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Sentencia AL-1001-19 — Registro 13472

Resumen

Sentencia declaró sin lugar recurso de apelación, confirmó auto interlocutorio que declaró sin lugar la oposición de recurrente contra tasación de costas de ejecución ordenada por juzgado de primera instancia en virtud de no hacer el pago de la cantidad condenada en la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales por despido directo, ilegal e injusto promovida contra recurrente; la Autoridad recurrida consideró que procede la aprobación de tasación de costas de ejecución por haber sido condenado el Estado de Honduras

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"Al parecer de esta Sala de lo Constitucional es que no consta de autos que el ESTADO DE HONDURAS, haya actuado con dolo a efecto de dar cumplimiento a la sentencia laboral que dio pie al presente recurso o acción constitucional de amparo, por lo cual se ve desguarnecido el principio de legalidad o de primacía de la ley; como principio fundamental, conforme al cual todo ejercicio de un poder público debe realizarse acorde a la ley vigente y su jurisdicción y no a la voluntad de las personas. Es conforme a ello que la seguridad jurídica requiere que las actuaciones de los poderes públicos estén sometidas al principio de legalidad, y es una condición necesaria para identificar un Estado de Derecho, pues el poder tiene su fundamento y límite en las normas jurídicas..."..."analizada que ha sido la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veinticuatro (24) de enero de dos mil dieciocho (2018), ha sido dictada en inobservancia de lo establecido en el Artículo 8 de la Ley para optimizar la Administración Pública, mejorar los servicios a la ciudadanía y fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno, lo que constituye una franca vulneración a los principios constitucionales del debido proceso y el principio de legalidad relacionados en el presente caso. Lo anterior por estimarse desde esta Sala de lo Constitucional que, el sólo hecho de haberse requerido de pago a la parte demandada, no constituye necesariamente una negativa por parte de ésta a dar cumplimiento a la sentencia mediante la que fue condenada; pues al no estar conforme con el requerimiento de pago de cierta cantidad de dinero, hizo uso de los recursos legales que la ley pone a disposición de las partes a efecto que un tribunal superior revisare las actuaciones del inferior; formalidades, derechos y garantías que la ley establece para todas las partes procesales y que no fueron respetadas en su integridad por el fallo que se conoce en amparo. Y que, habiéndose vulnerado el debido proceso y demás garantías constitucionales invocadas por el recurrente, se constituye motivo eficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser otorgado..."..."el otorgamiento del amparo en el caso que nos ocupa, debe traer como efecto o consecuencia que la sentencia impugnada sea inaplicable. De manera tal, que el Tribunal de Alzada debe dictar una nueva resolución en la que con acopio de la normativa señalada e interpretada constitucionalmente en la presente sentencia; haciendo una valoración suficientemente motivada de los elementos que deben observarse, a efecto de determinar si existe o no dolo por parte del ESTADO DE HONDURAS, a efecto de dar cumplimiento al pago al que fue condenada en la sentencia suprarelacionada, de ser el caso. - Asimismo, en aras de fundamentar adecuadamente la nueva sentencia deberá pronunciarse sobre los contenidos normativos vigentes, a que hiciera fundada mención el amparista, indicando el valor que los mismos ameritan desde una perspectiva constitucional incluyente y protectoria a los derechos fundamentales, respetuosa de la dogmática constitucional..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinticinco de febrero de dos mil veintiuno. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar Sentencia en el Recurso de Amparo Interpuesto por la Abogada CHANTAL SALINAS MARTÍNEZ a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha nueve de octubre de dos mil diecinueve, que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra el auto interlocutorio dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de fecha diecinueve de junio de dos mil diecinueve, con relación a la “DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA QUE EN SENTENCIA DEFINITIVA SE CONDENE AL PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES POR DESPIDO DIRECTO, ILEGAL E INJUSTO…”, interpuesta por la señora Cordelia Esperanza Zepeda Arnodo, contra el Estado de Honduras a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación. Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representada, los derechos consagrados en los Artículos 82 y 183 numeral 2 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha nueve de abril de dos mil quince, compareció ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, la señora Cordelia Esperanza Zepeda Arnodo, presentando DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA QUE EN SENTENCIA DEFINITIVA SE CONDENE AL PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES POR DESPIDO DIRECTO, ILEGAL E INJUSTO…” contra el Estado de Honduras, a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación. (Folios 1-3 del expediente del A-quo) 2) En fecha veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis, el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en la celebración de la audiencia de Juzgamiento falló: 1)Declarado CON LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por CORNELIA ESPERANZA ZEPEDA ARNODO, contra el ESTADO DE HONDURAS, a través del Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, en cuanto al pago por los siguientes conceptos: preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional, vacaciones proporcionales, décimo cuarto mes proporcional, más los salarios dejados de percibir desde la fecha de la terminación de trabajo hasta que esté firme el presente fallo en consecuencia; 2) CONDENA al demandado el ESTADO DE HONDURAS, a través del Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA a pagar a la señora CORDELIA ESPERANZA ZEPEDA ARNODO la cantidad de TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS (L.319,374.64) por los siguientes conceptos: preaviso L.81,666.60, auxilio de cesantía L.163,333.32, auxilio de cesantía proporcional L.30, 624.97; vacaciones proporcionales L. 26, 249.85, décimo cuarto mes proporcional L.17, 449.90; más los salarios dejados de percibir desde la fecha de terminación de trabajo hasta que esté firme el presente fallo; 3)SIN COSTAS en esta instancia. (Folios 58-60 del expediente del A-quo) 3) La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, conociendo del recurso de apelación interpuesto por la Abogada Chantal Salinas Martínez, en su condición antes indicada, en fecha ocho de febrero de dos mil diecisiete, por unanimidad de votos falló: 1.-DECLARANDO SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Abogada CHANTAL SALINAS MARTINEZ; 2.-CONFIRMAR la sentencia definitiva de fecha veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, en la DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA QUE EN SENTENCIA DEFINITIVA SE CONDENE AL PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES POR DESPIDO DIRECTO, ILEGAL E INJUSTO, COSTAS, promovido por la señora CORDELIA ESPERANZA ZEPEDA ARNODO, contra el ESTADO DE HONDURAS, a través del Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, en su condición de Procurador General de la República.-3.-SIN COSTAS en esta instancia. (Folios 67-68 vuelto de la pieza del A-quo) 4) La Sala Laboral Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, conociendo del recurso de casación interpuesto por la Abogada Chantal Salinas Martínez, contra la sentencia relacionada en el numeral que antecede, en fecha treinta y uno de julio de dos mil dieciocho, dictó sentencia mediante la cual falló: 1) DECLARA NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos. 2)SIN COSTAS. (Folios 69-72 del expediente del A-quo) 5) En fecha tres de junio de dos mil diecinueve, compareció ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, la Abogada Chantal Salinas Martínez, manifestando impugnación contra la indebida tasación de costas de ejecución por embargo, presentada por el Abogado David Gabriel Alvarado Leitzelar, en su condición de Apoderado Legal de la señora Cordelia Esperanza Zepeda Arnodo. (Folios 92-93 de la pieza del A-quo) 6) En fecha diecinueve de junio del año dos mil diecinueve, el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán; vista: La comparecencia que antecede presentada por la Abogada CHANTAL SALINAS MARTINEZ en su condición de representante procesal de la parte demandada y en cuanto a lo solicitado se resuelve de la siguiente manera: Téngase por manifestada a la compareciente sobre el traslado de fecha veintinueve (29) de mayo de 2019, y en cuanto a la oposición planteada, se le hace saber a la compareciente que en ningún momento el apoderado de la parte demandante ha solicitado a este juzgado tasación de honorarios profesionales como erróneamente se argumental en la presente, lo que se ha solicitado es la Tasación de Costas de Ejecución y lo anterior a lo que establece el artículo 77 inciso b), numerales 1 y 8 del Arancel del Profesional del Derecho, ya que en las presentes diligencias en fecha diez (10) de diciembre de 2018, se requirió de pago personalmente en legal y debida forma a la Abogada Lidia Estela Cardona en su condición de Procuradora General de la República y por ende Representante Legal del Estado de Honduras, por la cantidad condenada en el presente juicio, misma que no fue cancelada en el término de establecido, por lo que para hacer efectivo el pago de lo condenado se practicó la medida de embargo sobre la Caja Única que el Estado de Honduras mantiene en el Banco Central de Honduras, y en aplicación al principio procesal de Total Satisfacción del Ejecutante es procedente la aprobación de Costas se Ejecución, asimismo, el Estado de Honduras tuvo tiempo suficiente para realizar las reservas necesarias para hacer efectivo el pago de lo condenado y así evitar una sanción como ser las Costas de Ejecución por el incumplimiento a la ejecución de la sentencia y a los jueces solo les corresponde juzgar y ejecutar lo juzgado tal como lo manda la Constitución de la República, en consecuencia se declara SIN LUGAR la oposición planteada y se procede a realizar la respectiva operación aritmética en los términos siguientes: Se tiene que el 10% de la cantidad condenada de Lps. 2, 075, 207.83, resulta la cantidad de Lps. 207, 520.78, en consecuencia, es procedente acceder a la aprobación de la Tasación de Costas de Ejecución por la cantidad de DOSCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS (Lps. 207,520.78). (Folio 94 del expediente del A-quo) 7)En fecha nueve de octubre de dos mil diecinueve, la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, conociendo del recurso de apelación interpuesto por la Abogada Chantal Salinas Martínez, en su condición antes indicada, contra el auto interlocutorio referido en el numeral que precede, por unanimidad de votos dictó sentencia mediante la cual falló: 1.-DECLARNADO SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Abogada CHANTAL SALINAS MARTINEZ; 2.-CONFIRMANDO el auto interlocutorio de fecha diecinueve de junio del año dos mil diecinueve, dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo de este departamento de Francisco Morazán, recaído en la tasación de costas de ejecución presentada por el apoderado demandante; en la DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA QUE EN SENTENCIA DEFINITIVA SE CONDENE AL PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES POR DESPEDIDO DIRECTO, ILEGAL E INJUSTO, COSTAS promovida por la señora CORDELIA ESPERANZA ZEPEDA ARNODO contra el ESTADO DE HONDURAS a través del Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA en su condición de Procurador General de la República.-SIN COSTAS en esta instancia. (Folios 42-44 vuelto del expediente del Ad-quem) 8) Que en fecha doce de noviembre de dos mil diecinueve, compareció ante este Tribunal, la Abogada Chantal Salinas Martínez, reclamando amparo a favor del Estado de Honduras, a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, afirmando que la sentencia dictada por el Ad-quem, relacionada en el numeral que precede, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82 y 183 numera 2 de la Constitución de la República. 9) Esta Sala en fecha nueve de octubre de dos mil veinte, tuvo por formalizado en tiempo y forma en el recurso de mérito, el escrito presentado por la Abogada Chantal Salinas Martínez, asimismo, en cuanto a la solicitud del acto reclamado, se ordenó a la recurrente estarse a lo dispuesto en el auto de fecha veintitrés de enero de dos mil veinte, en consecuencia, se dispuso continuar con el procedimiento de ley correspondiente, dando vista de los antecedentes al Fiscal, por el término de cuarenta y ocho horas para que emitiera su dictamen. (Folio 38 de la pieza de amparo) 10) Que esta Sala, en fecha veinticinco de noviembre de dos mil veinte, tuvo por evacuado el dictamen de la Fiscal, Abogada Sussy G. Coello García, del que se desprende de su apreciación jurídica de los hechos controvertidos, lo siguiente: …Sobre el particular, esta representación del Ministerio Público estima que, si bien es cierto el Código Procesal Civil en su artículo 803 párrafo segundo señala: “En cualquier caso, las costas de la ejecución se impondrán al ejecutado”, no menos cierto es, que dicha normativa constituye la regla general siendo la excepción a la misma lo establecido en el artículo 8 del decreto Ley 266-2013. En ese orden de ideas, al armonizar ambas disposiciones legales arribamos a una sola conclusión y es que la entidad demandada se encuentra exenta del pago de las costas impuestas, es por ello que se aprecie que la resolución venida en amparo violenta lo estipulado en el artículo 8 del decreto en mención, el cual entró en vigencia el 23 de enero de 2014. Del análisis anterior del Ministerio Público puede determinar que en el presente caso de autos se ha inobservado el debido proceso contendido en el artículo 90 de la Constitución de la República, que manda: “Nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”; siendo oportuno indicar que dicho derecho constituye un derecho fundamental que se materializa en garantías mínimas e ineludibles que permiten el resultado justo, equitativo e imparcial de un proceso (lo que se conoce como la tutela jurisdiccional efectiva), el cual envuelve el desarrollo progresivo de prácticamente todos los derechos fundamentales de carácter procesal, como conjunto de garantías de los medios tendientes a asegurar la vigencia y eficacia del proceso, de lo que cabe asegurar que el derecho a una resolución fundada en derecho es un elemento esencial del debido proceso y del derecho de defensa invocado por la amparista, en cuanto al derecho de obtener una sentencia de fondo, es decir razonable, congruente y justa, que resuelva las pretensiones controvertidas y que se encuentre jurídicamente fundada. IV.-OPINIÓN: El Ministerio Público, en vista de lo expuesto, opina que SE OTORGUE la presente acción de amparo, por existir vulneración de la garantía invocada por el amparista. (Folios 43-46 de la pieza de amparo) CONSIDERANDO UNO (1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. CONSIDERANDO DOS (2): Que con base a la garantía de Amparo toda persona agraviada, o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo a efecto se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; asimismo, de conformidad al artículo 183.2 constitucional y en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la Ley. CONSIDERANDO TRES (3): Que se conoce en esta vista la interposición y formalización del Recurso de Amparo promovido por la Abogada CHANTAL SALINAS MARTÍNEZ a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha nueve de octubre de dos mil diecinueve, que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra el auto interlocutorio dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de fecha diecinueve de junio de dos mil diecinueve, con relación a la “DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA QUE EN SENTENCIA DEFINITIVA SE CONDENE AL PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES POR DESPIDO DIRECTO, ILEGAL E INJUSTO…”, interpuesta por la señora Cordelia Esperanza Zepeda Arnodo, contra el Estado de Honduras a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que lo anterior tuvo verificativo en razón la confirmatoria del auto interlocutorio dictada por el A Quo, a través del respectivo recurso ordinario de apelación; lo cual obra en la motivación que fundamentara la Corte Ad Quem, en el Antecedente 7) de la presente sentencia, con fundamento legal eficiente, en lo establecido en los artículos 80, 134, 303 y 304 de la Constitución de la República; 664, 665, 666 letra b), 672, 686, 699 párrafo último; 760 y 858 del Código del Trabajo; 22, 183, 184, 185, 193.1, 206, 207, 222.4, 705, 706.2 y 707 del Código Procesal Civil; 1, 11 y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 55 del Arancel del Profesional del Derecho. CONSIDERANDO CINCO (5): Que la Abogada CHANTAL SALINAS MARTÍNEZ, en su condición predicha, manifestó en formalización de su recurso, que la sentencia recurrida en amparo ha vulnerado los derechos al debido proceso y al principio de legalidad, prescritos en los Artículos 82 y 183 numeral 2 de la Constitución de la República; normas constitucionales en las que el recurrente sitúa el principio del derecho al “Debido Proceso” y el de legalidad que reconocen los derechos que tienen las partes a la Jurisdicción, a obtener decisiones motivadas jurídicamente ante una judicatura imparcial, vinculada al imperativo del orden jurídico. Relaciona el garantista lo anterior a la inobservancia de la Judicatura en el caso de mérito, respecto al Artículo 8 de la Ley para Optimizar la Administración Pública, Mejorar los Servicios a la Ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno (Decreto Legislativo No. 266-2013), el cual establece en su artículo 8 que: “El Estado o sus entidades, en juicio de cualquier naturaleza, estará exento del pago de costas, salvo que se haya actuado con dolo; en cuyo caso el funcionario es responsable administrativa, civil y penalmente”. En vista que en el caso que nos ocupa, en ningún momento el Estado o sus representantes han actuado con dolo (debiéndose – en todo caso-demostrarse por la contraparte); y, considerando que la norma es de obligatorio cumplimiento, la honorable Juez debió desestimar la pretensión del demandante para el pago de costas en de ejecución, ya que las mismas son “costas” las que, conforme a la norma citada, su representado, (El Estado de Honduras), se encentra exento del pago de las mismas. CONSIDERANDO SEIS (6): Que la resolución recurrida en amparo fue dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en nueve de octubre de dos mil diecinueve, mediante sentencia interlocutoria que declaró SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por su mandante, confirmando el auto interlocutorio dictado por el Ad Quem, en fecha diecinueve de junio de dos mil diecinueve; reiterando su petición el solicitante de que se ampare a su representación procesal de la vulneración a los derechos y garantías judiciales establecidas en la ley y que son de obligatoria observancia y cumplimiento por las autoridades judiciales; por todo lo cual solicita se dicte, en definitiva, otorgar sentencia a favor de su representada, la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE). CONSIDERANDO SIETE (7): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece, que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. Por ende, es deber de los órganos jurisdiccionales motivar y fundamentar sus resoluciones judiciales, expresando los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y, en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que les hubiere atribuido; lo cual compete realizar al Juez o Tribunal que conoce del asunto en concreto, tal y como ocurre en el presente caso sometido a la jurisdicción constitucional. CONSIDERANDO OCHO (8): Que, bajo la tesis planteada, corresponde a esta Sala de lo Constitucional determinar si el fallo dictado por el Ad-Quem, vulnera o no el derecho al debido proceso y el principio de legalidad. En tal orden de ideas hay que señalar que el argumento toral del recurso tiene que ver básicamente con que el Tribunal de Alzada no debió haber declarado sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la parte demandada y consecuentemente debió revocar la resolución dictada por el A-Quo, resolución mediante el cual el referido Juzgado, declaró con lugar la solicitud de aprobación de tasación de Costas de Ejecución presentada por la parte demandante y condenó al ESTADO DE HONDURAS por medio de su Representante legal, a pagar la cantidad de DOSCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS (Lps. 207,520.78); tal y como consta en el Antecedente 56 de la presente sentencia. CONSIDERANDO NUEVE (9): Qua revisados que fueron los antecedentes y la resolución que se impugna ante este Alto Tribunal a través de la garantía constitucional de Amparo, advierte la Sala de lo Constitucional ausente de la motivación del Ad Quem, toda referencia al Artículo 803, numeral 2 del Código Procesal Civil, que establece: “En cualquier caso, las costas de la ejecución se impondrán al ejecutado salvo que acredite que hubo causa no imputable a él que le impidió hacer el pago antes de la ejecución...”; aunado a lo prescrito mediante el Decreto Legislativo No.266-2013 que crea la Ley para optimizar la Administración Pública, mejorar los servicios a la ciudadanía y fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno, publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 33,336 en fecha 23 de enero del año dos mil catorce, enfocada entre otros aspectos en la necesidad de renacionalizar las demandas a las que está sujeta la Administración Pública, estableciendo un mínimo de requerimientos para evitar la saturación de demandas contra el Estado. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que, en ese orden de ideas, el artículo 8 de la Ley para optimizar la Administración Pública, mejorar los servicios a la ciudadanía y fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno, literalmente establece: “El Estado o sus entidades, en juicio de cualquier naturaleza, estará exento del pago de costas, salvo que se haya actuado con dolo; en cuyo caso el funcionario es responsable administrativa, civil y penalmente.” -énfasis suplido-. Al parecer de esta Sala de lo Constitucional es que no consta de autos que el ESTADO DE HONDURAS, haya actuado con dolo a efecto de dar cumplimiento a la sentencia laboral que dio pie al presente recurso o acción constitucional de amparo, por lo cual se ve desguarnecido el principio de legalidad o de primacía de la ley; como principio fundamental, conforme al cual todo ejercicio de un poder público debe realizarse acorde a la ley vigente y su jurisdicción y no a la voluntad de las personas. Es conforme a ello que la seguridad jurídica requiere que las actuaciones de los poderes públicos estén sometidas al principio de legalidad, y es una condición necesaria para identificar un Estado de Derecho, pues el poder tiene su fundamento y límite en las normas jurídicas. CONSIDERANDO ONCE (11): Que el recurrente plantea la vulneración al derecho Debido Proceso y el Principio de Legalidad, por la inobservancia, según sus argumentos, de los preceptos constitucionales 90 y 321 en la resolución de fecha quince de abril del año dos mil dieciséis, dictada por el Ad-Quem. Los preceptos Constitucionales indicados señalan en su orden: “Nadie puede ser Juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece….”; y, “Los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente lesconfiere la Ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad.” CONSIDERANDO DOCE (12): Que analizada que ha sido la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veinticuatro (24) de enero de dos mil dieciocho (2018), ha sido dictada en inobservancia de lo establecido en el Artículo 8 de la Ley para optimizar la Administración Pública, mejorar los servicios a la ciudadanía y fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno, lo que constituye una franca vulneración a los principios constitucionales del debido proceso y el principio de legalidad relacionados en el presente caso. Lo anterior por estimarse desde esta Sala de lo Constitucional que, el sólo hecho de haberse requerido de pago a la parte demandada, no constituye necesariamente una negativa por parte de ésta a dar cumplimiento a la sentencia mediante la que fue condenada; pues al no estar conforme con el requerimiento de pago de cierta cantidad de dinero, hizo uso de los recursos legales que la ley pone a disposición de las partes a efecto que un tribunal superior revisare las actuaciones del inferior; formalidades, derechos y garantías que la ley establece para todas las partes procesales y que no fueron respetadas en su integridad por el fallo que se conoce en amparo. Y que, habiéndose vulnerado el debido proceso y demás garantías constitucionales invocadas por el recurrente, se constituye motivo eficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser otorgado. CONSIDERANDO TRECE (13): Que el otorgamiento del amparo en el caso que nos ocupa, debe traer como efecto o consecuencia que la sentencia impugnada sea inaplicable. De manera tal, que el Tribunal de Alzada debe dictar una nueva resolución en la que con acopio de la normativa señalada e interpretada constitucionalmente en la presente sentencia; haciendo una valoración suficientemente motivada de los elementos que deben observarse, a efecto de determinar si existe o no dolo por parte del ESTADO DE HONDURAS, a efecto de dar cumplimiento al pago al que fue condenada en la sentencia suprarelacionada, de ser el caso. - Asimismo, en aras de fundamentar adecuadamente la nueva sentencia deberá pronunciarse sobre los contenidos normativos vigentes, a que hiciera fundada mención el amparista, indicando el valor que los mismos ameritan desde una perspectiva constitucional incluyente y protectoria a los derechos fundamentales, respetuosa de la dogmática constitucional. POR TANTO: La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos números: 1, 59, 60, 64, 80, 82, 90, 129, 134, 135, 183 numeral 2), 313 atribución 5ta., 316 numeral 1 y 321 de la Constitución de la República; 1, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 78 atribución 5 y 110 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3 numeral segundo, 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 63 y 120 de la Ley de Justicia Constitucional; FALLA: 1) OTORGANDO la Acción de AMPARO interpuesta por la Abogada CHANTAL SALINAS MARTÍNEZ a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha nueve de octubre de dos mil diecinueve. 2) Que el Tribunal recurrido proceda a dictar nueva resolución en los términos dejados expuestos en el contenido de esta sentencia. Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado ZELAYA. - NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ocho días del mes de abril de dos mil veintiuno, certificación de la sentencia de fecha veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Amparo Laboral bajo el número SCO-1001-2019.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL