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Sentencia AL-37-20 — Registro 13341

Resumen

Se interpuso Recurso de Amparo contra la sentencia que declaró con lugar el auto interlocutorio dictado por el Juzgado de Letras con relación a la “demanda ordinaria laboral de primera instancia para el pago de reajuste al salario mínimo, décimo tercer mes, décimo cuarto mes, horas extras, bono educativo, pago de costas del juicio. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representada, los derechos consagrados en los Artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…. CONSIDERANDO DOCE (12): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso al proceso sin traba alguna, en el incidente planteado alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales. CONSIDERANDO TRECE (13): Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico. CONSIDERANDO CATORCE (14): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad Quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las disposiciones legales aplicables a las sentencias; no existiendo violación al debido proceso y el derecho de Defensa; por ello de acuerdo con las motivaciones que preceden, cabe denegar el amparo interpuesto, por las razones que se han expuesto. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 Numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: DENEGANDO el Recurso de Amparo de que se ha hecho mérito.”

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

…. “CONSIDERANDO: Que el recurrente Abogado LEONEL EDGARDO MARADIAGA APLICANO, en fecha siete de septiembre de dos mil veintiuno, eleva a conocimiento de esta Sala, recurso de reposición contra la sentencia que emitiera éste Alto Tribunal, por no compartir el criterio jurídico expresado, insiste en su argumento que su alegato gravita al rededor del debido proceso y derecho de defensa; cuando considera que esta Sala no ha observado las disposiciones legales aplicables al caso y prescindiendo de aplicar las normas procesales de orden público. CONSIDERANDO: Que las pretensiones expuestas por el recurrente, en el recurso de reposición no son de recibo ya que en la Sentencia emitida por este Alto Tribunal, que corre agregado en autos se establece que en el caso que nos ocupa, la Corte de Apelaciones recurrida en amparo, al desarrollar su sentencia señala que la demandante dirigió su acción en contra de MASTER SYM representada por el señor CAMILO SALOMON SEVILLA, en su condición de Gerente Propietario; que al momento de contestar la demanda el Abogado LEONEL EDGARDO MARADIAGA APLICANO, lo hace como representante procesal de MASTER SYM, tal como se aprecia de la contestación de la demanda que obra a folio 45, acompañando a dicha contestación copia del testimonio de la escritura pública No.164 de poder especial para pleitos y gestiones administrativas; y en el cual compareció el señor CAMILO SALOMON SEVILLA CHIANG, como representante legal de MONITOREO DE ALARMAS, SEGURIDAD TECNICA, REACCIÓN Y SERVICIOS MULTIPLES, S. DE R.L. DE C.V. (MASTER SYM), sociedad que según dicho poder especial se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad Mercantil bajo el número 6 del tomo 432, por lo que no cabe la menor duda que MONITOREO DE ALARMAS, SEGURIDAD TECNICA, REACCIÓN Y SERVICIOS MULTIPLES, S. DE R.L. DE C.V. y MASTER SYM, son la misma persona jurídica representada por el señor CAMILO SALOMON SEVILLA CHIANG, y por lo tanto tiene la misma capacidad y personalidad suficiente para comparecer en juicio, declarando sin lugar los defectos procesales interpuestos por el representante procesal demandado. Por las razones anteriormente expuestas, la Sala mediante sentencia emitida el diez de agosto de dos mil veintiuno, denegó la acción de amparo, por considerar que la decisión emitida por el Ad-Quem se ajusta a las disposiciones legales aplicables a las sentencias, no existiendo violación al debido proceso y al derecho de defensa, decisión que aún mantiene en relación con el presente Recurso de Reposición. CONSIDERANDO: Que el Tribunal ante quien se pida la reposición deberá, sin más trámite, denegar o enmendar la providencia o sentencia, según lo creyere de derecho. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Constitucional y en aplicación de los artículos 183, 303, 304, 313 atribución 5ta. y 316 de la Constitución de la República; 78 atribución 5ta., 187, 188 y 189 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 914 del Código Procesal Civil; 4 Nº 7 Y Nº 8, 119, 124 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional;”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia y resolución que literalmente dicen: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Diez de Agosto del año de dos mil veintiuno. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar Sentencia en el Recurso de Amparo Interpuesto por el Abogado LEONEL EDGARDO MARADIAGA APLICANO a favor de la sociedad mercantil denominada “MONITOREO DE ALARMAS, SEGURIDAD TÉCNICA, REACCIÓN Y SERVICIOS MULTIPLES, S. DE R.L. DE C.V.” (MASTER SYM, S DE R.L. DE C.V.) contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve, que declaró CON LUGAR el auto interlocutorio dictado por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Juticalpa, Departamento de Olancho, en fecha treinta de julio de dos mil diecinueve, con relación a la “DEMANDA ORDINARIA LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA PARA EL PAGO DE REAJUSTE AL SALARIO MINIMO, DÉCIMO TERCER MES, DÉCIMO CUARTO MES, HORAS EXTRAS, BONO EDUCATIVO, PAGO DE COSTAS DEL JUICIO.” promovida por los señores José Ananías García Velásquez, Alex Danilo Barahona Velásquez, Víctor Antonio Caballero Caballero, Ángel Enrique Caballero Martínez, Antonio Iván Sevilla Martínez, Joel Alberto Carias Zuniga, Luis Alfonso Gutiérrez Casco, Fernando Augusto Barahona Amador, Juan Ramón Ortiz Merlo y Jorge Mario Ávila Maradiaga, contra el señor Camilo Salomón Sevilla, en su condición de propietario de la sociedad mercantil “MASTER SYM”. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representada, los derechos consagrados en los Artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha cuatro de abril de dos mil diecinueve, comparecieron ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Juticalpa, Departamento de Olancho, los señores José Ananías García Velásquez, Alex Danilo Barahona Velásquez, Víctor Antonio Caballero Caballero, Ángel Enrique Caballero Martínez, Antonio Iván Sevilla Martínez, Joel Alberto Carias Zuniga, Luis Alfonso Gutiérrez Casco, Fernando Augusto Barahona Amador, Juan Ramón Ortiz Merlo y Jorge Mario Ávila Maradiaga, promoviendo “DEMANDA ORDINARIA LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA PARA EL PAGO DE REAJUSTE AL SALARIO MINIMO, DÉCIMO TERCER MES, DÉCIMO CUARTO MES, HORAS EXTRAS, BONO EDUCATIVO, PAGO DE COSTAS DEL JUICIO.” contra el señor Camilo Salomón Sevilla, en su condición de propietario de la sociedad mercantil “MASTER SYM”, para que el demandado sea obligado al pago por la cantidad de UN MILLÓN CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PUNTO CATORCE (L1,432,356.14) en concepto de reajuste al salario mínimo, pago de aguinaldo adeudado, pago de décimo cuarto adeudado, pago de horas extras y bono educativo, más salarios dejados de percibir hasta la fecha y demás indemnizaciones laborales. (Folios 1-3 del expediente del A-quo) 2) En fecha veintitrés de julio de dos mil diecinueve, el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Juticalpa, Departamento de Olancho, luego de haber fracasado el acuerdo conciliatorio, se abrió audiencia primera de trámite, en donde la parte demandada propuso dos efectos procesales: El de falta de personalidad y falta de presentación legal. (Folios 80-81 de la pieza del A-quo 3) En fecha treinta de julio de dos mil diecinueve, el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Juticalpa, Departamento de Olancho, en la continuación de la audiencia primera de trámite, resolvió: 1) Declarar con lugar los defectos procesales de falta de personalidad de la demandada y falta de representación legal de la demandada, presentadas por la parte demandada, sin costas. (Folios 82-83 de la pieza del A-quo) 4) La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, conociendo del recurso de apelación interpuesto por la Abogada Nelly Asunción Castillo, contra el auto interlocutorio que se ha dejado relacionado en el numeral que antecede, en fecha diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve, por unanimidad de votos dictó sentencia mediante la cual falló: 1) DECLARAR CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Abogada NELLY ASUNCIÓN CASTILLO VARELA; 2.