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Sentencia AL-32-21 — Registro 13339

Resumen

Se interpuso Recurso de Amparo contra la sentencia que rechazó la nulidad de actuaciones, planteada ante el Juzgado de Letras con relación a la tasación de costas de ejecución alegadas en la Demanda Laboral. Estima el recurrente que se le han violentado los derechos contenidos en los artículos 80, 82 y 90 de la Constitución de la República.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO DOCE (12): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque el actor tuvo acceso al proceso sin traba alguna, en él alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho. CONSIDERANDO TRECE (13): Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Veintidós de Septiembre de dos mil veintiuno. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado JAVIER ESAU REYES REYES, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, en fecha veintinueve (29) de septiembre del año dos mil veinte (2020), que Rechazó la nulidad de actuaciones, planteada ante el Juzgado de Letras Seccional de La Ceiba, departamento de Atlántida, en fecha dieciséis (16) de enero del dos mil veinte (2020), con relación a la tasación de costas de ejecución alegadas en la Demanda Laboral , promovida por el señor MARCO TULIO MILLA MENDEZ, contra EL ESTADO DE HONDURAS ATRAVES DE LA SECRETARIA DE SALUD.- Estima el recurrente que se le han violentado los derechos contenidos en los artículos 80, 82 y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha diez (10) de febrero del año dos mil quince (2015), compareció ante Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, el Abogado MARCO TULIO MILLA MENDEZ, actuando en su condición personal, interponiendo demanda Laboral de Emplazamiento, para que el patrono pruebe en juicio la justa causa de un despido, de lo contrario sea condenado al pago de prestaciones laborales e indemnizaciones legales, pago de salarios caídos, reajuste a salario mínimos salarios adeudados, costas del juicio, contra el ESTADO DE HONDURAS.- (Folio 01 al 05 de la pieza del Juzgado) 2) Que el referido Juzgado, en Sentencia Juzgamiento de fecha veintinueve (29) de septiembre del año dos mil quince (2015) FALLÓ: PRIMERO: Declarando CON LUGAR, la Demanda Ordinaria Laboral de emplazamiento promovida por el señor MARCO TULIO MILLA MENDEZ, contra EL ESTADO DE HONDURAS, por medio de su Director General señor ABRAHAM ALVARENGA URBINA, para que el patrono pruebe la justa causa del despido directo, caso contrario se condene al pago de prestaciones laborales e indemnizaciones legales, reajustes de salario Mínimo y salarios dejados de percibir, ambos de generales expresadas en el preámbulo de esta Sentencia.- SEGUNDO: En consecuencia CONDENA al Estado de Honduras, representada por el señor ALVARENGA ABRAHAM URBINA, en su condición de Procurador General de dicha entidad Estatal, a pagarle al trabajador MARCO TULIO MILLA MENDEZ, la cantidad de NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS (Lps 95, 934.68), por los conceptos que se desglosan a continuación.- A) Preaviso; 60 días DIECISIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UNO LEMPIRAS CON CINCO CENTAVOS (Lps 17, 781,05).- B) Auxilio de Cesantía; 120 días TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON diez centavos (LPS 35,562.10) .- C) Auxilio de Cesantía Proporcional; 14.00 días CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS (Lps 4,148.91).- D) Vacaciones Proporcionales; 9,33 días DOS MIL TRECIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON OCHENTA Y UN CENTAVOS (Lps 2,370.81).- E) Decimotercer mes proporcional; 22,50 días CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS (Lps 4,181,34) F) Decimocuarto mes proporcional; 7,50 días MIL NOVECIENTOS CINCO LEMPIRAS CON ONCE CENTAVOS (Lps 1,905.11).- G) Reajuste se Salarios Mínimo; VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS (Lps 29,985.36).- Mas a titulo e daños y perjuicios los salarios dejados de percibir por el trabajador demandante desde la terminación del contrato de trabajo hasta la fecha en que con sujeción a las normas procesales debe quedar firme la respectiva sentencia definitiva TERCER: SIN COSTAS en esta instancia…” (Folio 77 al 79 de la pieza del Juzgado) 3) Que en fecha veintitrés (23) de julio del año dos mil diecinueve (2019) el Abogado ALBERTO EMILIO CRUZ ZELAYA, actuando en su condición de apoderado Legal del señor MARCO TULIO MILLA, compareció ante el Juzgado de Letras del Trabajo de la Ceiba, departamento de Atlántida, solicitando se procediera a realizar la tasación de costas de ejecución del 10% que le corresponde a la parte actora la cual asciende a la cantidad de cuatrocientos catorce mil setecientos sesenta y tres mil lempiras (L. 414,763.00).- resultando ese 10% en cuarenta y un mil cuatrocientos setenta y seis lempiras con treinta centavos (41476.30).- Que habiéndose realizado la tasación de costas, el Abogado Alberto Emilio Cruz Zelaya, solicitando ante el citado Juzgado se procediera a requerir a la Procuradora General de la República, en su condición de representante legal del Estado de Honduras, a efecto de que procediera a pagar a cantidad arriba señalada y que corresponde al total de la tasación de las costas de Ejecución (Folios 124 y 130 de la pieza de Primera Instancia) 4) Que la Abogada Jessica Pineda Vásquez, actuando en su condición de Procurador Judicial del Estado de Honduras , compareció ante el citado Juzgado en fecha tres de diciembre del dos mil diecinueve, interponiendo Nulidad Absoluta de actuaciones desde la Sentencia de fecha veintinueve de septiembre del dos mil quince.- (Folio 141-143 de la primera pieza) 5) Que en fecha dieciséis de enero del dos mil veinte, el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, falló: PRIMERO: Declarar NO HA LUGAR el incidente de Nulidad interpuesto por la representante procesal de la parte demandada a partir del auto de fecha veintitrés de julio del año dos mil diecinueve.- (Folio 195 al 196 de la primera pieza) 6) Que la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, departamento de Atlántida, en veintinueve (29) de septiembre del año dos mil veinte (2020) conociendo de un recurso de apelación interpuesto por el abogado RUBEN ALFONSO CRUZ DAVID; FALLÓ: PRIMERO.- Declarar NO HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Abogada diana Aracely Banegas Inestroza, como parte ejecutada-apelante contra el Auto Interlocutorio de fecha dieciséis de enero del dos mil veinte, dictado por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de la Ceiba, departamento de Atlántida en la DEMANDA LABORAL DE EMPLAZAMIENTO PARA EL PATRONO PRUEBE EN JUICIO LA JUSTA CAUSA DE UN DESPIDO DE LO CONTRARIO SEA CONDENADO AL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACIONES LEGALES.- contra EL ESTADO DE HONDURAS a través de su Representante legal el señor ABRAHAN ALVARENGA URBINA.- SEGUNDO: CONFIRMA el Auto Interlocutorio de fecha dieciséis de enero de dos mil veinte, dictado por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, en la demanda indicada en el numeral que antecede.- TERCERO: Sin costas en esta instancia…”(Folio 22 al 24 de la pieza de Corte de Apelaciones antecedentes) 7).- El recurrente Abogado JAVIER ESAU REYES REYES, compareció ante este Tribunal, en fecha once (11) de enero del año dos mil Veintiuno (2021), interponiendo acción de amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, por considerar que la decisión del Ad-quem, de fecha veintinueve (29) de septiembre del año dos mil veinte (2020), es violatoria a lo dispuesto en el artículos 80, 82 Y 90 de la Constitución de la República.- Teniendo por formalizado en tiempo y forma su acción constitucional en fecha dieciséis (16) de abril del año dos mil veintiuno (2021) (folio 35 de la pieza de Amparo) 8) Que con fecha dieciséis (16) de abril del año dos mil veintiuno (2021), la abogada SUSSY G. COELLO GARCIA, actuando en su condición de Fiscal Especial para la Defensa de la Constitución, emitió dictamen, en el cual es de la opinión que SE OTORGUE la acción de amparo interpuesta. CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO TRES (3): Que se conoce en Amparo la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, de fecha veintinueve de septiembre del año dos mil veinte, que declaro sin lugar el Recurso de Apelación y confirmó el Auto Interlocutorio de fecha dieciséis de enero del dos mil veinte, dictado por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de la Ceiba, departamento de Atlántida, con relación a la demanda laboral de emplazamiento para que el patrono pruebe en juicio la justa causa de un despido, contra el Estado de Honduras a través de la Secretaria de Salud. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que el recurrente en el recurso de amparo, manifiesta que se violentó por el Tribunal Ad-Quem, lo dispuesto en los Artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, en vista que la sentencia definitiva emitida por la Corte Primera de Apelaciones de la Ceiba, Departamento de Atlántida de fecha veintinueve de septiembre de dos mil veinte, ha declarado no ha lugar el recurso de apelación y el de reposición interpuestos, por no haber impugnado la tasación de costas de ejecución en el plazo de cinco (5) días, considerando el recurrente que al Estado no se le puede condenar en costas de conformidad con lo establecido en el artículo 8 de la Ley para Optimizar la Administración Publica, mejorar los Servicios de la Ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno; Ante el rechazo de los referidos recursos, considera que esos fallos no son congruentes de conformidad con el principio Iura Novit Curia, que establece que los jueces pueden variar la valoración de la prueba durante todo el proceso y arribar a conclusiones diferentes como parte de su responsabilidad en todo el proceso.- Refiere a su vez que el Juez y el Tribunal de Alzada no valoraron las pretensiones de esta representación, que es anular un proceso que no debió de darse tramite, haciendo que la resolución dictada el veintitrés de julio de dos mil diecinueve y los actos posteriores, le hayan violentado sus derechos fundamentales. CONSIDERANDO CINCO (5): Que una vez realizada la vista que conforme a lo establecido en el Artículo 56 la Ley de la Justicia Constitucional debe efectuarse al Ministerio Público, este emitió su dictamen en fecha seis de mayo de dos mil veintiuno, determinando que el auto interlocutorio emitido por el Juez A-Quo y confirmado por la alzada, están dictados inobservando el Principio de Legalidad y el Debido Proceso, entendiéndose este como el derecho que tienen las partes a que el mismo se desarrolle por los trámites previstos legalmente, que se respeten los derechos procesales establecidos en la Ley, en condiciones de igualdad y sin dilaciones para obtener una sentencia de fondo, es decir razonable, congruente y justa, que resuelva las pretensiones controvertidas y que se encuentre jurídicamente fundada, por tal razón es del criterio que se otorgue la presente acción de amparo. CONSIDERANDO SEIS (6): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece, que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO SIETE (7): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción de lo Laboral, conforme lo establece el Artículo 858 en relación con los Artículos 207 y 208 del Código Procesal Civil, vigentes al momento de la resolución; la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al Juez o Tribunal que conoce concretamente del asunto. CONSIDERNADO OCHO (8): Que esta sala de la revisión de los antecedentes que motivaron la presente acción de amparo, es del criterio que si bien es cierto no se desconoce el contenido del artículo 8 de la Ley para Optimizar la Administración Publica, mejorar los Servicios de la Ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno, en el presente caso de autos y de la revisión del expediente consta que la condena en costas tuvo lugar a través del auto interlocutorio de fecha treinta y uno de julio de dos mil diecinueve (folio 130 de la pieza principal), auto que al no haber sido recurrido por las partes adquirido el carácter de firme y por lo tanto de forma independiente a los perjuicios que el contenido dispositivo de la resolución pudiera acarrear a las partes, la misma ya se encuentra firme, procediendo de conformidad a lo señalado en el artículo 304 de la Constitución de la República, al señalar que una vez que la resolución o sentencia se encuentre firme, lo procedente es ejecutar las disposiciones de dicho fallo, coincidiendo con la sentencia emitida por la Corte Primera de Apelaciones de la Ceiba, Departamento de Atlántida de fecha veintinueve de septiembre de dos mil veinte, al considerar que no es a través del incidente de nulidad de actuaciones que la parte ejecutada en este caso le esté permitido retrotraer las actuaciones que por negligencia no recurrió en su momento y mediante los recursos que franquea la Ley, por esa razón se debe declarar sin lugar la presente acción de amparo. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. El incumplimiento de las normas legales que rigen el proceso judicial genera una violación o desconocimiento de este derecho. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la violación al derecho de defensa se concretiza cuando se priva sustancialmente a alguna de las partes a efectuar alegaciones o probar sus argumentos, o se limita o impide el ejercicio del derecho a los recursos, que garantizan la legalidad de las actuaciones y que provocan una lesión directa a una parte. CONSIDERANDO ONCE (11): Que la labor de valoración de la prueba no es mecánica o automatizada puesto que el Juez irá construyendo la convicción o certeza sobre los hechos controvertidos conforme analiza y evalúa las pruebas, lo que implica un examen total de los medios probatorios obrantes en autos, a fin de cumplir con el mandato legal de valoración conjunta. De esta manera las pretensiones de las partes se verán reforzadas o mediatizadas conforme el Juez vaya analizando y sopesando los medios probatorios hasta llegar al momento de la decisión final. CONSIDERANDO DOCE (12): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque el actor tuvo acceso al proceso sin traba alguna, en él alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho. CONSIDERANDO TRECE (13): Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 82, 90, 303, 304, 313 Numeral 5 y 316 de la Constitución de la República; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 8 de la Ley para Optimizar la Administración Publica, mejorar los Servicios de la Ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno; FALLA: DENEGANDO el Recurso de Amparo de que se ha hecho mérito; Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a su lugar de procedencia.- Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA.- NOTIFIQUESE. Firmas y Sello. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiséis días del mes de octubre de dos mil veintiuno, certificación de la sentencia de fecha veintidós de septiembre del dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Amparo Laboral registrado en este Tribunal bajo el número SCO-0032=2021.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

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