Sentencia AL-38-20 — Registro 13342
Resumen
Se interpuso recurso de amparo contra la que resolvió recurso de apelación contra la resolución dictada por el juzgado de letras, que declara sin lugar la petición de la parte demandante, en cuanto a que se declare en contumacia a la parte demandada, ello con relación a la demanda laboral ordinaria. Estima el recurrente que el acto reclamado atenta contra el debido proceso, contenido en el artículo 90 de la Constitución de la República.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO(5): Que bajo la tesis planteada, corresponde a esta Sala de lo Constitucional determinar si la decisión adoptada por el Ad-quem, vulnera o no el derecho al debido proceso contenido en el artículo 90 de la Constitución de la República; en ese orden de ideas hay que señalar que el argumento fundamental del recurso versa en relación a que el Tribunal de Alzada debió declarar Ha Lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la parte demandante y consecuentemente revocar la resolución dictada por el A-quo, mediante el cual el referido Juzgado, declara sin lugar la petición de declarar en contumacia a la parte demandada. CONSIDERANDO(6): Que de la lectura de la acción constitucional promovida, esta Sala estima que el recurrente al exponer la vulneración del derecho al debido proceso, lo relaciona con quebranto de las normas de procedimiento civil contenidas fundamentalmente en los artículos 81.3.4, 82 y 84.1 del Código del Código Procesal Civil, que versan su contenido en la intervención de profesional del derecho, obligatoriedad del poder y deberes del profesional del derecho. … CONSIDERANDO(9): Que como ya lo ha reiterado esta Sala de lo Constitucional en diferentes sentencias, el Debido Proceso supone una serie de derechos que deben ser respetados en todo proceso, ello para garantizar la tutela judicial efectiva de cada uno de los interesados que concurren a los órganos jurisdiccionales en amparo de sus pretensiones, es así que el artículo 90 constitucional párrafo primero define: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”; en el concepto de debido proceso, se encuentra el derecho a la defensa, el que encuentra acogida en el artículo 1 del Código Procesal Civil, que en relación del acceso a los juzgados y tribunales define en el numeral 2 que en ningún caso se puede producir indefensión para las partes del proceso; por ello el numeral 3 prohíbe el establecimiento de cualquier obstáculo de carácter social, político, económico, cultural o de otra índole, que impida o dificulte el acceso de cualesquiera persona a la justicia. …[8] CONSIDERANDO(12): Que esta Sala de lo Constitucional comparte el criterio jurídico vertido por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, resolución que es impugnada a través de la garantía de Amparo; al igual que la autoridad recurrida, esta sala es del criterio que la norma constitucional en el artículo 82 garantiza el derecho de defensa, así como el derecho de acceso a los tribunales de las personas, en procura que los órganos jurisdiccionales del Estado les escuche en sus pretensiones en igualdad de condiciones y el obtener una resolución de fondo justa y motivada, por ello corresponde al juzgador como director del proceso, el garantizar el acceso a la jurisdicción, evitando restricciones en detrimento del derecho a la tutela judicial efectiva, siguiendo la línea jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. CONSIDERANDO (13): Que por todo lo expuesto anteriormente la Sala de lo Constitucional arriba a la conclusión que en el presente caso no se ha vulnerado el derecho al debido proceso contenido en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, que invoca el recurrente, la Alzada confirma la resolución emitida por el A-quo, al observar que la misma fue dictada en prevalencia del derecho a la defensa, acceso a la justicia e igualdad de las partes en el proceso, derechos fundamentales establecidos en la Constitución de la República. El obtener respuestas contrarias a las pretensiones de una de las partes en el proceso, no supone siempre, la vulneración o el quebranto de derechos fundamentales. CONSIDERANDO(14): Que la garantía procesal del juez natural tiene relevancia constitucional en virtud de lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 90 de nuestra norma fundamental, en virtud que este extremo constituye uno de los pilares del debido proceso o juicio justo, mismo que debe ser respetado y observado, en garantía de la tutela judicial efectiva de quienes acuden ante los órganos jurisdiccionales en busca respuestas satisfactorias a sus pretensiones, por medio de resoluciones motivadas y coherentes. CONSIDERANDO(15): Que la Sala de lo Constitucional, finalmente estima que la decisión del Ad-quem no quebranta el derecho al debido proceso invocado por el recurrente, por lo que procede denegar el amparo del que se hace mérito.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
Sentencia
ALESSANDRA
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte días del mes de mayo del año dos mil veintiuno. VISTO: Para dictar sentencia en el recurso de amparo interpuesto por el Abogado RAMON ENRIQUE VALERIO EGUIGUREMS a favor de los señores KEVIN ALEJANDRO AGUILAR ZAVALA, GUSTAVO ARIAS HERNANDEZ, LELIS CANTARERO ZALDIVAR, ROLANDO GARCIA DIAZ, ENEMECIO MARTINEZ MARTINEZ, J. ABEL MEJIA MENDOZA, ENRIQUE GEOVANNI MORALES SORIANO, NARCIZO SAAVEDRA AMADOR Y ORBELINA VALENZUELA ANDRADE, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, en fecha siete (07) de enero del año dos mil veinte (2020), que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, en fecha dieciséis de septiembre del año dos mil diecinueve, que declara sin lugar la petición de la parte demandante, en cuanto a que se declare en contumacia a la parte demandada, ello con relación a la demanda laboral ordinaria, promovida por el Abogado Ramón Enrique Valerio Eguigurems, en su condición de Representante procesal de los Señores KEVIN ALEJANDRO AGUILAR ZAVALA, RAMON GUSTAVO ARIAS HERNANDEZ, LELIS CANTARERO ZALDIVAR, ROLANDO GARCIA DIAZ, ENEMECIO MARTINEZ MARTINEZ, J. ABEL MEJIA MENDOZA, ENRIQUE GEOVANNI MORALES SORIANO, NARCIZO SAAVEDRA AMADOR y ORBELINA VALENZUELA ANDRADE, contra la Sociedad Mercantil INTER-CON SECURITY SYSTEMS INC., representada legalmente en Honduras por la señora Melba Leila Aguilar Aguilar y contra INTER-CON SECURITY SYSTEMS DE HONDURAS S. DE R. L., a través del señor Nelson Enrique Gonzales Romero, en su condición de Gerente General. Estima el recurrente que el acto reclamado atenta contra el debido proceso, contenido en el artículo 90 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha veintiséis (26) de julio del año dos mil dieciocho (2018), compareció ante el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, el Abogado RAMON ENRIQUE VALERIO EGUIGUREMS, en su condición de Representante Procesal de los señores KEVIN ALEJANDRO AGUILAR ZAVALA, RAMON GUSTAVO ARIAS HERNANDEZ, LELIS CANTARERO ZALDIVAR, ROLANDO GARCIA DIAZ, ENEMECIO MARTINEZ MARTINEZ, J. ABEL MEJIA MENDOZA, ENRIQUE GEOVANNI MORALES SORIANO, NARCIZO SAAVEDRA AMADOR y ORBELINA VALENZUELA ANDRADE, promoviendo Demanda Laboral Ordinaria, para el pago de prestaciones, derechos adquiridos, salarios adeudados durante la suspensión ilegal de labores de noventa días, contra la Sociedad Mercantil INTER-CON SECURITY SYSTEMS INC. y contra INTER-COM SECURITY SYSTEMS DE HONDURAS S. DE R. L. (Folios del 1–5fv de la pieza principal de antecedentes del A-Quo). 2) Que en fecha dieciséis de septiembre del año dos mil diecinueve, compareció ante el mencionado Juzgado el Abogado Ramón Enrique Valerio Eguigurems, en su condición de Representante Procesal de las partes demandantes, peticionando se declare en CONTUMACIA, a la parte demandada, quedando nulas las posteriores actuaciones del apoderado personal del señor Nelson Enrique Gonzales. (Folio 68f de la pieza principal de los antecedentes del A-quo) 3) Que en la misma fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, ante la petición de la parte demandante Resolvió: (Sic) “Admítase la comparecencia que antecede y en vista de lo manifestado por el compareciente se declara SIN LUGAR lo solicitado en virtud que el abogado MARVIN ALONZO HERNANDEZ TORRES dio contestación a una demanda que si bien es cierto el Tribunal por cuestiones de legalidad le solicito que presentara el PODER GENERAL PARA PLEITOS, otorgado por el señor NELSON ENRIQUE GONZALES ROMERO, en su condición de representante de la demandada INTER-CON SECURITY SYSTEMS DE HONDURAS, S. DE R. L..- También no es menos cierto que el derecho constitucional de defensa es inviolable por lo que el compareciente con su petición pretende que se le niegue el derecho de defensa a la demandada INTER-CON SECURITY SYSTEMS DE HONDURAS, S. DE R. L., aun a sabiendas de que existe una contestación que esta pendiente de resolver.- Y en cuanto a que la señora MELBA LEYLA AGUILAR AGUILAR, en su condición personal que no es parte en juicio, consta en autos que el mismo apoderado actor la nómina como representante legal de la empresa INTER-CON SECURITY SYSTEMS INC., y toda personas tienen el derecho de presentar peticiones a las autoridades ya sea por motivo de interés particular o general, ya que el derecho de defensa es inviolable y los habitantes de la República tienen libre acceso a los Tribunales para ejecutar sus acciones en las formas que señalan las leyes….” (Folios 68–69 de la pieza principal de los antecedentes del A-Quo). 4) Que conociendo del recurso de apelación interpuesto por el Abogado RAMON ENRIQUE VALERIO EGUIGUREMS, contra la resolución que se deja relacionada en el numeral que antecede, la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, dictó Sentencia en fecha siete (07) de enero del año dos mil veinte (2020), mediante la cual Falló: (Sic) “PRIMERO: DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el representación procesal demandante contra la resolución dictada el dieciséis de septiembre del año dos mil diecinueve (2019) por el Juzgado de Letras del Trabajo de esta sección judicial en la demanda de la referencia; consecuentemente, se CONFIRMA la referida resolución.- SEGUNDO: SIN COSTAS en esta instancia dado el carácter social de la normativa del trabajo….” (Folios del 30-33 de la pieza de antecedentes del Ad-Quem). 5) Que el Abogado RAMON ENRIQUE VALERIO EGUIGUREMS, compareció ante este Alto Tribunal en fecha veinte (20) de enero del año dos mil veinte (2020), interponiendo acción de amparo a favor de los señores KEVIN ALEJANDRO AGUILAR ZAVALA, GUSTAVO ARIAS HERNANDEZ, LELIS CANTARERO ZALDIVAR, ROLANDO GARCIA DIAZ, ENEMECIO MARTINEZ MARTINEZ, J. ABEL MEJIA MENDOZA, ENRIQUE GEOVANNI MORALES SORIANO, NARCIZO SAAVEDRA AMADOR Y ORBELINA VALENZUELA ANDRADE, contra el fallo de fecha siete (07) de enero del año dos mil veinte (2020), de que se ha hecho referencia en el numeral que antecede, dictado por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula; teniendo esta Sala de lo Constitucional por formalizado el recurso de mérito en fecha dieciséis (16) de octubre del año dos mil veinte (2020). (Folios 1, 2 y 26 de los autos) 6) Que en fecha veinticinco (25) de noviembre del año dos mil veinte (2020), se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de la Fiscal del Despacho Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, y por emitido su dictamen siendo de la opinión que: (Sic) “NO SE OTORGUE la presente acción de Amparo, por NO existir vulneración de las garantías invocadas por el Amparista”. Argumenta la Fiscal del Despacho, en fundamento al artículo 708 del Código del Trabajo y de las diligencias de mérito, estima que en efecto la demanda fue contestada y para que concurra la contumacia se debe apreciar un abandono del proceso por parte de la demandada, lo cual no sucedió en el caso sub-judice. En virtud de lo anterior se aprecia que la intención de la demandada no ha sido desatender lo instruido por el A-quo en cuanto a dar contestación de la demanda en referencia, pues dicho acto procesal fue cumplido por esta, de ahí que no puede considerarse como una intención de abandonar el proceso judicial. (Folios 31–37 y 39 de los autos). CONSIDERANDO(1): Que la Acción de Amparo es una garantía constitucional, consecuentemente cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución establece; y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución[1]. Es decir, constituye una garantía de restitución de una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental. Tenemos también que la garantía de amparo no sólo tiene rango constitucional, sino que su reconocimiento emana también de Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos, así tenemos que: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley[2].” CONSIDERANDO(2): Que se ha impugnado mediante esta vía constitucional la sentencia dictada por unanimidad de votos en fecha siete (7) de enero del año dos mil veinte (2020), por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San pedro Sula, Departamento de Cortés, en la Demanda Laboral promovida por el Abogado RAMON ENRIQUE VALERIO EGUIGUREMS, en su condición de Representante Procesal de los señores KEVIN ALEJANDRO AGUILAR ZAVALA, RAMON GUSTAVO ARIAS HERNANDEZ, LELIS CANTARERO ZALDIVAR, ROLANDO GARCIA DIAZ, ENEMECIO MARTINEZ MARTINEZ, J. ABEL MEJIA MENDOZA, ENRIQUE GEOVANNI MORALES SORIANO, NARCIZO SAAVEDRA AMADOR y ORBELINA VALENZUELA ANDRADE, para el pago de prestaciones, derechos adquiridos, salarios adeudados durante la suspensión ilegal de labores de noventa días, contra la Sociedad Mercantil INTER-CON SECURITY SYSTEMS INC. y contra INTER-COM SECURITY SYSTEMS DE HONDURAS S. DE R. L.; resolución por la cual el Tribunal Ad-quem resolvió declarar No Ha Lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la parte demandante y Confirma la resolución dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés. CONSIDERANDO(3): Que el recurrente Abogado RAMON ENRIQUE VALERIO EGUIGUREMS, muestra su desacuerdo con la resolución que se deja relacionado en el acápite anterior, por estimar que el mismo vulnera en perjuicio de sus representados el derecho al debido proceso contenido en el artículos 90 de la Constitución de la República, en relación a los artículos 81.3.4, 82 y 84.1 del Código Procesal Civil; en su exposición el impetrante arguye que lo injusto de la resolución radica en que la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, declara como válida, en tiempo y forma la contestación de la demanda que hizo el Abogado Marvin Alonzo Hernández Torres dentro del término del emplazamiento, pero con un poder que presentó otro profesional del derecho, esta es la Abogada Katy Yaneth Rodríguez Fúnez, con un poder otorgado por la sociedad demandada más de nueve meses después de vencido el término del emplazamiento, poder que consta en el Instrumento Público número 13 de fecha 12 de diciembre del 2019. CONSIDERANDO(4): Que continuando con su exposición, el recurrente sostiene que la Corte de Apelaciones del Trabajo, fundamenta su injusto fallo en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Pero resulta que ninguno de estos instrumentos jurídicos puede servir para desnaturalizar el contenido y alcances del Código Procesal Civil; no se puede tener por contestada en tiempo y forma una demanda cuando el Poder de la Sociedad no había sido conferido a ninguno de los dos profesionales del derecho mencionados, por lo menos al último día del término del emplazamiento para dar contestación a la demanda. La Corte de Apelaciones cuya resolución se recurre, está autorizando un anacronismo, que se traduce en un acto ilegal que constituye un atentado contra el debido proceso, mediante el cual tienen derecho a litigar ante la justicia hondureña, los trabajadores que representa. CONSIDERANDO(5): Que bajo la tesis planteada, corresponde a esta Sala de lo Constitucional determinar si la decisión adoptada por el Ad-quem, vulnera o no el derecho al debido proceso contenido en el artículo 90 de la Constitución de la República; en ese orden de ideas hay que señalar que el argumento fundamental del recurso versa en relación a que el Tribunal de Alzada debió declarar Ha Lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la parte demandante y consecuentemente revocar la resolución dictada por el A-quo, mediante el cual el referido Juzgado, declara sin lugar la petición de declarar en contumacia a la parte demandada. CONSIDERANDO(6): Que de la lectura de la acción constitucional promovida, esta Sala estima que el recurrente al exponer la vulneración del derecho al debido proceso, lo relaciona con quebranto de las normas de procedimiento civil contenidas fundamentalmente en los artículos 81.3.4, 82 y 84.1 del Código del Código Procesal Civil, que versan su contenido en la intervención de profesional del derecho, obligatoriedad del poder y deberes del profesional del derecho. CONSIDERANDO(7): Que el fallo emitido por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, en fecha siete de enero del año dos mil veinte, fue emitido por Unanimidad de Votos de sus miembros y se fundamentó básicamente en lo siguiente: La norma constitucional en el artículo 82 garantiza el derecho de defensa; mandato que implica el tener acceso al sistema judicial y que si bien tal derecho debe estar presente en todo el proceso, es más relevante en la fase inicial del juicio pues es a partir de ese momento que se ejercen las facultades legalmente reconocidas en el ordenamiento jurídico, correspondiéndole al Juzgador, garantizar el acceso a la jurisdicción, porque es al Estado a quienes se dirigen los ciudadanos a ventilar sus intereses encontrados; lo anterior es concordante con el contenido de los artículos 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, XVIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y 1 de la normativa procesal civil; en el subjudice es visto que el Abogado MARVIN ALONZO HERNANDEZ TORRES quien dijo actuar en su condición de apoderado legal de la empresa INTER-CON SECURITY SISTEMS DE HONDURAS S. DE R. L. según escritura pública otorgada por el señor NELSON ENREIQUE GONZALEZ ROMERO en su condición de Gerente general, dio contestación a la acción, presentando un poder general para pleitos otorgada por la persona natura antes indicada; en razón de ello, la Juez de primera instancia repuso el auto inicialmente decretado, en el sentido de establecer que previo a resolver sobre la admisión de la contestación, se presente el poder conferido por la referida sociedad en el término de cinco días hábiles; decisión que ésta Alzada comparte, pues tal situación no puede servir de obstáculo para el acceso a la justicia de la accionada y porque está en consonancia con la normativa antes citada; de manera que por ahora no es posible decretar la contumacia ni la nulidad pretendida. CONSIDERANDO(8): Que en ese orden de ideas analizada la sentencia emitida por el Tribunal Ad-quem y los argumentos vertidos por el recurrente, esta Sala de lo Constitucional aprecia del estudio de la pieza de antecedentes del A-quo que el Abogado Marvin Alonzo Hernández Torres, compareció ante el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, en fecha veintidós de agosto del año dos mil dieciocho, comparecencia que realizó como apoderado legal de la empresa INTER-CON SECURITY SISTEMS DE HONDURAS, S. DE R. L., contestando la demanda ordinaria laboral en el caso sub júdice, resolviendo el A-quo en auto de fecha veintisiete de agosto del año dos mil dieciocho, por admitido el escrito de contestación de demanda; que al percatarse el A-quo que el poder otorgado al Abogado Marvin Alonzo Hernández Torres, lo hizo a título personal el señor Nelson Enrique Gonzales Romero, se procede a reponer de oficio el auto de fecha veintisiete de agosto antes relacionado y se ordena previo a resolver sobre la admisión de escrito de contestación de demanda, se presente el poder especial para pleitos otorgada por el señor Gonzales Romero en su condición de Gerente General de la empresa INTER-CON SECURITY SISTEMS DE HONDURAS, S. DE R. L. CONSIDERANDO(9): Que como ya lo ha reiterado esta Sala de lo Constitucional en diferentes sentencias, el Debido Proceso supone una serie de derechos que deben ser respetados en todo proceso, ello para garantizar la tutela judicial efectiva de cada uno de los interesados que concurren a los órganos jurisdiccionales en amparo de sus pretensiones, es así que el artículo 90 constitucional párrafo primero define: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”; en el concepto de debido proceso, se encuentra el derecho a la defensa, el que encuentra acogida en el artículo 1 del Código Procesal Civil, que en relación del acceso a los juzgados y tribunales define en el numeral 2 que en ningún caso se puede producir indefensión para las partes del proceso; por ello el numeral 3 prohíbe el establecimiento de cualquier obstáculo de carácter social, político, económico, cultural o de otra índole, que impida o dificulte el acceso de cualesquiera persona a la justicia. CONSIDERANDO (10): Que es jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, conforme lo dispuesto en el Artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el derecho de acceso a la justicia, asimismo ha establecido la Corte que el derecho al debido proceso “se encuentra íntimamente ligado al propio derecho de acceso a la justicia”[3]. La Corte ha afirmado que para no obstaculizar el proceso, los jueces “tienen el deber de dirigir y encausar el procedimiento judicial con el fin de no sacrificar la justicia y el debido proceso legal en pro del formalismo y la impunidad”[4]. Por otra parte, la Corte estableció que se viola el derecho de acceso a la justicia consagrado en el artículo 8.1[5] si se interponen trabas en el acceso a la justicia. En este sentido, en el caso Cantos Vs. Argentina la Corte afirmó: Que los Estados no deben interponer trabas a las personas que acuden a los jueces o tribunales en busca de que sus derechos sean determinados o protegidos. Cualquier norma o medida del orden interno que imponga costos o dificulte de cualquier otra manera el acceso de los individuos a los tribunales, y que no esté justificada por las razonables necesidades de la propia administración de justicia, debe entenderse contraria al precitado artículo 8.1 de la Convención.[6] Si bien el derecho de acceso a la justicia no es absoluto, y consecuentemente, puede estar sujeto a algunas limitaciones discrecionales por parte del Estado, la Corte Interamericana afirma que las limitaciones deben guardar correspondencia con el medio empleado y el fin perseguido y, en definitiva, no pueden suponer la negación misma de dicho derecho. CONSIDERANDO (11): Que, en la misma línea de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el jurista L. Alfredo de Diego Diez, sostiene que “En suma la tutela judicial efectiva constituye un derecho humano capital, en cuanto garantiza la cabal defensa de los derechos e intereses legítimos de las personas. Es un derecho inherente a la dignidad humana y, en cuanto derecho que los seres humanos tienen por el mero hecho de ser personas, se predica sin distinción ni restricción, incluyendo a todos: nacionales y extranjeros, sean habitantes o no de la República….”[7]; de Diego Diez sostiene que ni los jueces y tribunales pueden restringir este derecho con criterios rigoristas o puramente formalistas y señala como lo explica la STC 144/2004: 2.° El derecho a la tutela judicial efectiva puede verse conculcado por aquellas normas que impongan condiciones impeditivas u obstaculizadoras del acceso a la jurisdicción, siempre que los obstáculos legales sean innecesarios y excesivos y carezcan de razonabilidad y proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador en el marco de la Constitución (SSTC 4/1988, de 12 de enero, fj 5; 141/1988, de 29 de junio, jj 7). También puede verse conculcado el derecho de acceso a la tutela por aquellas interpretaciones de las normas que son manifiestamente erróneas, irrazonables o basadas en criterios que por su rigorismo, formalismo excesivo o cualquier otra razón revelen una clara desproporción entre los fines que aquella causa preserva y los intereses que se sacrifican, de forma que la negación de la concurrencia del presupuesto o requisito en cuestión sea arbitraria o irrazonable (por todas, STC 35/1999, de 22 de marzo, fj 4 y las en él citadas).[8] CONSIDERANDO(12): Que esta Sala de lo Constitucional comparte el criterio jurídico vertido por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, resolución que es impugnada a través de la garantía de Amparo; al igual que la autoridad recurrida, esta sala es del criterio que la norma constitucional en el artículo 82 garantiza el derecho de defensa, así como el derecho de acceso a los tribunales de las personas, en procura que los órganos jurisdiccionales del Estado les escuche en sus pretensiones en igualdad de condiciones y el obtener una resolución de fondo justa y motivada, por ello corresponde al juzgador como director del proceso, el garantizar el acceso a la jurisdicción, evitando restricciones en detrimento del derecho a la tutela judicial efectiva, siguiendo la línea jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. CONSIDERANDO (13): Que por todo lo expuesto anteriormente la Sala de lo Constitucional arriba a la conclusión que en el presente caso no se ha vulnerado el derecho al debido proceso contenido en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, que invoca el recurrente, la Alzada confirma la resolución emitida por el A-quo, al observar que la misma fue dictada en prevalencia del derecho a la defensa, acceso a la justicia e igualdad de las partes en el proceso, derechos fundamentales establecidos en la Constitución de la República. El obtener respuestas contrarias a las pretensiones de una de las partes en el proceso, no supone siempre, la vulneración o el quebranto de derechos fundamentales. CONSIDERANDO(14): Que la garantía procesal del juez natural tiene relevancia constitucional en virtud de lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 90 de nuestra norma fundamental, en virtud que este extremo constituye uno de los pilares del debido proceso o juicio justo, mismo que debe ser respetado y observado, en garantía de la tutela judicial efectiva de quienes acuden ante los órganos jurisdiccionales en busca respuestas satisfactorias a sus pretensiones, por medio de resoluciones motivadas y coherentes. CONSIDERANDO(15): Que la Sala de lo Constitucional, finalmente estima que la decisión del Ad-quem no quebranta el derecho al debido proceso invocado por el recurrente, por lo que procede denegar el amparo del que se hace mérito. POR TANTO: La Sala Constitucional en nombre de la Corte Suprema de Justicia impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS, y haciendo aplicación de los artículos: 1, 64, 80, 82, 90, 183, 303, 304, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1 y 321 de la Constitución de la República; 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1 y 3 del Código Procesal Civil; y 1, 2, 3 No.2, 4, 5, 7, 9 No.2, 41, 63, 72 y 73 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: DENEGANDO el recurso de Amparo interpuesto por el Abogado RAMON ENRIQUE VALERIO EGUIGUREMS a favor de los señores KEVIN ALEJANDRO AGUILAR ZAVALA, GUSTAVO ARIAS HERNANDEZ, LELIS CANTARERO ZALDIVAR, ROLANDO GARCIA DIAZ, ENEMECIO MARTINEZ MARTINEZ, J. ABEL MEJIA MENDOZA, ENRIQUE GEOVANNI MORALES SORIANO, NARCIZO SAAVEDRA AMADOR Y ORBELINA VALENZUELA ANDRADE, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, en fecha siete (07) de enero del año dos mil veinte (2020). Y MANDA: Que con certificación de esta Sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE. Firmas y Sello. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firma y sello. CRISTIAN RAMON BAQUIZ FLORES. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cinco días del mes de agosto de dos mil veintiuno, certificación de la sentencia de fecha veinte de mayo de dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Amparo Laboral, registrado en este Tribunal bajo el número SCO-0038=2020.
ABOG. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] Artículo 183 de la Constitución de la República.
[2] Artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
[3] Corte IDH. Caso Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de mayo de 1999. Serie C No. 52 & 128; Corte IDH. Caso Cantoral Benavides Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 18 de agosto de 2000. Serie C No. 69 & 112, entre otras.
[4] Corte IDH. Caso Myrna Mack Chang Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2003. Serie C No. 101, & 211. Caso Luna López Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 10 de octubre de 2013. Serie C No. 269, & 156.
[5] Garantías Judiciales 1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.
[6] Corte IDH. Caso Cantos Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de Noviembre de 2002. Serie C No. 97, & 50. En ese sentido ver también Corte IDH. Caso Yvon Neptune Vs. Haití. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de mayo de 2008. Serie C No. 180, & 82; Corte IDH. Caso Tiu Tojín Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2008. Serie C No. 190, & 95.
[7] L. Alfredo de Diego Díez. El derecho a la tutela judicial efectiva. Prontuario de Derecho Procesal Número 1. O.I.M. EDITORIAL S.A. de C.V. Tegucigalpa, M.D.C. (Honduras). Primera edición 5 de febrero de 2014. Pág. 32.
[8] L. Alfredo de Diego Díez. El derecho a la tutela judicial efectiva. Prontuario de Derecho Procesal Número 1. O.I.M. EDITORIAL S.A. de C.V. Tegucigalpa, M.D.C. (Honduras). Primera edición 5 de febrero de 2014. Pág. 40 y 41.