Sentencia AL-11-20 — Registro 13000
Resumen
Resolución que decretó Nulidad de actuaciones con relación a audiencia primera de tramite celebrada en “demanda laboral para que se obligue al patrono a dar estricto cumplimiento a contrato colectivo de condiciones de trabajo legalmente negociado y suscrito por las partes contratantes promovida contra impetrante
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."ONCE (11): Que el derecho al trabajo es el derecho fundamental humano por el que toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de este, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, a la protección contra el desempleo, sin discriminación, con igualdad salarial, remuneración digna, protección social y derecho de sindicalización. El derecho al trabajo se reconoce en las normas fundamentales de derechos humanos como son la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como en textos internacionales como la Carta social europea, el Protocolo de San Salvador, la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y en textos nacionales como son las Constituciones de numerosos países. CONSIDERANDO DOCE (12): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso al proceso sin traba alguna, en el incidente planteado alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales. CONSIDERANDO TRECE (13): Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico. CONSIDERANDO CATORCE (14): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad Quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las disposiciones legales aplicables a las sentencias; no existiendo violación al debido proceso y el derecho de Defensa; por ello de acuerdo con las motivaciones que preceden, cabe denegar el amparo interpuesto, por las razones que se han expuesto."
Legislación citada
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
Jerarquía: Reiterativa
"12): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso al proceso sin traba alguna, en el incidente planteado alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales. CONSIDERANDO TRECE (13): Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico. CONSIDERANDO CATORCE (14): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad Quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las disposiciones legales aplicables a las sentencias; no existiendo violación al debido proceso y el derecho de Defensa; por ello de acuerdo con las motivaciones que preceden, cabe denegar el amparo interpuesto, por las razones que se han expuesto"
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46 (Rango Constitucional)
Sentencia
ALESSANDRA
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia y resolución que literalmente dicen: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinte de mayo de dos mil veintiuno. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar Sentencia en el Recurso de Amparo Interpuesto por el Abogado JUAN RAMÓN MEDINA RAMOS a favor del INSTITUTO HONDUREÑO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA (IHAH), contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha ocho de noviembre de dos mil diecinueve, que declaró sin lugar el auto interlocutorio dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, con relación a la “DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA QUE SE OBLIGUE AL PATRONO A DAR ESTRICTO CUMPLIMIENTO AL CONTRATO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO LEGALMENTE NEGOCIADO Y SUSCRITO POR LAS PARTES CONTRATANTES…” promovida por los Abogados ERASTO JESÚS REYES MÉNDEZ y FREDIN DE JESÚS FÚNEZ, actuando en su condición de Representantes Procesales del SINDICATO DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA (SITRAIHAH), contra el INSTITUTO HONDUREÑO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA (IHAH). Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado, los derechos consagrados en los Artículos 60, 64, 80, 82, 90 y 321 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha once de mayo de dos mil dieciséis, comparecieron ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, los Abogados ERASTO JESÚS REYES MÉNDEZ y FREDIN DE JESÚS FÚNEZ, actuando en su condición de Representantes Procesales del SINDICATO DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA (SITRAIHAH), promoviendo “DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA QUE SE OBLIGUE AL PATRONO A DAR ESTRICTO CUMPLIMIENTO AL CONTRATO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO LEGALMENTE NEGOCIADO Y SUSCRITO POR LAS PARTES CONTRATANTES…” contra el Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH). (Folios 1-10 del tomo I del expediente del A-quo) 2) En fecha cuatro de enero de dos mil diecisiete, en la celebración de la audiencia primera de trámite, la Juez le cedió la palabra a la parte demandante, preguntándole si haría uso de su derecho de aclarar, corregir, enmendar, oponer incidentes, defectos o excepciones procesales en dicha audiencia; a lo que el demandante respondió que sí, en el sentido de corregir el hecho tercero de la demanda ya que además del incumplimiento de la cláusula 49 mencionada también hay incumplimiento de varias cláusulas en el contrato colectivo, las cuales son 1, 4, 5, 7, 11, 12, 21, 25, 31, 36, 43 inciso K, 43 inciso N y 47 conjuntamente en el acápite de los que se demanda el cumplimiento de las mismas. Resolviendo el Juzgado: Se tiene por corregido el escrito de demanda en los términos ya antes expuestos por el representante procesal demandante y se declara por prelucido el derecho dejado de utilizar. (Folios 43-48 vuelto del tomo I del expediente del A-quo) 3) En fecha catorce de septiembre de dos mil dieciocho, ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, compareció el Abogado Juan Ramón Medina, en su condición de Representante Procesal del Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH), presentando “NULIDAD ABSOLUTA DE ACTUACIONES POR ACTO DE AMPLIACIÓN DE DEMANDA, A PARTIR DEL AUTO DONDE SE RESULVE TENER POR CORREGIDA LA DEMANDA POR EL REPRESENTANTE PROCESAL DEMANDANTE…” (Folios 1010-1014 del tomo II del expediente del A-quo) 4) En fecha veintinueve de marzo de dos mil dos mil diecinueve, el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, dictó auto interlocutorio mediante el cual falló: 1.-Declarando CON LUGAR el INCIDENTE DE NULIDAD ABSOLUTA DE ACTUACIONES promovido por el Abogado JUAN RAMÓN MEDINA RAMOS en representación de la parte demandada el INSTITUTO HONDUREÑO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA, en la DEMANDA ORDINARIA LABORAL promovida por el SINDICATO DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA. 2.-Se decreta la NULIDAD ABSOLUTA DE ACTUACIONES del auto contenido en la audiencia primera de trámite, por lo cual se tiene por no aclarado el escrito de la demanda en el sentido que además también existían otros incumplimientos contenidos en las clausulas 1, 4, 5, 7, 11, 12, 21, 25, 31, 36, 43 (inciso k, 43 inciso n) y 47. SIN COSTAS en esta instancia. (Folios 1037-1039 del tomo II del expediente del A-quo) 5) La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, conociendo del recurso de apelación interpuesto por el Abogado Juan Ramón Medina Ramos, contra el auto interlocutorio que se ha dejado relacionado en el numeral que antecede, en fecha ocho de noviembre de dos mil diecinueve, por unanimidad de votos dictó sentencia mediante la cual falló: 1° Declarar SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado JUAN RAMÓN MEDINA RAMOS.-2° CONFIRMAR el auto interlocutorio dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo de éste Departamento de Francisco Morazán, de fecha veintinueve de marzo del año dos mil diecinueve que corre a folios del 31 al 33 frente y vuelto de la pieza compulsada. 3° SIN COSTAS en esta instancia. (Folios 47-49 del expediente del A-quem) 6) Que el Abogado Juan Ramón Medina Ramos, compareció ante este Tribunal en fecha siete de enero de dos mil veinte, reclamando amparo a favor del Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH), afirmando que la sentencia dictada por el Ad-quem, relacionada en el numeral que precede, es violatoria de lo dispuesto en los Artículos 60, 64, 80, 82, 90 y 321 de la Constitución de la República. 7) Que esta Sala, en fecha siete de diciembre de dos mil veinte, se tuvo por formalizado en tiempo y forma en el recurso de mérito, el escrito presentado por el Abogado Juan Ramón Medina Ramos, en consecuencia, se dispuso continuar con el procedimiento de ley correspondiente, dando la vista de las diligencias al fiscal para que emitiera su dictamen. (Folio 49 del recurso) 8) En fecha ocho de marzo de dos mil veintiuno, tuvo por evacuado el dictamen de la Fiscal, Abogada Diana Elizabeth Rodriguez Corea, del que se desprende apreciación jurídica de los hechos controvertidos lo siguiente: …Esta representación del Ministerio Público, después de hacer un estudio exhaustivo del presente caso, establece lo siguiente: Que de la interposición del recurso se desprende que el Amparista, acude a esta instancia aduciendo la violación a las garantías contenidas en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. Según criterio del recurrente, estas vulneraciones se han producido en virtud de que el Ad-quem estima, que la nulidad decretada por el A-quo y confirmada por el Ad-quem no es una nulidad absoluta de actuaciones, si no que es una enmienda, subsanación, o corrección, por lo que devenía anular todas las actuaciones desde el auto de admisión de la demanda o ulteriores actos, ordenando poner fin al proceso y archivo del mismo, tal como lo establece la ley. De lo reprochado por el recurrente, esta Representación Fiscal aprecia de los autos que en la demanda instaurada, únicamente se planteó el incumplimiento de la cláusula 49 del Contrato Colectivo de mejores condiciones de trabajo, celebrado entre el Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH) y el Sindicato de Trabajadores del Instituto Hondureño de Antropología e Historia (SITRAIHAH); y la Audiencia Primera de Trámite, es el momento procesal otorgado por la ley para aclarar, corregir o enmendar la demanda de mérito, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 706 del Código del Trabajo, por lo que al haber hecho uso del mismo, la parte demandante y en respecto del derecho que asiste a las partes procesales, debió cederle la palabra al demandado para que expusiera lo que estimase pertinente en relación a la corrección planteada (por la parte demandante), y al no haber sucedido así, concurre un vicio de nulidad de actuaciones, por lo que la suscrita comparte el criterio esgrimido por la alzada en el sentido de confirmar la nulidad de la Audiencia Primera de Trámite, por violación del derecho de defensa, no así el auto de admisión porque este es un auto de tramitación del proceso y el mismo no le ha violentado ningún derecho ni garantía procesal al amparista. De la resolución traída a estudio, la suscrita es del parecer que la resolución emitida por el Ad-quem no vulnera los preceptos constitucionales invocados por el recurrente, ya que se aprecia que la sentencia de mérito ha sido debidamente motivada y dictada de conformidad a derecho, de lo que cabe asegurar que el derecho a una resolución fundada es un elemento esencial del debido proceso, apreciándose que el fallo impugnado es razonable, congruente y justo. IV.CONCLUSIÓN: Por lo anteriormente expuesto el Ministerio Público es del parecer que SE DENIEGUE la presente acción de amparo, por no existir ultraje a los artículos constitucionales denunciados por el amparista. (Folios 52-58 del recurso) CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación con el Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO TRES (3): Que se conoce en Amparo la Sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha ocho de noviembre de dos mil diecinueve, que declaró sin lugar el auto interlocutorio dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, con relación a la “DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA QUE SE OBLIGUE AL PATRONO A DAR ESTRICTO CUMPLIMIENTO AL CONTRATO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO LEGALMENTE NEGOCIADO Y SUSCRITO POR LAS PARTES CONTRATANTES…” promovida por los Abogados ERASTO JESÚS REYES MÉNDEZ y FREDIN DE JESÚS FÚNEZ, actuando en su condición de Representantes Procesales del SINDICATO DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA (SITRAIHAH), contra el INSTITUTO HONDUREÑO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA (IHAH). CONSIDERANDO CUATRO (4): Que el recurrente, manifiesta que se violentó por el Tribunal Ad-Quem, lo dispuesto en los Artículos 60, 64, 80, 82, 90 y 321de la Constitución de la República, cuando la sentencia de Segunda Instancia inobservó Artículos del Código Procesal Civil, y con ello se dejó de aplicar requisitos formales indispensables para alcanzar dicho fin, y da con ello lugar a faltas inexcusables en el proceso y consecuentemente genera indefensión a su representada, cuando la nulidad absoluta no admite subsanación alguna. CONSIDERANDO CINCO (5): Que con fecha ocho de marzo de dos mil veintiuno, la Abogada DIANA ELIZABETH RODRÍGUEZ COREA, actuando en su condición de Fiscal Especial para la Defensa de la Constitución, emitió su dictamen, en el cual fue de la opinión. “De la resolución traída a estudio, la suscrita es del parecer que la resolución emitida por el Ad-quem no vulnera los preceptos constitucionales invocados por el recurrente, ya que se aprecia que la sentencia de mérito ha sido debidamente motivada y dictada de conformidad a derecho, de lo que cabe asegurar que el derecho a una resolución fundada es un elemento esencial del debido proceso, apreciándose que el fallo impugnado es razonable, congruente y justo. IV.CONCLUSIÓN: Por lo anteriormente expuesto el Ministerio Público es del parecer que SE DENIEGUE la presente acción de amparo, por no existir ultraje a los artículos constitucionales denunciados por el amparista.” CONSIDERANDO SEIS (6): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece, que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO SIETE (7): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción de lo Laboral, conforme lo establece el Artículo 858 del Código de Trabajo en relación con los Artículos 207 y 208 del Código Procesal Civil, vigentes al momento de la resolución; la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al Juez o Tribunal que conoce concretamente del asunto. CONSIDERNADO OCHO (8): Que, la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, basa su sentencia concretamente en que si bien la nulidad no está regulada en materia laboral, por supletoriedad se aplica el Código Procesal Civil, el cal establece, en su Artículo 212, inciso 4, que los actos procesales serán nulos, entre otros , cuando se prescinda de las normas esenciales de procedimiento, siempre que por esa causa, se haya producido indefensión, es así, que al apelante se le concede nuevamente la oportunidad procesal, de plantear su objeción a la admisión de la corrección solicitada, en los términos y con fundamentos que así lo considere. Por lo antes expuesto, esa Corte consideró, que al haberse decretado la nulidad solicitada, se ha subsanado, el error en el procedimiento, que efectivamente tal y como lo dice el Juez de Primera Instancia vulneraba el derecho de defensa, es procedente en consecuencia confirmar el auto que se recurre en apelación con los alcances determinados en el mismo. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. El incumplimiento de las normas legales que rigen el proceso judicial genera una violación o desconocimiento de este derecho. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la pretensión de la parte contraria; la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo. CONSIDERANDO ONCE (11): Que el derecho al trabajo es el derecho fundamental humano por el que toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de este, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, a la protección contra el desempleo, sin discriminación, con igualdad salarial, remuneración digna, protección social y derecho de sindicalización. El derecho al trabajo se reconoce en las normas fundamentales de derechos humanos como son la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como en textos internacionales como la Carta social europea, el Protocolo de San Salvador, la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y en textos nacionales como son las Constituciones de numerosos países. CONSIDERANDO DOCE (12): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso al proceso sin traba alguna, en el incidente planteado alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales. CONSIDERANDO TRECE (13): Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico. CONSIDERANDO CATORCE (14): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad Quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las disposiciones legales aplicables a las sentencias; no existiendo violación al debido proceso y el derecho de Defensa; por ello de acuerdo con las motivaciones que preceden, cabe denegar el amparo interpuesto, por las razones que se han expuesto. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 Numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: DENEGANDO el Recurso de Amparo de que se ha hecho mérito; Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a su lugar de procedencia.- Redactó el Magistrado ZELAYA.- NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ABERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. FIRMA Y SELLO. CRISTIAN RAMÓN BAQUIZ FLORES. RECEPTOR ADSCRITO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiséis de julio de dos mil veintiuno. VISTO: el recurso de reposición interpuesto por el Abogado JUAN RAMÓN MEDINA RAMOS a favor del INSTITUTO HONDUREÑO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA (IHAH); contra la sentencia dictada por esta Sala en fecha veinte de mayo de dos mil veintiuno, que falla DENEGANDO el Recurso de Amparo interpuesto, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha ocho de noviembre de dos mil diecinueve, que declaró sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto contra el auto interlocutorio dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, con relación a la “DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA QUE SE OBLIGUE AL PATRONO A DAR ESTRICTO CUMPLIMIENTO AL CONTRATO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO LEGALMENTE NEGOCIADO Y SUSCRITO POR LAS PARTES CONTRATANTES…” promovida por los Abogados ERASTO JESÚS REYES MÉNDEZ y FREDIN DE JESÚS FÚNEZ, actuando en su condición de Representantes Procesales del SINDICATO DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA (SITRAIHAH), contra el INSTITUTO HONDUREÑO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA (IHAH). CONSIDERANDO: Que consta de los antecedentes de la revisión del presente recurso, que el Abogado JUAN RAMÓN MEDINA RAMOS, actuando en su condición antes referida, en fecha siete de enero de dos mil veinte, compareció ante este Tribunal reclamando amparo a favor Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH). Una vez efectuado el trámite que determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de lo Constitucional, dictó sentencia en fecha veinte de mayo de dos mil veintiuno, mediante la cual fallo denegando el recurso de amparo de mérito. CONSIDERANDO: Que el recurrente, Abogado JUAN RAMÓN MEDINA RAMOS, en fecha veintiuno de junio de dos mil veintiuno, eleva a conocimiento de esta Sala, recurso de reposición contra la sentencia que emitiera este Alto Tribunal, por no compartir el criterio jurídico expresado, insiste en su argumento que se violentó por el Tribunal Ad-Quem, lo dispuesto en los Artículos 60, 64, 80, 82, 90 y 321 de la Constitución de la República, cuando la sentencia de Segunda Instancia inobservó Artículos del Código Procesal Civil, y con ello se dejó de aplicar requisitos formales indispensables para alcanzar dicho fin, y da con ello lugar a faltas inexcusables en el proceso y consecuentemente genera indefensión a su representada, cuando la nulidad absoluta no admite subsanación alguna. CONSIDERANDO: Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio, como lo desea la parte, como parece entenderlo la recurrente; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. CONSIDERANDO: Que las pretensiones expuestas por el recurrente, en el recurso de reposición no son de recibo ya que en la Sentencia emitida por este Alto Tribunal, que corre agregado en autos se establece que la resolución del ad-quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo éste con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del proceso de mérito el derecho de defensa y debido proceso del acto jurisdiccional al que se someten las partes. Los argumentos del recurrente no son atendibles a efecto de que sea calificada como un defecto procesal las actuaciones de una de las partes. Por tanto, las alegaciones señaladas por la recurrente no podrían configurarse como una violación a la tutela judicial efectiva, puesto que el Juzgador ha plasmado en su decisión la motivación necesaria indicando razonadamente su decisión, fundamentándose en la norma adjetiva aplicable. Pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales. CONSIDERANDO: Que tomando en cuenta lo apuntado, el hecho de que este alto Tribunal de Justicia admita o rechace el argumento del recurrente, en cuanto a la calificación de la conducta de la contra parte es ajena al objeto del amparo. CONSIDERANDO: Que el Tribunal ante quien se pida la reposición deberá, sin más trámite, denegar o enmendar la providencia o sentencia, según lo creyere de derecho. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Constitucional y en aplicación de los artículos 183, 303, 304, 313 atribución 5ta. y 316 de la Constitución de la República; 78 atribución 5ta., 187, 188 y 189 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 914 del Código Procesal Civil; 4 Nº 7 Y Nº 8, 119, 124 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: DECLARAR SIN LUGAR el recurso de reposición interpuesto por el Abogado JUAN RAMÓN MEDINA RAMOS, por las razones que se dejan ya señaladas y MANDA: Que el Secretario del Despacho notifique lo resuelto a la recurrente para los efectos legales que en derecho correspondan.- NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ABERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticinco días del mes de agosto de dos mil veintiuno, certificación de la sentencia de fecha veinte de mayo y de la resolución de fecha veintiséis de julio de dos mil veintiuno, respectivamente, recaídas en el Recurso de Amparo Laboral bajo el número SCO-0011-2020.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL