Sentencia AL-07-20 — Registro 13300
Resumen
oposición a calculo de liquidación de salarios dejados de percibir en relaciòn a demanda Ordinaria Laboral de Emplazamiento para que Patrono pruebe la Justa causa de un despido, caso contrario sea condenado al Reintegro al Trabajo en iguales o Mejores condiciones y al pago en concepto de Indemnización interpuesta contra recurrente argumentando éste que el calculo de salarios dejados de percibir en este concepto que A Quo efectuó dicho calculo no conforme a derecho, en virtud que se hizo con una categoría de empleado que la demandante no ostentaba
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."(4): Que, asimismo, constituyó fundamento eficiente de la Alzada, la inexistencia de mérito en el recurso de apelación que fuera promovido por la representación Legal del ESTADO DE HONDURAS, en cuanto a que el salario utilizado para efectuar la liquidación se empleó en congruencia, con el utilizado por el A Quo al emitir la sentencia definitiva; la que, estando en ejecución, solo cabe ejecutar en sus propios términos; siendo correspondiente al salario mínimo aplicable para el año 2015 para establecimientos financieros, bienes inmuebles y servicios prestados en la empresa: L 8, 882.30. Por tanto, consideró la honorable Corte de Apelaciones, que los salarios caídos deben ser los mismos aplicados en la sentencia; lo cual – en todo caso -, debió alegarse al momento de presentarse la apelación, siendo el momento procesalmente oportuno para ello. Sostuvo finalmente, la Corte Ad Quem, que, por precepto constitucional, al momento de la ejecución, el A Quo no tiene más que ejecutar lo ya juzgado; no debiendo actuar en detrimento de los derechos que ya otorgó al trabajador, los cuales no pueden variar en etapa de ejecución. CONSIDERANDO (5): Que, en formalización del presente recurso de amparo, compareció el abogado PATRICK PAMILO RIVERA VALLADARES, quien manifiesta que la resolución que desestima su recurso de apelación contra el auto interlocutorio dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en referencia; vulnera a su representación procesal, en la demanda ordinaria laboral que tiene promovida la señora VILMA MIROSLABA LANZA ZAVALA contra el ESTADO DE HONDURAS a través de la DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA; los derechos y garantías constitucionales establecidas en los artículos 64, 82 y 90 de la Constitución de la República; referidos a la cláusula declarativa de inaplicabilidad de leyes y disposiciones gubernativas, o de cualquier otro orden, que regulen el ejercicio de las declaraciones, derechos y garantías establecidos en la Constitución, si los disminuyen, restringen o tergiversan; a la inviolabilidad de la defensa y al debido proceso que asisten al Estado y, al debido proceso; formalidades, derechos y garantías constitucionales violadas en relación a los artículos 872, 2 numeral 2 del Código de Trabajo; artículos 3, 193.2, literal b), 199, 211 y 213.1 del Código Procesal Civil y las Disposiciones Generales del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República para el año fiscal 2014. CONSIDERANDO (6): Que, asimismo manifiesta el amparista, en formalización del presente recurso, que la resolución de marras se pronunció sin observar la realidad de los hechos y sin observar preceptos legales elementales, dejando sin ninguna valoración argumentos de estricto derecho. Señala, para tal efecto, que el Juzgado A Quo efectuó un cálculo no conforme a derecho, en virtud que se hizo con una categoría de empleado que la demandante no ostentaba, como es la de establecimientos financieros, bienes inmuebles, siendo la correcta para los empleados públicos la de servicios comunales, sociales, personales seguridad y limpieza; existiendo una diferencia de OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS (L 82, 972.53), respecto al cálculo correcto efectuado por la Gerencia de Talento Humano. Resultando de la confirmatoria efectuada por el Ad Quem, respecto al auto de denegatoria a la oposición de la liquidación de primera instancia, la infracción a los Acuerdos Ejecutivos STSS-599-2013, STSS 007-2017, STSS 006-2019; en violación al debido proceso, al principio de contradicción, apartándose de las formalidades, derechos y garantías que la ley establece y, finalmente, causando un grave perjuicio al Erario. Por todo lo cual solicita se dicte sentencia otorgando la presente garantía de amparo, restituyendo a su poderdante en el goce y ejercicio del derecho constitucional que se considera conculcado. CONSIDERANDO (7): Que observa la Sala de lo Constitucional, al tenor de la sentencia recurrida, que se ha motivado debidamente la consideración que amerita a la judicatura ordinaria, la garantía de ejecución de lo juzgado; no debiendo actuarse, en materia social, en detrimento de los derechos que, reconocidos o declarados a favor del trabajador, los cuales no podrían ya variar en etapa de ejecución; sino que deberá mantenerse en congruencia a lo resuelto en la sentencia definitiva. Lo cual confiere esencial razonabilidad a lo resuelto por la Alzada, en cuanto a desestimar motivadamente las objeciones de orden legal interpuestas por la parte demandada y vencida en juicio, las cuales no logran sobreponerse a las exigencias de tutela judicial efectiva en un Estado Constitucional de Derecho. CONSIDERANDO (8): Que es parecer de esta Sala de lo Constitucional que tal interpretación judicial, no colisiona con los artículos 64, 82 y 90 de la Constitución de la República, según ha invocado el amparista; al garantizársele el trámite regular del proceso ante juez o tribunal competente, imparcial e independiente, sobre la base de la doble vinculación del Juzgador a lo establecido en la ley y la Constitución de la República; el cual ha resuelto con motivación suficiente y clara, fundada en derecho congruente, si bien en discrepancia material a las pretensiones concretas de la parte vencida en juicio, aquí demandante de amparo. CONSIDERANDO (9): Que, tal planteamiento del garantista no muestra entidad suficiente como para otorgar la acción de amparo, en vista a la no acreditación de agravios en la esfera de los derechos constitucionales que asisten a la representación procesal de la parte recurrente, tales como el derecho a la tutela judicial efectiva;[1] encontrándose, asimismo, que la resolución judicial recurrida, se encuentra dotada de argumentación suficiente, fundada en derecho de fondo y congruente, desde el punto de vista del derecho constitucional y motivada en compatibilidad a la perspectiva normativista del derecho laboral, según la cual se conceptúa éste no solo (como) un derecho regulador sino también (y sobre todo) un derecho tutelar.[2] CONSIDERANDO (10): Que, por lo anteriormente motivado, para la Sala de lo Constitucional, la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha seis de diciembre de dos mil diecinueve, que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y confirmó el auto interlocutorio dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán en fecha diecinueve de julio de dos mil diecinueve, no resulta violatoria de los derechos constitucionales invocados por el Abogado recurrente; resultando procedente el dictado de sentencia denegatoria a la presente garantía de amparo"
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 64 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinte de mayo del dos mil veintiuno. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar Sentencia en el Recurso de Amparo Interpuesto por el Abogado Patrick Pamilo Rivera Valladares a favor del Estado de Honduras, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha seis de diciembre de dos mil diecinueve, que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra el auto interlocutorio dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de fecha diecinueve de julio de dos mil diecinueve, con relación a la “DEMANDA ORDINARIA LABORAL DE EMPLAZAMIENTO PARA QUE EL PATRONO PRUEBE LA JUSTA CAUSA DE UN DESPIDO, CASO CONTRARIO SEA CONDENADO AL REINTEGRO A MI PUESTO DE TRABAJO EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES Y AL PAGO EN CONCEPTO DE INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS…”, interpuesta por la señora Vilma Miroslaba Lanza Zavala, contra el Estado de Honduras a través de la Dirección General de Migración y Extranjería. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado, los derechos consagrados en los artículos 64, 82 y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha veintitrés de julio de dos mil quince, compareció ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, la señora Vilma Miroslaba Lanza Zavala, interponiendo “DEMANDA ORDINARIA LABORAL DE EMPLAZAMIENTO PARA QUE EL PATRONO PRUEBE LA JUSTA CAUSA DE UN DESPIDO, CASO CONTRARIO SEA CONDENADO AL REINTEGRO A MI PUESTO DE TRABAJO EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES Y AL PAGO EN CONCEPTO DE INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS…”, contra el Estado de Honduras, a través de la Dirección General de Migración y Extranjería. (Folios 1-3 de la pieza del A-quo) 2) En fecha seis de agosto de dos mil quince, el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, dictó auto interlocutorio mediante el cual falló: I.-DECLARAR SIN LUGAR EL INCIDENTE DE DECLINATORIA y EL DEFECTO PROCESAL DE FALTA DE REPRESENTACIÓN LEGAL DEL DEMANDADO opuesto por la representante procesal demandada a la DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA EL PAGO DE SALARIOS ADEUDADOS instaurada por la Abogada ELSA MARINA DOMINGUEZ DEL CID en su condición de Apoderada Legal de los señores CARLOS ERNESTO AGUILERA AYESTAS Y ALFREDO REDONDO HERNANDEZ contra el INSTITUTO DE LA PROPIEDAD por intermedio del Presidente del Consejo Directivo y Representante Legal EBAL JAIR DIAZ LUPIAN.-II.-SIN COSTAS: En esta instancia. (Folios 245-250 de la pieza del A-quo) 3) En fecha dos de febrero de dos mil dieciséis, el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en la continuación de la audiencia primera de trámite, dictó auto interlocutorio, mediante el cual falló: I. Declarar SIN LUGAR el INCIDENTE POR DECLINATORIA DE FALTA DE JURISDICCIÓN DEL TRIBUNAL opuesto por la Representante Procesal de la parte demandada (Estado de Honduras), a través del Procurador General de la República, Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA; contra la Demanda Ordinaria Laboral de Emplazamiento para que el Patrono pruebe la justa causa de un despido, caso contrario sea condenado al reintegro a mi puesto de trabajo en iguales o mejores condiciones y al pago en concepto de indemnización por daños y perjuicios, los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que sea reintegrada a mi puesto de trabajo en iguales o mejores condiciones, se condene al pago adeudado en concepto de Reajuste del Salario Mínimo, más concepto de Indemnización por Daños y Perjuicios una cantidad igual a la que se me adeuda, más las costas del presente juicio; instaurada por la señora VILMA MIROSLABA LANZA ZAVALA; contra el ESTADO DE HONDURAS, por intermedio de su Representante Legal, el señor Procurador General de la República, Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA. II.-SIN COSTAS en esta instancia. (Folios 251-256 de la pieza del A-quo) 4) En fecha nueve de mayo de dos mil diecisiete, el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en la celebración de la audiencia de juzgamiento, dictó sentencia mediante la cual falló: I.-Declarar CON LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral para el reintegro al puesto de trabajo en iguales o mejores condiciones y al pago en concepto de indemnización por daños y perjuicios, los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que sea reintegrada a su puesto de trabajo en iguales o mejores condiciones, se condena al pago adeudado en concepto de Reajuste del Salario Mínimo, más concepto de Indemnización por Daños y Perjuicios una cantidad igual a la que se me adeuda; instaurada por la señora VILMA MIROSLABA LANZA ZAVALA; contra el ESTADO DE HONDURAS, por intermedio de su Representante Legal el señor ABRAHAM ALVARENGA URBINA Procurador General de la República. II.-CONDENAR: AL ESTADO DE HONDURAS, por intermedio de su Representante Legal el señor Procurador General de la República, Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA a lo siguiente: a) Reintegrar a la señora VILMA MIROSLABA LANZA ZAVALA a su puesto de trabajo por lo menos en igualdad de condiciones de trabajo que mantenía al momento de operarse la ruptura del contrato; al pago de salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que se materialice el reintegro ordenado, y demás derechos adquiridos en su ausencia; b)Asimismo pagarle a la señora VILMA MIROSLABA ZAVALA la suma de TRECE MIL TRESCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON VEINTE CENTAVOS (Lps. 13,340.20); por los siguientes conceptos: Lps. 3,140.90; en concepto de reajuste del salario mínimo del 2014, Lps. 3,140.90; y del 2015 Lps. 3,529.20; Lps. 6,670.10 en concepto de daños y perjuicios según lo establece el artículo 39 de la Ley del Salario Mínimo, así como que se le reajuste su salario a la suma de Lps. 8,882.30 salario mínimo establecido por el Gobierno Central; III.-SIN COSTAS en esta instancia. (Folios 291-294 de la pieza del A-quo) 5) En fecha veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, compareció ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, el Abogado José Ramón Martínez Bonilla, solicitando A) librar oficio al Instituto Nacional de Migración a efectos de que informe sobre cuál era el puesto del trabajo en el que la demandante se encontraba al momento de ser objeto del despido, B) cuál es el puesto de trabajo en el que la señora Vilma Miroslaba Lanza Zavala, en que ha sido reintegrada, así como también que informe cual es el horario de trabajo aplicable a este, C) Bajo qué modalidad se reintegró a la señora Vilma Miroslaba Lanza Zavala, es decir si fue reintegrada como empleada temporal o empleada permanente, E)…F)…en segundo lugar solicitar para efectos de poder proceder con la ejecución de la presente demanda, realizar la liquidación de los salarios dejados de percibir. (Folio 308 vuelto de la pieza del A-quo) 6) En fecha once de junio de dos mil diecinueve, ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, compareció la Abogada Gloria Yamileth Matamoros Molina, quien actúa en su condición de Representante Procesal del Estado de Honduras, impugnando la liquidación correspondiente a los salarios dejados de percibir de la señora Vilma Miroslaba Lanza Zavala, de acuerdo a lo establecido en la tabla del salario mínimo vigente aplicable, procediéndose de oficio, contra el Instituto Nacional de Migración, liquidación que según el Juzgado asciende a la cantidad de un total de SEISCIENTOS VEINTIDÓS MIL QUINIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS (L.622,530.41). (Folios 324-325 de la pieza del A-quo) 7) en fecha trece de junio de dos mil diecinueve, compareció ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, el Abogado José Ramón Martínez Bonilla, en su condición de Representante Procesal de la señora Vilma Miroslaba Lanza Zavala, solicitando que se requiriera personalmente, en legal y debida forma al Estado de Honduras por medio de la Procuraduría General de la República, para efecto de que en el acto del requerimiento le consigne o pague a nombre de su representada, la suma de SEISCIENTOS VEINTIDÓS MIL QUINIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS (L. 622, 530.41) que corresponde a los salarios dejados de percibir en concepto de indemnización de daños y perjuicios. (Folio 338 de la pieza del Aq-uo) 8) El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha seis de junio de dos mil diecinueve, vista el acta de comparecencia por parte del Abogado José Ramón Martínez Bonilla, resolvió de la siguiente manera: …. En consecuencia, el total a pagar suma la cantidad de SEISCIENTOS VEINTIDÓS MIL QUINIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS (L. 622,530.41) (Folio 320 vuelto de la pieza del A-quo) 9) Vistas las comparecencias de fechas once y trece de junio del año diecinueve, por parte de los Abogados Gloria Yamileth Matamoros Molina y José Ramón Martínez Bonilla, respectivamente, relacionadas en los numerales que anteceden, el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha diecinueve de julio de dos mil diecinueve, resolvió de la siguiente manera: PRIMERO: Que el presente proceso recayó sentencia definitiva la cual adquirió carácter de firme, y estando en esta etapa de ejecución la sentencia, por lo que este Juzgado procedió a practicar la liquidación de los salarios dejados de percibir mediante auto de fecha seis de junio del año dos mil diecinueve, liquidación que no fue apelada por los representantes procesales de ambas partes. SEGUNDO: Que del análisis de los hechos y fundamentos de derecho, la suscrita es del criterio de declarar SIN LUGAR lo solicitado por el representante procesal de la parte demandada, en vista que el compareciente presenta impugnación a la liquidación realizada por este despacho, sin embargo el artículo 741 del Código del Trabajo, entre otras cosas dispone que contra los autos notificados por avisos fijados en la tabla, procederá el recurso de reposición dentro de los dos (2) días siguientes a su notificación. De lo antes relacionado se concluye que, si el compareciente no se encontraba de acuerdo con la resolución de la Juzgadora, este tuvo que haber interpuesto recurso de reposición en vista que la ley prevé a las partes el derecho a recurrir las resoluciones, en caso de no estar conforme con las mismas, derecho que no fue utilizado en caso de autos. TERCERO: Que una vez firme la presente resolución por medio del receptor del despacho requiérase personalmente el legal y debida forma a la señora LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA, en su condición de Representante Legal y Procuradora General de la República, para que EN EL ACTO pague o consigne a nombre de este juzgado o a nombre del Representante Procesal de la parte demandante, la cantidad de SEISCIENTOS VEINTIDÓS MIL QUINIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS (L,622,530.41)…. (Folio 339 vuelto de la pieza del A-quo) 10) Conociendo del recurso de apelación interpuesto por la Abogada Gloria Yamileth Matamoros Molina, contra el auto interlocutorio relacionado en el numeral que antecede, la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha seis de diciembre de dos mil diecinueve, por unanimidad de votos falló: 1) Declarar SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la Abogada GLORIA YAMILETH MATAMOROS MOLINA, actuando en su condición de apoderada legal de la parte demandada apelante.-2) CONFIRMANDO el auto interlocutorio proferido por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de fecha diecinueve de julio del año dos mil diecinueve, que corre a folios del 339 frente y vuelto de la pieza compulsada.-3)SIN COSTAS en esta instancia. (Folios 14-16 del expediente del Ad-quem) 11) Que en fecha seis de enero de dos mil veinte, compareció ante este Tribunal, el Abogado Patrick Pamilo Rivera Valladares, reclamando amparo a favor del Estado de Honduras, afirmando que la sentencia dictada por el Ad-quem, relacionada en el numeral que antecede, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 64, 82 y 90 de la Constitución de la República. 12) Esta Sala en fecha veintiocho de enero de dos mil veintiuno, tuvo por formalizado en tiempo y forma en el recurso de mérito, el escrito presentado por el Abogado Patrick Pamilo Rivera Valladares, ordenándose dar la vista de los antecedentes al Fiscal, por el término de cuarenta y ocho horas para que emitiera su dictamen. (Folio 26 de la pieza de amparo) 13) Que esta Sala, en fecha diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, tuvo por evacuado el dictamen de la Fiscal, Abogada Sussy G. Coello García, del que se desprende de su apreciación jurídica de los hechos controvertidos, lo siguiente: Que acorde al estudio realizado en los antecedentes y en la resolución recurrida, esta representación fiscal comparte los argumentos esgrimidos por la Corte de Apelaciones, al considerar que de los autos se desprende que en la ejecución de la sentencia, la juez tomó como parámetros para efectuar la liquidación el salario base mensual, mismo que utilizó para el cálculo de los derechos condenados en el fallo que adquirió el carácter de definitivo y con efecto de cosa juzgada, por lo que el A-quo no tiene más que ejecutar lo que ya juzgó y no puede variar en fase de ejecución. Asimismo, explica el Tribunal de Alzada, que de variar el salario base establecido en su fallo, tendría repercusión en los derechos concedidos al demandante en la sentencia, los cuales no pueden ser disminuidos de ninguna manera, y siendo que el demandado tuvo las oportunidades procesales de impugnación para ello. Siguiendo este orden de ideas, se aprecia de la sentencia definitiva firme de fecha nueve (9) de mayo del año dos mil diecisiete (2017), que se condenó al Estado de Honduras a practicar reajuste al salario devengado por la parte demandante en la suma de L.8,882.30, que conforme a la tabla de salario mínimo establecido por el Gobierno Central para el año 2015, corresponde al rubro de establecimientos financieros y seguros, bienes inmuebles y servicios prestados a la empresa; y es en base a este salario mínimo que se realizó el cálculo de los derechos condenados en el fallo, mismo que al tener el carácter de firme produce los efectos de cosa juzgada que garantiza el debido proceso, y que supone la invariabilidad de la sentencia, por lo que no puede variarse en detrimento de los derechos constitucionales del trabajador, conforme el principio protectorio que rige en materia laboral. IV. CONLUSIÓN: Por lo anteriormente expuesto, el Ministerio Público, es del parecer porque NO SE OTORGUE la presente acción de amparo, al no haber concurrido las vulneraciones alegadas por el amparista. (Folios 29-32 del recurso) CONSIDERANDO (1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. CONSIDERANDO (2): Que con base a la garantía de Amparo toda persona agraviada, o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo a efecto se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; asimismo, de conformidad al artículo 183.2 constitucional y en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la Ley. CONSIDERANDO (3): Que se conoce en sede de amparo constitucional la resolución dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha seis de diciembre de dos mil diecinueve, que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra el auto interlocutorio dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de fecha diecinueve de julio de dos mil diecinueve; en la demanda ordinaria laboral promovida por la señora Vilma Miroslaba Lanza Zavala, contra el Estado de Honduras a través de la Dirección General de Migración y Extranjería; cuyo resolutivo obra transcrito en el Antecedente 10) de la presente sentencia. CONSIDERANDO (4): Que, asimismo, constituyó fundamento eficiente de la Alzada, la inexistencia de mérito en el recurso de apelación que fuera promovido por la representación Legal del ESTADO DE HONDURAS, en cuanto a que el salario utilizado para efectuar la liquidación se empleó en congruencia, con el utilizado por el A Quo al emitir la sentencia definitiva; la que, estando en ejecución, solo cabe ejecutar en sus propios términos; siendo correspondiente al salario mínimo aplicable para el año 2015 para establecimientos financieros, bienes inmuebles y servicios prestados en la empresa: L 8, 882.30. Por tanto, consideró la honorable Corte de Apelaciones, que los salarios caídos deben ser los mismos aplicados en la sentencia; lo cual – en todo caso -, debió alegarse al momento de presentarse la apelación, siendo el momento procesalmente oportuno para ello. Sostuvo finalmente, la Corte Ad Quem, que, por precepto constitucional, al momento de la ejecución, el A Quo no tiene más que ejecutar lo ya juzgado; no debiendo actuar en detrimento de los derechos que ya otorgó al trabajador, los cuales no pueden variar en etapa de ejecución. CONSIDERANDO (5): Que, en formalización del presente recurso de amparo, compareció el abogado PATRICK PAMILO RIVERA VALLADARES, quien manifiesta que la resolución que desestima su recurso de apelación contra el auto interlocutorio dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en referencia; vulnera a su representación procesal, en la demanda ordinaria laboral que tiene promovida la señora VILMA MIROSLABA LANZA ZAVALA contra el ESTADO DE HONDURAS a través de la DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA; los derechos y garantías constitucionales establecidas en los artículos 64, 82 y 90 de la Constitución de la República; referidos a la cláusula declarativa de inaplicabilidad de leyes y disposiciones gubernativas, o de cualquier otro orden, que regulen el ejercicio de las declaraciones, derechos y garantías establecidos en la Constitución, si los disminuyen, restringen o tergiversan; a la inviolabilidad de la defensa y al debido proceso que asisten al Estado y, al debido proceso; formalidades, derechos y garantías constitucionales violadas en relación a los artículos 872, 2 numeral 2 del Código de Trabajo; artículos 3, 193.2, literal b), 199, 211 y 213.1 del Código Procesal Civil y las Disposiciones Generales del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República para el año fiscal 2014. CONSIDERANDO (6): Que, asimismo manifiesta el amparista, en formalización del presente recurso, que la resolución de marras se pronunció sin observar la realidad de los hechos y sin observar preceptos legales elementales, dejando sin ninguna valoración argumentos de estricto derecho. Señala, para tal efecto, que el Juzgado A Quo efectuó un cálculo no conforme a derecho, en virtud que se hizo con una categoría de empleado que la demandante no ostentaba, como es la de establecimientos financieros, bienes inmuebles, siendo la correcta para los empleados públicos la de servicios comunales, sociales, personales seguridad y limpieza; existiendo una diferencia de OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS (L 82, 972.53), respecto al cálculo correcto efectuado por la Gerencia de Talento Humano. Resultando de la confirmatoria efectuada por el Ad Quem, respecto al auto de denegatoria a la oposición de la liquidación de primera instancia, la infracción a los Acuerdos Ejecutivos STSS-599-2013, STSS 007-2017, STSS 006-2019; en violación al debido proceso, al principio de contradicción, apartándose de las formalidades, derechos y garantías que la ley establece y, finalmente, causando un grave perjuicio al Erario. Por todo lo cual solicita se dicte sentencia otorgando la presente garantía de amparo, restituyendo a su poderdante en el goce y ejercicio del derecho constitucional que se considera conculcado. CONSIDERANDO (7): Que observa la Sala de lo Constitucional, al tenor de la sentencia recurrida, que se ha motivado debidamente la consideración que amerita a la judicatura ordinaria, la garantía de ejecución de lo juzgado; no debiendo actuarse, en materia social, en detrimento de los derechos que, reconocidos o declarados a favor del trabajador, los cuales no podrían ya variar en etapa de ejecución; sino que deberá mantenerse en congruencia a lo resuelto en la sentencia definitiva. Lo cual confiere esencial razonabilidad a lo resuelto por la Alzada, en cuanto a desestimar motivadamente las objeciones de orden legal interpuestas por la parte demandada y vencida en juicio, las cuales no logran sobreponerse a las exigencias de tutela judicial efectiva en un Estado Constitucional de Derecho. CONSIDERANDO (8): Que es parecer de esta Sala de lo Constitucional que tal interpretación judicial, no colisiona con los artículos 64, 82 y 90 de la Constitución de la República, según ha invocado el amparista; al garantizársele el trámite regular del proceso ante juez o tribunal competente, imparcial e independiente, sobre la base de la doble vinculación del Juzgador a lo establecido en la ley y la Constitución de la República; el cual ha resuelto con motivación suficiente y clara, fundada en derecho congruente, si bien en discrepancia material a las pretensiones concretas de la parte vencida en juicio, aquí demandante de amparo. CONSIDERANDO (9): Que, tal planteamiento del garantista no muestra entidad suficiente como para otorgar la acción de amparo, en vista a la no acreditación de agravios en la esfera de los derechos constitucionales que asisten a la representación procesal de la parte recurrente, tales como el derecho a la tutela judicial efectiva;[1] encontrándose, asimismo, que la resolución judicial recurrida, se encuentra dotada de argumentación suficiente, fundada en derecho de fondo y congruente, desde el punto de vista del derecho constitucional y motivada en compatibilidad a la perspectiva normativista del derecho laboral, según la cual se conceptúa éste no solo (como) un derecho regulador sino también (y sobre todo) un derecho tutelar.[2] CONSIDERANDO (10): Que, por lo anteriormente motivado, para la Sala de lo Constitucional, la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha seis de diciembre de dos mil diecinueve, que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y confirmó el auto interlocutorio dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán en fecha diecinueve de julio de dos mil diecinueve, no resulta violatoria de los derechos constitucionales invocados por el Abogado recurrente; resultando procedente el dictado de sentencia denegatoria a la presente garantía de amparo. POR TANTO: La Sala Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, y en aplicación de los artículos 1, 4, 59, 60, 64, 80, 82, 90, 128, 134, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 y 321 de la Constitución de la República; 1 y 78 No. 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 63 y 120 de la Ley de Justicia Constitucional; FALLA: DENEGANDO la garantía constitucional de Amparo de la cual se ha hecho mérito. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remitan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ÁLVAREZ SAGASTUME. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTE SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firma y Sello CRISTIAN RAMON BAQUIZ FLORES. RECEPTOR ADSCRITO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos días del mes de noviembre del año dos mil veintiuno, certificación de la sentencia de fecha veinte de mayo del año dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Amparo Laboral bajo el número SCO-0007-2020.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] Con las restricciones que estimara del caso la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la OPINIÓN CONSULTIVA NO. 22/16, de 26 de febrero, solicitada por el Estado de Panamá; respecto a la titularidad de los derechos que consagra la Convención o Pacto de San José.
[2] Ver: SUÁREZ FERNÁNDEZ, A. Derecho del Trabajo. Madrid: Universidad Nacional de Educación a Distancia, 1997. Pág. 275