-REVOCAR el auto interlocutorio de fecha treinta de julio del año dos mil diecinueve, dictado por el Juzgado de Letras Seccional y del Trabajo, por Ministerio de la Ley de Juticalpa, Departamento de Olancho, y recaído en el defecto procesal del falta de personalidad del demandado y falta de representación legal del demandado, interpuesto por el representante procesal demandado, en la DEMANDA ORDINARIA LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA PARA EL PAGO DE REAJUSTE AL SALARIO MINIMO, DÉCIMO TERCER MES, DÉCIMO CUARTO MES, HORAS EXTRAS, BONO EDUCATIVO, PAGO DE COSTAS DEL JUICIO, promovido por los señores JOSÉ ANANÍAS GARCÍA VELÁSQUEZ, ALEX DANILO BARAHONA VELÁSQUEZ, VÍCTOR ANTONIO CABALLERO CABALLERO, ÁNGEL ENRIQUE CABALLERO MARTÍNEZ, ANTONIO IVÁN SEVILLA MARTÍNEZ, JOEL ALBERTO CARIAS ZUNIGA, LUIS ALFONSO GUTIÉRREZ CASCO, FERNANDO AUGUSTO BARAHONA AMADOR, JUAN RAMÓN ORTIZ MERLO Y JORGE MARIO ÁVILA MARADIAGA contra MASTER SYM, representada por el señor CAMILO SALOMÓN SEVILLA, en su condición de Gerente Propietario.-SIN COSTAS en esta instancia. (Folios 20-25 del expediente del A-quem) 5) Que el Abogado Leonel Edgardo Maradiaga Aplicano, compareció ante este Tribunal en fecha diecisiete de enero de dos mil veinte, reclamando amparo a favor de la sociedad mercantil denominada “MONITOREO DE ALARMAS, SEGURIDAD TÉCNICA, REACCIÓN Y SERVICIOS MULTIPLES, S. DE R.L. DE C.V. (MASTER SYM, S DE R.L. DE C.V.), afirmando que la resolución dictada por el Ad-quem, relacionada en el numeral que precede, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 61, 82 y 90 de la Constitución de la República.

  1. Que esta Sala, en fecha siete de diciembre de dos mil veinte, se tuvo por formalizado en tiempo y forma en el recurso de mérito, el escrito presentado por el abogado Leonel Edgardo Maradiaga Aplicano, en cuanto a la solicitud de suspensión del acto reclamado, se le ordenó al recurrente estarse a lo dispuesto en el auto de fecha veintitrés de enero de dos mil veinte, que corre a folio 6 de autos, en consecuencia, se dispuso continuar con el procedimiento de ley correspondiente, dando la vista de las diligencias al fiscal para que emitiera su dictamen. (Folio 31 del recurso) 7) En fecha nueve de febrero de dos mil veintiuno, tuvo por evacuado el dictamen de la Fiscal, Abogada Sussy G. Coello García, del que se desprende de su análisis jurídico lo siguiente: Del análisis anterior, el Ministerio Público puede determinar que en el presente caso de autos no se han violentado los derechos constitucionales a los que el recurrente hace referencia en su petición de amparo, en razón que del libelo de la demanda, se establece que la acción se dirigió contra el señor Camilo Salomón Sevilla, en su condición de propietario de la empresa de seguridad “MASTER SYM”, por lo que de conformidad con lo dispuesto en el Código de Trabajo, al demandante solo le bastará designar la parte demandada y, en el caso de autos, se acreditó que “MASTER SYM” y la sociedad Monitoreo de Alarmas, Seguridad Técnica, Reacción y Servicios Múltiples S. de R.L, son la misma persona jurídica. En este orden de ideas, y al tenor de lo previsto en el artículo 712 del Código del Trabajo, la persona jurídica está legitimada para comparecer en juicio por medio de sus presentantes constitucionales, legales o convencionales, o bien, cualquier persona que en nombre de esta ejerza funciones de dirección o de administración; condición legal que ostenta el señor Camilo Salomón Sevilla Chiang, por constar en autos ser el Gerente General y representante legal de la empresa demandada, quien procedió a contestar la demanda incoada en su contra, a través de su apoderado legal, por ende, tiene demanda incoada en su contra, a través de su apoderado legal, por ende, tiene facultad legal para comparecer en juicio. IV. CONCLUSIÓN: Por lo anteriormente expuesto el Ministerio Público, es del parecer porque NO SE OTORGUE la presente acción de amparo, al no concurrir las vulneraciones alegadas por el demandante, con las correspondientes consecuencias legales. (Folios 34-36 del recurso) CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación con el Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO TRES (3): Que se conoce en Amparo la Sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve, que declaró CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Abogada Nelly Asunción Castillo, contra el auto interlocutorio dictado por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Juticalpa, Departamento de Olancho, en fecha treinta de julio de dos mil diecinueve, con relación a la “DEMANDA ORDINARIA LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA PARA EL PAGO DE REAJUSTE AL SALARIO MINIMO, DÉCIMO TERCER MES, DÉCIMO CUARTO MES, HORAS EXTRAS, BONO EDUCATIVO, PAGO DE COSTAS DEL JUICIO.” promovida por los señores José Ananías García Velásquez, Alex Danilo Barahona Velásquez, Víctor Antonio Caballero Caballero, Ángel Enrique Caballero Martínez, Antonio Iván Sevilla Martínez, Joel Alberto Carias Zuniga, Luis Alfonso Gutiérrez Casco, Fernando Augusto Barahona Amador, Juan Ramón Ortiz Merlo y Jorge Mario Ávila Maradiaga, contra el señor Camilo Salomón Sevilla, en su condición de propietario de la sociedad mercantil “MASTER SYM”. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que el recurrente, manifiesta que se violentó por el Tribunal Ad-Quem, lo dispuesto en los Artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, cuando su representada opuso excepciones o defectos procesales; y, los mismos han sido probados en el proceso, al no ser admitidos ha quedado su representada en estado de indefensión, violentándosele este derecho, concepto que se enmarca la seguridad jurídica, que ha sido violada en virtud que la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, ha revocado el Auto Interlocutorio dictado por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Juticalpa, Departamento de Olancho; y, del Trabajo, por Ministerio de la Ley, en fecha treinta de julio de dos mil diecinueve. CONSIDERANDO CINCO (5): Que con fecha nueve de febrero de dos mil veintiuno, la Abogada SUSSY G. COELLO GARCÍA, actuando en su condición de Fiscal Especial para la Defensa de la Constitución, emitió su dictamen, en el cual fue de la opinión. “En este orden de ideas, y al tenor de lo previsto en el artículo 712 del Código del Trabajo, la persona jurídica está legitimada para comparecer en juicio por medio de sus presentantes constitucionales, legales o convencionales, o bien, cualquier persona que en nombre de esta ejerza funciones de dirección o de administración; condición legal que ostenta el señor Camilo Salomón Sevilla Chiang, por constar en autos ser el Gerente General y representante legal de la empresa demandada, quien procedió a contestar la demanda incoada en su contra, a través de su apoderado legal, por ende, tiene demanda incoada en su contra, a través de su apoderado legal, por ende, tiene facultad legal para comparecer en juicio. IV. CONCLUSIÓN: Por lo anteriormente expuesto el Ministerio Público, es del parecer porque NO SE OTORGUE la presente acción de amparo, al no concurrir las vulneraciones alegadas por el demandante, con las correspondientes consecuencias legales.” CONSIDERANDO SEIS (6): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece, que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO SIETE (7): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción de lo Laboral, conforme lo establece el Artículo 858 del Código de Trabajo en relación con los Artículos 207 y 208 del Código Procesal Civil, vigentes al momento de la resolución; la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al Juez o Tribunal que conoce concretamente del asunto. CONSIDERNADO OCHO (8): Que, la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, basa su sentencia concretamente en que al momento de contestar la demanda, el abogado Leonel Edgardo Madariaga Aplicano, lo hace como representante procesal de MASTER SYM; tal como se aprecia de la contestación de la demanda que obra a folio 4, acompañando a la contestación, copia del testimonio de la Escritura Pública No.164, de Poder Especial para Pleitos y Gestiones Administrativa; y, en la cual compareció el señor Camilo Salomón Sevilla Chiang, como representante legal de MONITOREO DE ALARMAS, SEGURIDAD TÉCNICA, REACCIÓN Y SERVICIOS MULTIPLES, S. DE R.L. DE C.V. (MASTER SYM), sociedad que según dicho poder especial se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad Mercantil, bajo el Número 6 del Tomo 432; por lo que no cabe la menor duda que MONITOREO DE ALARMAS, SEGURIDAD TÉCNICA, REACCIÓN Y SERVICIOS MULTIPLES, S. DE R.L. DE C.V. y MASTER SYM, son la misma persona jurídica, representada por el señor Camilo Salomón Sevilla Chiang; y, por lo tanto, tiene la capacidad y personalidad suficiente para comparecer en juicio; por lo que los defectos procesales interpuestos por el representante procesa demandado, deben ser declarados sin lugar. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. El incumplimiento de las normas legales que rigen el proceso judicial genera una violación o desconocimiento de este derecho. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la pretensión de la parte contraria; la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo. CONSIDERANDO ONCE (11): Que el derecho al trabajo es el derecho fundamental humano por el que toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de este, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, a la protección contra el desempleo, sin discriminación, con igualdad salarial, remuneración digna, protección social y derecho de sindicalización. El derecho al trabajo se reconoce en las normas fundamentales de derechos humanos como son la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como en textos internacionales como la Carta social europea, el Protocolo de San Salvador, la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y en textos nacionales como son las Constituciones de numerosos países. CONSIDERANDO DOCE (12): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso al proceso sin traba alguna, en el incidente planteado alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales. CONSIDERANDO TRECE (13): Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico. CONSIDERANDO CATORCE (14): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad Quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las disposiciones legales aplicables a las sentencias; no existiendo violación al debido proceso y el derecho de Defensa; por ello de acuerdo con las motivaciones que preceden, cabe denegar el amparo interpuesto, por las razones que se han expuesto. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 Numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: DENEGANDO el Recurso de Amparo de que se ha hecho mérito; Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a su lugar de procedencia.- Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA.- NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL. “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinte de septiembre de dos mil veintiuno. VISTO: el recurso de reposición interpuesto por el Abogado LEONEL EDGARDO MARADIAGA APLICANO; contra la sentencia dictada por esta Sala en fecha diez de agosto de dos mil veintiuno, que falla denegando el Recurso de Amparo por el interpuesto a favor de la Sociedad Mercantil denominada “MONITOREO DE ALARMAS, SEGURIDAD TECNICA, REACCIÓN Y SERVICIOS MULTIPLES, S. DE R.L. DE C.V. (MASTER SYM, S. DE R.L. DE C.V.), contra la Resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, de fecha diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve, que declaró CON LUGAR el auto interlocutorio dictado por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Juticalpa, Departamento de Olancho de fecha treinta de julio de dos mil diecinueve, con relación a la demanda ordinaria laboral de primera instancia, para el pago de reajuste al salario mínimo, décimo tercer mes, décimo cuarto mes, horas extras, bono educativo, pago de costas del juicio, promovida por los señores José Ananías Velásquez, Alex Danilo Barahona Velásquez, Víctor Antonio Caballero Caballero, Angel Enrique Caballero Martínez, Antonio Iván Sevilla Martínez, Joel Alberto Carias Zuniga, Luis Alfonso Gutiérrez Casco, Fernando Augusto Barahona Amador, Juan Ramón Ortiz Merlo y Jorge Mario Avila Maradiaga, contra el señor Camilo Salomón Sevilla, en su condición de propietario de la Sociedad Mercantil “MASTER SYM” CONSIDERANDO: Que consta de los antecedentes de la revisión del presente recurso, que en fecha diecisiete de enero de dos mil veinte, el