperio de la ley, haciendo efectiva la tutela de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución de la República, que arguye vulnerados, concluyendo esta Sala que el obtener respuestas jurisdiccionales contrarias a las pretensiones de las partes, no es indicativo de vulneración de derechos fundamentales. CONSIDERANDO (10): Que, al haberse determinado la no vulneración de los derechos fundamentales señalados, se estima procedente denegar el recurso de amparo que ahora se conoce. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los artículos 1, 80, 82, 90, 183, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 18 de la Declaración Universal de los Derechos y Deberes del Hombre; 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 858 del Código de Trabajo; 752 del Código Procesal Civil; 1, 2, 3 Nº 2), 5, 9 Nº 3) literal b), 45 y 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: DENEGANDO el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada ANABELLY SUYAPA MEDINA MONCADA, a favor de los señores NORMAN VICENTE CLAROS QUINTANILLA, ELVIS ALBERTO LARA MEJÍA, JOSÉ RUFINO DUBÓN BUESO, JUAN CARLOS SANTOS GALLARDO, XENIA CAROLINA AYALA NÚÑEZ y SANTOS RAMÓN ÁVILA VALLEJO, contra la sentencia interlocutoria dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha catorce (14) de octubre del año dos mil diecinueve (2019). Y MANDA: Que, con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó la Magistrada Reina Auxiliadora Hercules Rosa.- NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, M.D.C., veinte de septiembre del dos mil veintiuno. VISTO: el recurso de reposición interpuesto por la Abogada ANABELLY SUYAPA MEDINA MONCADA, en su condición de Apoderada Judicial de los señores NORMAN VICENTE CLAROS QUINTANILLA, ELVIS ALBERTO LARA MEJIA, JOSÉ RUFINO DUBON BUESO, JUAN CARLOS SANTOS GALLARDO, XENIA CAROLINA AYALA NUÑEZ y SANTOS RAMON AVILA VALLEJO, contra la sentencia dictada por esta Sala de lo Constitucional en fecha, dieciocho (18) de agosto del año dos mil veintiuno (2021), por medio de la cual se falla Denegando el Recurso de Amparo promovido por la Abogada ANABELLY SUYAPA MEDINA MONCADA a favor de los señores NORMAN VICENTE CLAROS QUINTANILLA, ELVIS ALBERTO LARA MEJIA, JOSÉ RUFINO DUBON BUESO, JUAN CARLOS SANTOS GALLARDO, XENIA CAROLINA AYALA NUÑEZ y SANTOS RAMON AVILA VALLEJO, contra la sentencia interlocutoria dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha catorce (14) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), que resuelve declarar sin lugar el recurso de apelación promovido por la representante procesal de la parte demandante, consecuencia de ello, confirma el auto interlocutorio dictado por el Juzgado de Letras del Departamento de Francisco Morazán de fecha diez (10) de abril del año dos mil diecinueve (2019), que rechaza lo solicitado por la Abogada Anabelly Suyapa Medina Moncada, en virtud que la sentencia emitida en fecha 18 de abril del año 2012, es de carácter declarativa de un derecho otorgado a los trabajadores del Instituto Nacional Agrario (INA), establecido en la cláusula 59 del Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo, celebrado entre el INA y el SITRAINA, suscrito desde el año 1991 a la actualidad, siendo este el alcance de la sentencia proferida. CONSIDERANDO (1): Que conforme lo establece el párrafo final del artículo 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, contra los fallos proferidos por unanimidad de la Sala de lo Constitucional, sólo cabra el recurso de reposición, mismo que podrá ser interpuesto en el acto de la notificación o al día siguiente hábil al de su notificación por la tabla de avisos del Despacho. CONSIDERANDO (2): Que, vista la petición de la recurrente, de la lectura del mismo se aprecia, que fundamenta su recurso exponiendo los mismos argumentos que los señalados en su escrito de interposición de la acción constitucional de Amparo de mérito, al indicar que no se ha dado cumplimiento a lo establecido en la sentencia, que cuatro de sus representados fueron inscritos en el INJUPEMP hace poco mas de un año (abril de 2018), no en forma retroactiva como establece la sentencia, sino a partir de esa fecha, lo que conlleva incumplimiento a lo establecido en la misma y violación a los derechos de sus representados, por lo que solicitó al Tribunal que, en base a la liquidación ya realizada por el INJUPEMP requiriera al ejecutado para su cumplimiento en base a tal liquidación y el Tribunal le declaro sin lugar su petición, aduciendo que el Tribunal no podía ordenar devolución alguna de cantidades a sus representados, pues se trataba de una sentencia declarativa, en ningún momento solicito entrega de ninguna suma a sus representados -sostiene la recurrente-, sino que el INA pagara al INJUPEMP las sumas adeudadas por afiliación retroactiva de sus representados. Continúa exponiendo la amparista, que la obligación constitucional de interpretación de las normas relativas a derechos humanos de conformidad con fuentes internacionales encierra un autentico control de convencionalidad lato sensu al ordenar el poder reformador de manera imperativa el análisis de estas normas a la luz de los tratados internacionales en la materia, éste es en esencia el fin último de este control. CONSIDERANDO (3): Que quien se sienta agraviado por una resolución o sentencia, emitida por un juez o tribunal puede impugnarlas, a efecto de subsanar los errores de fondo o los vicios de forma en que se haya incurrido al dictarla; dicho así el recurso de reposición es un medio procesal para la impugnación de las sentencias emitidas por la Sala de lo Constitucional, ello con el propósito de hacer valer el derecho a la tutela judicial efectiva, enunciado por la Constitución de la República y por los tratados internacionales suscritos por Honduras, definido como el derecho de poder acudir a los órganos jurisdiccionales del Estado a fin de obtener una respuesta en tutela a las pretensiones de los interesados, en el sentido de obtener una resolución de fondo jurídicamente razonada, siempre que se den los presupuestos procesales para tal conocimiento y que sea congruente con los postulados de las partes al caso concreto. CONSIDERANDO (4): Que se puede decir, que los medios de impugnación son, en términos generales, instrumentos puestos por el ordenamiento procesal a disposición de las partes para intentar la modificación o anulación de una resolución judicial, impidiendo que se consoliden sus efectos jurídicos o eliminándolos. Parafraseando a Diego de Diez los recursos son, en suma, aquellos medios de impugnación por los que alguna de las partes pretende un nuevo examen de las cuestiones fácticas o jurídicas abordadas en una resolución no firme que le perjudica, con el objeto que sea anulada, modificada o sustituida por otra que le favorezca. Los recursos se desarrollan dentro del mismo proceso, abriendo una nueva fase[6]. El citado autor sostiene, que con los medios de impugnación se pretende garantizar la correcta aplicación del Derecho en el caso concreto y, consecuentemente, el acierto en las resoluciones, reduciendo al máximo los contingentes errores judiciales, por lo demás inevitable como en cualquier actividad humana. Continua el autor señalando que la posibilidad de yerro puede afectar a: * La aplicación e interpretación de las normas procesales que rigen la tramitación de los procesos; * La aplicación e interpretación de las normas materiales empleadas en la resolución del litigio, esto es la realización del juicio de derecho para resolver la cuestión de fondo; y, * La actividad desplegada para lograr la fijación del relato fáctico, es decir, la actividad de interpretación y valoración de la prueba en pos de la realización del juicio de hecho.[7] CONSIDERANDO (5): Que, a falta de disposiciones especiales en el procedimiento del trabajo, se aplicarán las normas análogas del Código de Trabajo y, en defecto, las del Código de Procedimientos Civiles[8]. En ese orden de ideas, uno de los principios rectores del proceso civil hondureño, es precisamente el debido proceso, el que, en consonancia con lo preceptuado en la Constitución de la República, se define en el artículo 3 del Código Procesal Civil, como el derecho que las partes tienen a que el proceso se desarrolle por los trámites previstos legalmente y a que se dicte por órgano jurisdiccional competente, independiente e imparcial, una resolución de fondo justa y motivada. CONSIDERANDO (6): Que de la lectura del recurso de reposición interpuesto contra el fallo constitucional dictado por este Alto Tribunal en fecha dieciocho de agosto del año dos mil veintiuno, no se advierten nuevas argumentaciones que no hayan sido tenidas en consideración al momento de dictar el fallo que ahora se recure en reposición; la recurrente arguye que al denegarse el amparo solicitado por sus representados se esta dejando al arbitrio de una Institución del Estado el cumplimiento de lo declarado en la sentencia, no habría manera en el derecho interno de hacer valer dicha sentencia; ante tal argumento, lo cierto es que este Tribunal Constitucional en el fallo ut supra, deja relacionado en forma clara en los considerandos 7 y 9, que el principio in dubio pro operario, invocado por la recurrente, no aplica en la solución del caso sub júdice, pues nos encontramos ante el dictado de una sentencia declarativa, la cual se encuentra firme, por ello debe estarse a lo dispuesto en ella, sin poder variarla después de firmada, de lo contrario este Tribunal Constitucional estaría violentando el principio de legalidad contenido en el artículo 321 constitucional, al no tener los servidores del estado, mas facultades que las que expresamente les confiere la ley y toda acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Basta con dar lectura a la sentencia emitida en fecha dieciocho de abril del año dos mil doce, por el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, para concluir que lo peticionado por la recurrente, no es posible concederse al tenor de lo dispuesto en la referida sentencia definitiva, pues ésta lo que hace es ratificar el reconocimiento del Derecho a los trabajadores del INA establecido en la cláusula 59 del Contrato Colectivo, celebrado entre el INA y el SITRAINA. En ese orden de ideas, esta Sala de lo Constitucional ha procedido a dar respuesta a las pretensiones deducidas por la recurrente en Amparo, no advirtiéndose ultraje a los derechos constitucionales invocados. CONSIDERANDO (7): Que las pretensiones expuestas por la recurrente Abogada ANABELLY SUYAPA MEDINA MONCADA, en el recurso de reposición no son de recibo, ya que en la Sentencia emitida por este Alto Tribunal en fecha dieciocho (18) de agosto del año dos mil veintiuno (2021), que corre agregada en autos se establece en forma motivada, clara, precisa y congruente, las razones que esta Sala ha estimado para denegar el recurso de amparo impetrado, y con ello se explican los motivos legales que conllevan a la denegatoria de la acción constitucional impetrada. En ese orden de ideas se estima que la resolución recurrida, esta dictada de acuerdo a derecho, en virtud de no existir razones de fondo o forma para proceder a su enmienda. CONSIDERANDO (8): Que el Tribunal ante quien se pida la reposición deberá, sin más trámite, denegar o enmendar la providencia o sentencia, según lo creyere de derecho. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Constitucional y en aplicación de los artículos 80, 82, 90, 183, 303, 304, 313 atribución 5ta., 316 y 321 de la Constitución de la República; 78 atribución 5ta., de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 4.7.8, 119 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: DECLARAR NO HA LUGAR el recurso de reposición interpuesto por la Abogada ANABELLY SUYAPA MEDINA MONCADA, por las razones que se dejan ya señaladas Y MANDA: Que el Secretario del Despacho notifique lo resuelto a la recurrente para los efectos legales que en derecho correspondan. Redactó la magistrada Reina Auxiliadora Hércules Rosa.- NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete días del mes de octubre de dos mil veintiuno, certificación de la sentencia de fecha dieciocho de agosto y veinte de septiembre de dos mil veintiuno, respectivamente, recaídas en el Recurso de Amparo Laboral bajo el número SCO-0054-2020.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] Artículo 183 de la Constitución de la República.

[2] Artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

[3] Alejandro Suárez Fernández, DERECHO DEL TRABAJO Conflictos Colectivos Seguridad Social Derecho Procesal del Trabajo, Universidad Nacional de Educación a Distancia, Lerko Print, S.A. Madrid. tercera edición, agosto 1996, pág., 281.

[4] Juana Maria Ibáñez, Convención Americana sobre Derechos Humanos. Artículo 25. Protección Judicial. Chistian Steiner/Patricia Uribe (editores). Federico Andreu... et al; KONRAD-ADENAUER-STIFTUNG e. V. Magna Terra Editores. Guatemala, diciembre de 2014. Pág. 611

[5] “TÍTULOS NO EJECUTABLES. 1. Las sentencias de mera declaración y las constitutivas no podrán ser objeto de ejecución forzosa. Cuando lo requieran por su contenido serán inscritas o anotadas en los Registros Públicos correspondientes. 2. No obstante lo anterior, podrá solicitarse la ejecución forzosa de los pronunciamientos de condena contenidos en sentencias meramente declarativas o constitutivas”.

[6] De Diego Diez, L. Alfredo. Teoría general de los recursos. O.I.M. EDITORIAL S.A. de C.V., Tegucigalpa, M.D.C. (Honduras). Primera edición 17 de febrero de 2014. Pág. 25.

[7] De Diego Diez, L. Alfredo. Teoría general de los recursos. O.I.M. EDITORIAL S.A. de C.V., Tegucigalpa, M.D.C. (Honduras). Primera edición 17 de febrero de 2014. Pág. 30 y 31.

[8] Artículo 858 del Código de Trabajo.