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Sentencia AL-174-18 — Registro 14896

Resumen

Sentencia confirmó auto interlocutorio dictado por juzgado de primera instancia que consideró que no proceden las deducciones realizadas por recurrente a la liquidación de salarios dejados de percibir la cual es firme y ejecutoria a favor de demandante en demanda ordinaria laboral para el reconocimiento de una relación de trabajo por tiempo indefinido con antiguedad laboral promovida contra recurrente; El Tribunal de Alzada considera que las cantidades deducidas al demandante son ilegales y deberá continuarse con la ejecución de la sentencia tal y como lo ordenó la Juez A Quo

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"corresponde a la Sala de lo Constitucional establecer si la sentencia dictada por el Tribunal de Alzada, infringe o no los derechos constitucionales alegados por la recurrente; cuyos argumentos están señalados en la motivación del recurso, en el sentido de si el Ad-Quem al confirmar el auto apelado, actuó conforme a la normativa vigente en respeto al debido proceso, resolución con la cual el referido Juzgado, resolvió proceder únicamente con el trámite de ejecución de sentencia por la diferencia de lo adeudado, es decir, por la cantidad de trescientos ochenta y siete mil trescientos treinta y ocho lempiras con cuarenta y un centavos, y que la diferencia ya consignada deberá ser entregada al apoderado demandante con el respectivo acuse de recibo..."..."la Sala de lo Constitucional estima que el fondo del asunto y por el cual se recurre en Amparo, se circunscribe a establecer si las actuaciones del Ad-Quem con respeto al auto apelado, vulneraron garantías constitucionales y leyes ordinarias relativas a la actividad procesal que rigen el debido proceso, y si las excepciones plateadas por la impetrante y que fueron desestimadas durante la sustanciación del proceso están ajustadas a derecho, de lo que busca ser amparada; de la revisión de las actuaciones se desprende que una vez firme la sentencia condenatoria trae consecuentemente la ejecución del fallo..."..."mediante Decreto número 89 de fecha 24 de noviembre de 1969, el Congreso Nacional interpretó el párrafo 1o. del artículo 113 del Código del Trabajo en el sentido de que la percepción de salarios por parte del trabajador, con motivo de la obligación que corresponde al patrono, por causa de despido injusto, de pagar a título de daños y perjuicios los salarios que el trabajador habría percibido, se contará desde la terminación del contrato hasta la fecha en que con sujeción a las normas procesales del Código de Trabajo debe quedar firme la sentencia condenatoria, DE CONSIGUIENTE LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA, NO DEBEN HACER DEDUCCION ALGUNA DEL TIEMPO QUE DURE EL JUICIO, NI LIMITAR EL PAGO DE LOS SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR, todo en armonía con lo dispuesto en el Código del Trabajo en consecuencia los salarios dejados de percibir constituyen una indemnización a título de daños y perjuicios a favor del trabajador. En ese orden de ideas el Ad quem no ha quebrantado los derechos invocados por el impetrante por lo que es conforme a derecho..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dieciocho de agosto del dos mil veintiuno. VISTO: Para dictar Sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada MARIA BRENDA WILLIAMS RODRIGUEZ a favor del “INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP)”, contra el auto resolutivo dictado por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha catorce (14) de febrero de dos mil dieciocho (2018), que confirmo el auto interlocutorio dictado por el JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veintitrés de octubre de dos mil diecisiete, con relación a la demanda ordinaria laboral promovida por el señor JULIAN ALBERTO TORRES MENDOZA, en contra del “INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP).” Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado los artículos 64, 128, 129, 138, 303, 304 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha Seis (06) de marzo de dos mil catorce (2014), comparece ante el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, la Abogada MARIA MARGARITA AGUILAR REDONDO, interponiendo Demanda Ordinaria Laboral para que en sentencia definitiva de declare por tiempo indefinido una relación laboral originada por la suscripción de varios contratos continuos e ininterrumpidos en aplicación estricta de lo preceptuado en el artículo 47 del Código del Trabajo, en consecuencia concederle todos los derechos que ostentan los empleados con carácter de permanente. Siendo esta admitida en fecha once (11) de marzo de dos mil catorce (2014). (Folios 1 al 9 de la pieza del Juzgado). 2) Que seguido el trámite correspondiente el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán dictó sentencia en fecha once (11) de marzo de dos mil quince (2015), fallando: PRIMERO: DECLARAR CON LUGAR LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL promovida por la Abogada MARIA MARGARITA AGUILAR REDONDO, en su condición de apoderada legal del señor JULIAN ALBERTO TORRES MENDOZA contra el INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACION Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECTUTIVO (INJUPEMP)…; SEGUNDO: CONDENAR al INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACION Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECTUTIVO (INJUPEMP) a reconocer y declarar una relación de trabajo por tiempo indefinido la que sostiene el señor JULIAN ALBERTO TORRES MENDOZA con INJUPEMP por lo que se reconoce una antigüedad laboral a partir del 26 de abril del 2010, en consecuencia, le es aplicable todos los derechos y beneficios de un empleado permanente en la institución; en consecuencia REINTEGRAR a su puesto de trabajo por lo menos en igualdad de condiciones al señor JULIAN ALBERTO TORRES MENDOZA mas los salarios dejados de percibir desde la fecha de la finalización de la relación laboral hasta que sea debidamente reinstalado con el respectivo reajuste salarial…. TERCERO:….” (Folios 42-43 de la pieza del Juzgado). 3) Que en fecha veintitrés de junio de dos mil diecisiete, el Abogado JUAN ANGEL BENAVIDES PAZ, actuando en su condición de representante procesal del señor JULIAN ALBERTO TORRES MENDOZA, compareció ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, solicitando se procediera a realizar la liquidación de los salarios dejados de percibir de su representado.- En consecuencia, en fecha veintiséis de junio de dos mil diecisiete, el referido Juzgado, procedió a realizar la respectiva liquidación de los salarios dejados de percibir del señor JULIAN ALBERTO TORRES MENDOZA, la cual ascendió a un total de SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS CON TRES CENTAVOS (l. 763,919.03).- En fecha veinticinco de julio de dos mil diecisiete, se tuvo por firme la misma, ordenando se requiriera a la parte demandada para que procediera a pagar o consignara ante ese tribunal la cantidad arriba señalada. (Folios 115-117 y 125 de la pieza del Juzgado). 4) Que en fecha veintiocho de agosto de dos mil diecisiete, el Abogado JUAN ANGEL BENAVIDES PAZ, actuando en su condición antes indicada, comparece ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, manifestando que en fecha 08 de agosto de 2017, el INSTITUTO NACIONAL DE DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), emitió a favor del señor JULIAN ALBERTO TORRES MENDOZA, dos cheque los cuales hacían un total L.376,580.62, la cual es una cantidad inferior a la que legalmente le correspondía a su representado, aduciendo que le habían hecho deducciones por el 7% de cotización al INJUPEMP y del 1% al SITRAINJUPEMP y de L. 386,000.00 por salarios devengados por el demandante durante la secuela del juicio de parte de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social, por lo que consideró que dichas deducciones eran ilegales, ya que en base al Artículo 123 del Código del Trabajo, el Juzgado de Letras del Trabajo, el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, la Corte de Apelaciones del Trabajo y la Corte Suprema de Justicia, se han pronunciado sobre la ilegalidad de cualquier deducción realizada a los salarios dejados de percibir, pues los mismos son una indemnización que procede de una sanción impuesta por la Ley, al vencido en Juicio. (Folios 151-152 de la pieza del Juzgado). 5) Que en fecha veintitrés de octubre de dos mil diecisiete, el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, emitió auto en el cual resolvió: “… y siendo que una vez analizadas las consignaciones estas deducciones realizadas por parte del INJUPEMP al pago de sus prestaciones laborales y salarios dejados de percibir, la suscrita considera que carecen de sustento legal ya que el Artículo 122 del Código del Trabajo, establece que las prestaciones laborales y los salarios dejados es la indemnización del despido ilegal e injustificado que sufre el trabajador, en consecuencia no procede las deducciones a una liquidación de salarios dejados de percibir la cual es firme y ejecutoria a la fecha, de la misma forma se hace referencia que corre de autos a (sic) folio 25 de julio de 2017 providencia donde se ordena el requerimiento a la parte demandada por la cantidad de (Lps.763,919.03) siendo esta superior a la cantidad consignada. Y MANDA: Que únicamente se proceda con trámite de ejecución de ejecución de sentencia por la diferencia es decir la cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS (Lps. 387,338.41) y que la diferencia ya consignada mediante dos cheques antes descritos deberán ser entregados al apoderado del demandante con el respectivo acuse de recibo. …” (Folio 185 de la pieza del Juzgado). 6) Que conociendo del recurso de apelación interpuesto por la Abogada MARIA BRENDA SUYAPA WILLIAMS RODRIGUEZ, en su condición de apoderada legal del INSTITUTO NACIONAL DE DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), contra el auto de fecha veintitrés de octubre de dos mil diecisiete (2017), la Corte de Apelaciones del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia interlocutoria en fecha catorce de febrero de dos mil dieciocho, en la cual: “FALLA: CONFIRMANDO el auto interlocutorio de fecha veintitrés de octubre del año dos mil diecisiete, y que fuera remitido a éste Tribunal hasta el 15 de enero del año 2018, dictado por el Juzgado de Letras de éste Departamento de Francisco Morazán.…” (Folios 43 al 45 de la pieza de la Corte de Apelaciones). 7) Que en fecha veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, la Abogada MARIA BRENDA SUYAPA WILLIAMS RODRIGUEZ, compareció ante la Sala de lo Constitucional, interponiendo recurso de amparo a favor del INSTITUTO NACIONAL DE DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), afirmando que la sentencia de fecha catorce de febrero de dos mil dieciocho, dictada por el Ad-quem y de que se ha hecho referencia en el numeral que precede, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República; teniendo la Sala por formalizada su acción de amparo en fecha cuatro de junio de dos mil dieciocho. 5) Que en fecha veintiuno de junio de dos mil dieciocho, esta Sala tuvo por evacuado la vista concedida al fiscal del Despacho y por emitido el dictamen a través de la Abogada YULIBETH GARAY HERNANDEZ, quien fue de la opinión que: “que se DENIEGUE, la presente acción de amparo, por no existir vulneraciones de las garantías constitucionales invocadas por la Amparista…”. CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO (3): Que se conoce en Amparo la sentencia de fecha catorce de febrero del año dos mil dieciocho, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que confirma el auto interlocutoria de fecha veintitrés de octubre del año dos mil diecisiete, dictado por el JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en relación a la Demanda Laboral promovida por el señor JULIAN ALBERTO TORRES MENDOZA contra el INSTITUTO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), para que en sentencia definitiva se declare por tiempo indefinido una relación laboral originada por la suscripción de varios contratos continuos e ininterrumpidos, en aplicación estricta de lo preceptuado en el artículo 47 del Código del Trabajo , en consecuencia concederle todos los derechos que ostentan los empleados con carácter permanente, Asimismo solicita la Reinstalación al puesto de trabajo del demandante…. CONSIDERANDO (4): Que el recurrente en el escrito de la formalización de la acción de amparo, expone en el párrafo denominado Relación de los hechos del Caso, lo siguiente: numeral Primero, que consta en autos que el Juzgado de primera instancia en sentencia firme, condenó al INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP) al reintegro del trabajador JULIAN ALBERTO TORRES MENDOZA y ha pagar reajustes de salario, y procedió a liquidar en auto de fecha 23 de octubre del año 2017, requiriendo a la parte demandada para que pagara o consignara en el Tribunal la cantidad de 763,919.03 resultante del reajuste de salarios y salarios dejados de percibir, de acuerdo a la liquidación que se practicó, lo que no realizó por lo que se procedió a embargar la cantidad que resultó de la liquidación. Por lo que la parte demandada emitió un cheque No. 9243 por la cantidad de Lps. 367,300.62 (TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL, TRESCIENTOS LEMPIRAS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS) Y EL CHEQUE 9244, por la cantidad de Lps. 9,280.00 (NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS), para hacer un total de Lps. 376,580.62, a favor del señor JULIAN ALBERTO TORRES MENDOZA, valores que consigna en concepto de pagos dejados de percibir, con las deducciones de ley correspondiente, las cuales obedecen a un 7% cotización personal al INJUPEMP y 1% de cotización al SITRAINJUPEMP y un valor de LPS. 386,000.00 (TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL LEMPIRAS), por los salarios devengados durante la secuela de la acción de la demanda ya que laboró en la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social, señalando que la deducción se debe al oficio enviado por la Procuraduría General de la República el 17 de enero del 2017, en la cual señala: En caso de una sentencia definitiva en que el Estado fuere condenado a la indemnización de reintegro con el pago de Daños y perjuicios, los salarios percibidos por el contratado durante la secuela del juicio, formarán parte de la cuantificación de la indemnización de salarios dejados de percibir fijados en la sentencia condenatoria, en consecuencia formarán parte de loa liquidación de pago definitiva que se haga efectiva al contratado, por lo que la demandada deviene obligada a enterar dicha cantidad al Estado, ya que el Demandante estuvo laborando en la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social del 1 de septiembre del 2014, al 31 de diciembre del año 2016. CONSIDERANDO (5): Que la impetrante señala que el A quo, en fecha 23 de octubre de 2017 se pronunció respecto a las deducciones antes señaladas y practicadas por la parte condenada en el pago correspondiente a la liquidación a favor del demandante JULIAN ALBERTO TORRES MENDOZA, de la siguiente manera: “que no proceden las deducciones a una liquidación de salarios dejados de percibir en la cual es firme y ejecutoria a la fecha, y ordenó que se continúe en la ejecución en la cantidad de L.387,338.41 debiéndose entregar los cheques consignados al representante de la parte demandada”. Al respecto el Ad quem en su resolución expone haber “hecho un análisis del planteamiento hecho por el apelante en cuanto a las deducciones a la cantidad liquidada y concluye que las mismas son improcedentes, puesto que si bien es cierto el trabajador JULIAN ALBERTO TORRES MENDOZA, mientras duró el juicio laboró en la Secretaría de Desarrollo e inclusión social del período del 1 de septiembre al 31 diciembre del 2016, tiempo durante el cual le cancelaba dicha Secretaría su salario, lo cual es correcto puesto que es una garantía constitucional que establece: Que ningún servicio personal es exigible, ni deberá prestarse gratuitamente, sino en virtud de ley o de sentencia fundada en la Ley”. Sigue exponiendo que conforme la sentencia firme la institución demandada fue condenada entre otros al pago de reajuste de salarios y salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios (las negritas son nuestras), lógicamente estos últimos NO SON SALARIOS, sino daños y perjuicios, pero como de alguna manera se tienen que calcular los daños, del Código del Trabajo establece que se calcularán como salario pero como ya se dijo no constituyen de ninguna manera salario y además de lo antes expuesto la ley establece en forma clara y precisa que el preaviso, auxilio de cesantía o las indemnizaciones su importe no podrá ser objeto de compensación, venta o sesión, ni podrá ser embargado salvo en la mitad por concepto de pensiones alimenticias. CONSIDERANDO (6): Que el Ad-Quem en el considerando siete (7), señala, que si bien es cierto la disposición que le fue notificada según la representante procesal de la parte demandada al IMJUPEMP, por parte de la Procuraduría General de la República mediante oficio N. DNASJ-082-17 PGR, sin embargo tal disposición no es aplicable, según lo dispuesto en la Constitución de la República que establece: “que las leyes que rigen las relaciones entre patronos y trabajadores son de orden público y son nulos los actos, estipulaciones y convenciones que implique renuncia, disminuyan, restrinjan o tergiversen las garantías establecidas en la Constitución de la República, entre ellas la que establece que en caso de despido injusto, el trabajador tendrá derecho a su elección, a una remuneración en concepto de salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios y las indemnizaciones legales y convencionalmente previstas o a que se le reintegre al trabajo con el reconocimiento de los salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios, además invoca la disposición constitucional de que no se aplicarán leyes y disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden, que regulen el ejercicio de las declaraciones, derechos y garantías establecidas en la constitución, si los disminuyen, restringen o tergiversan. Así como la disposición que establece que en caso de conflicto entre las leyes de trabajo o de previsión social con las de cualquier otra índole predominan las primeras. Finalmente considera el Tribunal de alzada que las cantidades deducidas al demandante “han sido hechas de manera ilegal y por consiguiente deberá continuarse con la ejecución de la sentencia tal y como lo ordena la juez A Quo. Por todo ello el Ad-Quem CONFIRMÓ el auto interlocutorio de fecha veintitrés de octubre del año dos mil diecisiete, de igual manera se declaró sin lugar el recurso de reposición interpuesto contra esta resolución. CONSIDERANDO (7): Que corresponde a la Sala de lo Constitucional establecer si la sentencia dictada por el Tribunal de Alzada, infringe o no los derechos constitucionales alegados por la recurrente; cuyos argumentos están señalados en la motivación del recurso, en el sentido de si el Ad-Quem al confirmar el auto apelado, actuó conforme a la normativa vigente en respeto al debido proceso, resolución con la cual el referido Juzgado, resolvió proceder únicamente con el trámite de ejecución de sentencia por la diferencia de lo adeudado, es decir, por la cantidad de trescientos ochenta y siete mil trescientos treinta y ocho lempiras con cuarenta y un centavos, y que la diferencia ya consignada deberá ser entregada al apoderado demandante con el respectivo acuse de recibo. CONSIDERANDO(8): Que del estudio de los antecedentes, la Sala de lo Constitucional estima que el fondo del asunto y por el cual se recurre en Amparo, se circunscribe a establecer si las actuaciones del Ad-Quem con respeto al auto apelado, vulneraron garantías constitucionales y leyes ordinarias relativas a la actividad procesal que rigen el debido proceso, y si las excepciones plateadas por la impetrante y que fueron desestimadas durante la sustanciación del proceso están ajustadas a derecho, de lo que busca ser amparada; de la revisión de las actuaciones se desprende que una vez firme la sentencia condenatoria trae consecuentemente la ejecución del fallo. CONSIDERANDO (9): Que mediante Decreto número 89 de fecha 24 de noviembre de 1969, el Congreso Nacional interpretó el párrafo 1o. del artículo 113 del Código del Trabajo en el sentido de que la percepción de salarios por parte del trabajador, con motivo de la obligación que corresponde al patrono, por causa de despido injusto, de pagar a título de daños y perjuicios los salarios que el trabajador habría percibido, se contará desde la terminación del contrato hasta la fecha en que con sujeción a las normas procesales del Código de Trabajo debe quedar firme la sentencia condenatoria, DE CONSIGUIENTE LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA, NO DEBEN HACER DEDUCCION ALGUNA DEL TIEMPO QUE DURE EL JUICIO, NI LIMITAR EL PAGO DE LOS SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR, todo en armonía con lo dispuesto en el Código del Trabajo en consecuencia los salarios dejados de percibir constituyen una indemnización a título de daños y perjuicios a favor del trabajador. En ese orden de ideas el Ad quem no ha quebrantado los derechos invocados por el impetrante por lo que es conforme a derecho. CONSIDERNADO (10): Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Constitución y el resto del ordenamiento jurídico. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, oído el parecer del Fiscal y en aplicación de los artículos 60, 61, 90, 177, 321, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1 y 78 No. 5, 249, 256, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 41 No.1, 45, 48, 63, 65, de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 8, 10 Declaración Universal Sobre Derechos Humanos; 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 8.1, 24, Y 25 de La Convención Americana Sobre Derechos Humanos. FALLA: DENEGANDO EL AMPARO interpuesto por la Abogada MARIA BRENDA WILLIAMS RODRIGUEZ, a favor del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), contra el auto resolutivo dictado por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, de fecha catorce de febrero del año dos mil dieciocho, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la Sección Judicial de Francisco Morazán. Y MANDA: Que con la certificación de este fallo remita los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó la Magistrada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. NOTIFIQUESE. Firmas y sello. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME, PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticinco días del mes de abril de dos mil veintiuno, certificación de la sentencia de fecha dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Amparo Laboral registrado en este Tribunal con el número SCO-0174-2018.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA

SALA DE LO CONSTITUCIONAL

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