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Sentencia AL-35-20 — Registro 13340

Resumen

Se interpuso Recurso de Amparo contra la Sentencia que resolvió un Recurso de Apelación contra a Sentencia Definitiva dictada por el Juzgado de Letras en relación al Juicio Sumario para la Autorización de Despido de un Miembro de la Junta Directiva de una Organización Sindical. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado los derechos de defensa y debido proceso.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que la Sala estima, que si bien el fuero sindical es la protección que reciben los trabajadores al momento de constituir un sindicato o cuando se desempeñan como dirigentes de una organización sindical, para el caso nuestro, o mejor dicho de Honduras, se reconoce el fuero sindical bajo dos situaciones; por un lado, a los miembros de una junta directiva central de una organización sindical, y por el otro, a los trabajadores que están constituyendo un sindicato; es así que en el caso sub judice, como se aprecia de autos, el trabajador ostenta el cargo de Tesorero en la Junta Directiva, pero no menos cierto es, que el artículo 516 del Código de Trabajo establece que los trabajadores de la Junta Directiva de una organización sindical, desde su elección hasta seis (6) meses después de cesar en sus funciones, no podrán ser despedidos de su trabajo sin comprobar previamente ante el Juez de Letras del Trabajo respectivo o ante el Juez de lo Civil en su defecto, que exista justa causa para dar por terminado el contrato. El Juez actuando en juicio sumario, resolverá lo procedente valorando las pruebas allegadas al proceso por las partes, tomando en consideración la sumariedad del mismo, entendido que la sentencia que se emita puede ser recurrible a través de los recursos establecidos en el procedimiento ordinario, como ha sucedido, sentencia que fue recurrida y que hoy se conoce en amparo"...

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el Código del Trabajo regula la valoración de la prueba, concediéndole al Juez la potestad de apreciar libremente las pruebas, para formar su convencimiento, igualmente regula que no estará sujeto a la tarifa legal de la prueba y por lo tanto formará libremente su convencimiento inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito y a la conducta procesal observada por las partes, sin embargo, cuando la ley exija determinada solemnidad ad-sustantiam actus, no se podrá admitir sin prueba por otro medio. En todo caso, en la parte motivada de la sentencia el Juez indicara los hechos y circunstancias que causaron su convencimiento. " ...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 47 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 516 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..."Estima además el fallo, que también es un hecho cierto, que los trabajadores además de suspender intempestivamente las labores insultaron con palabras soeces y retuvieron indebidamente a la autoridad del trabajo y a los representantes patronales, y en el desarrollo de esos hechos, y actos estuvo presente el demandado puesto que así lo reconoce en acta de descargos, manifestando que la empresa el 24 de septiembre del 2018 convoco a la Junta Directiva del Sindicato acompañados de la FITH y CUTH y en tal acto fueron informados del cambio de nombre de la empresa, también estuvieron presente representantes del Ministerio de Trabajo autoridad competente que levanto el acta de constatación de los hechos, documento que firmaron sin ningún inconveniente pues les garantizaron la antigüedad contrato colectivo, contratos individuales, convenios internacionales y seguirá reconociéndose al sindicato con el mismo nombre, mientras hacia las gestiones pertinentes para acomodar el nombre del sindicato a la nueva denominación social de la empresa, asimismo, reconoce su participación y su presencia en la empresa, en primer lugar cumplir con su jornada laboral, y en segundo lugar, en su carácter de directivo sindical, y que el 26 de septiembre del mencionado año al llegar al centro de trabajo los portones de ingreso estaban cerrados y los guardias de seguridad no lo dejaron entrar, afirmaciones que son contrarias a la verdad, puesto que el trabajador demandado estuvo dentro de las instalaciones de la empresa los días 25 y 26 de septiembre del 2018, días en que se llevó a cabo la suspensión intempestiva de labores, prueba de ello es el acta levantada por las autoridades del Ministerio de Trabajo, incluido el propio director regional, según se desprende de las firmas que calzan en la referida acta (folios del 86 al 91 pp)..... esta Sala en lo relativo a los hechos probados, así como de las pruebas allegadas al proceso, aprecia que la Corte de Apelaciones recurrida hace una valoración imparcial de la prueba con relación al debate, haciéndose notorio que las actas levantadas por los Inspectores del Trabajo como autoridad administrativa facultada por la ley, para conocer y resolver los conflictos que se suscitan en las relaciones obrero-patronales y que según fallo proferido por las Alzada reflejan: a)La existencia de una reunión con miembros del Sindicato y de la patronal, acompañados de personeros de la Federación (FITH) y Confederación de Trabajadores (CUTH), los que fueron notificados de la figura de la sustitución patronal reconocida por la ley laboral nuestra, así como los compromisos del patrono con respecto a los contratos de trabajo de acuerdo a las normas vigentes del trabajo; b) La toma violenta de las instalaciones de la empresa y paro de labores los días 25 y 26 de septiembre del 2018 con participación del trabajador (Tesorero del Sindicato); c) En las actas de fecha (25 y 26 Septiembre del 2018), calza la firma del demandado, mostrando que el trabajador se encontraba en las instalaciones de la empresa mercantil y no fuera de ellas; d) Quedo determinado el respeto al derecho sindical, por cuanto la Junta del SITRAAVENTH estuvo reunida con el representante legal de la empresa ante las autoridades regionales del trabajo el 24 de septiembre del 2018; e) Es evidente de autos, tal como lo expresa el Ad- Quem en el fallo, que las actas levantadas no fueron impugnadas ni objetadas en sede administrativa o judicial, como lo establece el artículo 31 de la Ley De Inspección del Trabajo, “las actas e informes que levanten y rindan en materia de sus atribuciones los Inspectores del Trabajo como autoridad delegada, tienen plena validez en tanto no se demuestre en forma evidente su inexactitud, falsedad o parcialidad”

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 112 b) (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..."Que esta Sala halla, que el fallo recurrido se encuentra ajustado a derecho, pues se ha respetado el debido proceso, al realizarse una debida motivación que soporta la decisión arrogada, en tal sentido este Alto Tribunal concluye que se Deniegue el Recurso de Amparo interpuesto, por cuanto la Alzada al declarar sin lugar el recurso de apelación de la parte demandada y con lugar el recurso de apelación a la parte actora, reformar la sentencia recurrida, y que se declare con lugar el juicio sumario para establecer la justa causa para dar por terminado el contrato individual de trabajo de un miembro de la junta directiva de una organización sindical, y que se proceda al despido, dar por terminado con justa causa el contrato con el trabajador Jairo Alexander Hernández y confirmar la sentencia en los demás extremos; refleja el respeto y aplicación de la normativa vigente de los artículos 112 literal b) del Código de Trabajo, el que señala las justas causas que facultan al patrono para dar por terminado el Contrato Individual de Trabajo sin responsabilidad de su parte, así como lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley de Inspección del Trabajo y aplicación de jurisprudencia en el ámbito laboral, sin menoscabo de la garantía al debido proceso como ha quedado examinado."...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 516 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiséis de julio de dos mil veintiuno. VISTO: Para dictar Sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado SALVADOR ANTONIO ESPINOZA a favor del señor JAIRO ALEXANDER HERNANDEZ, contra la Sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha dieciocho de noviembre de dos mil diecinueve, que resolvió un Recurso de Apelación contra a Sentencia Definitiva dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha seis de septiembre de dos mil diecinueve, en relación al Juicio Sumario para la Autorización de Despido de un Miembro de la Junta Directiva de una Organización Sindical, promovida por la Sociedad Mercantil AVENT DE HONDURAS, S.A. DE C.V., contra el señor JAIRO ALEXANDER HERNANDEZ, Tesorero de SITRAAVENTH. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado los artículos 82, 90, 127, 128 numeral 15, y 129 párrafo primero de la Constitución de la República; Convenio 87 de la OIT, y el Artículo 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. ANTECEDENTES 1) Que en fecha veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, compareció ante el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, el Abogado SIGBERTO EDUARDO LOZANO CASTRO, actuando en su condición de apoderado legal de la Sociedad Mercantil denominada AVENT DE HONDURAS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, interponiendo demanda en Juicio Sumario para establecer la Justa Causa para dar por terminado el Contrato Individual de Trabajo de un Miembro de la Junta Directiva de una Organización Sindical y solicitando la Autorización Judicial para proceder al despido, en contra del señor JAIRO ALEXANDER HERNANDEZ, quien a esa fecha se desempeñaba como Tesorero de la Junta Directiva del SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA EMPRESA AVENT DE HONDURAS (SITRAAVENTH).(Folios 01 al 5 de la primera pieza de los antecedentes) 2) Que el Abogado SALVADOR ANTONIO ESPINOZA, actuando en su condición de Apoderado legal de la parte demandada, en Audiencia de Juicio Sumario celebrada el día veintitrés de agosto de dos mil diecinueve, interpuso los incidentes de FALTA DE LEGITIMACIÓN ACTIVA DE LA ACCIÓN Y DE FALTA DE LEGITIMACIÓN PASIVA, y el de NULIDAD ABSOLUTA DE ACTUACIONES a partir del auto de admisión de la demanda. (Folios 179 al 193 de la primera pieza de antecedentes) 3) Que seguido el procedimiento, en fecha seis de septiembre de dos mil diecinueve, en Audiencia de Juzgamiento, el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, dictó sentencia definitiva mediante la cual: (sic) “FALLA: 1) Declarando SIN LUGAR, la Demanda para solicitar la autorización para dar por terminado un contrato individual de trabajo un miembro de la junta directiva de una Organización Sindical promovido por el abogado SIGBERTO EDUARDO LOZANO CASTRO, en su condición de apoderado legal de la Sociedad mercantil AVENT DE HONDURAS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE ahora denominada O & M HALYARD HONDURAS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, de generales expresadas en el preámbulo de esta sentencia; promovida contra el señor JAIRO ALEXANDER HERNANDEZ, también de generales conocidas en el preámbulo de esta sentencia; 2) DECLARA CON LUGAR, la corrección de escrito de demanda interpuesto por la parte actora; 3) DECLARA SIN LUGAR las excepciones de FALTA DE LEGITIMACIÓN DEL ACTOR y FALTA DE LEGITIMACÓN PASIVA y el INCIDENTE DE NULIDAD ABSOLUTA DE ACTUACIONES interpuestas por la parte demandada abogado SALVADOR ANTONIO ESPINOZA.- …” (Folios 218 al 223 de la primera pieza de antecedentes) 4) Que conociendo de los Recursos de apelación interpuestos por los Abogados SIGBERTO EDUARDO LOZANO CASTRO y SALVADOR ANTONIO ESPINOZA, contra la sentencia de que se hace relación en el numeral que antecede, la Corte de Apelaciones del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, dictó sentencia en fecha dieciocho de noviembre de dos mil diecinueve, en la cual falló: “PRIMERO: Declarando NO HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el representante procesal de la parte demandada. SEGUNDO: Declarando HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el representante procesal de la parte actora, contra la sentencia definitiva proferida el seis de septiembre de dos mil diecinueve (06/09/19) por el Juzgado de Letras del Trabajo de esta misma sección judicial, relacionada con la demandad supra indicada; en consecuencia, se REFORMA la mencionada sentencia en el siguiente sentido: Se declara CON LUGAR el juicio sumario para establecer la justa causa para dar por terminado el contrato individual de trabajo de un miembro de la Junta Directiva de una Organización Sindical. Autorización judicial para proceder al despido, razón por la que SE AUTORIZA a la empresa O & M HALYARD HONDURAS, S.A. DE C.V., para dar por terminado con justa causa el contrato de trabajo con el trabajador JAIRO ALEXANDER HERNANDEZ. TERCERO: Se CONFIRMA la sentencia anteriormente relacionada en sus demás extremos…” (Folios 30 al 38 de la segunda pieza de los antecedentes) 5) Que el Abogado SALVADOR ANTONIO ESPINOZA, compareció ante este Tribunal en fecha diecisiete de enero de dos mil veinte, reclamando amparo a favor del señor JAIRO ALEXANDER HERNANDEZ, afirmando que la sentencia de fecha dieciocho de noviembre de dos mil diecinueve, dictada por el Ad-Quem y de que se ha hecho referencia en el numeral que precede, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82, 90, 127, 128 numeral 15, y 129 párrafo primero de la Constitución de la República; Convenio 87 de la OIT, y el Artículo 25 de la convención Americana Sobre Derechos Humanos. Teniendo la Sala por formalizada su acción de amparo en fecha dieciséis de octubre de dos mil veinte. (Folio 41 del recurso de amparo) 6) Que en fecha veinticinco de noviembre de dos mil veinte, esta Sala tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público y por emitido el dictamen por su Fiscal, la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ, quien fue de la opinión porque: “NO SE OTORGUE la presente Acción de Amparo por no existir vulneración a las garantías invocados por el Amparista.” Al estimar que en el presente caso la resolución emanada por la Corte de Apelaciones, ha sido razonable y congruente con la ocurrencia de los hechos y por ende ajustada a derecho. (Folio 39 al 43 del recurso de amparo) CONSIDERANDO (1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO (2): Que, la Acción de Amparo que se interpone ante esa Sala de lo Constitucional se deriva del Juicio Sumario para establecer la justa causa para dar por terminado el Contrato Individual de Trabajo de un Miembro de la Junta Directiva de una Organización Sindical, Autorización Judicial para proceder al despido por parte de la Empresa Mercantil AVENT DE HONDURAS S.A. DE C.V. contra el dirigente sindical, Jairo Alexander Hernández, miembro directivo de la Junta Directiva del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Avent de Honduras, Sociedad Anónima (SITRAAVENTH) en el cargo Tesorero, demanda interpuesta ante el Juzgado de Letras Unificado del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, según expediente No.0501-2018-00753. CONSIDERANDO (3): Que, en fecha seis de septiembre del dos mi diecinueve, el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, dictó sentencia definitiva en la cual falla 1) declarar Sin Lugar la demanda para solicitar autorización para dar por terminado un contrato individual de trabajo un miembro de la junta directiva de una organización Sindical promovida por el abogado Sigberto Eduardo Lozano Castro, en su condición de apoderado Legal de la empresa mercantil denominada Avent de Honduras, Sociedad Anónima de capital variable ahora denominada O & M Halyard Honduras, Sociedad Anónima de Capital Variable de generales expresadas en el preámbulo de esta sentencia, promovida contra el señor Jairo Alexander Hernández también de generales expresadas; 2)Declarar Con Lugar la corrección de escrito de demanda interpuesto por la parte actora; 3)Declarar Sin Lugar las excepciones de falta de legitimación del actor, y falta de legitimación pasiva y el incidente de nulidad absoluta de actuaciones interpuestas por la parte demandada abogado Salvador Antonio Espinoza: 4) Sin Costas en virtud de que el derecho del trabajo es de carácter social y manda …..” CONSIDERANDO (4): Que los motivos del juzgador en el fallo de fecha seis de septiembre del dos mil diecinueve, específicamente en lo relativo a hechos probados señala Uno: la existencia de la relación laboral entre el trabajador y la empresa demandante, Dos: Que la sociedad actualmente se denominara bajo la razón social O & M Halyard, S.A. de C.V. acordado en asamblea de socios de la sociedad demandante celebrada el 28 de agosto del 2018; que en los fundamentos de derecho el juzgador deja establecido los conflictos que resuelve la Jurisdicción del Trabajo; asimismo lo que regula el artículo 516 del Código de Trabajo relativo a la existencia de la justa causa para dar por terminado el contrato individual de trabajo entre un trabajador que goza del fuero sindical y la empresa demandante; deja establecido lo que se entiende por suspensión intempestiva de labores. Que en uso del derecho que les concede la ley a los representantes procesales, tanto la parte demandante como la demandada, procedieron a enmendar, corregir por defectos e interpusieron las excepciones y nulidades, estas quedaron resueltas en el momento procesal oportuno, concluyendo que de las pruebas allegadas al proceso es procedente declarar sin lugar la solicitud de autorización para proceder al despido de un miembro de la Junta Directiva de una organización sindical por las siguientes razones: 1)Que la causal del artículo 112 b) del Código de Trabajo señala “….” Que el bien jurídico tutelado es el deber de respeto derivado de la obligación de observar buenas costumbres durante el servicio. En el caso de autos si bien los inspectores de trabajo en el acta levantada el 26 de septiembre del 2018 donde manifiestan que fueron objeto de insulto y acorralados sin permitirles salida, esta acción fue realizada por más de 500 trabajadores, lo que no acredita que fue directamente el trabajador, la parte actora no presento pruebas que fuese el trabajador directamente quien cometió la falta; en cuanto a la causal de haber participado el 25 y 26 de septiembre del 2018 en la suspensión intempestiva de labores en el interior de la empresa, si bien es cierto que el demandado se pronunció en el acta levantada en fecha 26 de septiembre del 2018 lo hizo en calidad de directivo sindical, eso no significa que el demandante haya participado o incitado a sus compañeros a realizar la suspensión o que este fue el que promovió esa suspensión de labores o se negó a trabajar, ni una ni la otra fue acreditada en autos ya que la prueba testifical propuesta por la parte demandante fue encaminada a acreditar que efectivamente hubo suspensión de labores, hecho que se encuentra acreditado en autos con las actas levantadas por los inspectores del trabajo, también declararon sobre el impacto económico que tuvo la demandada por la suspensión intempestiva de labores, pero la misma no acredita la participación directa del trabajador, el hecho que reconoce que estuvo en las afueras en las instalaciones de la demandante, con ese simple hecho no se puede deducir que el participó; al estar cerradas las instalaciones de la empresa se presume que él no laboró ese día por las circunstancias y no porque se negó hacerlo, distinto hubiera sido que la patronal le hubiera ordenado que se incorporara al trabajo y este se negó; ahí podría decirse que participo activamente en la suspensión de labores”. CONSIDERANDO (5): Que la sentencia recurrida en Amparo y que conoce esta sala, es la dictada por la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, de fecha dieciocho (18) de noviembre del dos mil diecinueve (2019), que por mayoría de votos falla: Primero: declarando No ha Lugar el Recurso de Apelación promovido por la representación procesal de la parte demandada. Segundo: Declarando Ha Lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el representante procesal de la parte actora, contra la sentencia definitiva proferida el seis de septiembre del dos mil diecinueve por el Juzgado de Letras del Trabajo de esta misma Sección Judicial, relacionada con la demanda supra indicada; en consecuencia, se Reforma la mencionada sentencia en el siguiente sentido: Se Declara Con Lugar el juicio sumario para establecer la justa causa para dar por terminado el Contrato Individual de Trabajo de un miembro de una Junta Directiva de una Organización Sindical, Autorización judicial para proceder al despido, razón por la que se autoriza a la empresa O & M Halyard Honduras S.A. de C.V. para dar por terminado con justa cusa el Contrato de trabajo con el trabajador Jairo Alexander Hernández. Tercero: Se confirma la sentencia anteriormente relacionada en sus demás extremos. Tercero: Sin Costas en esta instancia. CONSIDERANDO (6): Que la parte impetrante al formalizar el recurso, motiva que el 23 de octubre del año 2018, el abogado Sigberto Eduardo Lozano Castro apoderado legal de la empresa mercantil Avent de Honduras S.A. de C.V. compareció a Juzgado de Letras del trabajo de San Pedro sula para solicitar autorización del juez para despedir al trabajador Jairo Alexander Hernández, quien ostenta el cargo de Tesorero de la Organización Sindical de Trabajadores denominada SITRAAVENTH y por lo tanto de conformidad con el artículo 516 del Código de Trabajo dicho trabajador goza del Fuero Sindical. Imputándole el patrono a dicho trabajador la causal de haber participado en un conflicto colectivo que consistió en una suspensión intempestiva de labores, llevada a cabo durante los días 25 y 26 de septiembre del 2018. Según la falsa versión patronal el de haber proferido insultos y amenazas contra ejecutivos de la empresa y funcionarios del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

CONSIDERANDO (7): Que el Amparista motiva, además, que la juzgadora de primera instancia dictó la sentencia definitiva, declarando sin lugar la demanda del patrono, pues durante todo el haz probatorio fue evidente que el patrono violentó los procedimientos internos y los presupuestos procesales, pero sobre todo que no probo la pretendida causal de despido. Honorables Magistrados, en la primera pieza de autos se tienen a la disposición las pruebas documentales, testificales y medios técnicos, veamos: 1) En el presente caso se trata de un Conflicto Colectivo, el patrono no acreditó que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social haya declarado previamente la ilegalidad del conflicto colectivo, tal y como disponen los artículos 570 y 571 del Código de Trabajo, contrario a ello, fue más bien mi mandante quien acredito con la respectiva constancia extendida por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que obra en la primera pieza que no existe declaratoria de ilegalidad de dicho conflicto colectivo, violentándose como consecuencia de ello por el tribunal de Apelaciones los artículos 127 128 numeral 15 y 129 párrafo primero de la Constitución y 2) La demanda fue interpuesta mediante una denominación social de persona jurídica que a la fecha de la presentación de dicha demanda era inexistente. No.3) Con la prueba testifical, documental y medios técnicos que obran en la primera pieza se demostró que mi mandante no participo en dicho conflicto colectivo y que más bien trato de disuadir a los huelguistas y que estos lo vilipendiaron violentando con ellos los artículos 127, 128 numeral 15 y 129 párrafo primero de la Constitución de la República; tampoco probo ninguno de los extremos imputados a mi mandante. 2) Existen en la sentencia definitiva recurrida una infinidad de actos como el citado en relación con procedimientos internos y pruebas que fueron obviadas, que lesionan los derechos fundamentales de mi mandante como ser entre otros, derecho de defensa, derecho a la estabilidad laboral, el derecho al debido proceso y al derecho de libertad sindical, en una clara violación a los derechos constitucionales del derecho de defensa, derecho a la estabilidad laboral y el derecho al debido proceso y la libertad sindical, estipulados en la Constitución de la República artículos 82, 90, 127, 128 numeral 15; 129 primer párrafo y 90 respectivamente, Convenio 87 de la OIT, articulo 25 primer párrafo de la Convención Americana de Derechos Humanos. CONSIDERANDO (8): Que verificado los motivos expresados en el Recurso de Amparo, la situación a resolver se concentra en definir si la Alzada vulneró los derechos y garantías señalados por el quejoso en el fallo recurrido, en lo concerniente a la garantía del debido proceso consagrada en el artículo 90 de la Constitución de la República, en cuanto a los medios de prueba evacuados durante la secuela del juicio sumario, refiriendo entre otros a las actas levantadas por la autoridad administrativa del Trabajo (Inspección General) los días 25 y 26 de septiembre del 2018. CONSIDERANDO (9): Que el Ad-Quem en la sentencia recurrida oída las alegaciones de las partes procesales, en cuanto al objeto del debate, fija su posición en determinar si al patrono como parte actora, le asiste o no causa justa que lo autorice a despedir a un trabajador protegido por el fuero sindical, establecer si hubo o no una correcta valoración de las probanzas respecto a los defectos procesales y el incidente de nulidad opuesto por la parte demandada determinando en el motivo tercero del fallo: “Que del análisis de los hechos y la pruebas aportadas al proceso, el Ad-Quem estima que de autos consta que los días 25 y 26 de septiembre del 2018 el trabajador demandado estuvo presente en las instalaciones de la empresa, fechas en que los trabajadores decidieron suspender intempestivamente las labores, prueba de ello es el acta levantada por los Inspectores y el Director Regional de Trabajo, bajo el argumento que no sabían cómo iba quedar su situación laboral dado el cambio en la denominación social de la demandada, cierto es que esta conducta no tiene respaldo legal puesto que el 24 de septiembre del mismo año, a las instalaciones de la empresa se desplazó personal de la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social quienes por la autoridad de la que están investidos, dan fe de la notificación que hizo la empresa tanto la junta directiva del SITRAAVENTH y al personal laborante de la reforma de la razón social, así como el respeto al cumplimiento de todos los derechos laborales contemplados en el contrato colectivo, contrato individual y convenios internacionales, notificándoles que su nueva denominación seria O & M Halyard Honduras S.A. de C.V. de allí que no hay justificación para que los días siguientes (25 y 26 septiembre del 2018) suspendieran intempestivamente labores, puesto que eran hechos conocidos por haber sido notificados y socializados en su momento a la junta directiva del SITRAAVENTH, asesores de la empresa, la Federación, Confederación de los Trabajadores a fin de respetar las leyes laborales, a tal conclusión se llega porque el acta levantada por el Director Regional del Trabajo en compañía de cuatro inspectores de trabajo en la zona de procesamiento industrial el 26 de septiembre del 2018, es un documento público que surte eficacia jurídica en todo su contexto, por ser levantado por la autoridad laboral de carácter administrativo, cuya función primordial es vigilar el cumplimiento de las normas laborales establecidas en la Constitución y demás instrumentos jurídicos que establezcan derechos y obligaciones para trabajadores y patronos, por tanto es autoridad competente para solucionar los conflictos que surgen en las relaciones de producción y en el acta de cada actuación que practiquen deben consignar las deficiencias o violaciones de las normas de trabajo. CONSIDERANDO (10): Estima además el fallo, que también es un hecho cierto, que los trabajadores además de suspender intempestivamente las labores insultaron con palabras soeces y retuvieron indebidamente a la autoridad del trabajo y a los representantes patronales, y en el desarrollo de esos hechos, y actos estuvo presente el demandado puesto que así lo reconoce en acta de descargos, manifestando que la empresa el 24 de septiembre del 2018 convoco a la Junta Directiva del Sindicato acompañados de la FITH y CUTH y en tal acto fueron informados del cambio de nombre de la empresa, también estuvieron presente representantes del Ministerio de Trabajo autoridad competente que levanto el acta de constatación de los hechos, documento que firmaron sin ningún inconveniente pues les garantizaron la antigüedad contrato colectivo, contratos individuales, convenios internacionales y seguirá reconociéndose al sindicato con el mismo nombre, mientras hacia las gestiones pertinentes para acomodar el nombre del sindicato a la nueva denominación social de la empresa, asimismo, reconoce su participación y su presencia en la empresa, en primer lugar cumplir con su jornada laboral, y en segundo lugar, en su carácter de directivo sindical, y que el 26 de septiembre del mencionado año al llegar al centro de trabajo los portones de ingreso estaban cerrados y los guardias de seguridad no lo dejaron entrar, afirmaciones que son contrarias a la verdad, puesto que el trabajador demandado estuvo dentro de las instalaciones de la empresa los días 25 y 26 de septiembre del 2018, días en que se llevó a cabo la suspensión intempestiva de labores, prueba de ello es el acta levantada por las autoridades del Ministerio de Trabajo, incluido el propio director regional, según se desprende de las firmas que calzan en la referida acta (folios del 86 al 91 pp). CONSIDERANDO(11):Que en el fundamento cuarto del fallo, expresa “Es aceptado de manera uniforme que la libertad sindical es un derecho amplísimo que en modo alguno puede disociarse de aquellos otros derechos que lo dotan de viabilidad, de manera que debe haber un equilibrio entre lo factores de producción, es decir, entre trabajadores y patronos, pues por un lado la carencia de fuentes de trabajo afecta a los trabajadores y, por otro, la eficiencia de la empresa radica en la continuidad de su funcionamiento, en ese sentido, es claro que el fuero sindical es un derecho consagrado a favor de las organizaciones sindicales, siendo necesario proteger y garantizar al sindicato la posibilidad de tener representantes que gocen de protección especial, en el presente caso, tal derecho está definido puesto que la junta directiva del SITRAAVENTH estuvo reunida con el representante legal de la empresa ante las autoridades regionales del trabajo el 24 de septiembre del 2018, en esa misma fecha les notificaron la modificación de la denominación social del patrono y bajo ese cambio asumió todas las responsabilidades como tal; asimismo el respeto a todos los convenios, contratos individuales y colectivos suscritos entre partes, no hay justificación alguna para que los días 25 y 26 de septiembre los trabadores hayan suspendido intempestivamente las labores en el centro de trabajo y que en la misma tuvo participación el trabajador Jairo Alexander Hernández, actual Tesorero de la Junta Directiva, según la relación de hechos que la autoridad administrativa del trabajo consignó en el acta tantas veces relacionada, la que nunca fue cuestionada de inexacta, parcial o falta en sede administrativa, ni impugnada u objetada en sede judicial; dadas así las cosas el Tribunal estima atendibles los argumentos dela representación procesal de la parte actora; en consecuencia es procedente la autorización para despedir al mencionado Trabajador”. CONSIDERANDO (12): Que la Sala estima, que si bien el fuero sindical es la protección que reciben los trabajadores al momento de constituir un sindicato o cuando se desempeñan como dirigentes de una organización sindical, para el caso nuestro, o mejor dicho de Honduras, se reconoce el fuero sindical bajo dos situaciones; por un lado, a los miembros de una junta directiva central de una organización sindical, y por el otro, a los trabajadores que están constituyendo un sindicato; es así que en el caso sub judice, como se aprecia de autos, el trabajador ostenta el cargo de Tesorero en la Junta Directiva, pero no menos cierto es, que el artículo 516 del Código de Trabajo establece que los trabajadores de la Junta Directiva de una organización sindical, desde su elección hasta seis (6) meses después de cesar en sus funciones, no podrán ser despedidos de su trabajo sin comprobar previamente ante el Juez de Letras del Trabajo respectivo o ante el Juez de lo Civil en su defecto, que exista justa causa para dar por terminado el contrato. El Juez actuando en juicio sumario, resolverá lo procedente valorando las pruebas allegadas al proceso por las partes, tomando en consideración la sumariedad del mismo, entendido que la sentencia que se emita puede ser recurrible a través de los recursos establecidos en el procedimiento ordinario, como ha sucedido, sentencia que fue recurrida y que hoy se conoce en amparo,

CONSIDERANDO (13): Que, una vez examinado el fallo en todo su contexto y recurrido en tiempo y forma en apelación, visto los antecedentes del proceso, el Tribunal deviene obligado a dictar una resolución justa y motivada; atendiendo que el recurso de apelación tiene por objeto lograr la enmienda de la aplicación e interpretación tanto de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso, como de las normas legales empleadas para resolver las cuestiones objeto del debate por el órgano jurisdiccional competente. Igualmente, tiene como objeto la revisión tanto de los hechos dados como probados en la resolución recurrida, como de la valoración de la prueba. CONSIDERANDO (14) : Que el Código del Trabajo regula la valoración de la prueba, concediéndole al Juez la potestad de apreciar libremente las pruebas, para formar su convencimiento, igualmente regula que no estará sujeto a la tarifa legal de la prueba y por lo tanto formará libremente su convencimiento inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito y a la conducta procesal observada por las partes, sin embargo, cuando la ley exija determinada solemnidad ad-sustantiam actus, no se podrá admitir sin prueba por otro medio. En todo caso, en la parte motivada de la sentencia el Juez indicara los hechos y circunstancias que causaron su convencimiento.[1] CONSIDERANDO (15): Que, esta Sala en lo relativo a los hechos probados, así como de las pruebas allegadas al proceso, aprecia que la Corte de Apelaciones recurrida hace una valoración imparcial de la prueba con relación al debate, haciéndose notorio que las actas levantadas por los Inspectores del Trabajo como autoridad administrativa facultada por la ley, para conocer y resolver los conflictos que se suscitan en las relaciones obrero-patronales y que según fallo proferido por las Alzada reflejan: a)La existencia de una reunión con miembros del Sindicato y de la patronal, acompañados de personeros de la Federación (FITH) y Confederación de Trabajadores (CUTH), los que fueron notificados de la figura de la sustitución patronal reconocida por la ley laboral nuestra, así como los compromisos del patrono con respecto a los contratos de trabajo de acuerdo a las normas vigentes del trabajo; b) La toma violenta de las instalaciones de la empresa y paro de labores los días 25 y 26 de septiembre del 2018 con participación del trabajador (Tesorero del Sindicato); c) En las actas de fecha (25 y 26 Septiembre del 2018), calza la firma del demandado, mostrando que el trabajador se encontraba en las instalaciones de la empresa mercantil y no fuera de ellas; d) Quedo determinado el respeto al derecho sindical, por cuanto la Junta del SITRAAVENTH estuvo reunida con el representante legal de la empresa ante las autoridades regionales del trabajo el 24 de septiembre del 2018; e) Es evidente de autos, tal como lo expresa el Ad- Quem en el fallo, que las actas levantadas no fueron impugnadas ni objetadas en sede administrativa o judicial, como lo establece el artículo 31 de la Ley De Inspección del Trabajo, “las actas e informes que levanten y rindan en materia de sus atribuciones los Inspectores del Trabajo como autoridad delegada, tienen plena validez en tanto no se demuestre en forma evidente su inexactitud, falsedad o parcialidad”. CONSIDERANDO (16): Que el caso sub judice, no hace sino fortalecer que en el ámbito laboral, los Inspectores del Trabajo, son autoridad que el Código de Trabajo faculta para vigilar la aplicación de las leyes laborales, que son Ministros de Fe Pública y, que, los actos que ejecutan surten todos sus efectos legales a los fines del proceso; por tanto, la valoración realizada por la Alzada sobre esta prueba documental (las actas), hace acopio del respeto al debido proceso como garantía consagrada en la Constitución de la República que “nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos garantías que la ley establece”[2]. En base a las consideraciones anteriormente expuestas, esta Sala es del parecer que la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, ha enmarcado su decisión sin vulnerar al impetrante las garantías invocadas, respetando los trámites previstos legalmente, así como los principios y normas contenidas en la Constitución de la República y las leyes ordinarias, en igualdad de condiciones para las partes procesales involucradas en el proceso. CONSIDERANDO (17): Que esta Sala halla, que el fallo recurrido se encuentra ajustado a derecho, pues se ha respetado el debido proceso, al realizarse una debida motivación que soporta la decisión arrogada, en tal sentido este Alto Tribunal concluye que se Deniegue el Recurso de Amparo interpuesto, por cuanto la Alzada al declarar sin lugar el recurso de apelación de la parte demandada y con lugar el recurso de apelación a la parte actora, reformar la sentencia recurrida, y que se declare con lugar el juicio sumario para establecer la justa causa para dar por terminado el contrato individual de trabajo de un miembro de la junta directiva de una organización sindical, y que se proceda al despido, dar por terminado con justa causa el contrato con el trabajador Jairo Alexander Hernández y confirmar la sentencia en los demás extremos; refleja el respeto y aplicación de la normativa vigente de los artículos 112 literal b) del Código de Trabajo, el que señala las justas causas que facultan al patrono para dar por terminado el Contrato Individual de Trabajo sin responsabilidad de su parte, así como lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley de Inspección del Trabajo y aplicación de jurisprudencia en el ámbito laboral, sin menoscabo de la garantía al debido proceso como ha quedado examinado. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS, oído el parecer del Fiscal y en aplicación de los artículos 90, 303, 304, 313 numeral 5 y 316 de la Constitución de la República; 1 y 78 numeral 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 2 y 18 de la Declaración Universal de los Derechos y Deberes del Hombre; 3, 705 del Código Procesal Civil; Decreto 178-2016 del 23 de enero del 2017, articulo 31 de la Ley de Inspección de Trabajo; 112 literal b), 516, 616 y 617 del Código de Trabajo; 3.2, 5, 8, 41, 44, 45, 47, 48, 63, 72 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, FALLA: DENEGANDO EL RECURSO DE AMPARO promovido por el Abogado Salvador Antonio Espinoza a favor del señor Jairo Alexander Hernández, contra la Sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, en fecha dieciocho (18)de noviembre del dos mil diecinueve (2019); Y MANDA: Que con certificación de estilo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA. NOTIFIQUESE. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firma y Sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho días del mes de septiembre del año dos mil veintiuno, certificación de la sentencia de fecha veintiséis de julio del año dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Amparo Laboral bajo el número SCO-0035-2020.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL

[1] Artículos 738 y 739 del Código de Trabajo.

[2] Artículo 90, p.1 de la Constitución de la República.