Abogado LEONEL EDGARDO MARADIAGA APLICANO compareció ante esta Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia; interponiendo acción de amparo a favor de la Sociedad Mercantil denominada “MONITOREO DE ALARMAS, SEGURIDAD TECNICA, REACCIÓN Y SERVICIOS MULTIPLES, S. DE R.L. DE C.V. (MASTER SYM, S. DE R.L. DE C.V.). Una vez efectuado el trámite que determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de lo Constitucional, dictó sentencia en fecha diez de agosto del dos mil veintiuno mediante la cual fallo denegando el recurso de amparo de mérito. CONSIDERANDO: Que el recurrente Abogado LEONEL EDGARDO MARADIAGA APLICANO, en fecha siete de septiembre de dos mil veintiuno, eleva a conocimiento de esta Sala, recurso de reposición contra la sentencia que emitiera éste Alto Tribunal, por no compartir el criterio jurídico expresado, insiste en su argumento que su alegato gravita al rededor del debido proceso y derecho de defensa; cuando considera que esta Sala no ha observado las disposiciones legales aplicables al caso y prescindiendo de aplicar las normas procesales de orden público. CONSIDERANDO: Que las pretensiones expuestas por el recurrente, en el recurso de reposición no son de recibo ya que en la Sentencia emitida por este Alto Tribunal, que corre agregado en autos se establece que en el caso que nos ocupa, la Corte de Apelaciones recurrida en amparo, al desarrollar su sentencia señala que la demandante dirigió su acción en contra de MASTER SYM representada por el señor CAMILO SALOMON SEVILLA, en su condición de Gerente Propietario; que al momento de contestar la demanda el Abogado LEONEL EDGARDO MARADIAGA APLICANO, lo hace como representante procesal de MASTER SYM, tal como se aprecia de la contestación de la demanda que obra a folio 45, acompañando a dicha contestación copia del testimonio de la escritura pública No.164 de poder especial para pleitos y gestiones administrativas; y en el cual compareció el señor CAMILO SALOMON SEVILLA CHIANG, como representante legal de MONITOREO DE ALARMAS, SEGURIDAD TECNICA, REACCIÓN Y SERVICIOS MULTIPLES, S. DE R.L. DE C.V. (MASTER SYM), sociedad que según dicho poder especial se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad Mercantil bajo el número 6 del tomo 432, por lo que no cabe la menor duda que MONITOREO DE ALARMAS, SEGURIDAD TECNICA, REACCIÓN Y SERVICIOS MULTIPLES, S. DE R.L. DE C.V. y MASTER SYM, son la misma persona jurídica representada por el señor CAMILO SALOMON SEVILLA CHIANG, y por lo tanto tiene la misma capacidad y personalidad suficiente para comparecer en juicio, declarando sin lugar los defectos procesales interpuestos por el representante procesal demandado. Por las razones anteriormente expuestas, la Sala mediante sentencia emitida el diez de agosto de dos mil veintiuno, denegó la acción de amparo, por considerar que la decisión emitida por el Ad-Quem se ajusta a las disposiciones legales aplicables a las sentencias, no existiendo violación al debido proceso y al derecho de defensa, decisión que aún mantiene en relación con el presente Recurso de Reposición. CONSIDERANDO: Que el Tribunal ante quien se pida la reposición deberá, sin más trámite, denegar o enmendar la providencia o sentencia, según lo creyere de derecho. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Constitucional y en aplicación de los artículos 183, 303, 304, 313 atribución 5ta. y 316 de la Constitución de la República; 78 atribución 5ta., 187, 188 y 189 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 914 del Código Procesal Civil; 4 Nº 7 Y Nº 8, 119, 124 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: DECLARAR SIN LUGAR el recurso de reposición interpuesto por el Abogado LEONEL EDGARDO MARADIAGA APLICANO, por las razones que se dejan ya señaladas y MANDA: Que el Secretario del Despacho notifique lo resuelto al recurrente para los efectos legales que en derecho correspondan.- NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ocho días del mes de noviembre del año dos mil veintiuno, certificación de la sentencia y resolución de fecha diez de agosto y veinte de septiembre del año dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Amparo Laboral bajo el número SCO-0037-2020.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL