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Sentencia AL-200-20 — Registro 13868

Resumen

Se interpuso recurso de amparo contra la sentencia que declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, que declara sin lugar la nulidad de actuaciones promovida por la parte demandada, con relación a la “demanda laboral para el reintegro a mi puesto de trabajo en igual o mejores condiciones.-pago de salarios dejados de percibir y demás derechos en virtud de un despido directo, ilegal e injusto…”, Estima el recurrente que el acto reclamado no es aplicable por violentar derechos fundamentales y a su vez, contravenir disminuir y tergiversar los derechos reconocidos en la Constitución de la República, consignados en los artículos 64, 82, 90 y 129; 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y, 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO (9): Que, siguiendo esta línea de ideas, en relación al principio de legalidad de las formas, contenido en el artículo 7 del Código Procesal Civil, el referido autor señala que “Como ya hemos dicho, las normas procesales, como pertenecientes al Derecho Público, son irrenunciables, por lo tanto existe una imposibilidad jurídica de que tanto el órgano jurisdiccional como las partes y terceros que intervengan en el proceso puedan sustituirlas por otras o por actos jurídicos voluntarios regidos por el principio de autonomía de la voluntad, naturalmente salvo que la propia ley conceda excepcionalmente esta posibilidad de actuación”. En atención a este criterio doctrinal, y conforme lo establece la ley, es requisito interno de la sentencia la claridad y congruencia en el dictado de la misma, conforme a las pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito. CONSIDERANDO (10): Que el derecho al debido proceso, es un principio general del proceso, pilar fundamental para la instauración de un Estado de Derecho, conforme al cual, es de imperativo cumplimiento el respeto a las formalidades procesa1es, leyes aplicables al caso que estén previamente en vigencia; es así que el texto constitucional exige para un debido proceso, juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece; en ese orden de ideas y de la lectura de la sentencia emitida por el Ad-quem en fecha diez de febrero del año dos mil veinte, esta Sala de lo Constitucional observa que el Tribunal de Alzada ha inobservando el principio de legalidad de las formas, contenido en el artículo 7 del Código Procesal Civil, relacionado con los artículos 206 y 208 de la misma norma legal, vulnerando con ello el derecho fundamental del debido proceso, el cual conforme la jurisprudencia emitida por este Alto Tribunal, engloba una serie de derechos y garantías a favor de las partes en el proceso, derecho elemental en la constitución de un verdadero Estado de Derecho, conforme al cual es de obligatorio cumplimiento el respeto a las formalidades procesa1es, las cuales son de orden público e irrenunciables; conclusión a la que este Alto Tribunal arriba, una vez efectuada la lectura de la sentencia recurrida, ello en relación a las pretensiones de las partes y lo decidido en la parte resolutiva del fallo, como bien lo indica el amparista en el considerando número 8 del fallo, la Alzada refiere que el recurso de apelación fue interpuesto por la parte demandante, y en la parte resolutiva falla confirmando el auto interlocutorio referido, situación ésta última que trata de enmendar en providencia de fecha 17 de febrero del año 2020; no obstante a ello, esta Sala aprecia que la Alzada ordena revocar al auto interlocutorio de fecha veintidós de febrero del año dos mil diecinueve que corre a folios del 60 al 63 de la pieza compulsada, por ello la incongruencia y falta de claridad en el fallo emitido, pues en la audiencia de alegaciones visible a folios del 11 al 16 frente y vuelto de la pieza de antecedentes de la Alzada, se lee fácilmente que el recurso de apelación es interpuesto por la parte demandada y es contra el auto de fecha veintiocho de agosto del año dos mil diecinueve, asimismo no se encontró auto emitido por el A-quo a folios del 60 al 63 en la pieza formada en el proceso. Como corolario de lo anterior, no puede este Alto Tribunal, pronunciarse en relación al otro argumento expuesto por el recurrente en Amparo, relacionado con la procedencia o no de las costas de ejecución, ello ante la falta de claridad y congruencia de la sentencia con lo expuesto en la audiencia de alegaciones y lo decidido en el fallo. CONSIDERANDO (11): Que para que exista una verdadera tutela judicial efectiva, garantía de un debido proceso, entre otros, debe existir un juicio previo, respeto a las formalidades procesa1es, una sentencia de fondo, justa y motivada, trámite ante Juez o Tribunal previamente establecido y legalmente constituido, leyes aplicables al caso que estén previamente en vigencia; en otras palabras, el texto constitucional exige para un debido proceso, juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. CONSIDERANDO (12): Que señalado lo anterior y del estudio de los autos, esta Sala de lo Constitucional es del criterio que la resolución impugnada en esta vía constitucional vulnera el debido proceso, preceptuado en el párrafo primero del artículo 90 de la Constitución de la República, en cuanto al derecho a obtener una sentencia de fondo (motivada y fundada) y congruente con las pretensiones de las partes, en consecuencia se vulneran los demás derechos invocados por el recurrente que engloba el debido proceso, al observar esta Sala de lo Constitucional, que la sentencia dictada en segunda instancia, ha irrespetado el derecho a la tutela judicial efectiva, al emitir una resolución carente de claridad y congruencia, vulnerando al recurrente en amparo los derechos y garantías reconocidas en la Constitución de la República, mismos que deben imperar en un sistema democrático de derecho, constituyendo esto motivo más que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser otorgado. CONSIDERANDO (13): Que el otorgamiento del amparo en el caso que nos ocupa, debe traer como efecto o consecuencia que la sentencia impugnada sea inaplicable, de tal manera que el Tribunal de Alzada debe dictar una nueva resolución en la que con acopio de los diferentes preceptos de la ley adjetiva emita nueva sentencia con la debida claridad y congruencia, con respeto a los preceptos establecidos en la ley procesal civil, la que se utiliza en forma supletoria ante la carencia de disposiciones específicas en el Código de Trabajo, a efecto de garantizar la tutela judicial efectiva a quienes acuden a los Tribunales de justicia precisamente invocando esta garantía.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecisiete días del mes de noviembre del año dos mil veintiuno. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar Sentencia en el Recurso de Amparo Interpuesto por el Abogado José Ángel Cáceres Valladares, a favor del señor Fernando Antonio Figueroa Serrano, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa, M.D.C., Departamento de Francisco Morazán, en fecha diez de febrero del año dos mil veinte, que declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiocho de agosto del año dos mil diecinueve, que declara sin lugar la Nulidad de Actuaciones promovida por la parte demandada, con relación a la “DEMANDA LABORAL PARA EL REINTEGRO A MI PUESTO DE TRABAJO EN IGUAL O MEJORES CONDICIONES.-PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR Y DEMÁS DERECHOS EN VIRTUD DE UN DESPIDO DIRECTO, ILEGAL E INJUSTO…”, promovida por el señor Fernando Antonio Figueroa Serrano, a favor de Sí Mismo, contra el Estado de Honduras, por actuaciones de la Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP), representada legalmente por el señor Roberto Antonio Ordoñez Wolfovich. Estima el recurrente que el acto reclamado no es aplicable por violentar derechos fundamentales y a su vez, contravenir disminuir y tergiversar los derechos reconocidos en la Constitución de la República, consignados en los artículos 64, 82, 90 y 129; 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y, 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. ANTECEDENTES 1) Que en fecha veintisiete de mayo del año dos mil quince, compareció ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, el señor Fernando Antonio Figueroa Serrano, promoviendo “DEMANDA LABORAL PARA EL REINTEGRO A MI PUESTO DE TRABAJO EN IGUAL O MEJORES CONDICIONES. -PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR Y DEMÁS DERECHOS EN VIRTUD DE UN DESPIDO DIRECTO, ILEGAL E INJUSTO…”, contra el Estado de Honduras, por actuaciones de la Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP), representada por el señor Roberto Antonio Ordoñez Wolfovich. (Folios del 1-3 de la pieza de antecedentes del A-quo) 2) En fecha nueve de marzo del año dos mil dieciséis, en la celebración de la audiencia de juzgamiento, el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia definitiva mediante la cual falló: (Sic) “I.-Declarar CON LUGAR la demanda ordinaria laboral para el reintegro a su puesto de trabajo por despido injusto e ilegal, pago de salarios dejados de percibir; instaurada por el Señor FERNANDO ANTONIO FIGUEROA SERRANO; contra el ESTADO DE HONDURAS a través de su Representante Legal, el Señor Procurador General de la República ABRAHAM ALVARENGA URBINA; II.-CONDENAR: Al ESTADO DE HONDURAS a través de su Representante Legal, el Señor Procurador General de la República ABRAHAM ALVARENGA URBINA; a lo siguiente: 1.-REINTEGRAR: Al Señor FERNANDO ANTONIO FIGUEROA SERRANO a su puesto de trabajo, por lo menos en igualdad de condiciones que mantenía al momento de operarse la ruptura del contrato; 2.-Más el pago de los salarios dejados de percibir desde la terminación del contrato de trabajo hasta el momento de la reinstalación, y al reconocimiento de los demás derechos adquiridos en su ausencia. III. SIN COTAS en esta instancia…” (Folios del 49-52fv de la pieza de antecedentes del A-quo) 3) Que conociendo del recurso de apelación promovido por la parte demandada, contra la sentencia definitiva relacionada en el numeral que antecede, la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha diez de mayo del año dos mil dieciséis, dictó sentencia mediante la cual falló: (Sic) “1.-Declarar CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Abogada MARILUZ MARTINEZ MEJIA; 2.-REFORMAR la sentencia definitiva de fecha nueve de marzo de dos mil dieciséis, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo, en el sentido siguiente: REVOCAR los numerales UNO Y DOS de la parte resolutiva de la sentencia apelada, debiéndose leer de la siguiente manera: “1.-Declarar SIN LUGAR la demanda ordinaria laboral para el reintegro a su puesto de trabajo por despido injusto e ilegal, pago de salarios dejados de percibir; instaurada por el señor FERNANDO ANTONIO FIGUEROA SERRANO contra el ESTADO DE HONDURAS, a través de su representante legal, el señor Procurador General de la República ABRAHAM ALVARENGA URBINA; 2.-ABSOLVER al ESTADO DE HONDURAS, a través de su presentante legal, el señor Procurador General de la República ABRAHAM ALVARENGA URBINA, de toda responsabilidad laboral proveniente del presente juicio.”.-3-CONFIRMANDO el numeral 3 de la sentencia apelada. Todo en la DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA EL REINTEGRO A UN PUESTO DE TRABAJO EL IGUAL O MEJORES CONDICIONES, PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR Y DEMAS DERECHOS EN VIRTUD DE UN DESPIDO DIRECTO, ILEGAL E INJUSTO, EMPLAZAMIENTO AL PATRONO PARA QUE PRUEBE LA JUSTA CAUSA DEL DESPIDO, promovido por el señor FERNANDO ANTONIO FIGUEROA SERRANO contra el ESTADO DE HONDURAS representada por el Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA en su condición de Procurador General de la República.-4.-SIN COSTAS en esta instancia…” (Folios 63-64 de la pieza de antecedentes del A-quo) 4) Conociendo del recurso de casación laboral, promovido contra la sentencia de fecha diez de mayo del año dos mil dieciséis, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha ocho de mayo del año dos mil dieciocho, la Sala de lo Laboral Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, dictó sentencia a través de la cual resolvió: (Sic) “DECLARAR LA NULIDAD de la sentencia definitiva dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, en fecha 10 de mayo del 2016, visible a folios del 8 al 11 de la segunda pieza. Y MANDA: Devolver los autos al Tribunal de su procedencia, con la certificación de estilo, para que, reponiéndolos al estado que tenían cuando se cometió la falta, los haga sustanciar con arreglo a Derecho…” (Folios del 60-62fv de la pieza de antecedentes del A-quo) 5) En fecha veintitrés de agosto del año dos mil diecinueve, compareció ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, la Abogada Mariluz Martínez Mejía, en su condición de Representante Procesal Sustituta del Estado de Honduras, promoviendo nulidad absoluta de actuaciones desde la resolución de la comparecencia de fecha veinticinco (25) de abril del año dos mil diecinueve, que corre agregado a folio ochenta y cinco (85) de autos, y subsiguientes actuaciones, en virtud de considerar vulnerado el derecho al debido proceso, por ser actos dictados en rebeldía a las disposiciones del derecho positivo y la jurisprudencia fijada por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán. (Folios 