Sentencia AL-21-21 — Registro 13867
Resumen
Se interpuso recurso de amparo contra a resolución dictada por la Corte de Apelaciones que resolvió el recurso de apelación con relación a la demanda ordinaria laboral promovida por el Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (SITRAICF)
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO: Que la Sala, mediante resolución de fecha veintiséis de julio de dos mil veintiuno, sobreseyó la presente acción de amparo interpuesta por la Abogada XIOMARA MARLEN ZÚNIGA VALLE, pronunciando en forma motivada las razones por la que consideró procedente sobreseerla, pues se advirtió la concurrencia de la causal de inadmisibilidad contenida en el artículo 46 numeral 1) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, que establece que será inadmisible el recurso de amparo cuando se aleguen violaciones de mera legalidad. CONSIDERANDO: Que la recurrente en su escrito de reposición, se muestra inconforme con la resolución que sobresee el presente recurso, exponiendo los mismos alegatos en que fundamenta su recurso. CONSIDERANDO: Que esta Sala encuentra que los razonamientos esgrimidos en la resolución cuya reposición se solicita se encuentran apegados a derecho y no advierte de lo expuesto por la recurrente en su escrito de reposición, que puedan establecerse razones de fondo o forma para proceder a su enmienda, por lo que resulta oportuno declarar sin lugar el recurso de reposición que se ha interpuesto.”
Jerarquía: Reiterativa
Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados, se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio. CONSIDERANDO: Que el pronunciamiento de la Sala Constitucional debe versar exclusivamente a la violación de las garantías, derechos y principios constitucionales con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional, circunstancia que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma luego de revisados los antecedentes. CONSIDERANDO: Que por las razones expuestas en la motivación de esta resolución es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que las cuestiones planteadas por la recurrente, resultan ser alegaciones de mera legalidad, no pudiendo discernirse de sus planteamientos que se haya vulnerado garantía constitucional alguna y siendo que el presente asunto correspondía ser conocido y resuelto por la justicia ordinaria, sin que haya mediado arbitrariedad, desafuero o trasgresión alguna a derechos constitucionales, corresponde, conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), procede sobreseer el recurso de mérito, toda vez que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que amparan al quejoso. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numeral 1), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por la Abogada XIOMARA MARLEN ZÚNIGA VALLE a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra a resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha cuatro de febrero de dos mil veinte, toda vez que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes y en definitiva se archiven las presentes diligencias. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno. VISTO el recurso de reposición interpuesto por la Abogada XIOMARA MARLEN ZÚNIGA VALLE, contra la resolución dictada por la esta Sala en fecha veintiséis de julio de dos mil veintiuno, que sobreseyó el recurso de amparo interpuesto por la recurrente a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra a resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha cuatro de febrero de dos mil veinte, que resolvió el recurso de apelación interpuesto contra el auto interlocutorio dictado por el JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, veintisiete de marzo de dos mil diecinueve; con relación a la demanda ordinaria laboral promovida por el SINDICATO DE TABAJADORES DEL INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACIÓN Y DESARROLLO FORESTAL, ÁREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE (SITRAICF) contra el INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACIÓN Y DESARROLLO FORESTAL, ÁREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE (ICF). CONSIDERANDO: Que la Sala, mediante resolución de fecha veintiséis de julio de dos mil veintiuno, sobreseyó la presente acción de amparo interpuesta por la Abogada XIOMARA MARLEN ZÚNIGA VALLE, pronunciando en forma motivada las razones por la que consideró procedente sobreseerla, pues se advirtió la concurrencia de la causal de inadmisibilidad contenida en el artículo 46 numeral 1) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, que establece que será inadmisible el recurso de amparo cuando se aleguen violaciones de mera legalidad
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: Las Resoluciones que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiséis de julio de dos mil veintiuno. VISTO el recurso de amparo interpuesto por la Abogada XIOMARA MARLEN ZÚNIGA VALLE a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra a resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha cuatro de febrero de dos mil veinte, que resolvió el recurso de apelación interpuesto contra el auto interlocutorio dictado por el JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, veintisiete de marzo de dos mil diecinueve; con relación a la demanda ordinaria laboral promovida por el SINDICATO DE TABAJADORES DEL INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACIÓN Y DESARROLLO FORESTAL, ÁREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE (SITRAICF) contra el INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACIÓN Y DESARROLLO FORESTAL, ÁREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE (ICF). CONSIDERANDO: Que la impetrante señala su inconformidad con la resolución proferida por la citada Corte de Apelaciones, alegando que ésta infringe el artículos 82 de la Constitución de la República, al estimar que muchos de los demandantes no laboraban en el ICF cuando se presentó la demanda, razón por la que no pueden obtener un beneficio que no les corresponde, al no tener ninguna relación laboral con el Estado de Honduras. CONSIDERANDO: Que de la resolución reclamada se desprende que el parecer de la Alzada fue declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de francisco Morazán, el veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, al estimar que la pretensión, debe ser deducida por y frente a una persona procesalmente legitimada, en que una de las partes reconoce la existencia de una relación de trabajo y la otra no; eso no quiere decir que alguna o ambas partes no se encuentren legitimadas para actuar en el proceso, por lo que será hasta sentencia definitiva, que el A-Quo deber{a pronunciarse si le asiste el derecho a la parte demandante para obtener el reintegro, o si por el contrario no le corresponde. CONSIDERANDO: Que este Alto Tribunal observa del estudio de los autos, que entre el acto reclamado en amparo y la motivación de la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, se aprecia la existencia de una relación de congruencia y proporcionalidad, aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable. CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados, se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio. CONSIDERANDO: Que el pronunciamiento de la Sala Constitucional debe versar exclusivamente a la violación de las garantías, derechos y principios constitucionales con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional, circunstancia que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma luego de revisados los antecedentes. CONSIDERANDO: Que por las razones expuestas en la motivación de esta resolución es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que las cuestiones planteadas por la recurrente, resultan ser alegaciones de mera legalidad, no pudiendo discernirse de sus planteamientos que se haya vulnerado garantía constitucional alguna y siendo que el presente asunto correspondía ser conocido y resuelto por la justicia ordinaria, sin que haya mediado arbitrariedad, desafuero o trasgresión alguna a derechos constitucionales, corresponde, conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), procede sobreseer el recurso de mérito, toda vez que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que amparan al quejoso. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numeral 1), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por la Abogada XIOMARA MARLEN ZÚNIGA VALLE a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra a resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha cuatro de febrero de dos mil veinte, toda vez que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes y en definitiva se archiven las presentes diligencias. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno. VISTO el recurso de reposición interpuesto por la Abogada XIOMARA MARLEN ZÚNIGA VALLE, contra la resolución dictada por la esta Sala en fecha veintiséis de julio de dos mil veintiuno, que sobreseyó el recurso de amparo interpuesto por la recurrente a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra a resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha cuatro de febrero de dos mil veinte, que resolvió el recurso de apelación interpuesto contra el auto interlocutorio dictado por el JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, veintisiete de marzo de dos mil diecinueve; con relación a la demanda ordinaria laboral promovida por el SINDICATO DE TABAJADORES DEL INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACIÓN Y DESARROLLO FORESTAL, ÁREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE (SITRAICF) contra el INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACIÓN Y DESARROLLO FORESTAL, ÁREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE (ICF). CONSIDERANDO: Que la Sala, mediante resolución de fecha veintiséis de julio de dos mil veintiuno, sobreseyó la presente acción de amparo interpuesta por la Abogada XIOMARA MARLEN ZÚNIGA VALLE, pronunciando en forma motivada las razones por la que consideró procedente sobreseerla, pues se advirtió la concurrencia de la causal de inadmisibilidad contenida en el artículo 46 numeral 1) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, que establece que será inadmisible el recurso de amparo cuando se aleguen violaciones de mera legalidad. CONSIDERANDO: Que la recurrente en su escrito de reposición, se muestra inconforme con la resolución que sobresee el presente recurso, exponiendo los mismos alegatos en que fundamenta su recurso. CONSIDERANDO: Que esta Sala encuentra que los razonamientos esgrimidos en la resolución cuya reposición se solicita se encuentran apegados a derecho y no advierte de lo expuesto por la recurrente en su escrito de reposición, que puedan establecerse razones de fondo o forma para proceder a su enmienda, por lo que resulta oportuno declarar sin lugar el recurso de reposición que se ha interpuesto. POR TANTO: LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS y haciendo aplicación de los artículos 59, 80, 82, 90, 183, 303, 304, 313 atribución 5ª. Y 316 de la Constitución de la República; 41, 42, 46, 119 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: DECLARAR SIN LUGAR el recurso de reposición interpuesto por la Abogada XIOMARA MARLEN ZÚNIGA VALLE, contra la resolución dictada por la esta Sala en fecha veintiséis de julio de dos mil veintiuno, por no existir razones de fondo o forma para proceder a su enmienda. Y MANDA: Que la Secretaría del Despacho notifique lo resuelto a la recurrente para los efectos legales que en derecho correspondan y se proceda al archivo de las presentes diligencias. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos días del mes de noviembre del año dos mil veintiuno, certificaciones de las resoluciones de fecha veintiséis de julio y veintiuno de septiembre del año dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Amparo Laboral bajo el número SCO-0021-2021.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL