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Sentencia AL-1099-19 — Registro 15018

Resumen

Se interpuso Recurso de Amparo contra la sentencia que declaró inadmisible por ser extemporáneo el recurso de apelación con relación a la “demanda colectiva laboral de emplazamiento para que un patrono pruebe en juicio la justa causa de un despido y por omisión sea condenado al reintegro a sus puestos de trabajo…” Estima la recurrente que se le han infringido a su representación procesal, los derechos consagrados en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO (6): Que, en estudio del caso concreto, se escuchó el parecer de la señora Fiscal, el cual se reseña in extenso en el Antecedente 7) de la presente sentencia, el cual es conducente al reconocimiento de la existencia de un error procesal, consistente en una falta de notificación a la Apoderada Legal de la parte demandada, Abogada SARA IRENE ALCANTARA MARADIAGA, quien asumiera el poder de representación en la causa en fecha 8 de marzo de 2019. Sin embargo, también advierte la Censora, que el fallo emitido por el Ad-Quem no vulnera las garantías constitucionales invocadas por la Amparista, pues se le concedió el derecho para la interposición del recurso legalmente correspondiente, dentro de los plazos legalmente previstos, lo cual no ocurrió en tiempo y forma, al promoverse extemporáneamente; por lo que esa representación Fiscal compartía el criterio dictado por el Ad-Quem, en una resolución razonable, congruente y justa, impugnada fuera de los plazos legalmente establecidos.CONSIDERANDO (7): Que analizado el caso, ponderados los argumentos esbozados por la recurrente y oído el parecer de la Fiscalía para la Defensa de la Constitución, encuentra la Sala Constitucional que se expone como ratio decidendi del mismo, la alegada infracción a lo preceptuado en los artículos 82 y 90 constitucionales, al declararse INADMISIBLE POR EXTEMPORÁNEO el Recurso de Apelación interpuesto a su instancia. Censura la amparista, del órgano jurisdiccional competente, la notificación a la anterior representante procesal de la única parte demandada en el proceso; no así a la profesional del derecho que le sucediera en tal postulación procesal, la Abogada SARA IRENE ALCANTARA MARADIAGA, quien fungiría como representante procesal desde el 8 de marzo de 2019. Todo lo anterior, en infracción al debido proceso y generando franca indefensión a su representación procesal. CONSIDERANDO (8): Que, sin embargo, a lo anteriormente expuesto, se desprende del examen de las diligencias que la resolución judicial reclamada en amparo ante la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, departamento de Cortés, no resulta susceptible de conocimiento y resolución en el fondo a la jurisdicción constitucional, en vista a que, si bien se invocan derechos constitucionales que asisten legítimamente a la representación procesal de la parte recurrente, tales como el derecho de defensa y al debido proceso legal; ha incurrido la presente acción de amparo en el supuesto de inadmisibilidad precavido en el artículo 46.3 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; en virtud que contra la referida resolución denegatoria de nulidad de actuaciones, dictada en fecha veinticinco de julio de dos mil diecinueve y notificada en estrados por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba; contó con la comparecencia de la Abogada Sara Irene Alcántara Maradiaga, en su condición de Procuradora Judicial en representación del Estado de Honduras; sin interponerse por la parte demandada legítimamente constituida en el proceso, en tiempo y forma, los recursos ordinarios establecidos en la ley para el caso de resultar disconformidad a lo resuelto; de lo cual no cabe presumir jurídicamente, sino su consentimiento, al no instarse y agotarse por dicha representación general del Estado, los mecanismos impugnatorios ordinarios que la ley le franquea, previo a ocurrir en promoción de la garantía de amparo. CONSIDERANDO (9): Que de todo ello, se desprende que los motivos de amparo planteados por la amparista, relativos a infringir la resolución judicial impetrada el derecho de defensa y al debido proceso, no resultan admisibles para su resolución en el fondo, por subsumirse en la causal de inadmisibilidad prescrita en el artículo 46 numeral 3) de la Ley Sobre Justicia Constitucional (LSJC), que declara inadmisible el recurso de amparo, en el siguiente supuesto: “3) Cuando los actos hayan sido consentidos por el agraviado. Se entenderá que han sido consentidos por el agraviado, cuando no se hubieren ejercitado, dentro de los términos legales, los recursos o acciones, salvo los casos de probada imposibilidad para la interposición de los recursos correspondientes (…) Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como conste en autos la causal de inadmisibilidad”. CONSIDERANDO (10): Que, por todo ello, es la Sala de lo Constitucional del firme criterio que no resulta pasible de otorgamiento la garantía jurisdiccional promovida contra el fallo dictado en fecha veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, por la Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida; en la demanda laboral ordinaria promovida por el Abogado JOOEL BENÍTEZ PAZ contra el ESTADO DE HONDURAS, por intermedio de la Procuraduría General de la República; en la cual recayera sentencia definitiva estimatoria de la pretensión jurídico-laboral, por parte del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, con fecha dieciocho de junio de dos mil diecinueve; por todo lo cual procede dictado de sobreseimiento a la presente acción constitucional.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia y resolución que literalmente dicen: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, tres de noviembre del dos mil veintiuno. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar Sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada Lidia Estela Cardona Padilla, a favor del Estado de Honduras a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud Pública, contra la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, en fecha veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, que declaró inadmisible por ser extemporáneo el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, en fecha dieciocho de junio de dos mil diecinueve, con relación a la “DEMANDA COLECTIVA LABORAL DE EMPLAZAMIENTO PARA QUE UN PATRONO PRUEBE EN JUICIO LA JUSTA CAUSA DE UN DESPIDO Y POR OMISIÓN SEA CONDENADO AL REINTEGRO A SUS PUESTOS DE TRABAJO…” promovida por el Abogado Jooel Benítez Paz, actuando en su condición de Apoderado Legal de los señores: Selvin Guadalupe Benavides Erazo, Mario René Martínez Navarro, Simona Margarita Cárcamo Juárez, Gregoria Cruz y Otros, contra el Estado de Honduras, a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud Pública. Estima la recurrente que se le han infringido a su representación procesal, los derechos consagrados en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha veintitrés de octubre de dos mil quince, compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, el Abogado Jooel Benítez Paz, actuando en su condición de Apoderado Legal de los señores: Selvin Guadalupe Benavides Erazo, Mario René Martínez Navarro, Simona Margarita Cárcamo Juárez, Gregoria Cruz y Otros, promoviendo “DEMANDA COLECTIVA LABORAL DE EMPLAZAMIENTO PARA QUE UN PATRONO PRUEBE EN JUICIO LA JUSTA CAUSA DE UN DESPIDO Y POR OMISIÓN SEA CONDENADO AL REINTEGRO A SUS PUESTOS DE TRABAJO…” contra el Estado de Honduras, a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud Pública. (Folios 1-3 del expediente del A-quo) 2) En fecha dieciocho de junio de dos mil dos mil diecinueve, el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, dictó sentencia mediante la cual falló: PRIMERO: Declarando CON LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral de Emplazamiento promovida por los señores SELVIN GUADALUPE BENAVIDES ERAZO, MARIO RENÉ MARTÍNEZ NAVARRO, SIMONA MARGARITA CÁRCAMO JUÁREZ, GREGORIA CRUZ, MARÍA ELENA DÍAZ MARTÍNEZ, ALIRIO OQUELÍ ZÚNIGA REYES Y MARIANO RAMÓN GUTIÉRREZ LUQUE contra el ESTADO DE HONDURAS a través de la SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SALUD PÚBLICA, por medio de su Procurador General, señor ABRAHAN ALVARENGA URBINA, para que el patrono pruebe en juicio la justa causa del despido o por omisión sea condenado a reintegrarlos a sus puestos de trabajo y a título de daños y perjuicios, al pago de salarios dejados de percibir, y a pagarle al trabajador Alirio Oquelí Zuniga Reyes, el salario correspondiente al mes de julio de 2015, todos de generales expresadas en el preámbulo de esta sentencia.-SEGUNDO: En consecuencia CONDENA al ESTADO DE HONDURAS a través de la SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SALUD PÚBLICA, por medio de su Procurador General, el señor ABRAHAN ALVARENGA URBINA, a REINTEGRAR a su puesto de trabajo a los señores SELVIN GUADALUPE BENEVIDES ERAZO, MARIO RENÉ MARTÍNEZ NAVARRO, SIMONA MARGARITA CÁRCAMO JUÁREZ, GREGORIA CRUZ, MARIA ELENA DÍAZ MARTÍNEZ, ALIRIO OQUELÍ ZÚNIGA REYES Y MARIANO RAMÓN GUTIÉRREZ LUQUE, en las mismas condiciones que tenían al momento que fueron separados de sus cargos de trabajo y al pago de los salarios legales y contractualmente dejados de percibir por los trabajadores, desde que ocurrió el despido hasta la fecha que se cumpla con el Reintegro de los mismos, de igual manera debe pagar al trabajador Alirio Oquelí Zúniga Reyes, el salario de L.6,136.99 correspondiente al mes de julio de 2015.-TERCERO: SIN COSTAS en esta instancia. (Folio 223-226 del expediente del A-quo) 3) En fecha veinticinco de julio de dos mil diecinueve, compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, la Abogada Sara Irene Alcántara Maradiaga, en su condición de Procuradora Judicial en representación del Estado de Honduras, interponiendo nulidad absoluta de actuaciones desde la cedula de notificación de fecha veintiocho (28) de marzo de dos mil diecinueve, que corre agregado a folio (205) de los autos, asimismo, de las subsiguientes actuaciones. En ese mismo acto, se declaró No Ha Lugar el incidente de nulidad planteado. (Folio 227-228 del expediente del A-quo) 4) Conociendo del recurso de apelación interpuesto por la Abogada Sara Irene Alcántara, en su condición antes referida, contra la sentencia que se ha dejado relacionada en el numeral 2 de esta sentencia, la Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, en fecha veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, por unanimidad de votos dictó sentencia mediante la cual falló: 1) Declarar INADMISIBLE POR EXTEMPORÁNEO el Recurso de Apelación intentado contra la resolución dictada en la comparecencia de fecha 25 de julio del año que corre. 2) CONFIRMANDO la resolución dictada en la comparecencia de fecha 25 de julio del año que corre. -3) SE LE HACE UN LLAMADO DE ATENCIÓN AL SEÑOR SECRETARIO ADJUNTO para que en lo sucesivo observe la debida diligencia y cuidado en el desempeño de sus funciones, advirtiéndole que de seguir con los mismos errores se pondrá en conocimiento de la Supervisión Regional del Poder Judicial para que haga las debidas averiguaciones y se deduzcan las responsabilidades del caso de ser necesario. (Folios 47-49 del expediente del A-quem) 5) Que, la Abogada Lidia Estela Cardona Padilla, compareció ante este Tribunal en fecha diez de diciembre de dos mil diecinueve, reclamando amparo a favor del Estado de Honduras, a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud Pública, afirmando que la sentencia dictada por el Ad-Quem, relacionada en el numeral que precede, es violatoria a lo dispuesto en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. 6) Que esta Sala, en fecha dieciséis de abril de dos mil veintiuno, se tuvo por formalizado en tiempo y forma, el escrito presentado por la Abogada Sara Irene Alcántara Maradiaga, en consecuencia, se dispuso continuar con el procedimiento de ley correspondiente, dando la vista de las diligencias al fiscal para que emitiera su dictamen. (Folio 41 del recurso) 7) En fecha veinte diez de mayo de dos mil veintiuno, tuvo por evacuado el dictamen de la Fiscal, Abogada Sagrario Rosibel Gutiérrez Maldonado, del que se desprende apreciación jurídica de los hechos controvertidos lo siguiente:…Del análisis de los antecedentes del caso, se colige la existencia de un error procesal consistente en una falta de notificación a la Apoderada Legal de la parte demandada SARA IRENE ALCÁNTARA MARADIAGA, quien asumió el poder de representación de la cusa en fecha 8 de marzo de 2019, sin embargo se aprecia en autos que todas las providencias después de ésta fecha le fueron notificadas a la anterior Representante Legal, razón por la cual, al ser advertida tal circunstancia, la Apoderada Legal actual SARA IRENE ALCÁNTARA MARADIAGA, interpuso nulidad de actuaciones mediante comparecencia de fecha 25 de junio del año 2019, la cual, fue declarada sin lugar en ese mismo acto y notificada dicha resolución en estrados, por lo que es a partir de esta fecha que comenzó a correr el término para interponer el recurso de apelación correspondiente de conformidad a lo dispuesto en el Código del Trabajo Art. 743. Que señala: “El recurso de apelación procederá contra los autos interlocutorios dictados en la primera instancia; se interpondrá oralmente en la misma audiencia, o por escrito dentro de los tres (3) días siguientes,…” apreciándose que dicho recurso fue interpuesto hasta el día 18 de julio del año 2019, por lo que había transcurrido el término que establece la ley para tal efecto, de ahí que la inadmisión del recurso de apelación, tiene su fundamento en la preclusión del término dejado de utilizar. Del análisis anterior, el Ministerio Público puede determinar que en el presente caso de autos, el fallo emitido por el Ad-quem no vulnera las garantías constitucionales invocadas por el Amparista, pues a la recurrente se le concedió el derecho a los plazos legalmente previstos para la interposición del recurso correspondiente, el cual fue interpuesto extemporáneo, por lo que esta representación comparte el criterio esgrimido por el Ad-qume ya que su resolución es razonable, congruente y justa, y se encuentra jurídicamente fundada, en tal sentido se aprecia que en el presente caso no concurren las vulneraciones alegadas por la impetrante. De lo anterior, la Suscrita, es del parecer que el criterio esgrimido por el Ad-quem no vulnera los preceptos constitucionales invocados por la recurrente. IV.OPINIÓN: El Ministerio Público, en vista de lo expuesto, opina que Se Deniegue la presente acción de amparo, por no existir vulneración de las garantías invocadas por la Amparista. (Folios 44-49 del recurso) CONSIDERANDO (1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. CONSIDERANDO (2): Que con base a la garantía de Amparo toda persona agraviada, o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo a efecto se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; asimismo, de conformidad al artículo 183.2 constitucional y en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la Ley. CONSIDERANDO (3): Que es visto para sentencia el recurso de amparo interpuesto por la Procuradora General de la República, Dra. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA, contra el siguiente acto de la autoridad judicial: “El acto contra el cual se reclama es la comunicación de notificación a la audiencia de juzgamiento, de fecha 28 de marzo del 2019, que dejó en total indefensión a esta representación, habida cuenta que se notificó a la abogada SUYAPA GERALDINA DELCID, abogada que ya no ostentaba la representación procesal del Estado de Honduras”.[1] Refiere la garantista, en la interposición de su recurso que, contra el acto violatorio, se presentó escrito de nulidad de actuaciones ante el Juzgado de Letras del Trabajo, declarada sin lugar mediante auto de fecha 25 de junio de 2019. Posteriormente a ello, se presentó recurso de apelación ante la CORTE DE APELACIONES DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, la cual lo declaró sin lugar mediante resolución de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019). Consiguiente a lo anterior, se presentó un recurso de reposición ante la misma Corte de Apelaciones, el cual fue también desestimado mediante auto de fecha 08 de octubre de 2019, notificado en fecha 11 de octubre de 2019. CONSIDERANDO (4): Que, en formalización de su recurso, compareció la Abogada SARA IRENE ALCANTARA MARADIAGA, delegada por la Procuraduría General de la República para la continuación de la presente acción de amparo; quien manifestó argumentos relativos a que se han infringido las disposiciones procesales atinentes a la correcta notificación de la sentencia y convencionales relativas al debido proceso, mediante el acto de notificación, de fecha veintiocho de marzo del año dos mil diecinueve, bajo la responsabilidad del Juez A Quo; contraviniendo, disminuyendo y tergiversando los derechos reconocidos a su representación procesal en la Constitución de la República, particularmente, al goce de la tutela judicial efectiva; pues se notificaron actos procesales, e inclusive la sentencia definitiva, a una persona que ya no ostentaba capacidad procesal en el juicio de mérito; haciendo imposible el uso de recursos legales, en caso de no ser favorable la sentencia de mérito, como ocurrió, en efecto. En fecha veinticinco de junio del año dos mil diecinueve, al examinar la tabla de avisos, se verificó la notificación sobre dicho expediente a la Abogada Suyapa Geraldina Delcid, a sabiendas que ya no era parte del proceso, por lo que se procedió de inmediato a interponer la nulidad de actuaciones respectiva, por violentar el derecho a la defensa y al debido proceso; resolviendo la Juez A Quo no ha lugar, por encontrarse sentencia firme. Contra dicha resolución se interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto denegatoriamente, no obstante dejar claramente establecido la Corte de Apelaciones que tanto el Juez como el Secretario son garantes de los derechos constitucionales, y al no hacerlo los han violentado; por haber notificado a persona distinta y no a quien ostentaba capacidad procesal, por lo que todas esas actuaciones son nulas. Sin embargo, la Corte de Alzada, en su resolución declara tal solicitud como inadmisible por extemporánea, en vista a existir sentencia firme; confirmando así la resolución del A Quo, limitándose a hacerle un llamado de atención al Secretario Adjunto, para que en lo sucesivo observe la debida diligencia y cuidado en el desempeño de sus funciones, aceptando tácitamente su error, al continuar el Juzgado A Quo el juicio laboral solamente con una parte, violentando el derecho de defensa de la parte demandada. CONSIDERANDO (5): Que finaliza manifestando la Abogada SARA IRENE ALCANTARA MARADIAGA, que el concepto de la violación de los derechos constitucionales, remite, en ambos apartados, a la violación al debido proceso ocasionando indefensión; según establecido y garantizado en el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, con relación a los artículos 82 y 90 párrafo primero de la Constitución de la República; en virtud de que el no decreto de nulidad absoluta de actuaciones, a partir del acto de notificación, de fecha veintiocho de marzo del año dos mil diecinueve y posteriores actuaciones, vulneró gravemente los derechos fundamentales de su representada. Señala que la Juez A quo reconoce expresamente el error cometido en la notificación, pero establece que no puede anular de plano una sentencia definitiva, por no estar facultada para ello en el artículo 203 del Código Procesal civil. Resuelven los honorables Magistrados de la Corte de Apelaciones inadmisible el recurso por extemporáneo por ya existir “sentencia firme”, aseveración equivocada, pues inobserva los artículos 719 del Código del Trabajo con relación a lo señalado en los artículos 59, 61 y 62 del Código Procesal civil, ya que no puede estar firme la sentencia si nunca se notificó a quien tenía la capacidad procesal del demandado; no pudiendo tenerse tampoco como consentida la sentencia dictada, más aun, ante la transgresión del principio de legalidad, al continuar la sustentación de un juicio sólo con la representación de la parte demandante, en violencia a las garantías constitucionales del derecho de defensa y al debido proceso. Por todo lo cual, solicita el otorgamiento de la presente garantía constitucional de amparo, restituyendo los derechos fundamentales vulnerados a su representación procesal y restaurando el orden constitucional violentado, mediante la revocatoria de la cedula de notificación de fecha veintiocho de marzo del año dos mil diecinueve, declarando con lugar los motivos de nulidad impetrados. CONSIDERANDO (6): Que, en estudio del caso concreto, se escuchó el parecer de la señora Fiscal, el cual se reseña in extenso en el Antecedente 7) de la presente sentencia, el cual es conducente al reconocimiento de la existencia de un error procesal, consistente en una falta de notificación a la Apoderada Legal de la parte demandada, Abogada SARA IRENE ALCANTARA MARADIAGA, quien asumiera el poder de representación en la causa en fecha 8 de marzo de 2019. Sin embargo, también advierte la Censora, que el fallo emitido por el Ad-Quem no vulnera las garantías constitucionales invocadas por la Amparista, pues se le concedió el derecho para la interposición del recurso legalmente correspondiente, dentro de los plazos legalmente previstos, lo cual no ocurrió en tiempo y forma, al promoverse extemporáneamente; por lo que esa representación Fiscal compartía el criterio dictado por el Ad-Quem, en una resolución razonable, congruente y justa, impugnada fuera de los plazos legalmente establecidos.

CONSIDERANDO (7): Que analizado el caso, ponderados los argumentos esbozados por la recurrente y oído el parecer de la Fiscalía para la Defensa de la Constitución, encuentra la Sala Constitucional que se expone como ratio decidendi del mismo, la alegada infracción a lo preceptuado en los artículos 82 y 90 constitucionales, al declararse INADMISIBLE POR EXTEMPORÁNEO el Recurso de Apelación interpuesto a su instancia. Censura la amparista, del órgano jurisdiccional competente, la notificación a la anterior representante procesal de la única parte demandada en el proceso; no así a la profesional del derecho que le sucediera en tal postulación procesal, la Abogada SARA IRENE ALCANTARA MARADIAGA, quien fungiría como representante procesal desde el 8 de marzo de 2019. Todo lo anterior, en infracción al debido proceso y generando franca indefensión a su representación procesal. CONSIDERANDO (8): Que, sin embargo, a lo anteriormente expuesto, se desprende del examen de las diligencias que la resolución judicial reclamada en amparo ante la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, departamento de Cortés, no resulta susceptible de conocimiento y resolución en el fondo a la jurisdicción constitucional, en vista a que, si bien se invocan derechos constitucionales que asisten legítimamente a la representación procesal de la parte recurrente, tales como el derecho de defensa y al debido proceso legal;[2] ha incurrido la presente acción de amparo en el supuesto de inadmisibilidad precavido en el artículo 46.3 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; en virtud que contra la referida resolución denegatoria de nulidad de actuaciones, dictada en fecha veinticinco de julio de dos mil diecinueve y notificada en estrados por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba; contó con la comparecencia de la Abogada Sara Irene Alcántara Maradiaga, en su condición de Procuradora Judicial en representación del Estado de Honduras; sin interponerse por la parte demandada legítimamente constituida en el proceso, en tiempo y forma, los recursos ordinarios establecidos en la ley para el caso de resultar disconformidad a lo resuelto; de lo cual no cabe presumir jurídicamente, sino su consentimiento, al no instarse y agotarse por dicha representación general del Estado, los mecanismos impugnatorios ordinarios que la ley le franquea, previo a ocurrir en promoción de la garantía de amparo. CONSIDERANDO (9): Que de todo ello, se desprende que los motivos de amparo planteados por la amparista, relativos a infringir la resolución judicial impetrada el derecho de defensa y al debido proceso, no resultan admisibles para su resolución en el fondo, por subsumirse en la causal de inadmisibilidad prescrita en el artículo 46 numeral 3) de la Ley Sobre Justicia Constitucional (LSJC), que declara inadmisible el recurso de amparo, en el siguiente supuesto: “3) Cuando los actos hayan sido consentidos por el agraviado. Se entenderá que han sido consentidos por el agraviado, cuando no se hubieren ejercitado, dentro de los términos legales, los recursos o acciones, salvo los casos de probada imposibilidad para la interposición de los recursos correspondientes (…) Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como conste en autos la causal de inadmisibilidad”. CONSIDERANDO (10): Que, por todo ello, es la Sala de lo Constitucional del firme criterio que no resulta pasible de otorgamiento la garantía jurisdiccional promovida contra el fallo dictado en fecha veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, por la Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida; en la demanda laboral ordinaria promovida por el Abogado JOOEL BENÍTEZ PAZ contra el ESTADO DE HONDURAS, por intermedio de la Procuraduría General de la República; en la cual recayera sentencia definitiva estimatoria de la pretensión jurídico-laboral, por parte del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, con fecha dieciocho de junio de dos mil diecinueve; por todo lo cual procede dictado de sobreseimiento a la presente acción constitucional. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos números: 1, 4, 59, 60, 64, 80, 82, 90, 127, 128, 129, 134, 183, 186, 298, 303, 304, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1 y 321 de la Constitución de la República; 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 1, 2, 3 numeral segundo, 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 46 numeral 3, y 120 de la Ley de Justicia Constitucional; FALLA: SOBRESEYENDO la presente garantía constitucional de amparo. Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al órgano jurisdiccional de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ÁLVAREZ SAGASTUME. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diez de mayo del dos mil veintidós. VISTO: El RECURSO DE REPOSICIÓN interpuesto por la Abogada SARA IRENE ALCANTARA MARADIAGA a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por esta Sala de lo Constitucional en fecha tres (03) de noviembre de dos mil veintiuno (2021) y por la cual se falla SOBRESEYENDO la acción de amparo interpuesta por la Abogada LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA a favor del ESTADO DE HONDURAS contra la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de la Ceiba en fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), que declaró la inadmisibilidad del recurso de apelación presentado por la parte demandada, en materia del derecho del trabajo, contra un incidente de nulidad de actuaciones por vulneración al derecho de defensa y al debido proceso, registrado bajo el número 0801-2019-1099; dada la extemporaneidad en la presentación del referido recurso ordinario de apelación ante la Jurisdicción correspondiente. CONSIDERANDO (1): Que consta de los antecedentes, que la referida acción de Amparo se interpuso en fecha diez (10) de diciembre de dos mil diecinueve (2019), procediendo a sobreseerse, a la vista del caso, por considerar este alto Tribunal, oído que fue el parecer de la Fiscal del Despacho, que las alegaciones de la parte garantista, serían conducentes al reconocimiento de la existencia de un error procedimental en las actuaciones del Secretario del órgano jurisdiccional, pues omitió notificación formal a la apoderada legal de la parte demandada, Abogada SARA IRENE ALCANTARA MARADIAGA; lo cual no tendría trascendencia a derechos constitucionales, pues se le concedió el derecho para la interposición del recurso legalmente correspondiente, dentro de los plazos legalmente previstos. Se observa, en efecto, de los antecedentes, que la parte garantista gozó del derecho de interponer el recurso que le franqueaban las leyes, contra la resolución incidental discrepante de su pretensión anulatoria, dentro de los plazos legalmente establecidos; [3] lo cual no fue observado por la postulante del presente recurso, quien fungía como representante procesal de la parte demandada, desde el 08 de marzo de 2019. Tuvo lugar, pues, la resolución denegatoria de la nulidad de actuaciones interesada por la demandada, en fecha 25 de junio de 2019; siendo notificada, en esa misma fecha, y por la modalidad de estrados, la parte procesal aquí recurrente. CONSIDERANDO (2): Que sigue siendo menester consignar, que articulado al supuesto de extemporaneidad descrito en el Considerando anterior, obra la apreciación jurídica de esta Sala de lo Constitucional, concerniente a pacífica y continua jurisprudencia en el sentido que la no interposición, en tiempo y forma, de los recursos ordinarios establecidos en la ley, no hace presumir sino el consentimiento tácito del interesado (a). CONSIDERANDO (3): Que conforme establece el párrafo final del artículo 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, contra los fallos proferidos por unanimidad de la Sala de lo Constitucional, sólo cabrá el recurso de reposición, el cual podrá interponerse en el acto de la notificación, o al día siguiente de su notificación por la tabla de avisos del despacho; lo cual tuvo efectiva cumplimentación según consta a folios setenta (70) y subsiguientes de la pieza de amparo. CONSIDERANDO (4): Que, vista la petición de la parte recurrente, Abogada SARA IRENE ALCANTARA MARADIAGA se arguye que, en el caso de autos, se han infringido por la Jurisdicción, las garantías y derechos contenidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, en virtud de las siguientes consideraciones, separadas por párrafos separados y consecutivos: 1. En cuanto a la Relación Sucinta de Hechos: Que reitera la garantista que la génesis de la acción de amparo deviene de la reasunción del poder por la abogada dicente, en fecha 08 de marzo de 2019, quien delegó poder en la abogada ANESSA CECILIA NORALES ÁVILA, quien no se notificó de dicha resolución; por lo que la representación procesal sigue en poder de la recurrente. No obstante, todas las actuaciones sucesivas a dicha fecha, fueron notificadas, vía Tabla de Avisos, a la Abogada SUYAPA GERALDINA DELCID LÓPEZ, anterior representante procesal de la Procuraduría General de la República; a quien, inclusive, se le notificó la sentencia definitiva. CONSIDERANDO (5): Que, sigue manifestando la Abogada SARA IRENE ALCANTARA MARADIAGA, en interposición de su recurso de reposición, lo siguiente: 2. Sobre los hechos en que se externaliza la fundamentación del medio impugnativo de reposición: Que considera dicha representación procesal que la sentencia dictada por la Sala de lo Constitucional, en fecha tres (03) de noviembre de dos mil veintiuno (2021), no es apegada a derecho; resultando impertinente la subsunción del caso en la causal de sobreseimiento ínsita en el artículo 46 numeral 3) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, el cual transcribe; lo cual, juzga equivocado, ya que de haberse consentido lo actuado no se hubiere intentado la comparecencia para solicitar anular los actos de comunicación, a la parte procesal errónea, desde la cédula de notificación para sentencia. La misma Corte de Apelaciones ha llamado la atención al Secretario, aceptando tácitamente la ocurrencia de una violación al debido proceso, al sustanciar un proceso laboral sin una de las partes, al estar notificando a un representante judicial equivocado, coartando el derecho de defensa de su representación procesal. Al resultarle imposible conocer del acto viciado, se utilizó la figura del recurso extemporáneo para corregir el error procesal cometido en primera instancia, en detrimento de las garantías constitucionales de defensa y debido proceso que asisten a su representación procesal. La resolución impugnada se centra en este punto del recurso extemporáneo, cuando la razón de la presente acción de amparo se centra en que se violentó el debido proceso, desde antes de la sentencia de primera instancia; contra lo cual se agotaron, con posterioridad, todos los recursos disponibles. Por lo cual, considera deben restituirse las garantías constitucionales conculcadas al ESTADO DE HONDURAS, asegurándole así una eficaz protección al derecho de defensa y al debido proceso, lesionado por los errores de procedimiento señalados; por lo cual pide a la honorable Sala de lo Constitucional la reposición de su fallo y que se enmiende la violación a los derechos constitucionales invocados, anulando las actuaciones judiciales de instancia a partir de la Cedula de Notificación de fecha veintiocho (28) de marzo de dos mil diecinueve (2019); otorgándose, en definitiva, la presente garantía de amparo. CONSIDERANDO (6): Que el principio de independencia judicial se encuentra normativizado, inter alia, en los artículos 1, 4, 303 y 304 de la Constitución de la República, así como la interpretación conforme realizada con base al principio de responsabilidad judicial por las Cortes y Tribunales, en el ámbito de su competencia. De igual manera, se debe observar en materia de derecho social, la optimización de los principios inmanentes al derecho del trabajo; siempre con base al principio de legalidad constitucional, en la aplicación del derecho en el juzgamiento y en la ejecución de lo juzgado.[4] CONSIDERANDO (7): Que, el régimen de las impugnaciones debe regirse por la legalidad constitucional en un Estado de Derecho, en proscripción de la arbitrariedad judicial. De tal manera que no resulta excusable la extemporaneidad de su presentación, en errores materiales del secretario, o inclusive, en faltas atribuibles al Juzgador, como director del proceso; lo cual redundaría en admisibilidades irritas a derecho, con base al sólo planteamiento de meras consideraciones de justicia subjetiva. Acorde el artículo 126.1 del Código Procesal Civil, resulta la preclusión del transcurso del plazo, o término señalado para la realización de un acto procesal de parte; perdiendo la oportunidad de realizar el acto de que se trate. Análogamente, y en lo que resultare conducente, el artículo 132 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, define como improrrogables los plazos establecidos en las leyes, contrayendo su no ejercicio en tiempo y forma, la caducidad del derecho y por perdido el trámite o recurso que hubiere dejado de utilizarse, sin necesidad de apremio. Por todo lo cual, se considera no acreditada la denegación de acceso a la justicia, o indefensión de parte, que postula la parte recurrente, sin haber seguido los cauces del procedimiento; pues no hizo uso del recurso de apelación que le franquean las leyes, contra la resolución dictada por la Juez A Quo en fecha 25 de junio de 2019 y notificada esa misma fecha; sino hasta en fecha 18 de julio de 2019, pese a haber resultado notificada de la resolución anterior, en legal y debida forma, en estrados. [5] CONSIDERANDO (8): Que en tal orden de ideas se estima que la resolución recurrida se encuentra ajustada a derecho en virtud no existir razones de fondo o forma para proceder a su enmienda; señalando la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 120, párrafo segundo, que, una vez solicitada reposición ante la Sala de lo Constitucional o, ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia en su caso, deberá ésta sin más trámite, denegar o enmendar el fallo, según correspondiere en derecho. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Constitucional y en aplicación de los artículos 82, 90, 183, 303, 304, 313 atribución 5ta., y 316 de la Constitución de la República; 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 4 N.º 7 y N.º 8, 41, 119, 120 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: Declarar NO HA LUGAR el RECURSO DE REPOSICIÓN interpuesto por la Abogada SARA IRENE ALCANTARA MARADIAGA a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por esta Sala de lo Constitucional, en fecha tres (03) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). Y MANDA: Que la Secretaría notifique a la parte recurrente la firmeza de la sentencia definitiva recaída en la presente acción de amparo y se proceda de conformidad a derecho en cuanto a los efectos legales subsiguientes. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL.EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de junio de dos mil veintidós, certificación de la sentencia de fecha tres de noviembre de dos mil veintiuno y resolución de fecha diez de mayo de dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Amparo Laboral bajo el número SCO-1099-2019.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] Ver escrito con la suma: “SE REASUME PODER. – SE DA CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN EL AUTO DE FECHA TRECE (13) DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTE (2020). - ASIMISMO, SE DELEGA PODER CON PROHIBICIÓN DE SUSTITUIR PODER Y DELEGAR”, a folio 15 de la pieza de amparo.

[2] Con las restricciones que estimara del caso la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la OPINIÓN CONSULTIVA NO. 22/16, de 26 de febrero, solicitada por el Estado de Panamá; respecto a la titularidad de los derechos que consagra la Convención o Pacto de San José.

[3] Ver artículos 741 y 743, párrafo primero, del Código del Trabajo vigente (Decreto No. 189 de 1959).

[4] Ver artículo 304 de la Constitución de la República.

[5] Ver los artículos 741 y 743, párrafo primero, del Código del Trabajo vigente (Decreto No. 189 de 1959), precitados.