Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia AL-1162-20 — Registro 14054

Resumen

Resolución que declara sin lugar incidente de nulidad con relación a demanda ordinaria laboral para pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, en virtud de despido indirecto, ilegal e injusto promovida contra recurrente y excepciones interpuestas y nulidad de actos procesales

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."8): Que el artículo 710 del Código de Trabajo establece “El demandado deberá proponer en la contestación de la demanda, o en la primera audiencia de trámite, todas las excepciones que crea tener en su favor. El juez decidirá las dilatorias en dicha audiencia, si el asunto fuere de puro derecho. Si hubiere hechos que probar deberán presentarse las pruebas en el acto y el juez resolver allí mismo”. Y el párrafo último del mismo artículo señala que, “Las excepciones perentorias serán decididas en la sentencia definitiva”. Como se aprecia de autos, las excepciones fueron resueltas en la primera de tramite y siendo que la excepción perentoria planteada también fue resuelta en la misma audiencia, el juez con acierto aclaró que dicha excepción perentoria, debía ser resuelta en sentencia definitiva, pero que era evidente en ese momento la interrupción de la prescripción al haberse iniciado y agotado el reclamo administrativo, el cual fue iniciado con anterioridad al plazo de dos meses que señala la norma laboral en fecha 14 de marzo del 2018, y culminó el 20 de abril del 2018, fecha en la cual el punto de referencia para contabilización de los dos meses para presentar la demanda se verifica que la fecha que culminó el reclamo es el 20 de abril a la fecha de presentación de la demanda no ha ocurrido la prescripción declarando, sin lugar la misma, quedando las partes notificadas de la presente resolución, que en atención a las pruebas aportadas y sin que la parte demandada la recurriera en apelación se entiende como un acto consentido, tal como lo dispone el articulo 213.2 del Código Procesal Civil de manera supletoria, si la parte a quien interese no impugna un acto anulable, quedará sanado al tiempo de la firmeza de la resolución, más aun cuando se celebra audiencia segunda de trámite (23/1/2020) sin que la parte demandada denuncie la supuesta causa de nulidad, ante esta situación indudablemente cabe el principio de preclusión procesal, el que en armonía con el de oficiosidad nos garantiza la certeza y seguridad jurídica procesal, ya que cada fase procesal termina, concluye y no puede repetirse. Por otro lado, que si bien consta de autos la actuación de dos jueces en las diferentes audiencias, -tal como lo invoca el quejoso- no menos cierto es, que el juez que emitió sentencia fue el que evacuó la prueba en la audiencia segunda de trámite de fecha 23 de enero del 2020, esto implica, que la valoración de la prueba se deriva de la prueba misma evacuada, -dicho de otra manera-, el juez que emitió la sentencia es el que evacuó la prueba en la audiencia segunda de trámite el 23 de enero del 2020, con ello no se vulnera el principio de inmediación más bien le da cumplimiento al precitado principio alegado, respecto a la excepción perentoria resuelta en la primera audiencia de tramite sin que se haya recurrido y mucho menos denunciada la nulidad en la segunda de trámite y que hoy invocada por el recurrente; de allí, que la nulidad planteada no tiene sustento alguno y mucho menos se enmarca en el Código Procesal Civil como norma supletoria en lo que respecta a las nulidades, el artículo 212 señala que los actos procesales serán nulos en los casos siguientes 1….2….3… y 4) cuando se prescinda de normas esenciales del procedimiento, siempre que, por esa causa, se haya producido indefensión”, lo que no ha ocurrido en el presente proceso laboral, es evidente que el juez en alusión al artículo 726 ha garantizado el adelantamiento del proceso sin perjuicio de la defensa de las partes tomando en cuenta las circunstancias probadas en autos y justificadas por el juzgador, y que de la valoración de las pruebas admitidas y evacuadas se dicte un fallo apegado a derecho como ha sucedido en el caso de mérito.-CONSIDERANDO (9): Que aunado a lo anterior, el artículo 715 del Código de Trabajo dispone “Los incidentes solo podrán proponerse en la primera audiencia de tramite; se sustanciarán sin interrumpir el curso del juicio y se decidirán en la sentencia definitiva, salvo aquellos que, por su naturaleza o sus fines, requieren una decisión previa”, y siendo que el Código del Trabajo no contempla disposiciones expresas respeto a las generalidades que son comunes a los demás procesos, se hace necesario desarrollarlas, resaltando sus diferencias por la especialidad de la materia. Se abordaran dichas generalidades siempre tomando en cuenta que el Código de Trabajo contempla un título denominado “Procedimiento en los Juicios del trabajo”, donde regula el mismo y además determina la aplicación analógica de sus propias normas, a falta de disposiciones especiales, como también que los actos del proceso para los cuales no se prescriba una forma determinada se deben realizar de manera adecuada al logro de su finalidad y solo en casos excepcionales se aplicara la supletoriedad de la normativa del Código Procesal Civil, tal como lo establece al artículo 858 del Código de Trabajo en relación al articulo 22 del Código Procesal Civil.-CONSIDERANDO (10): Que la Jurisdicción del Trabajo esta instituida para decidir los conflictos jurídicos que se origine directa o indirectamente del contrato de trabajo, en el presente caso como se deduce de lo actuado, se han resuelto las cuestiones directamente relacionadas con las excepciones planteadas y el incidente de nulidad presentado. Los Tribunales del Trabajo, una vez reclamada su primera intervención en forma legal, actuaran de oficio y procuraran abreviar en lo posible el curso normal de los asuntos sometidos a su conocimiento. Sus sentencias firmes tendrán autoridad de cosa Juzgada, y siendo que las partes ostentan una relación de trabajo como se aprecia de las piezas examinadas, esta Sala concluye que no concurre vulneración alguna a las normas constitucionales referidas por el recurrente, el quejoso durante la tramitación del proceso ha utilizado en favor de su representada todas armas procesales que le permite la ley y de todas y cada una recibió respuesta tanto del a-quo como del ad-Quem de conformidad a las pretensiones reclamadas, lo que reafirma el respeto a las garantías invocadas; de lo que resulta que tanto en primera como segunda instancia la causa laboral ha recibido un tratamiento dentro del marco legal establecido, especialmente en lo relativo al incidente manifestado por la parte demandada, en ese sentido, esta Sala es del parecer que la acción instada a través del incidente de nulidad como medio para retrotraer pretensiones ya resueltas, a sabiendas que la norma sustantiva establece el momento procesal oportuno y que con evidentes garantías al debido proceso fueron resueltas por los órganos jurisdiccionales, demostrando con lo actuado que no se ha vulnerado el principio de inmediación y el debido proceso, de lo que se colige que el fallo recurrido está dictado conforme a derecho, por ende procede que se deniegue el recurso de amparo solicitado"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno.-VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado JOSE MARIA DIAZ AVILA, a favor de la ALCALDIA MUNICIPAL DE ROATÁN, contra la resolución dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de la de la Ceiba, departamento de Atlántida; en fecha veintiséis de noviembre del año dos mil veinte, que confirmo la resolución dictada por el Juzgado de Letras Departamental de Roatán, Islas de la Bahía, con relación a la demanda ordinaria laboral promovida por el señor KARIN OMAR MEJIA PERALTA, contra la ALCALDIA MUNICIPAL DE ROATÁN. Estima el recurrente que se han violentado en perjuicio de su representada el artículo 90 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES:1) Que en fecha uno de junio de dos mil diecinueve, comparecieron ante Juzgado de Letras departamental de Roatán, Islas de la Bahía, el señor KARIN OMAR MEJIA PERALTA, actuando en su condición personal, interponiendo demanda ordinaria para pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, en virtud de despido indirecto, ilegal e injusto, contra la ALCALDIA MUNICIPAL DE ROATÁN. (Folio 01 al 04 de la primera pieza de antecedentes).