Sentencia AL-1327-21 — Registro 14852
Resumen
Sobreseimiento con relación a la demanda laboral promovida por recurrentes
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que de la exposición que realiza el recurrente indica que hizo uso del recurso de reposición contra el acto que denuncia, advirtiendo esta Sala de los documentos que acompaña el repitente que el recurso de reposición lo interpuso de forma extemporánea, por cuanto ha sido consentido por el agraviado al no ejercitar dentro de los términos legales dicho recurso. CONSIDERANDO: Que uno de los principios fundamentales propios de la garantía constitucional de Amparo, es el denominado "Principio de la Definitividad del Juicio de Amparo". CONSIDERANDO: Que el principio antes enunciado se fundamenta en la naturaleza misma del Amparo, en cuanto que éste es un medio extraordinario o sui géneris, para invalidar los actos de autoridad por vulneraciones a derechos o garantías constitucionales, lo cual implica que solo ha de prosperar en casos excepcionales, cuando ya se han recorrido todas las instancias y jurisdicciones, en virtud del ejercicio previo de los recursos ordinarios. De este modo, si existiera la posibilidad de entablar simultánea o potestativamente un recurso ordinario y el juicio de amparo para impugnar un acto de autoridad, se desnaturalizaría la naturaleza jurídica del segundo, en tanto que se convertiría en un medio común de defensa. CONSIDERANDO: Que dicho principio o postulado anteriormente referido, supone pues, el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley franquea para atacar el acto reclamado, bien sea para modificarlo, confirmarlo o revocarlo; de manera que existiendo algún medio de impugnación ordinario sin que el Quejoso lo haya utilizado, el Juicio de Amparo ha de ser sobreseído al tenor de lo establecido por el artículo 46 Numeral 3) de la Ley Sobre Justicia Constitucional donde se prevé que será inadmisible la acción de amparo, cuando los actos hayan sido consentidos por el agraviado, es decir, cuando no se hubieren ejercitado dentro de los términos legales, los recursos o acciones que franquea la ley, excepción que se hace en los casos de probada imposibilidad para la interposición de tales recursos, extremos que no se logró apreciar existiera en el caso de mérito. CONSIDERANDO: Que el órgano jurisdiccional rechazará de plano (o ad limine) la demanda de amparo que fuese inadmisible al constatar la causal de inadmisibilidad. CONSIDERANDO: Que en el caso de autos el recurrente no interpuso en tiempo el recurso de reposición, contra la resolución que ahora impugna en amparo, por una causa que solamente es imputable a él, es decir, por no hacer uso del mismo en estrados ante el Tribunal de Segunda Instancia, debemos concluir que el recurso de amparo que ahora nos ocupa debe ser inadmitido al tenor de lo establecido por el artículo 46 Numeral 3) de la Ley Sobre Justicia Constitucional supracitado, sin que sea dable a ésta Sala pronunciarse sobre el acto reclamado, todo ello, sin perjuicio de los recursos y demás acciones que le competan al encausado en el transcurso del juicio a favor de sus representados. CONSIDERANDO: Que en virtud de ser patente la causal de improcedencia del presente recurso de amparo, se impone declarar inadmisible el recurso de mérito"
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46, numeral 7 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que de la exposición que realiza el recurrente indica que hizo uso del recurso de reposición contra el acto que denuncia, advirtiendo esta Sala de los documentos que acompaña el repitente que el recurso de reposición lo interpuso de forma extemporánea, por cuanto ha sido consentido por el agraviado al no ejercitar dentro de los términos legales dicho recurso. CONSIDERANDO: Que uno de los principios fundamentales propios de la garantía constitucional de Amparo, es el denominado "Principio de la Definitividad del Juicio de Amparo". CONSIDERANDO: Que el principio antes enunciado se fundamenta en la naturaleza misma del Amparo, en cuanto que éste es un medio extraordinario o sui géneris, para invalidar los actos de autoridad por vulneraciones a derechos o garantías constitucionales, lo cual implica que solo ha de prosperar en casos excepcionales, cuando ya se han recorrido todas las instancias y jurisdicciones, en virtud del ejercicio previo de los recursos ordinarios. De este modo, si existiera la posibilidad de entablar simultánea o potestativamente un recurso ordinario y el juicio de amparo para impugnar un acto de autoridad, se desnaturalizaría la naturaleza jurídica del segundo, en tanto que se convertiría en un medio común de defensa. CONSIDERANDO: Que dicho principio o postulado anteriormente referido, supone pues, el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley franquea para atacar el acto reclamado, bien sea para modificarlo, confirmarlo o revocarlo; de manera que existiendo algún medio de impugnación ordinario sin que el Quejoso lo haya utilizado, el Juicio de Amparo ha de ser sobreseído al tenor de lo establecido por el artículo 46 Numeral 3) de la Ley Sobre Justicia Constitucional donde se prevé que será inadmisible la acción de amparo, cuando los actos hayan sido consentidos por el agraviado, es decir, cuando no se hubieren ejercitado dentro de los términos legales, los recursos o acciones que franquea la ley, excepción que se hace en los casos de probada imposibilidad para la interposición de tales recursos, extremos que no se logró apreciar existiera en el caso de mérito. CONSIDERANDO: Que el órgano jurisdiccional rechazará de plano (o ad limine) la demanda de amparo que fuese inadmisible al constatar la causal de inadmisibilidad. CONSIDERANDO: Que en el caso de autos el recurrente no interpuso en tiempo el recurso de reposición, contra la resolución que ahora impugna en amparo, por una causa que solamente es imputable a él, es decir, por no hacer uso del mismo en estrados ante el Tribunal de Segunda Instancia, debemos concluir que el recurso de amparo que ahora nos ocupa debe ser inadmitido al tenor de lo establecido por el artículo 46 Numeral 3) de la Ley Sobre Justicia Constitucional supracitado, sin que sea dable a ésta Sala pronunciarse sobre el acto reclamado, todo ello, sin perjuicio de los recursos y demás acciones que le competan al encausado en el transcurso del juicio a favor de sus representados. CONSIDERANDO: Que en virtud de ser patente la causal de improcedencia del presente recurso de amparo, se impone declarar inadmisible el recurso de mérito"
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46, numeral 3 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: Las Resoluciones que literalmente dicen: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, ocho de diciembre del año dos mil veintiuno. VISTO: El recurso de amparo interpuesto por el Abogado JOSÉ ENRIQUE PALMA VILLEDA, a favor de MAXIMILIANO HERNANDEZ, WILMER EDGARDO DUBÓN y ROBERTO ORTIZ, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SANTA BÁRBARA, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA, en fecha doce (12) de octubre del año dos mil veintiuno, que resuelve un recurso de apelación que fue interpuesto contra la resolución de fecha seis (06) de diciembre del año dos mil diecinueve, dictado por el JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SANTA BÁRBARA, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA; con relación a la demanda laboral promovida por MAXIMILIANO HERNANDEZ, WILMER EDGARDO DUBÓN y ROBERTO ORTIZ, en contra de la EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE TORITO, S. de R.L. CONSIDERANDO: Que de la exposición que realiza el recurrente indica que hizo uso del recurso de reposición contra el acto que denuncia, advirtiendo esta Sala de los documentos que acompaña el repitente que el recurso de reposición lo interpuso de forma extemporánea, por cuanto ha sido consentido por el agraviado al no ejercitar dentro de los términos legales dicho recurso. CONSIDERANDO: Que uno de los principios fundamentales propios de la garantía constitucional de Amparo, es el denominado "Principio de la Definitividad del Juicio de Amparo". CONSIDERANDO: Que el principio antes enunciado se fundamenta en la naturaleza misma del Amparo, en cuanto que éste es un medio extraordinario o sui géneris, para invalidar los actos de autoridad por vulneraciones a derechos o garantías constitucionales, lo cual implica que solo ha de prosperar en casos excepcionales, cuando ya se han recorrido todas las instancias y jurisdicciones, en virtud del ejercicio previo de los recursos ordinarios. De este modo, si existiera la posibilidad de entablar simultánea o potestativamente un recurso ordinario y el juicio de amparo para impugnar un acto de autoridad, se desnaturalizaría la naturaleza jurídica del segundo, en tanto que se convertiría en un medio común de defensa. CONSIDERANDO: Que dicho principio o postulado anteriormente referido, supone pues, el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley franquea para atacar el acto reclamado, bien sea para modificarlo, confirmarlo o revocarlo; de manera que existiendo algún medio de impugnación ordinario sin que el Quejoso lo haya utilizado, el Juicio de Amparo ha de ser sobreseído al tenor de lo establecido por el artículo 46 Numeral 3) de la Ley Sobre Justicia Constitucional donde se prevé que será inadmisible la acción de amparo, cuando los actos hayan sido consentidos por el agraviado, es decir, cuando no se hubieren ejercitado dentro de los términos legales, los recursos o acciones que franquea la ley, excepción que se hace en los casos de probada imposibilidad para la interposición de tales recursos, extremos que no se logró apreciar existiera en el caso de mérito. CONSIDERANDO: Que el órgano jurisdiccional rechazará de plano (o ad limine) la demanda de amparo que fuese inadmisible al constatar la causal de inadmisibilidad. CONSIDERANDO: Que en el caso de autos el recurrente no interpuso en tiempo el recurso de reposición, contra la resolución que ahora impugna en amparo, por una causa que solamente es imputable a él, es decir, por no hacer uso del mismo en estrados ante el Tribunal de Segunda Instancia, debemos concluir que el recurso de amparo que ahora nos ocupa debe ser inadmitido al tenor de lo establecido por el artículo 46 Numeral 3) de la Ley Sobre Justicia Constitucional supracitado, sin que sea dable a ésta Sala pronunciarse sobre el acto reclamado, todo ello, sin perjuicio de los recursos y demás acciones que le competan al encausado en el transcurso del juicio a favor de sus representados. CONSIDERANDO: Que en virtud de ser patente la causal de improcedencia del presente recurso de amparo, se impone declarar inadmisible el recurso de mérito. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Constitucional y en aplicación de los artículos 80, 183, 303, 304, 313 atribución 5a. y 316 de la Constitución de la República; 4, 9, 41, 46, 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; RESUELVE: INADMITIR EL RECURSO DE AMPARO interpuesto por el Abogado JOSÉ ENRIQUE PALMA VILLEDA, a favor de MAXIMILIANO HERNANDEZ, WILMER EDGARDO DUBÓN y ROBERTO ORTIZ, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SANTA BÁRBARA, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA, en fecha doce (12) de octubre del año dos mil veintiuno, al haber consentido el acto reclamado en amparo, al no haber interpuesto dentro del plazo concedido para tal efecto, el recurso correspondiente para obtener la subsanación del mismo. Y MANDA: que una vez notificada y firme la presente resolución se archive el amparo de mérito. NOTIFIQUESE. Firmas y Sello. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.” “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, M. D. C., uno de febrero del año dos mil veintidós. VISTO el recurso de reposición interpuesto por el Abogado JOSÉ ENRIQUE PALMA VILLEDA, contra la resolución de fecha ocho (08) de diciembre del año dos mil veintiuno, dictada por esta Sala de lo Constitucional, en el recurso de amparo que interpusiera a favor de MAXIMILIANO HERNANDEZ, WILMER EDGARDO DUBÓN y ROBERTO ORTIZ, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SANTA BÁRBARA, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA, en fecha doce (12) de octubre del año dos mil veintiuno, que resuelve un recurso de apelación que fue interpuesto contra la resolución de fecha seis (06) de diciembre del año dos mil diecinueve, dictado por el JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SANTA BÁRBARA, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA; con relación a la demanda laboral promovida por MAXIMILIANO HERNANDEZ, WILMER EDGARDO DUBÓN y ROBERTO ORTIZ, en contra de la EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE TORITO, S. de R.L. CONSIDERANDO: Que el recurrente interpone recurso de reposición contra la resolución de fecha ocho (08) de diciembre del año dos mil veintiuno, dictada por esta Sala de lo Constitucional, procediéndose por tal motivo a revisar la resolución impugnada dictada por esta Sala de lo Constitucional, en razón a los alegatos planteados por el reclamante en el recurso de reposición, mismos que no son de recibo en virtud a que después de analizada la resolución que se pide sea revocada, se aprecia que se encuentra apegada a derecho, resultando procedente declarar sin lugar el recurso de reposición referido, al no desprenderse razones de fondo o forma para proceder a su enmienda. POR TANTO: La SALA DE LO CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS y en aplicación de los artículos 80, 183, 313 atribución 5ª. Y 316 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Interamericana Sobre Derechos Humanos; 41, 44, 45, 46, 49, 119, 120 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional, RESUELVE: Declarar SIN LUGAR el RECURSO DE REPOSICIÓN interpuesto por el Abogado JOSÉ ENRIQUE PALMA VILLEDA, contra la resolución de fecha ocho (08) de diciembre del año dos mil veintiuno, dictada por esta Sala de lo Constitucional, por no desprenderse razones de fondo o forma para proceder a su enmienda. Y MANDA: Que una vez notificado el presente auto, se dé cumplimiento a lo ordenado en la resolución recurrida por el impetrante. - NOTIFIQUESE. Firmas y Sello. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cuatro días del mes de marzo de dos mil veintidós, certificación de las resoluciones de fechas ocho de diciembre de dos mil veintiuno y uno de febrero de dos mil veintidós, recaídas en el Recurso de Amparo Laboral, registrado en este Tribunal bajo el número SCO-1327=2021.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
4