90-91fv de la pieza de antecedentes del A-quo) 6) En fecha veintiocho de agosto del año dos mil dos mil diecinueve, el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en respuesta a la nulidad de actuaciones promovida, dictó auto interlocutorio mediante el cual resolvió: “PRIMERO: Habiendo analizado los argumentos expuestos por la apoderada demandada, se colige que la compareciente, se basa en que el expediente de mérito ha sido manejado de forma incorrecta, que se ha violentado el debido proceso, los derechos y garantías que la Ley establece, apreciaciones éstas que no tienen asidero jurídico que las fundamente, ya que si bien es cierto, consta en las presentes diligencias las actuaciones realizadas en tiempo y forma por parte de la Secretaria General del Despacho, tal como consta a folios 85, 86 y 87, en donde se le otorgó el derecho a pronunciarse sobre la Tasación de las Costas de Ejecución solicitadas por el apoderado de la parte demandante y al no haber hecho uso del derecho otorgado, se le tuvo por caducado el mismo y perdido irrevocablemente, por otra parte, las Costas de Ejecución son una indemnización que le corresponde a la parte actora, en virtud de que para hacer efectivo el pago de sus derechos condenados, lo hicieron por vía de apremio, es decir, embargando y en aplicación al Principio Procesal de Total Satisfacción se aprobaron y autorizaron las mimas, es por lo anteriormente expuesto que, se declara SIN LUGAR la nulidad de actuaciones, por ende que se siga con el curso normal del juicio…” (Folio 92fv de la pieza de antecedentes del A-quo) 7) Conociendo del recurso de apelación interpuesto por la Abogada Mariluz Martínez Mejía, contra la resolución que se ha dejado relacionada en el numeral que antecede, la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha diez de febrero del año dos mil veinte, por mayoría de votos dictó sentencia mediante la cual falló: (Sic) “1) Declarar CON LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la Abogada MARILUZ MARTINEZ MEJIA, actuando en su condición de apoderada legal de la parte demandada apelante.- 2) CONFIRMANDO el auto interlocutorio proferido por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de fecha veintidós de febrero del año dos mil diecinueve, que corre a folios del 60 al 63 de la pieza compulsada….” (Folios del 11-16fv de la pieza de antecedentes del Ad-quem) 8) Que el Abogado José Ángel Cáceres Valladares, compareció ante este Alto Tribunal en fecha trece de marzo del año dos mil veinte, reclamando amparo a favor del señor Fernando Antonio Figueroa Serrano, afirmando que la sentencia dictada por el Ad-quem, relacionada en el numeral que precede, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 64, 82, 90 y 129 de la Constitución de la República, 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 9) Que esta Sala, en fecha veintitrés de marzo del año dos mil veintiuno, tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de mérito, presentado por el Abogado José Ángel Cáceres Valladares, ordenando asimismo dar vista de los antecedentes al Fiscal del Despacho, a efecto de emitir el dictamen correspondiente. (Folio 29 de los autos) 10) En fecha veinte de abril del año dos mil veintiuno, se tuvo por emitido el dictamen emitido por la Fiscal del Despacho, Abogada Sagrario Rosibel Gutiérrez Maldonado, del que se desprende en la apreciación jurídica de los hechos controvertidos lo siguiente: …esta Representación del Ministerio Público observa que la resolución venida en amparo, no vulnera los preceptos constitucionales señalados por el recurrente, ya que la institución demandada (INSEP) es una institución estatal y por ende se encuentra amparada dentro de lo regulado en el artículo 8 del Decreto Ley 266-2013, contentivo de la Ley para Optimizar la Administración Pública, Mejorar Los Servicios a la Ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno, en cuanto señala que el Estado o sus entidades, en juicios de cualquier naturaleza, estarán exentos del pago de costas, salvo que se haya actuado con dolo; en cuyo caso el funcionario es responsable administrativa, civil y penalmente, en tal sentido en el caso de autos la parte demandante debió haber acreditado que la demandada actuó con dolo, a efecto de poder ser condenado en costas, tal como lo dispone el referido decreto, lo cual no ha ocurrido en el caso de autos. Asimismo, es de resaltar que si bien es cierto el Código Procesal Civil en su artículo 803 párrafo segundo señala: “En cualquier caso, las costas de la ejecución se impondrán al ejecutado”, tal normativa constituye la regla general siendo la excepción a la misma, el artículo 8 del citado Decreto, por lo que en ese orden de ideas al armonizar ambas disposiciones legales arribamos a una sola conclusión y es que la entidad demandada se encuentra exenta del pago de las costas impuestas, observando de esta manera que la sentencia recurrida se encuentra conforme a derecho, ya que el Principio de Legalidad establece: “Los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad.”. Concluyendo el Ministerio Público que SE DENIEGUE la presente acción de amparo, por no existir vulneración de las garantías invocadas por el amparista. (Folios del 32-37 de los autos) CONSIDERANDO (1): Que la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la constitución establece[1]; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República. CONSIDERANDO (2): Que se recurre en Amparo la sentencia emitida por mayoría de votos por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha diez (10) de febrero del año dos mil veinte (2020), que declara Con Lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la Abogada Mariluz Martínez Mejía, en su condición de Apoderada Legal de la parte demandada apelante, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiocho (28) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), que declara SIN LUGAR la nulidad de actuaciones promovida por la Abogada MARILUZ MARTÍNEZ MEJÍA, en su condición de Representante Procesal Sustituta del Estado de Honduras. CONSIDERANDO (3): Que el recurrente muestra su inconformidad con la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, argumentando que el acto que se recurre en Amparo no es aplicable por violentar derechos fundamentales y a su vez, contravenir, disminuir y tergiversar los derechos reconocidos por la Constitución de la República, consignados en los artículos 64, 82, 90 y 129 de la Constitución de la República, 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El amparista centra sus alegaciones afirmando que en el caso sub júdice corresponden las costas de ejecución del juicio, equivalente a cuarenta y tres mil quinientos noventa y un lempiras, con treinta y siete centavos (L.43,591.37), por ser una indemnización a favor del ejecutante (trabajador), ante el incumplimiento de las obligaciones por parte del ejecutado (patrono), contraídas en un documento indubitado que proviene del deudor o emane de una decisión firme y que sea exigible su cumplimiento por la vía ejecutiva. Argumenta el recurrente que el Código del Trabajo, no contempla un procedimiento específico para ejecución de los títulos, por carecer de un Código Procesal Laboral, en tal sentido debemos apoyarnos en el articulo 858, que nos remite al Código de Procedimientos Civiles. Sostiene que en las diligencias de merito esta debidamente probado el dolo e incumplimiento de las obligaciones, por ello no es aplicable el artículo 8 del Decreto Legislativo No. 266-2013 contentivo de la Ley para Optimizar las Administración Pública. CONSIDERANDO (4): Que asimismo el impetrante sostiene que el Código Procesal Civil, mismo que se usa en forma supletoria, ante falta de disposiciones en relación a los riquitos de la sentencia en el proceso laboral, establece en los artículos 206 y 208 que las sentencias deben ser claras, precisas, exhaustivas y congruentes y en ese orden de ideas, la sentencia de fecha diez de febrero del año dos mil veinte, emitida por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, presenta estos vicios, citando específicamente el considerando 8 que declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el demandante trabajador, en relación a la condena en costas, en consecuencia revoca el auto interlocutorio dictada por el juez de primera instancia, y en el POR TANTO en el acápite del Fallo numeral 2) confirma el auto interlocutorio proferido por el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán. CONSIDERANDO (5): Que los derechos constitucionales que el recurrente considera vulnerados inter alia es el Artículo 90 de la Constitución de la República, el cual dispone en su párrafo primero: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece”. En ese orden de ideas, entiende la Sala que la garantía genérica del debido proceso se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad en la dinámica del proceso. Dentro de tal garantía, deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley y legalmente constituido, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, respeto a las formalidades procesa1es, leyes aplicables al caso que estén previamente en vigencia; en otras palabras, el texto constitucional exige para un debido proceso, juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. CONSIDERANDO (6): Que el recurrente en su escrito de interposición y formalización de la presente acción de amparo, centra sus alegaciones en dos cuestiones a saber: a) Que a su representado le corresponde la tasación de costas de ejecución, por haber actuado el patrono en forma dolosa en el cumplimiento de sus obligaciones; y b) Que la sentencia de fecha 10 de febrero del año 2020, emitida por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, carece de claridad, precisión, exhaustividad y congruencia. El primer alegato corresponde a una cuestión fundamental del asunto planteado por el recurrente, pues refiere a si procede o no las costas de ejecución a favor de la parte demandante, que es la cuestión esencial por la que se promovió el recurso de apelación ante el tribunal de Alzada; mientras que el segundo de los alegatos del impetrante se centra en atacar una cuestión de legalidad de las formas, como ser los requisitos internos que debe contener una sentencia. En derecho procesal el principio de la legalidad de las formas, excluye la posibilidad de que las partes convengan libremente los requisitos de forma, tiempo y lugar a que han de hallarse sujetos los actos procesales, pues tales requisitos se encuentran predeterminados por la ley. Esta limitado, sin embargo, por la existencia de normas dispositivas. CONSIDERANDO (7): Que, al no existir disposiciones en el proceso laboral en relación a los requisitos de la sentencia, se aplica en forma supletoria las disposiciones del Código Procesal Civil, ello en atención al contenido del artículo 858 del Código de Trabajo, el cual dispone que, a falta de disposiciones especiales en el procedimiento del trabajo, se aplicarán las normas análogas de dicho Código, y, en defecto, las del Código de Procedimientos Civiles. Siguiendo la idea y en respuesta al alegato expuesto por el recurrente en relación a que la sentencia que se recurre en amparo carece de claridad, precisión, exhaustividad y congruencia es menester definir tales elementos como requisitos internos de la sentencia y contenidos en forma dispositiva en los artículos 206[2] y 208[3] del Código Procesal Civil. El Diccionario Hispanoamericano de Derecho[4] define claridad como: “Condición o cualidad de claro…”; así tenemos que el mismo diccionario define la palabra claro como: “Que se puede observar bien. // 2. Que es fácil de comprender…”. En relación al vocablo congruencia el referido diccionario la define como: “Conveniencia o relación lógica que existe entre dos o más cosas. // Conformidad que se presenta entre el fallo y las pretensiones que fueron formuladas por las partes en un juicio.” CONSIDERANDO (8): Que conforme al debido proceso que rige en materia civil, de acuerdo a lo establecido en el artículo 3 del Código Procesal Civil, las partes tienen derecho a que el proceso se desarrolle por los trámites previstos legalmente, a que se respeten los derechos procesales establecidos en la Constitución de la República y en las leyes ordinarias en condiciones de igualdad y sin dilaciones, y a que se dicte por órgano jurisdiccional competente, independiente e imparcial, una resolución de fondo justa y motivada. El jurista José Ramón González Clavijo dice que, bajo esta manifestación general, el principio de legalidad procesal se articula, tanto en su dimensión de sometimiento a las normas fundamentales del estado y con sujeción a la ley, y así se establece que “el proceso civil se desarrollará de acuerdo a la Constitución y con las disposiciones de este Código”, como en su manifestación de que las normas procesales contenidas en el Código son obligatorias para el juez, las partes y terceros que intervengan en el proceso, salvo que la ley excepcionalmente autorice lo contrario ofreciendo otra posibilidad de actuación. Ello supone que el juez adecuará su exigencia al logro de los fines del proceso respetando las garantías legalmente previstas, con la salvedad de que cuando no se señale una formalidad específica para la ejecución de un acto procesal, éste se realizará de acuerdo con la forma que implique una mejor y más rápida consecución de los fines pretendidos por la ley.[5] CONSIDERANDO (9): Que, siguiendo esta línea de ideas, en relación al principio de legalidad de las formas, contenido en el artículo 7 del Código Procesal Civil, el referido autor señala que “Como ya hemos dicho, las normas procesales, como pertenecientes al Derecho Público, son irrenunciables, por lo tanto existe una imposibilidad jurídica de que tanto el órgano jurisdiccional como las partes y terceros que intervengan en el proceso puedan sustituirlas por otras o por actos jurídicos voluntarios regidos por el principio de autonomía de la voluntad, naturalmente salvo que la propia ley conceda excepcionalmente esta posibilidad de actuación”. En atención a este criterio doctrinal, y conforme lo establece la ley, es requisito interno de la sentencia la claridad y congruencia en el dictado de la misma, conforme a las pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito. CONSIDERANDO (10): Que el derecho al debido proceso, es un principio general del proceso, pilar fundamental para la instauración de un Estado de Derecho, conforme al cual, es de imperativo cumplimiento el respeto a las formalidades procesa1es, leyes aplicables al caso que estén previamente en vigencia; es así que el texto constitucional exige para un debido proceso, juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece; en ese orden de ideas y de la lectura de la sentencia emitida por el Ad-quem en fecha diez de febrero del año dos mil veinte, esta Sala de lo Constitucional observa que el Tribunal de Alzada ha inobservando el principio de legalidad de las formas, contenido en el artículo 7 del Código Procesal Civil, relacionado con los artículos 206 y 208 de la misma norma legal, vulnerando con ello el derecho fundamental del debido proceso, el cual conforme la jurisprudencia emitida por este Alto Tribunal, engloba una serie de derechos y garantías a favor de las partes en el proceso, derecho elemental en la constitución de un verdadero Estado de Derecho, conforme al cual es de obligatorio cumplimiento el respeto a las formalidades procesa1es, las cuales son de orden público e irrenunciables; conclusión a la que este Alto Tribunal arriba, una vez efectuada la lectura de la sentencia recurrida, ello en relación a las pretensiones de las partes y lo decidido en la parte resolutiva del fallo, como bien lo indica el amparista en el considerando número 8 del fallo, la Alzada refiere que el recurso de apelación fue interpuesto por la parte demandante, y en la parte resolutiva falla confirmando el auto interlocutorio referido, situación ésta última que trata de enmendar en providencia de fecha 17 de febrero del año 2020; no obstante a ello, esta Sala aprecia que la Alzada ordena revocar al auto interlocutorio de fecha veintidós de febrero del año dos mil diecinueve que corre a folios del 60 al 63 de la pieza compulsada, por ello la incongruencia y falta de claridad en el fallo emitido, pues en la audiencia de alegaciones visible a folios del 11 al 16 frente y vuelto de la pieza de antecedentes de la Alzada, se lee fácilmente que el recurso de apelación es interpuesto por la parte demandada y es contra el auto de fecha veintiocho de agosto del año dos mil diecinueve, asimismo no se encontró auto emitido por el A-quo a folios del 60 al 63 en la pieza formada en el proceso. Como corolario de lo anterior, no puede este Alto Tribunal, pronunciarse en relación al otro argumento expuesto por el recurrente en Amparo, relacionado con la procedencia o no de las costas de ejecución, ello ante la falta de claridad y congruencia de la sentencia con lo expuesto en la audiencia de alegaciones y lo decidido en el fallo. CONSIDERANDO (11): Que para que exista una verdadera tutela judicial efectiva, garantía de un debido proceso, entre otros, debe existir un juicio previo, respeto a las formalidades procesa1es, una sentencia de fondo, justa y motivada, trámite ante Juez o Tribunal previamente establecido y legalmente constituido, leyes aplicables al caso que estén previamente en vigencia; en otras palabras, el texto constitucional exige para un debido proceso, juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. CONSIDERANDO (12): Que señalado lo anterior y del estudio de los autos, esta Sala de lo Constitucional es del criterio que la resolución impugnada en esta vía constitucional vulnera el debido proceso, preceptuado en el párrafo primero del artículo 90 de la Constitución de la República, en cuanto al derecho a obtener una sentencia de fondo (motivada y fundada) y congruente con las pretensiones de las partes, en consecuencia se vulneran los demás derechos invocados por el recurrente que engloba el debido proceso, al observar esta Sala de lo Constitucional, que la sentencia dictada en segunda instancia, ha irrespetado el derecho a la tutela judicial efectiva, al emitir una resolución carente de claridad y congruencia, vulnerando al recurrente en amparo los derechos y garantías reconocidas en la Constitución de la República, mismos que deben imperar en un sistema democrático de derecho, constituyendo esto motivo más que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser otorgado. CONSIDERANDO (13): Que el otorgamiento del amparo en el caso que nos ocupa, debe traer como efecto o consecuencia que la sentencia impugnada sea inaplicable, de tal manera que el Tribunal de Alzada debe dictar una nueva resolución en la que con acopio de los diferentes preceptos de la ley adjetiva emita nueva sentencia con la debida claridad y congruencia, con respeto a los preceptos establecidos en la ley procesal civil, la que se utiliza en forma supletoria ante la carencia de disposiciones específicas en el Código de Trabajo, a efecto de garantizar la tutela judicial efectiva a quienes acuden a los Tribunales de justicia precisamente invocando esta garantía. POR TANTO: La sala de lo Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, oído el parecer del Fiscal y en aplicación de los artículos, 80, 90, párrafo primero, 303, 304, 313 numeral 5, 316 y 321 de la Constitución de la República; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 2.3.a. del Pacto Internacional de derechos Civiles y Políticos; 1 y 78 numeral 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 858 del Código de Trabajo; 3, 7, 206 y 208, del Código Procesal Civil; 41, 44, 48, 54, 56, 63, y 72 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, FALLA: OTORGANDO EL RECURSO DE AMPARO promovido por el Abogado JOSE ANGEL CACERES VALLADARES, a favor del señor FERNANDO ANTONIO FIGUEROA SERRANO, contra la sentencia de fecha diez de febrero del año dos mil veinte, dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FARNCISCO MORAZÁN, debiendo el Tribunal recurrido dictar nuevamente la resolución impugnada, en estricto cumplimiento a las observaciones relacionadas en este libelo, relacionadas con la claridad y congruencia de la sentencia, en atención a las pretensiones deducidas por las partes y el auto interlocutorio que fue recurrido en apelación; Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelva las diligencias al tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la magistrada Reina Auxiliadora Hercules Rosa.- NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME, PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes de enero de dos mil veintiuno, certificación de la sentencia de fecha diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Amparo Laboral registrado en este Tribunal con el número SCO- 0200-2020.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA

SALA DE LO CONSTITUCIONAL

[1] Artículo 183 de la Constitución de la República de Honduras.

[2] “CLARIDAD, PRECISIÓN Y EXHAUSTIVIDAD. 1. Las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas. 2. El tribunal, sin apartarse de la causa de pedir acudiendo a fundamentos de hecho o de derecho distintos de los que las partes hayan querido hacer valer, resolverá conforme a las normas aplicables al caso, aunque no hayan sido acertadamente citadas o alegadas por los litigantes. 3. Cuando los puntos objeto del litigio hayan sido varios, el tribunal hará con la debida separación el pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos.”

[3] “CONGRUENCIA. 1. Las sentencias deben ser congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito. 2. En las sentencias se efectuarán las declaraciones que aquéllas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.”

[4] Diccionario hispanoamericano de derecho/ equipo de redacción Margarita Maria Duran Urrea… [et al]; equipo colaborador Wilman Amaya león… [et al]. Bogotá: Grupo Latino Editores, 2008. Contenido: v. 1. A-K. … v. 2. L-Z.

[5] D. José Ramón González Clavijo, Presidente de la Audiencia Provincial, Salamanca, España. Módulo Instruccional. Principios Generales en el nuevo Código Procesal Civil. Págs. 59-60.