-2) Que el referido Juzgado, en fecha veinte de octubre del año dos mil veinte, RESUELVE: De conformidad al artículo 740, 743 el suscrito considera lo siguiente. En primer lugar si bien es cierto la materia laboral no exige en la interposición establecerlos argumentos o agraviados para quien interpone el medio de impugnación pero el órgano jurisdiccional si está obligado a relacionar de forma motivada lo que resuelve, en primer lugar se declara sin lugar el recurso de reposición en virtud de que como ya se estableció en la resolución que se está recurriendo, es materialmente imposible que un hecho consentido por las partes cause nulidad, a aparte cuando ha sido cosa juzgada, específicamente el extremo en donde se ha dilucidado o resuelto las excepciones que interpuso la representación procesal de la Municipalidad de Roatán y siendo que ya se ha establecido de que es cosa juzgada esos extremos y que en ningún momento podrá volver a referirse el órgano jurisdiccional sobre las excepciones planteadas, siendo que fueron resueltas en la audiencia primera de trámite de fecha veinticuatro de septiembre del año dos mil diecinueve, es por esas circunstancias que se declara sin lugar el recurso de reposición interpuesto en cuanto al recurso de apelación por ser la resolución que se impugna un auto interlocutorio es procedente que este órgano jurisdiccional le de tramite al mismo, por lo tanto se tiene por admitido el recurso y se ordena que de inmediato se haga la remisión de las presentas diligencias a la Corte de Segundo de Apelaciones de la Ciudad de La Ceiba, a efecto de que dicho tribunal de alzada puede revisar la resolución en donde se ha argumentado la falta de inmediación del juez impartidor de justicia, es por esas circunstancias que obra en el expediente que el proceso ha terminado, solo se resolver la corte Segunda de Apelaciones podría afectar tal situación por lo tanto no puede seguir sustanciándose el proceso en este órgano jurisdiccional hasta el tribunal de alzada se refiere sobre la resolución que ha sido impugnada, por lo tanto reitera el suscrito juez remitir inmediatamente el expediente original, y se ordena a la Secretaria que el expediente sea foliado y remitido a la Corte ya indicada.- De esta manera se da por finalizada la presente comparecencia, firmado para constancia ante el suscrita Juez y Secretaria del Despacho que da fe. (Folios 58 al 60 de la primera pieza de antecedentes).-3) Que conociendo de un recurso de apelación interpuesto por el Abogado JOSE MARIA DIAZ AVILA, la Corte Segunda de Apelaciones de la Ceiba, departamento de Atlántida dictó sentencia en fecha veintiséis de noviembre del año dos mil veinte, RESUELVE. Declarar no ha lugar el recurso de apelación y CONFIRMAR el auto apelado que se enuncia en el preámbulo de esta resolución. (Folios 10 al 13 de la segunda pieza de antecedentes).-4) Que el recurrente Abogado JOSE MARIA DIAZ AVILA, compareció ante este Tribunal, en fecha once de diciembre del año dos mil veinte, interponiendo acción de amparo a favor de la ALCALDIA MUNICIPAL DE ROATÁN, por considerar que la decisión del Ad-Quem, violenta en perjuicio de su representada el artículo 90 de la Constitución de la República. Teniendo por formalizado en tiempo y forma su acción constitucional en fecha treinta y uno de mayo del año dos mil dieciocho.-5) Que con fecha quince de junio de dos mil veintiuno, la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUITIERREZ MALDONADO, actuando en su condición de Fiscal Especial para la Defensa de la Constitución, emitió dictamen, en el cual es de la opinión porque NO SE OTORGUE la acción de amparo interpuesta. CONSIDERANDO (1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. -CONSIDERANDO (2): Que la Sala conoce la presente acción de amparo suplicada por el abogado José María Diaz Ávila en su condición de Apoderado Legal de la Alcaldía Municipal de Roatán, y que recurre contra la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida en fecha veintiséis (26) de noviembre del dos mil veinte (2020), fallo que en la parte resolutiva declara por Unanimidad de votos No Ha Lugar el recurso de apelación y confirmar el auto apelado, emitido por el Juzgado de Letras Departamental de Roatán, Islas de la Bahía en fecha veinte (20) de octubre del dos mil veinte (2020), el que resuelve de acuerdo al 303 y 304 de la Constitución de la República declarar sin lugar el incidente de nulidad propuesto, por no existir ningún motivo para tener por acreditado de que no hay inmediación en la presente causa y específicamente sobre la prueba que deberá valorarse en la sentencia definitiva, y que la sustanciación de las tres excepciones ya fueron dilucidadas en la primera de tramite y lo cual es firme resolución de un tribunal de segunda instancia, lo que materialmente es imposible tocar como tema en la sentencia definitiva, además de ser un hecho consentido por las partes, cuyo antecedente es la Demanda Ordinaria Laboral de Emplazamiento para que el Patrono Pague Prestaciones e Indemnizaciones Laborales, Por Despido Directo, Ilegal e Injusto. Salarios Dejados de Percibir a Titulo de Daños y Perjuicios contra la Alcaldía Municipal de Roatán Islas de la Bahía.- CONSIDERANDO (3): Que el Amparista una vez agotada la vía recursiva, acude a este Alto Tribunal de Justicia motivando entre otros agravios, que la sentencia emitida por la Honorable Corte Segunda de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida de fecha 26 de noviembre del 2020 ha violentando la garantía constitucional del articulo 90 de la Constitución de la República; pues en audiencia primera de tramite de fecha 24 de septiembre del 2019 el Juez Allan Joel Urbina García practicó pruebas y dirigió el proceso resolviendo una excepción perentoria cuando el Código de Trabajo establece que se deben resolver en sentencia definitiva, artículo 710 del Código de Trabajo y, posteriormente el Juez José Adolfo Carranza Canales dirigió la Segunda Audiencia de Tramite el 23 de enero del 2020 y la audiencia de alegatos el 29 de enero del 2020. Que en fecha 20 de noviembre del 2020 compareció presentando incidente de nulidad de actuaciones resolviendo en el acto el Juzgado de primera instancia sin lugar lo solicitado, en igual sentido, la Corte de Apelaciones denegó la nulidad de las actuaciones procesales. Sigue expresando que el Código Procesal Civil establece en su artículo 16.1 “El Juez que dicte la sentencia ha de ser, el que …” Y “2. No se puede delegar…” y siendo que en la Audiencia de conciliación y primera de tramite de fecha 24 de septiembre 2019 practicó pruebas y dirigió el proceso el Juez Allan Joel Urbina García y, la audiencia segunda de trámite del 23 de enero del 2020 y la audiencia de alegatos del 29 de enero del 2020 fueron dirigidas por el juez José Adolfo Carranza Canales se violenta el principio de inmediación, pues el sentenciador se desliga del contacto personal con los elementos subjetivos y objetivos que conforman el proceso, siendo requisito sine qua non que el juez que debe pronunciar la sentencia haya asistido a la práctica de las pruebas de que extrae su convencimiento, y haya entrado, en relación directa con las partes, testigos, perito y objetos del juicio, de forma que pueda apreciar las declaraciones de tales personas y las condiciones de los sitios y cosas litigiosas, fundándose en la impresión inmediata recibida de ellos no en referencias, ajenas, conforme al artículo 212 Código Procesal Civil, los actos procesales serán nulos cuando se prescinda de normas esenciales del procedimiento, añadiendo el articulo 214 del mismo cuerpo legal establece que “La nulidad de pleno derecho, en todo caso,…”. Cabe señalar, que el Código Procesal Civil se sustancia supletoriamente en base al artículo 858 del Código de Trabajo, concluyendo en su extensa exposición de motivos que se vulnera el principio de inmediación y el debido proceso y finaliza que existe una evidente incongruencia entre el fundamento de derecho primero y la resolución dictada por el órgano recurrido, en donde afirma que es acertada la impugnación de las actuaciones del Juzgado en primera instancia en donde el juez estaba en la obligación de dirigir el proceso y conocer de las pruebas, y siendo que fue un Juzgador distinto el que conoció de las pruebas y el que dictó sentencia, se evidencia el agravio contra su representada, que dicho fallo recurrido provoca daños irreparables a su representada al violentarse garantías enunciadas en el presente recurso, sumado a ello se entorpecería la labor administrativa publica de forma innecesaria.-CONSIDERANDO (4): Que esta Sala observa, que se deduce de autos, que efectivamente se interpuso demanda ordinaria laboral en fecha 1 de junio del 2018 por parte del señor Karin Omar Meja Peralta contra la Alcaldía Municipal de Roatán. Que se realizó la audiencia primera de tramite el 24 de septiembre del 2019 (f.14 p.p.) y al no conciliar se abrió la primera de trámite, y que habiéndose interpuesto excepciones en la contestación de la demanda se le dio el impulso procesal conforme al artículo 710 del Código de Trabajo, haciendo uso del derecho la parte demandante para contestar las mismas, resolviendo el juzgado, sobre la excepción de falta de reclamo administrativo previo, la declara sin lugar por estar comprobado el agotamiento de la vía administrativa con las pruebas acreditadas. En cuanto a la excepción de incompetencia genérica del Juzgado, que se ha verificado a través del acuerdo de nombramiento y documentación acreditada, y que la parte demandada no acredito los presupuestos necesarios por falta de incompetencia genérica se declara sin lugar, y en cuanto a la excepción de prescripción, si bien la misma es una excepción perentoria, que debe ser resuelta en la sentencia definitiva, es evidente en este momento la interrupción de la prescripción al haberse iniciado y agotado el reclamo administrativo el cual fue iniciado con anterioridad al plazo de dos meses que señala la norma laboral (fecha 14 de marzo del 2018 y culminó 20 abril 2018, por lo que entre la fecha que culmina el reclamo y la interposición de la demanda (1/6/2018) no ha ocurrido la prescripción declarando sin lugar la excepción, quedando notificadas las partes de la resolución. No conforme la parte demandada apela la resolución. El juzgado le concede la apelación en efecto devolutivo continuándose la audiencia en la que las partes procesales propusieron sus medios de prueba pertinentes para acreditar sus pretensiones así como las objeciones contra los mismos, acto seguido se procedió a realizar reconocimiento en las oficinas de recursos humanos teniendo a la vista la carpeta del señor Karin Mejía Peralta, donde se constató la nota de despido original que fuera presentado en la presente audiencia donde se admite en el presente proceso y se declara sin lugar la objeción con advertencia de actos dilatorios, y señalándose la audiencia segunda de trámite para el 19 noviembre 2019 a las 9:00 a.m. resulta de autos que esta audiencia fue dirigida por el juez Allan Joel Urbina García.- CONSIDERANDO (5): Que seguido el tramite laboral correspondiente, se celebra Audiencia Segunda de Tramite hasta el 23 de enero del 2020 ver (f.27-28 p.p.) dirigida por el juez José Adolfo Carranza Canales en la que se evacuaron los medios de prueba admitidos, interrogatorio propuesto por la parte demandada y los testificales propuestos por ambas partes, donde las partes hicieron uso del derecho que la ley les confiere para repreguntar a los testigos, señalando el Juez que el medio de prueba reconocimiento judicial solicitado por la parte demandante no se pudo evacuar en la Municipalidad en los libros de pago de planilla desde febrero 2014 y el control de asistencia de los trabajadores, los mismos habían sido decomisados por el la ATIC, comprobado con las nueve actas de decomiso mostradas por la jefe de personal, igualmente fue imposible evacuar el reconocimiento judicial propuesto por la parte demandada. Que en fecha 29 de enero del 2020 el Juez José Adolfo Carranza Canales dirige la Audiencia de Alegaciones, en la que ambas representaciones procesales tanto la demandante como la demanda expresaron sus alegatos y conclusiones de conformidad a las pruebas aportadas y evacuadas, solicitando la parte demandante que se declare con lugar la demanda y se condene a la demandada (Alcaldía de Roatán) al pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales que por ley proceden. Que el representante procesal de la parte demandada (Alcaldía) expreso sus alegatos, en los que refuta cada una de las pruebas y hechos de la demanda y solcito al juez declarar si lugar la demanda y darle curso al recurso de apelación contra las excepciones planteadas en la primera de trámite. El Juzgado resuelve por hechas las alegaciones y en virtud que el 24 de septiembre el 2020 se celebro audiencia primera de tramite donde la parte demandada interpuso recurso de apelación y admitido el mismo, se ordenó la remisión de las diligencias al tribunal de alzada, expresando que se abstiene de señalar audiencia de juzgamiento y no habiendo más diligencias que realizar, se ordena al secretario remitir el expediente en su totalidad al Tribunal de Alzada de inmediato. -CONSIDERANDO (6): Que el fallo recurrido es el de fecha 26 de noviembre del 2020 en el cual, la Alzada resuelve el auto apelado de fecha 20 de octubre del 2020 dictado por el Juzgado de Letras Departamental de Roatán y que en la parte dispositiva por unanimidad de votos declara no ha lugar el recurso de apelación y confirmar el auto apelado, en la motivación fáctica del fallo deja establecido que al hacer un examen exhaustivo de la causa, por el recurso de apelación interpuesto por el apoderado legal de la parte demandada, el proceso laboral permite una revisión de lo resuelto por el A-Quo de las respuestas que dio a las excepciones incoadas por dicha parte. Y es así que da fe que ese ad-Quem y la secretaria del mismo han tenido a la vista no solo dicha certificación, la cual es muy clara; sino también la segunda pieza de autos que la contiene y que consta en el archivo de este tribunal. Que se expresaron agravios solo en relación de dos de las excepciones como son Falta de Reclamo Administrativo y la Incomparecencia Genérica del Juzgado y es solo sobre estas excepciones que esta Corte de Apelaciones se pronunció en respecto al principio “Cuantum Apelatun, Cuantum Devolutum” establecido en el articulo 701 del Código Procesal Civil, que como indica el apelante es norma supletoria. Es así que lo dicho por el juez A-Quo en el auto apelado no es del todo cierto, pues este tribunal si bien es cierto confirmo las dos excepciones antes mencionadas y que claramente constan en la certificación del auto de apelación aludida, también es cierto que no nos pronunciados sobre la excepción perentoria de prescripción porque aun resuelta en un momento que no era el oportuno, quedo firme por haberse conformado la propia parte demandada al no haber presentado agravios sobre ello. Resolución sobre la que no se presentó recurso de reposición o una garantía de amparo, si se hubiere alegado una omisión nuestra, que revisados los autos se resolvió según lo apelado. Se continuo con el procedimiento y se realizó la audiencia segunda de tramite sin denunciar la supuesta causa de nulidad que alega el actual apelante, también se debe aplicar el principio de preclusión por ende no procede declarar a lugar la nulidad reclamada, porque efectivamente no se viola el principio de inmediación en la forma que indica el impetrante pues el Juez que admitió la prueba y valoró la que estimó pertinente para el único efecto de resolver las excepciones planteadas; no es el mismo que evacuo la prueba de fondo para dirigir la demanda planteada, en la audiencia segunda de trámite, por ende el juez José Adolfo Carranza esta legitimado para emitir la sentencia definitiva, pues es quien efectivamente tuvo la inmediación de la evacuación de la prueba toral en esta causa. En tal virtud, procede explicar que la anulabilidad, a la que se refiere el artículo 213 del Código Procesal Civil, que afecta a los actos procesales realizados irregularmente y que si no son impugnados por la parte a quien interese quedarán saneados conforme a lo que dispone dicho artículo. El articulo 214.1 la denuncia tendiente a obtener la invalidación de los actos viciados de nulidad debe hacerse valer por medio de la interposición de los recursos establecidos en la ley, de manera que si los actos anulables no se denunciar interponiendo contra ellos el recurso de apelación, la irregularidad quedara saneada y nos será posible alegarla después como medio para atacarla. Que la nulidad referida en el artículo 212 del Código Procesal Civil tiene lugar en los casos taxativamente enumerados y es así que no se violentó el principio de la trascendencia de la nulidad procesal, siendo el que procede cuando “la irregularidad que se sirva de antecedente corrompe la sustancia del acto del proceso e impide en consecuencia cumplir el fin para el que fue establecido en la ley. (ver libro los incidentes y en especial el de la nulidad, en el proceso civil, penal y laboral, Sexta edición, de julio E. Salas Vivaldi, Pag.85). Que, de acuerdo con los razonamientos expuestos en los párrafos precedentes, los principios y las normas legales invocadas, procede declarar sin lugar el recurso de apelación de que se hacho merito, por lo que se ordena la confirmatoria del auto en cuestión. También se señalan como fundamentos jurídicos de esta resolución los preceptos legales siguientes: i) Con la Jurisdicción y Competencia 303 de la Constitución, 1 LOAT, 664, 665, 666 y 686 del Código Trabajo, ii) Con las resoluciones apelables en juicios de Trabajo 743 del Código trabajo y iii) Procedimiento del recurso de apelación en materia laboral 763 del Código de Trabajo e iv) respecto contenido formal de las sentencias y requisitos internos 197, 200, 206, 207 y 208 del Código Procesal Civil.-CONSIDERANDO (7): Que evidentemente como resulta de autos, el impetrante comparece ante el Juzgado que conoce de la demanda a interponer incidente de nulidad de actuaciones el día que estaba señalado para la celebración de audiencia de juzgamiento (20/10/2020), indudablemente, conta en las piezas del proceso que las audiencias se desarrollaron de conformidad a lo que establece la normativa laboral, dándole el impulso procesal al incidente presentado y que la parte demandada lo fundamenta en el artículo 16.1 y 2 del código Procesal Civil sobre la violación al principio de inmediación en relación al 212.4 del mismo cuerpo legal, que los actos procesales serán nulos cuando se prescinda de normas esenciales del procedimiento y 214 sobre la nulidad de pleno derecho, en todo caso, y los defectos de forma en los actos procesales que impliquen ausencia de requisitos indispensable para alcanzar su fin o determinen efectiva indefensión, se harán valer por medio de los recursos establecidos en la ley. Se observa que el caso en estudio comprende situaciones que si bien es cierto se desarrollaron y fueron resueltas por el órgano jurisdiccional en el momento procesal oportuno como lo dispone el procedimiento laboral en cuanto a las excepciones planteadas, de igual forma se le dio impulso al incidente de nulidad referido y por el cual se ha recurrido en amparo contra la sentencia emitida por la Corte Segunda de Apelaciones de la ciudad de la Ceiba, Atlántida.-CONSIDERANDO (8): Que el artículo 710 del Código de Trabajo establece “El demandado deberá proponer en la contestación de la demanda, o en la primera audiencia de trámite, todas las excepciones que crea tener en su favor. El juez decidirá las dilatorias en dicha audiencia, si el asunto fuere de puro derecho. Si hubiere hechos que probar deberán presentarse las pruebas en el acto y el juez resolver allí mismo”. Y el párrafo último del mismo artículo señala que, “Las excepciones perentorias serán decididas en la sentencia definitiva”. Como se aprecia de autos, las excepciones fueron resueltas en la primera de tramite y siendo que la excepción perentoria planteada también fue resuelta en la misma audiencia, el juez con acierto aclaró que dicha excepción perentoria, debía ser resuelta en sentencia definitiva, pero que era evidente en ese momento la interrupción de la prescripción al haberse iniciado y agotado el reclamo administrativo, el cual fue iniciado con anterioridad al plazo de dos meses que señala la norma laboral en fecha 14 de marzo del 2018, y culminó el 20 de abril del 2018, fecha en la cual el punto de referencia para contabilización de los dos meses para presentar la demanda se verifica que la fecha que culminó el reclamo es el 20 de abril a la fecha de presentación de la demanda no ha ocurrido la prescripción declarando, sin lugar la misma, quedando las partes notificadas de la presente resolución, que en atención a las pruebas aportadas y sin que la parte demandada la recurriera en apelación se entiende como un acto consentido, tal como lo dispone el articulo 213.2 del Código Procesal Civil de manera supletoria, si la parte a quien interese no impugna un acto anulable, quedará sanado al tiempo de la firmeza de la resolución, más aun cuando se celebra audiencia segunda de trámite (23/1/2020) sin que la parte demandada denuncie la supuesta causa de nulidad, ante esta situación indudablemente cabe el principio de preclusión procesal, el que en armonía con el de oficiosidad nos garantiza la certeza y seguridad jurídica procesal, ya que cada fase procesal termina, concluye y no puede repetirse. Por otro lado, que si bien consta de autos la actuación de dos jueces en las diferentes audiencias, -tal como lo invoca el quejoso- no menos cierto es, que el juez que emitió sentencia fue el que evacuó la prueba en la audiencia segunda de trámite de fecha 23 de enero del 2020, esto implica, que la valoración de la prueba se deriva de la prueba misma evacuada, -dicho de otra manera-, el juez que emitió la sentencia es el que evacuó la prueba en la audiencia segunda de trámite el 23 de enero del 2020, con ello no se vulnera el principio de inmediación más bien le da cumplimiento al precitado principio alegado, respecto a la excepción perentoria resuelta en la primera audiencia de tramite sin que se haya recurrido y mucho menos denunciada la nulidad en la segunda de trámite y que hoy invocada por el recurrente; de allí, que la nulidad planteada no tiene sustento alguno y mucho menos se enmarca en el Código Procesal Civil como norma supletoria en lo que respecta a las nulidades, el artículo 212 señala que los actos procesales serán nulos en los casos siguientes 1….2….3… y 4) cuando se prescinda de normas esenciales del procedimiento, siempre que, por esa causa, se haya producido indefensión”, lo que no ha ocurrido en el presente proceso laboral, es evidente que el juez en alusión al artículo 726 ha garantizado el adelantamiento del proceso sin perjuicio de la defensa de las partes tomando en cuenta las circunstancias probadas en autos y justificadas por el juzgador, y que de la valoración de las pruebas admitidas y evacuadas se dicte un fallo apegado a derecho como ha sucedido en el caso de mérito.-CONSIDERANDO (9): Que aunado a lo anterior, el artículo 715 del Código de Trabajo dispone “Los incidentes solo podrán proponerse en la primera audiencia de tramite; se sustanciarán sin interrumpir el curso del juicio y se decidirán en la sentencia definitiva, salvo aquellos que, por su naturaleza o sus fines, requieren una decisión previa”, y siendo que el Código del Trabajo no contempla disposiciones expresas respeto a las generalidades que son comunes a los demás procesos, se hace necesario desarrollarlas, resaltando sus diferencias por la especialidad de la materia. Se abordaran dichas generalidades siempre tomando en cuenta que el Código de Trabajo contempla un título denominado “Procedimiento en los Juicios del trabajo”, donde regula el mismo y además determina la aplicación analógica de sus propias normas, a falta de disposiciones especiales, como también que los actos del proceso para los cuales no se prescriba una forma determinada se deben realizar de manera adecuada al logro de su finalidad y solo en casos excepcionales se aplicara la supletoriedad de la normativa del Código Procesal Civil, tal como lo establece al artículo 858 del Código de Trabajo en relación al articulo 22 del Código Procesal Civil.-CONSIDERANDO (10): Que la Jurisdicción del Trabajo esta instituida para decidir los conflictos jurídicos que se origine directa o indirectamente del contrato de trabajo, en el presente caso como se deduce de lo actuado, se han resuelto las cuestiones directamente relacionadas con las excepciones planteadas y el incidente de nulidad presentado. Los Tribunales del Trabajo, una vez reclamada su primera intervención en forma legal, actuaran de oficio y procuraran abreviar en lo posible el curso normal de los asuntos sometidos a su conocimiento. Sus sentencias firmes tendrán autoridad de cosa Juzgada, y siendo que las partes ostentan una relación de trabajo como se aprecia de las piezas examinadas, esta Sala concluye que no concurre vulneración alguna a las normas constitucionales referidas por el recurrente, el quejoso durante la tramitación del proceso ha utilizado en favor de su representada todas armas procesales que le permite la ley y de todas y cada una recibió respuesta tanto del a-quo como del ad-Quem de conformidad a las pretensiones reclamadas, lo que reafirma el respeto a las garantías invocadas; de lo que resulta que tanto en primera como segunda instancia la causa laboral ha recibido un tratamiento dentro del marco legal establecido, especialmente en lo relativo al incidente manifestado por la parte demandada, en ese sentido, esta Sala es del parecer que la acción instada a través del incidente de nulidad como medio para retrotraer pretensiones ya resueltas, a sabiendas que la norma sustantiva establece el momento procesal oportuno y que con evidentes garantías al debido proceso fueron resueltas por los órganos jurisdiccionales, demostrando con lo actuado que no se ha vulnerado el principio de inmediación y el debido proceso, de lo que se colige que el fallo recurrido está dictado conforme a derecho, por ende procede que se deniegue el recurso de amparo solicitado.- POR TANTO: La sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos, vista la opinión del Fiscal y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5 y 316 de la Constitución de la República; 1 y 78 numeral 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 710, 715, 726 del Código de Trabajo; 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 2 y 18 de la Declaración Universal de los Derechos y Deberes del Hombre; 41, 42, 45, 48, 51, 63 y 120 la Ley Sobre Justicia Constitucional, FALLA: DENEGANDO EL RECURSO DE AMPARO interpuesto por el abogado José María Diaz Ávila a favor de la Alcaldía Municipal de Roatán, Islas de la Bahía, contra la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de La Ceiba, Atlántida, en fecha veintiséis (26)de noviembre del año dos mil veinte (2020). Y MANDA: Que con la certificación del presente fallo se devuelva las diligencias al tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA. NOTIFIQUESE. –Firmas y Sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA .- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los veintidós (22) días del mes de febrero del año dos mil veintidós (2022), Certificación de la Sentencia de fecha decidiste (17) de noviembre del año dos mil veintiuno (2021) recaída en el Amparo Laboral, registrado en este Tribunal bajo el número 1162-2020.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL