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Sentencia AL-201-19 — Registro 12656

Resumen

Sentencia declaró sin lugar recurso de apelación contra auto interlocutorio dictado por juzgado de primera instancia que basado en un fallo del Tribunal de Alzada, declaró sin lugar incidente de nulidad de actuaciones promovida por demandante-incidentista; declaró sin lugar desembargo de bienes en virtud de no constar que se haya honrado la obligación contraída con recurrente en concepto de honorarios profesionales, en demanda ordinaria laboral de emplazamiento para que se pruebe justa causa de despido y reintegro de despedidos contra el Colegio Profesional Superación Magisterial Hondureño (COLPROSUMAH); El Tribunal de Apelaciones considera que la actuación jurisdiccional no se realizó en un juicio fenecido ya que se continuó con el trámite del proceso y que el juzgado del trabajo es el competente para el conocimiento de la tasación de honorarios ya que la Circular No 16 de la Sala Laboral Contencioso Administrativo fue emitida en fecha posterior a la solicitud de dicha tasación

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"se conoce en amparo la sentencia proferida por la Corte de Apelaciones del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, en fecha ocho de febrero de dos mil diecinueve, cuyos antecedentes obran consignados, por la cual procede a la confirmatoria del auto interlocutorio dictado por el Juzgado A Quo en fecha ocho de octubre de dos mil dieciocho, con relación a la declaratoria sin lugar del INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES, a partir del auto de fecha 01 de agosto del 2017, solicitado por la Abogada INDIANA BEATRIZ CASTELLANOS BARAHONA. Consideró la Corte de Apelaciones, al proceder a la confirmatoria del fallo, que éste se encontraba conforme a los lineamientos que franquea la Ley, en virtud tratarse de una pretensión datada en fecha trece (13) de marzo de dos mil quince (2015), la cual fue denegada por la Alzada y amparada parcialmente, con posterioridad, por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en fecha veintisiete (27) de enero de dos mil diecisiete (2017). Asimismo, tal pretensión es anterior a la Circular No. 16 de fecha 05 de diciembre de 2016, contenida en el Oficio No. 2074-CSJ-2016, de la Sala de lo Laboral – Contencioso Administrativa de la Corte Suprema de Justicia, por la cual, se hizo de conocimiento general los criterios establecidos por dicha respecto a la falta de Competencia de los Tribunales del Trabajo y de lo Contencioso Administrativo para atender solicitudes de pago de Honorarios Profesionales, por ser estos de naturaleza privada..."...", para esta Sala de lo Constitucional, oído el parecer del Ministerio Público y las alegaciones del recurrente en sustento de la presente acción de amparo, arriba a la conclusión la sentencia recurrida en amparo se encuentra ajustada a derecho constitucional y no infringe el dispositivo legal precitado y demás disposiciones jurídicas general y pertinentemente aplicables, particularmente la normativa procesal civil que regula el cobro de honorarios profesionales.[1]..."..."A juicio de este alto tribunal de justicia, la razón que funda la denegatoria del ad quem a la pretensión del ahora garantista, determinada a que se tase el monto de sus honorarios profesionales que le corresponden por sus gestiones en segunda instancia, es contraria a la realidad evidente que se desprende de los hechos ocurridos durante el proceso y que se encuentran en los expedientes de primera y segunda instancia; por tanto dicha motivación resulta a simple vista arbitraria, tomando en cuenta que el ad quem prescinde en su juicio del hecho notorio de que el recurso de apelación fue interpuesto y defendido por el abogado José Ramón Lamothe Rosales; asimismo que la decisión tomada por el ad quem es producto o fruto de dicho acto ejercido por éste como profesional del derecho. En tal sentido es de recibo el motivo que corresponde a la violación del debido proceso legal. En otro aparte la Sala de lo Constitucional estima que resulta inadmisible la petición de amparo con fundamento en la violación del derecho de defensa, contenido en el artículo 82 constitucional. Para este alto tribunal de justicia el garantista ha tenido a disposición todos los elementos que ofrecen el proceso y la ley para ejercitar su derecho de defensa. Sumado a ello el petente no explica claramente en que ha consistido la violación que reclama por este motivo. Siendo ésta una carga procesal ineludible para quien reclama amparo por la violación de un derecho. En virtud de todo lo anterior, la Sala de lo Constitucional ampara al abogado José Ramón Lamothe Rosales restituyéndole su derecho a un debido proceso legal, para lo cual corresponde que el ad quem tome en cuenta en su decisión el hecho evidente de que el abogado José Ramón Lamothe Rosales, en su condición de profesional del derecho y del poder a él conferido, impugnó la sentencia de primera instancia, elaboró los agravios del escrito de apelación, e interpuso y gestionó su tramitación”..."..."considera la Sala que no se ha vislumbrado infracción alguna a los derechos señalados como vulnerados por la amparista en la sentencia dictada en fecha ocho de febrero de dos mil diecinueve por la Corte de Apelaciones del Trabajo del departamento de Francisco Morazán. Lo anterior, dejando a salvo, asimismo, las acciones civiles que correspondieren, acorde lo establecido en el artículo 67 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, respecto al efecto excluyente y no prejuzgamiento de la sentencia denegatoria en la acción de amparo. - Por lo cual resulta del caso, desestimar la presente garantía constitucional..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinticinco de febrero del dos mil veintiuno. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar Sentencia en el Recurso de Amparo Interpuesto por la Abogada Indiana Beatriz Castellanos Barahona, a favor de los señores Salvador Orlando Arita Mejía, Erick Armando Montoya Ramírez, Marco Tulio Mejía y Juan Antonio Meléndez Estrada, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, en fecha ocho de febrero de dos mil diecinueve, que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra el auto interlocutorio dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, de fecha ocho de octubre de dos mil dieciocho, con relación a la “DEMANDA ORDINARIA LABORAL DE EMPLAZAMIENTO PARA QUE SE NOS PRUEBE LA JUSTA CAUSA DE DESPIDO.-REINTEGRO AL CARGO DEL QUE FUIMOS INJUSTAMENTE DESPEDIDOS.-CONDENA AL PAGO DE LOS SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR…”, interpuesta por los señores Salvador Orlando Arita Mejía, Ingris Bethzaida Sarmiento, (Sic) Erik Armando Montoya Ramírez, Gladys Magdalena Otero Carbajal, Blanca Ondina Licona Díaz, Marco Tulio Mejía y Juan Antonio Meléndez Estrada, contra el Colegio Profesional Superación Magisterial Hondureño (COLPROSUMAH), a través de su Representante, el señor Franklin Rafael Padilla Girón. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de sus representados, los derechos consagrados en los artículos 70, 82, 90, 94 y 186 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha doce de abril de dos mil once, comparecieron ante el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, los señores Salvador Orlando Arita Mejía, Ingris Bethzaida Sarmiento, (Sic) Erik Armando Montoya Ramírez, Gladys Magdalena Otero Carbajal, Blanca Ondina Licona Díaz, Marco Tulio Mejía y Juan Antonio Meléndez Estrada, presentando “DEMANDA ORDINARIA LABORAL DE EMPLAZAMIENTO PARA QUE SE NOS PRUEBE LA JUSTA CAUSA DE DESPIDO.-REINTEGRO AL CARGO DEL QUE FUIMOS INJUSTAMENTE DESPEDIDOS.-CONDENA AL PAGO DE LOS SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR…” contra el Colegio Profesional Superación Magisterial Hondureño (COLPROSUMAH), a través de su Representante, el señor Franklin Rafael Padilla Girón. (Folios 1-5 de la pieza del A-quo) 2) En fecha veintiséis de julio de dos mil once, el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, en la celebración de la audiencia de Juzgamiento, falló: 1) DECLARANDO SIN LUGAR LA DEMANDA, promovida por SALVADOR ORLANDO ARITA MEJÍA, INGRIS BETHZAIDA SIERRA SARMIENTO, ERICK ARMANDO MONTOYA RAMIREZ, GLADYS MAGDALENA OTERO CARBAJAL, BLANCA ONDINA LICONA DIAZ, MARCO TULIO MEJÍA, JUAN ANTONIO MELENDEZ, contra el COLEGIO PROFESIONAL SUPERACIÓN MAGISTERIAL HONDUREÑO (COLPROSUMAH), a través del Fiscal y Representante Legal FRANKLIN RAFAEL PADILLA GIRÓN, en cuanto al reintegro a su puesto de trabajo y al pago de los salarios dejados de percibir, en consecuencia; 2)ABSUELVE AL DEMANDADO el COLEGIO PROFESIONAL SUPERACIÓN MAGISTERIAL HONDUREÑO (COLPROSUMAH), a través del Fiscal y Representante Legal FRANKLIN RAFAEL PADILLA GIRÓN, a que reintegre a su puesto de trabajo y al pago de los salarios dejados de percibir a SALVADOR ORLANDO ARITA MEJÍA, INGRIS BETHZAIDA SIERRA SARMIENTO, ERICK ARMANDO MONTOYA RAMIREZ, GLADYS MAGDALENA OTERO CARBAJAL, BLANCA ONDINA LICONA DIAZ, MARCO TULIO MEJÍA, JUAN ANTONIO MELENDEZ; 3) DECLARAR SIN LUGAR EL INCIDENTE DE TACHAS opuesto por el apoderado demandado; 4)SIN COSTAS en esta instancia. (Folios 187-190 de la pieza del A-quo) 3) En fecha veintitrés de julio de dos mil trece, la Corte de Apelaciones del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, conociendo del recurso de apelación interpuesto por el Abogado José Ramón Lamothe Rosales, en su condición de apoderado legal de la parte demandante-apelante, contra la sentencia referida en el numeral que precede, por unanimidad de votos dictó sentencia mediante la cual falló: REFORMANDO la sentencia definitiva proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de este departamento de Francisco Morazán, de fecha 26 de julio de dos mil once, que corre agregada a (folios 187 a 190) frente y vuelto de la primera pieza, en la forma siguiente: PRIMERO: Declarar CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado JOSÉ RAMÓN LAMOTHE ROSALES, en su condición de Apoderado Apelante. SEGUNDO: REVOCAR los numerales 1) y 2), de la parte resolutiva del fallo en que se declara SIN LUGAR la demanda promovida por SALVADOR ORLANDO ARITA MEJÍA, INGRIS BETHZAIDA SIERRA SARMIENTO, ERIK ARMANDO MONTOYA RAMIREZ, GLADYS MAGDALENA OTERO CARBAJAL, BLANCA ONDINA LICONA DIAZ, MARCO TULIO MEJÍA, JUAN ANTONIO MELENDEZ; contra el COLEGIO PROFESIONAL SUPERACIÓN MAGISTERIAL HONDUREÑO (COLPROSUMAH), a través del Fiscal y Representante Legal FRANKLIN RAFAEL PADILLA GIRÓN, en cuanto al reintegro al trabajo y al pago de salarios dejados de percibir; y la parte numero 2)ABSUELVE AL DEMANDADO el COLEGIO PROFESIONAL SUPERACIÓN MAGISTERIAL HONDUREÑO (COLPROSUMAH)a través del Fiscal y Representante Legal FRANKLIN RAFAEL PADILLA GIRÓN, a que reintegre a su puesto de trabajo y al pago de los salarios dejados de percibir a SALVADOR ORLANDO ARITA MEJÍA, INGRIS BETHZAIDA SIERRA SARMIENTO, ERIK ARMANDO MONTOYA RAMIREZ, GLADYS MAGDALENA OTERO CARBAJAL, BLANCA ONDINA LICONA DIAZ, MARCO TULIO MEJÍA, JUAN ANTONIO MELENDEZ; en consecuencia procede: a) Declara CON LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral promovida por los señores SALVADOR ORLANDO ARITA MEJÍA, INGRIS BETHZAIDA SIERRA SARMIENTO, ERIK ARMANDO MONTOYA RAMIREZ, GLADYS MAGDALENA OTERO CARBAJAL, BLANCA ONDINA LICONA DIAZ, MARCO TULIO MEJÍA, JUAN ANTONIO MELENDEZ, contra el COLEGIO PROFESIONAL SUPERACIÓN MAGISTERIAL HONDUREÑO (COLPROSUMAH)a través del Fiscal y Representante Legal FRANKLIN RAFAEL PADILLA GIRÓN, para el reintegro al trabajo, pago de los salarios dejados de percibir, y demás derechos que se le adeuden; y b)CONDENA AL COLEGIO PRESIONAL SUPERACIÓN MAGISTERIAL HONDUREÑO (COLPROSUMAH) a través del Fiscal y Representante Legal FRANKLIN RAFAEL PADILLA GIRÓN, reintegrar a su puesto de trabajo a los señores SALVADOR ORLANDO ARITA MEJÍA, INGRIS BETHZAIDA SIERRA SARMIENTO, ERIK ARMANDO MONTOYA RAMIREZ, GLADYS MAGDALENA OTERO CARBAJAL, BLANCA ONDINA LICONA DIAZ, MARCO TULIO MEJÍA, JUAN ANTONIO MELENDEZ, por lo menos en igualdad de condiciones mantenidas al momento de operarse el despido; más el pago de salarios adeudados correspondiente a los 17 días del mes de enero del año 2011 y al pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta el momento de su reinstalación. TERCERO: CONFIRMAR el numeral 3) y 4) de la parte resolutiva de la sentencia que se refiere: a Declarar SIN LUGAR el incidente de Tacha y las costas. CUATRO: SIN COSTAS. (Folios 195-196 vuelto de la pieza del A-quo) 4) La Sala Laboral-Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, conociendo del recurso de casación interpuesto contra la sentencia relacionada en el numeral que antecede, por parte del Abogado Jaime Vásquez Delarca, en su condición de Representante Procesal del Colegio Profesional Superación Magisterial Hondureño (COLPROSUMAH), en fecha veintitrés de septiembre de dos mil catorce, por unanimidad de votos, falló: 1)Declara NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito, 2) DECLARAR SIN LUGAR la nulidad subsidiaria solicitada; 3) SIN COSTAS. (Folio 197-200 de la pieza del A-quo) 5) En fecha catorce de noviembre de dos mil catorce, compareció ante el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, el Abogado José Ramón Lamothe Rosales, en su condición antes indicada, reclamando el pago de honorarios profesionales causados por la representación procesal en la causa de mérito. (Folio 202-203 vuelto del expediente del A-quo) 6) En fecha veintisiete de mayo de dos mil quince, el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, dictó auto interlocutorio mediante el cual falló: I.-Declarando CON LUGAR la TASACIÓN DE HONORARIOS PROFESIONALES de primera instancia desglosados de la siguiente forma: 1) SALVADOR ORLANDO ARITA MEJÍA L.1,454,520.00 x 30% = L.436,356.00 más L.2,000.00, presentación de la demanda, totaliza L.438.356.00; 2) INGRIS BETHZAIDA SIERRA SARMIENTO L.581,808.00 X30%= L.174,542.40, más L.2,000.00, presentación de la demanda, totaliza L.176,542.40, 3) ERICK ARMANDO MONTOYA RAMIREZ L.502,200.00 X 30%= 150,660.00, más L.2,000.00, presentación de la demanda, totaliza L.152.660.00, 4)GLADYS MAGDALENA OTERO CARBAJAL L.1,580,628.00 X 30%= L.474,188.40, más L.2,000.00, presentación de la demanda, totaliza L.476,188.40; 5)BLANCA ONDINA LICONA DIAZ, L.1,245,828.00 X 30%= L.373,748.40, más L.2,000.00, presentación de la demanda, totaliza L.375,748.40; 6) MARCO TULIO MEJIA, L.741,148.00 X 30%= L.222,344.40, más L.2,000.00, presentación de la demanda, totaliza L.224,344.40; y 7)JUAN ANTONIO MELENDEZ ESTRADA L.1,009,856.00 X 30%= L.302,956.80, más L.2,000.00, presentación de la demanda, totaliza L.304,956.80 y que corresponde a la cantidad de DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL SETENCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL LEMPIRAS CON CUARENTA CENTAVOS (L.2,148,796.40); que deberán pagar al abogado JOSÉ RAMÓN LAMOTHE ROSALES en concepto de honorarios profesionales en primera instancia; II.-CONDENAR: A los señores SALVADOR ORLANDO ARITA MEJÍA, INGRIS BETHZAIDA SIERRA SARMIENTO, ERICK ARMANDO MONTOYA RAMIREZ, GLADYS MAGDALENA OTERO CARBAJAL, MARCO TULIO MEJIA Y JUAN ANTONIO MELENDEZ ESTRADA, a pagarle al Abogado JOSÉ RAMÓN LAMOTHE ROSALES la suma de DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL SETENCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL LEMPIRAS CON CUARENTA CENTAVOS (L.2,148,796.40) por la primera instancia. IV.-DECLARA SIN LUGAR LA EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN opuesta por el representante procesal demandante (excepcionante). -SIN COSTAS. (Folios 271-277 de la pieza del A-quo) 7) En fecha diecinueve de agosto de dos mil quince, la Corte de Apelaciones del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, conociendo del recurso de apelación interpuesto por el abogado Guillermo Eduardo Matute Cerrato, contra el auto interlocutorio relacionado en el numeral que antecede, por unanimidad de votos, dictó sentencia mediante la cual falló: I. Declarando CON LUGAR EL RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el Abogado Guillermo Eduardo Matute Cerrato, actuando en su condición de representante procesal de los trabajadores SALVADOR ORLANDO ARITA MEJÍA, INGRIS BETHZAIDA SIERRA SARMIENTO, ERICK ARMANDO MONTOYA RAMIREZ, GLADYS MAGDALENA OTERO CARBAJAL, MARCO TULIO MEJÍA Y JUAN ANTONIO MELENDEZ ESTRADA; II. REFORMANDO el auto interlocutorio dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo de éste departamento de Francisco Morazán, de fecha veintisiete de mayo del año dos mil quince, visible a folios del 271 al 277 de la primera pieza de autos, en los términos siguientes: a)revocando el numeral primero de la parte resolutiva del auto interlocutorio apelado en cuanto declara con lugar la tasación de honorarios profesionales presentada por el Abogado JOSÉ RAMÓN LAMOTHE ROSALES, en consecuencia, DECLARAR SIN LUGAR LA TASACIÓN DE HONORARIOS PROFESIONALES presentada por el Abogado JOSÉ RAMÓN LAMOTHE ROSALES; b)REVOCANDO TOTALMENTE el numeral segundo de la parte resolutiva del auto interlocutorio apelado en cuanto CONDENA a los señores SALVADOR ORLANDO ARITA MEJÍA, INGRIS BETHZAIDA SIERRA SARMIENTO, ERICK ARMANDO MONTOYA RAMIREZ, GLADYS MAGDALENA OTERO CARBAJAL, MARCO TULIO MEJÍA Y JUAN ANTONIO MELENDEZ ESTRADA a pagarle al Abogado JOSÉ RAMÓN LAMOTHE ROSALES la suma de Lps.2,148.796.40, en consecuencia, ABSUELVE a los señores SALVADOR ORLANDO ARITA MEJÍA, INGRIS BETHZAIDA SIERRA SARMIENTO, ERICK ARMANDO MONTOYA RAMIREZ, GLADYS MAGDALENA OTERO CARBAJAL, MARCO TULIO MEJÍA Y JUAN ANTONIO MELENDEZ ESTRADA, de pagarle al Abogado JOSÉ RAMÓN LAMOTHE ROSALES la cantidad de Lps.2,148.796.40; c)REVOCA TOTALMENTE el numeral cuarto de la parte resolutiva del auto interlocutorio apelado en cuanto declara sin lugar la excepción de prescripción opuesta por el representante procesal demandante, en consecuencia, DECLARA CON LUGAR LA EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN opuesta por el Abogado GUILLERMO EDUARDO MATUTE CERRATO actuando en su condición de representante procesal de los trabajadores SALVADOR ORLANDO ARITA MEJÍA, INGRIS BETHZAIDA SIERRA SARMIENTO, ERICK ARMANDO MONTOYA RAMIREZ, GLADYS MAGDALENA OTERO CARBAJAL, MARCO TULIO MEJÍA Y JUAN ANTONIO MELENDEZ ESTRADA; d)CONFIRMA TOTALMENTE el pronunciamiento de SIN COSTAS en la primera instancia; III.SIN COSTAS en esta instancia. (Folios 286-288 de la pieza del A-quo) 8) En fecha trece de abril de dos mil dieciséis, la Sala de lo Constitucional, conociendo del recurso de amparo interpuesto por el Abogado José Ramón Lamothe Rosales, a favor de sí mismo, contra la sentencia relacionada en el numeral que precede, por unanimidad de votos, dictó sentencia mediante la cual falló: DENEGANDO la garantía de amparo impetrada por el abogado JOSÉ RAMÓN LAMOTHE ROSALES, a favor de sí mismo, contra la resolución dictada en fecha diecinueve de agosto de dos mil quince, por la honorable CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN. (Folios 324-334 vuelto de la pieza del A-quo) 9) En fecha veintitrés de junio de dos mil diecisiete, la Corte de Apelaciones del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, conociendo del recurso de apelación interpuesto por el Abogado José Ramón Lamothe Rosales, contra la resolución de fecha veinte de mayo de dos mil quince, proferida por la misma Corte, por unanimidad de votos falló: 1.-Declarar CON LUGAR la solicitud de Tasación de Honorarios Profesionales presentada por el Abogado JOSÉ RAMÓN LAMOTHE ROSALES, quien actúa en causa propia.-II.-APROBAR con las modificaciones hechas a la Tasación de Honorarios Profesionales de la segunda instancia, formulada por el Abogado JOSÉ RAMÓN LAMOTHE ROSALES, en la cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON SESENTA CENTAVOS (Lps.449,725.60), que le corresponden por la segunda instancia.-III.-SIN COSTAS, en esta instancia. (Folios 359-361 de la pieza del A-quo) 10) En fecha veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, compareció ante el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, la Abogada Indiana Beatriz Castellanos Barahona, en su condición de representante procesal de los señores Salvador Orlando Arita Mejía, Erick Armando Montoya Ramírez, Marco Tulio Mejía y Juan Antonio Meléndez Estrada, solicitando se le tuviera por personada en la demanda incoada, así como representante procesal de los señores antes mencionados y tener por alegados los vicios de nulidad en que supuestamente incurrió el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, a partir del uno de agosto de dos mil diecisiete (f-362). (Folios 498-499 de la pieza del A-quo) 11) En fecha ocho de octubre de dos mil dieciocho, el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, emitió auto mediante el cual dispuso: Por hecha la anterior comparecencia, como se pide: téngase por PERSONADA a la Abogada INDIANA BEATRIZ CASTELLANOS BARAHONA en su condición de representante procesal de los señores SALVADOR ORLANDO ARITA MEJÍA, INGRIS BETHZAIDA SIERRA SARMIENTO, ERICK ARMANDO MONTOYA RAMIREZ, GLADYS MAGDALENA OTERO CARBAJAL, MARCO TULIO MEJÍA Y JUAN ANTONIO MELENDEZ ESTRADA, tal como lo acredita con el Testimonio de Escritura Pública de Poder General para Pleitos y Gestión Administrativa acompañado. En relación al INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES a partir del auto de fecha 01 de agosto del 2017.-Que, haciendo una revisión de las presentes diligencias, se desprende: 1) Que la Honorable Corte de Apelaciones remitió la copia de la pieza principal junto con tres certificaciones; 2) Que por disposición contenida en el artículo 304 de la Constitución de la República, corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo ejecutado. Por consiguiente, este juzgado únicamente está ejecutando la condena emitida por la Corte de Apelaciones del Trabajo, mediante la resolución de fecha 23 de junio del 2017 en la cual se declaró CON LUGAR la Tasación de Honorarios Profesionales a favor del Abogado JOSÉ RAMÓN LAMOTHE ROSALES; consecuentemente, DECLARESE SIN LUGAR el INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES a partir del auto de fecha 01 de agosto del 2017. Asimismo, Declárese SIN LUGAR el desembargo de los bienes embargados en el Instituto de la Propiedad; en virtud, que no consta en autos que los demandantes hayan honrado la obligación contraída con el Abogado JOSÉ RAMÓN LAMOTHE ROSALES en concepto de honorarios profesionales. (Folio 503 de la pieza del A-quo) 12) La Corte Apelaciones del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, conociendo del recurso de apelación interpuesto por la Abogada Indiana Beatriz Castellanos Barahona, contra auto interlocutorio relaciono en el numeral que antecede, en fecha ocho de octubre de dos mil dieciocho, por unanimidad de votos falló: 1.-Declarar SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la Abogada INDIANA BEATRIZ CASTELLANOS BARAHONA, en su condición de Representante Procesal de las partes apelantes.-II.-CONFIRMAR el auto interlocutorio proferido por el Juzgado de Letras del Trabajo de este departamento de Francisco Morazán, en fecha ocho (8) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), en la Demanda Ordinaria Laboral de Emplazamiento promovida por los señores SALVADOR ORLANDO ARITA MEJIA, INGRIS BETHZAIDA SIERRA SARMIENTO, ERIK ARMANDO MONTOYA RAMIREZ, GLADYS MAGDALENA OTERO CARBAJAL, BLANCA ONDINA LICONA DIAZ, MARCO TULIO MEJÍA y JUAN ANTONIO MELENDEZ ESTRADA, contra el COLEGIO PROFESIONAL SUPERACIÓN MAGISTERIAL HONDUREÑO (COLPROSUMAH), a través del señor FRANKLIN RAFAEL PADILLA GIRÓN, para que se les pruebe la justa causa de despido, reintegro al cargo del que fueron injustamente despedidos, condena al pago de los salarios dejados de percibir, que obra a folio 28 frente de la pieza compulsada del expediente.-SIN COSTAS, en esta instancia, por las razones anteriormente expuestas. (Folios 187-190 vuelto del expediente del A-quem) 13) Que la Abogada Indiana Beatriz Castellanos Barahona, compareció ante este Tribunal, en fecha seis de marzo de dos mil diecinueve, reclamando amparo a favor de los señores Salvador Orlando Arita Mejía, Erick Armando Montoya Ramírez, Marco Tulio Mejía y Juan Antonio Meléndez Estrada, afirmando que la sentencia dictada por el Ad-Quem, relacionada en el numeral que precede, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 70, 82, 90, 94 y 186 de la Constitución de la República. 14) Vistos los antecedentes del recurso de amparo interpuesto por la Abogada Indiana Beatriz Castellanos Barahona, en fecha diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve, esta Sala apreció, que el término de cuarenta y ocho horas concedido para formalizar su acción, venció el día trece de noviembre de dos mil diecinueve, siendo las tres en punto de la tarde, declarando caducado de derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar para formalizar, asimismo, del escrito de interposición, se vislumbra que el recurrente desarrolló de manera puntual el concepto de violación, por lo cual se estimó procedente continuar con el procedimiento de ley correspondiente, dando la vista de los antecedentes al Fiscal por el término de cuarenta y ocho horas, para que emitiera su dictamen. (Folios 21 de la pieza de amparo) 15) Que esta Sala, en fecha veintisiete de enero de dos mil veinte, tuvo por evacuado el dictamen de la Fiscal, Abogada Sagrario Rosibel Gutiérrez Maldonado, del que se desprende de su apreciación jurídica de los hechos controvertidos, lo siguiente: …1.-Del examen del caso de autos, estima esta Representación Fiscal que su estudio recae en determinar la competencia de los Tribunales del Trabajo respecto al conocimiento de la solicitud de tasación de los honorarios profesionales, que en el caso sub judice fueron peticionados por el Abogado JOSÉ RAMÓN LAMOTHE y sometidos al conocimiento de la Corte de Apelaciones del Trabajo, la cual, mediante fallo de fecha 23 de junio de 2017 (folio 359 primera pieza) estimó procedente dicha tasación por la cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE SETECIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON SESENTA CENTAVOS (L.449,725.60) en concepto de pagos de honorarios profesionales, cantidad que debía ser cumplida por los demandantes SALVADOR ORLANDO ARITA MEJÍA, INGRIS BETHZAIDA SIERRA SARMIENTO, ERICK ARMANDO MONTOYA RAMIREZ Y OTROS, por lo que en atención a lo ordenado por este Tribunal de Alzada, el A-quo procedió a dar cumplimiento a dicho fallo, y fue así que el A-quo procedió a requerir de pago a los demandantes por la cantidad ordenada por el Ad-quem, de ahí que se aprecia que la actuación realizada en la jurisdicción del trabajo se encuentra dentro de la esfera de su competencia, al haber sido solicitada la tasación de honorarios correspondiente al Abogado JOSÉ RAMÓN LAMOTHE ROSALES, desde el día 12 de marzo del año 2015, ante el Juzgado del Trabajo (F.225 primera pieza), petición que posteriormente fue del conocimiento de la Corte de Apelaciones del Trabajo, por lo tanto en este caso los Tribunales del Trabajo tenían la competencia en tanto devenían obligados a pronunciarse sobre la petición planteada, por lo que la actuación jurisdiccional no se realizó en un juicio fenecido como aduce la recurrente ya que una vez remitidas las diligencias del Tribunal de Alzada se continuó con la tramitación del proceso. 2. Si bien existe la circular No. 16 de fecha 05 de diciembre de 2016, oficio No.2074-SCSJ-2016 emitido por la Sala Laboral Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, en la que se establece que las solicitudes de pago de honorarios profesionales no pueden ser objeto de los Tribunales del Trabajo y de lo Contencioso Administrativo por no ser competentes ya que, la naturaleza de los honorarios profesionales es de carácter privado, la solicitud de tasación de honorarios correspondiente al Abogado JOSÉ RAMÓN LAMOTHE ROSALES, fue presentada desde el día 12 de marzo del año 2015 ante el Juzgado del Trabajo, y dicha circular fue emitida posterior a dicha solicitud, razón por la que la suscrita considera que el Juzgado de Letras del Trabajo es el competente para el conocimiento de dicha solicitud de pago de honorarios profesionales supra señalada. Por lo que al revisar la sentencia recurrida no se aprecia la vulneración de ninguna garantía constitucional invocada por el recurrente. IV.OPINIÓN: El Ministerio Público, en vista de lo expuesto, opina que Se Deniegue la presente acción de amparo, por no existir vulneración de las garantías invocadas por el amparista. CONSIDERANDO (1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. CONSIDERANDO (2): Que con base a la garantía de Amparo toda persona agraviada, o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo a efecto se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; asimismo, de conformidad al artículo 183.2 constitucional y en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la Ley. CONSIDERANDO (3): Que se conoce en amparo la sentencia proferida por la Corte de Apelaciones del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, en fecha ocho de febrero de dos mil diecinueve, cuyos antecedentes obran consignados, por la cual procede a la confirmatoria del auto interlocutorio dictado por el Juzgado A Quo en fecha ocho de octubre de dos mil dieciocho, con relación a la declaratoria sin lugar del INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES, a partir del auto de fecha 01 de agosto del 2017, solicitado por la Abogada INDIANA BEATRIZ CASTELLANOS BARAHONA. Consideró la Corte de Apelaciones, al proceder a la confirmatoria del fallo, que éste se encontraba conforme a los lineamientos que franquea la Ley, en virtud tratarse de una pretensión datada en fecha trece (13) de marzo de dos mil quince (2015), la cual fue denegada por la Alzada y amparada parcialmente, con posterioridad, por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en fecha veintisiete (27) de enero de dos mil diecisiete (2017). Asimismo, tal pretensión es anterior a la Circular No. 16 de fecha 05 de diciembre de 2016, contenida en el Oficio No. 2074-CSJ-2016, de la Sala de lo Laboral – Contencioso Administrativa de la Corte Suprema de Justicia, por la cual, se hizo de conocimiento general los criterios establecidos por dicha respecto a la falta de Competencia de los Tribunales del Trabajo y de lo Contencioso Administrativo para atender solicitudes de pago de Honorarios Profesionales, por ser estos de naturaleza privada. CONSIDERANDO (4): Que manifestó la amparista, Abogada Indiana Beatriz Castellanos Barahona, en la acción constitucional impetrada a favor de los señores Salvador Orlando Arita Mejía, Erick Armando Montoya Ramírez, Marco Tulio Mejía y Juan Antonio Meléndez Estrada, que la descrita resolución le causa perjuicios a sus representados, pues es claro que la legalidad procesal civil, vigente desde el primero de noviembre de 2010, fecha en que también se derogó el Código de Procedimientos de 1906; no habilita a los Tribunales del Trabajo y de lo Contencioso Administrativo para atender solicitudes de pago de Honorarios Profesionales; carencia de competencia objetiva que resultó obviada por la Alzada, en agravio al debido proceso, por tratarse de disposiciones imperativas, de obligatorio cumplimiento. CONSIDERANDO (5): Que, por otra parte, censura la amparista, que se abrió un juicio ya fenecido, en el que se emitió sentencia definitiva, con carácter de firme, cuya intangibilidad es protegida por el artículo 186 de la Constitución de la República y por normativa legal secundaria; en la cual cumplió la parte demandada (COLPROSUMAH), con el pago a los demandantes de la obligación a la cual fue condenada jurisdiccionalmente; sentencia en la que tampoco hubo condena en costas, por lo que no procedía su tasación. Afirma, en planteamiento de su recurso, que no existe la figura de Tasación de Honorarios, pues el juicio tuvo como objeto la “DEMANDA ORDINARIA LABORAL DE EMPLAZAMIENTO PARA QUE SE NOS PRUEBE LA JUSTA CAUSA DE DESPIDO. -REINTEGRO AL CARGO DEL QUE FUIMOS INJUSTAMENTE DESPEDIDOS. -CONDENA AL PAGO DE LOS SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR…”. Ahonda jurídicamente, este primer argumento, contra el fallo de la Alzada, indicando que dicha Sentencia, como así fue denominada, se fundamentó en los artículos 22, 201.1, 206, 207 y 208 del vigente Código Procesal Civil (CPC), referente a su contenido formal y requisitos, pues las disposiciones del Código de Procedimientos Comunes de 1906, fueron derogadas expresamente por el artículo 921.1 CPC, mientras que el artículo 741 del Código del Trabajo (CT) establece que el recurso de reposición procederá contra los autos interlocutorios; por lo que no siendo la resolución impugnada un auto interlocutorio, sino que se trata de una sentencia que resolvía una apelación en una cuestión incidental tramitada arbitrariamente en un proceso laboral, ya fenecido, resultaba improcedente, contrario a ley; no pudiéndose ejercitar el recurso de reposición, ni tampoco recurso de casación, por existir ya una sentencia definitiva con carácter de firme, previo a la acción de amparo. CONSIDERANDO (6): Que, sigue refiriendo la amparista, la sentencia de la Alzada como violatoria a los derechos constitucionales de libertad, defensa, debido proceso, legalidad, correlativo a la prohibición de abrir juicios fenecidos; según contenidos en los artículos 70, 82, 90, 94 y 186 de la Constitución de la República. Considera arbitraria dicha declaratoria sin lugar del recurso de apelación promovido, y la consiguiente confirmatoria de la sentencia interlocutoria dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, de fecha ocho de octubre de dos mil dieciocho; ya que los órganos jurisdiccionales no han juzgado con las formalidades y derechos que la Ley establece. Particularmente en cuanto al hecho motivador de la solicitud consistente que, en fecha 24 de agosto de 2015, el Abogado LAMOTHE ROSALES interpuso recurso de amparo contra la sentencia de Alzada que revocaba el auto interlocutorio dictado por la instancia, mismo que declaraba con lugar la tasación de Honorarios profesionales, garantía constitucional que fue denegada por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia del 13 de abril de 2016; lo cual significa que, en cuanto a la tasación de Honorarios profesionales de primera instancia, la sentencia de segunda instancia es firme; por lo cual el solicitante no tuvo derecho a liquidar, ni a recibir pago alguno. Tampoco hubo condena en costas. CONSIDERANDO (7): Que, finalmente, refiere la amparista, que similar solicitud de tasación de Honorarios Profesionales, ocurrió por actuaciones en segunda instancia, donde le fue denegada dicha pretensión mediante resolución de fecha 20 de mayo de 2015, por considerar entonces, la Corte de Apelaciones del Trabajo, que no le asistía tal derecho. Contra esa resolución interpuso el Abogado LAMOTHE ROSALES garantía de amparo, la cual fue resuelta en fecha 27 de enero de 2017, por la Sala de lo Constitucional, otorgándola parcialmente, a efecto se motivará y resolviera correctamente; lo que dio lugar a que el Ad Quem, en lugar de cumplir con el debido proceso y motivar correctamente; procediera en fecha 23 de junio de 2017 a emitir una nueva resolución, declarando ha lugar la “Tasación de Honorarios Profesionales” en la cantidad de L 449, 722.60. Sin embargo, ya para esa fecha, era firme la sentencia del 19 de agosto de 2015, emitido por la misma Corte de Apelaciones, en la cual se absolviera a sus representados del pago de honorarios por primera instancia; no pudiendo, en consecuencia, ser de aplicación lo dispuesto en el artículo 55 del Arancel del Profesional del Derecho en cuanto a un supuesto procedimiento de “Tasación de Honorarios Profesionales”, pues lo que hay es Tasación de Costas y en ese juicio no hubo condena en Costas. Finalmente, lo efectuado por el Juzgado A Quo, ante dicha resolución, enjuiciada como arbitraria por la amparista; fue admitir tales documentos, abrir un juicio fenecido, requiriendo de pago a sus representados y procediendo al embargo de sus viviendas, actuación considerada susceptible de nulidad absoluta; por lo que, habiéndose denegando la misma por la jurisdicción ordinaria; se ha violentado la preceptiva constitucional invocada, solicitando de la Sala de lo Constitucional, se otorgue la presente garantía constitucional de amparo. CONSIDERANDO (8): Que, para esta Sala de lo Constitucional, oído el parecer del Ministerio Público y las alegaciones del recurrente en sustento de la presente acción de amparo, arriba a la conclusión la sentencia recurrida en amparo se encuentra ajustada a derecho constitucional y no infringe el dispositivo legal precitado y demás disposiciones jurídicas general y pertinentemente aplicables, particularmente la normativa procesal civil que regula el cobro de honorarios profesionales.[1] CONSIDERANDO (9): Que, lo anterior tiene correlato en la razonabilidad de la motivación vertida por la Alzada para fundar su resolutivo, el cual procura dar cumplimiento a lo ordenado por la propia Sala de lo Constitucional en fecha 27 de enero de 2017; amparando parcialmente al Abogado José Ramón Lamothe Rosales, en su condición de ex apoderado legal de la parte demandante, específicamente en lo conducente a la tutela judicial efectiva del mismo;[2] sentencia que establece literalmente lo siguiente: “CONSIDERANDO NÚMERO SEIS (6): Examen practicado por la Sala de lo Constitucional, a efecto de determinar la violación de los derechos de debido proceso y defensa, contenidos por su orden en los artículos 90 y 82 de la Constitución de la República. La Sala de lo Constitucional al analizar el presente asunto estima procedente acceder en forma parcial al otorgamiento de amparo a favor del abogado José Ramón Lamothe Rosales. La razón o fundamento que sustenta la decisión de estimar la presente garantía de amparo, obedece a que el garantista reclama la violación del debido proceso legal, contenido en el artículo 90 constitucional, desarrollándolo por la vertiente de no haber obtenido una resolución debidamente motivada. A juicio de este alto tribunal de justicia, la razón que funda la denegatoria del ad quem a la pretensión del ahora garantista, determinada a que se tase el monto de sus honorarios profesionales que le corresponden por sus gestiones en segunda instancia, es contraria a la realidad evidente que se desprende de los hechos ocurridos durante el proceso y que se encuentran en los expedientes de primera y segunda instancia; por tanto dicha motivación resulta a simple vista arbitraria, tomando en cuenta que el ad quem prescinde en su juicio del hecho notorio de que el recurso de apelación fue interpuesto y defendido por el abogado José Ramón Lamothe Rosales; asimismo que la decisión tomada por el ad quem es producto o fruto de dicho acto ejercido por éste como profesional del derecho. En tal sentido es de recibo el motivo que corresponde a la violación del debido proceso legal. En otro aparte la Sala de lo Constitucional estima que resulta inadmisible la petición de amparo con fundamento en la violación del derecho de defensa, contenido en el artículo 82 constitucional. Para este alto tribunal de justicia el garantista ha tenido a disposición todos los elementos que ofrecen el proceso y la ley para ejercitar su derecho de defensa. Sumado a ello el petente no explica claramente en que ha consistido la violación que reclama por este motivo. Siendo ésta una carga procesal ineludible para quien reclama amparo por la violación de un derecho. En virtud de todo lo anterior, la Sala de lo Constitucional ampara al abogado José Ramón Lamothe Rosales restituyéndole su derecho a un debido proceso legal, para lo cual corresponde que el ad quem tome en cuenta en su decisión el hecho evidente de que el abogado José Ramón Lamothe Rosales, en su condición de profesional del derecho y del poder a él conferido, impugnó la sentencia de primera instancia, elaboró los agravios del escrito de apelación, e interpuso y gestionó su tramitación”. CONSIDERANDO (10): Que por disposición contenida en el artículo 304 de la Constitución de la República, corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo ejecutado. Fundamento que tuvo efectivo cumplimiento por la instancia judicial, al ejecutar la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones del Trabajo, en fecha 23 de junio del 2017, por la cual se declaró CON LUGAR la Tasación de Honorarios Profesionales a favor del Abogado JOSÉ RAMÓN LAMOTHE ROSALES; consecuentemente, declarando, SIN LUGAR el INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES promovido por la recurrente, a partir del auto de fecha 01 de agosto del 2017; actuaciones las cuales se conceptúan como secuela garantista del fallo que emitiera esta Sala de lo Constitucional en fecha 27 de enero de 2017, sentencia de amparo recaída en la Acción de amparo número AL 0034-2016, tutelando el debido proceso del Reclamante de Honorarios Profesionales en segunda instancia, Abogado JOSÉ RAMÓN LAMOTHE ROSALES. Que en tal concepto y en virtud de lo antes expuesto, considera la Sala que no se ha vislumbrado infracción alguna a los derechos señalados como vulnerados por la amparista en la sentencia dictada en fecha ocho de febrero de dos mil diecinueve por la Corte de Apelaciones del Trabajo del departamento de Francisco Morazán. Lo anterior, dejando a salvo, asimismo, las acciones civiles que correspondieren, acorde lo establecido en el artículo 67 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, respecto al efecto excluyente y no prejuzgamiento de la sentencia denegatoria en la acción de amparo. - Por lo cual resulta del caso, desestimar la presente garantía constitucional. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, y en aplicación de los artículos 1, 4, 59, 60, 82, 90, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 y 321 de la Constitución de la República; 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 No. 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 1, 2, 3 No. 2, 5, 7, 8, 9 No. 3, 41, 45, 63, 67 y 120 de la Ley de Justicia Constitucional; FALLA: DENEGANDO el Recurso de Amparo de que se ha hecho mérito. Y MANDA: Que con certificación de esta Sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ÁLVAREZ SAGASTUME. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los seis días del mes de abril de dos mil veintiuno, certificación de la sentencia de fecha veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Amparo Laboral bajo el número SCO-201-2019.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] Ver: A título ilustrativo, lo prescrito en el artículo 89 del Código Procesal Civil.

[2] Ver: Sentencia de la Sala de lo Constitucional de fecha 27 de enero de 2017, recaída en la Acción de amparo número AL 0034-2016, promovida por el Abogado José Ramón Lamothe Rosales,